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Qué va a hacer Alfonsín
Aunque mucho se hable de la coherencia
de las medidas y del aparente castigo
al que se estaría sometiendo a la
especulación financiera, lo cierto es
que hasta el momento las reformas no
parecen haber alcanzado efectos
realmente modificadores en el mercado.
Los entretelones de las
medidas tomadas para enfrentar la crisis.
Aunque nunca lo admitirían en público, los más
altos habitantes de la Casa Rosada esperaban
ansiosos el día en que partieran los reyes de
España. "La crisis nos está aplastando,
necesitamos dar un sacudón para ganar la
iniciativa y la mitad de la Casa Rosada está al
servicio del protocolo, atendiendo la visita de
los reyes", deslizó el martes por la noche un
funcionario de alto rango. El comentario tenía más
que ver con la extremada gravedad de la situación
y la necesidad de encontrar una respuesta
política, que con cualquier atisbo de descortesía
o desaprensión para con los monarcas españoles.
A esa altura, se sabía que algo se estaba
preparando en la cúspide del poder y que Alfonsín
saldría al ruedo apenas los visitantes dejaran
tierra argentina. Es que la inflación sin control,
el juicio a los ex comandantes, el discurso
alarmista de algunos militares retirados y la
creencia de que existe una conspiración desatada
contra el gobierno por parte de la derecha —donde
los radicales curiosamente hacen coincidir a
Frondizi y a Alsogaray— habían creado el clima de
un sistemático jaque al gobierno. El sábado 13 los
hombres más conspicuos del radicalismo fueron a
Olivos llamados por Alfonsín para una cumbre y
allí se decidió lanzar la ofensiva política. La
frase "tenemos que ocupar el centro del ring" ganó
la calle y en los comités fue transformada en
Acción y movilización. Un par de días después, en
el poder la preocupación se hacía visible, porque
había dos puntos que saboteaban el optimismo: "Si
no logramos cubrir hasta la Pirámide la Plaza de
Mayo, metiendo más de veinticinco mil personas, la
convocatoria será un fracaso y Alfonsín no hablará
desde el balcón. Esta es una posibilidad cierta.
Además existe preocupación por algún atentado,
secuestro o hecho de violencia relacionado con el
juicio a los ex comandantes, que no descartamos se
pueda producir", se sinceró un hombre de la Casa
Rosada. Ya en algún despacho un equipo trabajaba
redactando el discurso del presidente y en los
cenáculos políticos se especulaba con la respuesta
que Alfonsín daría a los angustiantes planteos de
la realidad. En ese contexto es que comenzó a
circular la versión de que el gobierno prepararía
un proyecto de ley declarando al país en Estado de
Emergencia Económica, punto de apoyo fundamental
para dar una respuesta al desborde inflacionario
—se predice que el índice de abril superará el 30
por ciento—, a los reclamos cada vez más rigurosos
del Fondo Monetario Internacional, al generalizado
estado deliberativo de la administración pública
y, también, a los rumores sobre el golpismo.
"Tenemos conciencia de que el desgaste ya está
afectando a la figura del presidente, y que la
gente comienza a preguntarse con preocupación que
está haciendo Alfonsín. Antes, el hombre de la
calle tendía a criticar a Grinspun o a los otros
ministros, sin cuestionar al presidente. Pero eso
se está revirtiendo y marca un signo claro de
alarma", admitió apesumbrado un hombre del
Gobierno, aceptando la gravedad de la situación.
Ese funcionario traía un juego de diarios
subrayados con marcadores de tres colores en las
páginas que mostraban indicadores de la crisis.
Ley en gateras En el partido pocos están
enterados de ella y en la Casa Rosada se evitan
los comentarios. La versión dice que un reducido
equipo técnico, encabezado por uno de los más
prestigiosos constitucionalistas radicales está
dando forma a la ley que declararía al país en
Estado de Emergencia Económica y que sería el
marco que se pondría a un verdadero paquete de
acciones para contener la inflación y el gasto
público. "Algo de eso puede haber, pero no se
maneja en la Casa Rosada. En realidad circula la
idea en el partido", dijo escuetamente un hombre
que conversa a diario con Alfonsín. La idea parte
de aprovechar un costado de importantes
atribuciones que la Constitución otorga al
Ejecutivo cuando el país es declarado en estado de
emergencia y que haría más fluida la toma de
decisiones. El espíritu constitucional deja en
claro que una ley de estas características tiene
que ser inevitablemente de índole excepcional y
transitorio y dejar explícito la existencia de una
situación de emergencia. En algunos círculos se
especulaba con que esta ley podría ser la base del
discurso que el Presidente dirá el 1º de mayo ante
el Parlamento, recalcando la necesidad de hacer
nuevos y más profundos esfuerzos para superar la
crisis. El tema puede levantar una densa polvareda
si es que se confirman los rumores de que, en
ancas de esa ley, podría llegar una drástica
racionalización de la administración pública.
El martes por la noche, un senador radical se
encontró con un cronista en la esquina de Hipólito
Yrigoyen y Entre Ríos y el periodista preguntó:
-¿Alfonsín recurrirá a alguna fórmula de
emergencia? -Todo depende del resultado de las
negociaciones con el Fondo. El ministro
Sourrouille llevó un plan que especifica lo que
concretamente podemos pagar. -¿Y si se lo
rechazan? -En ese caso creo que se impone
declarar al país en emergencia. Buenas noches, y
no le puedo decir nada más. Ese senador había
dejado sembrada la semilla. Pero en el Congreso
también se duda sobre la importancia práctica que
puede tener una ley de tal calibre. "Creo que es
un recurso emocional que puede usar Alfonsín. A lo
sumo, habrá que esperar cuáles son las medidas
concretas que acompañarán esa ley", se escuchó
decir a un diputado justicialista. Con todo, en
el partido se interpreta que Alfonsín necesita
tener a mano algunas propuestas concretas para
enfrentar el desborde inflacionario y la
paralización productiva una vez que se acaben las
contestaciones políticas que desde el poder se
lanzan hacia quienes critican el manejo oficial de
la economía. En ese marco, la ley de Emergencia
Económica vuelve a tomar fuerza, aunque hasta
ahora nadie salga a confirmar la versión.
El paquete económico Por ahora, la primera
movida oficial en el plano económico fue la
implementación de una reforma financiera
destinada sobre todo a atacar el mercado
interempresario y anular la acción de unas 150
oficinas extrabursátiles diseminadas por la City
porteña. Para algunos afectados por las recientes
medidas del Banco Central, los nuevos conductores
de esa entidad —especialmente los jóvenes
radicales vinculados a la Junta Coordinadora como
Marcelo D'Acorte o Guillermo Mazzorin- sólo atacan
los efectos, pero no las cusas de las dificultades
económicas. Un empresario se quejaba amargamente
ante SOMOS en la mañana del martes 16 señalando
que se ataca lo que se califica de usura, pero no
se ataca la iliquidez del mercado, lo que en
definitiva favorece nuevas formas usurarias.
Ocurre que la reforma, al virtualmente clausurar
el interempresario y la acción de las
extrabursátiles que prestaban dinero sobre la
garantía de bonos externos, hizo crecer
abruptamente el mercado de cauciones en la Bolsa
de Comercio. El sistema permitía a los agentes
concertar préstamos a tasa libre (sobre un mínimo
de 400 mil pesos) dejando en caución bonos
externos en el Banco de Valores. Tal caución
bursátil se convirtió en menos de 2 días en una
válvula de escape ante la clausura del
interempresario y generó muchas dudas. ¿Por qué el
Banco Central dejaba crecer el mercado de
cauciones en la Bolsa tras suprimirlo en forma
compulsiva? Las dudas se aventaron rápidamente el
lunes 8, cuando se negociaron 104 millones de
dólares por cauciones a tasas equivalentes al 35
por ciento mensual, lo que hizo ingresar a ese
mercado en la zona bajo la mira del Banco Central.
El miércoles 10 se hicieron menos negocios, al
caer la tasa al 25 por ciento (provocando de
arrastre un alza del dólar paralelo que lo llevó a
los 510 pesos) pero el acta de defunción del
sistema había sido ya firmada y la anulación del
flamante mecanismo se suprimiría horas después a
través de un llamado telefónico del Banco Central.
¿Se había logrado con ello concretar el sueño de
los nuevos directores del Central de restar
liquidez a la plaza con la esperanza de reducir la
inflación? En principio parece que los efectos no
fueron exactamente los esperados, ya que se
consiguieron realizar operaciones que dejaron
súbitas ganancias de hasta 100 puntos cuando se
tomó dinero de empresas al 350% anual-mensual para
recolocarlo al 450 por ciento. Aunque mucho se
hable de la coherencia de las medidas y del
aparente castigo al que se estaría sometiendo a la
especulación financiera, lo cierto es que hasta el
momento las reformas no parecen haber alcanzado
efectos realmente modificadores en el mercado.
Por otra parte las idas y venidas del directorio
del Banco Central no hacen sino ocultar —en
opinión de algunos observadores— la puja entre el
directorio de la entidad, conducida por Alfredo
Concepción (en aparente alianza con Bernardo
Grinspun) y el Palacio de Hacienda piloteado por
Juan Sourrouille. El grupo Grinspun -
Concepción actuaría además en alianza con la Junta
Coordinadora del radicalismo liderada en Capital
Federal por Enrique "Coti" Nosiglia, cuyos hombres
de confianza en el directorio del banco son
Marcelo D'Acorte y Guillermo Felberg, a los que
acompaña en un plano apenas inferior el ya
mencionado Mazzorin. Las aspiraciones de este
grupo —en opinión de algunos suspicaces— serían
las de hacer crecer la figura de Concepción frente
a Sourrouille. Grinspun podría acentuar su peso en
el Banco Central, o bien impulsar allí al actual
subsecretario general de la presidencia de la
Nación, Daniel Larriqueta. Más allá de estas
internas, el Gobierno se apresta a implementar
ahora la anunciada reforma impositiva destinada a
personificar las rentas y patrimonios. Para que el
criterio prospere es indispensable ajustar la
legislación fiscal, derogando los criterios
restrictivos que desnaturalizan las bases
imponibles —a criterio del Gobierno— a través de
exenciones o exclusiones arbitrarias. Se deberá
además remover obstáculos de tipo procesal como
los secretos financieros y bursátiles, para
permitir al fisco conocer la situación personal de
los contribuyentes. La anunciada reforma fiscal
—afirman sus gestores oficiales— tiende a
perfeccionar el sistema tributario procurando que
la actividad financiera y bursátil deje de actuar
como válvula de escape en favor de los evasores.
Por ello es que se plantea la inclusión de los
dividendos en las declaraciones juradas de los
impuestos a las ganancias y la incorporación de
las acciones y participaciones en empresas en el
impuesto sobre el patrimonio neto. La reforma,
para llevarse a cabo, necesitará del auxilio de
una legislación modificada, lo que pone la mirada
en el Parlamento. No bastará en este caso como en
lo referido a la reforma financiera ya
implementada, ganar súbitamente la calle con
circulares del Banco Central.
La ofensiva
política Después de 7 horas de deliberaciones,
la cumbre radical en la residencia de Olivos
resolvió lanzar una ofensiva política donde, al
parecer, el caballito de batalla será el fantasma
de la desestabilización y la conspiración
organizada, "que tratará de aunar a las fuerzas
democráticas alrededor de Alfonsín para frenar la
amenaza golpista", según un hombre que estuvo en
el encuentro. La estrategia se basaba en el
lanzamiento de un documento del partido, en un
discurso del Presidente y una posterior
movilización el viernes 26. Antonio Tróccoli, en
tanto, saldría a poner paños fríos en el
sensibilizado frente militar, recalcando una vez
más que el juicio a los ex comandantes no
significa enjuiciar a las Fuerzas Armadas como
institución. En ningún otro lado se habla con
tanta frecuencia del golpismo como en las filas
del radicalismo, donde el tema se ha convertido en
una obsesión. Tanto es así que en la propia Casa
de Gobierno se comentan con desagrado las palabras
de Arturo Frondizi y Álvaro Alsogaray. Una fuente
que suele reflejar lo que se piensa en la cúpula
del poder afirmó que para él "esos dos políticos y
la línea Odeón del peronismo juegan a la
desestabilización." Como en este terreno tan
resbaladizo las precisiones nunca abundan, es
difícil saber la reacción íntima del Presidente
sobre la verdadera magnitud que él, personalmente,
otorga a la desestabilización. No faltan en el
Gobierno quienes consideran que el argumento de la
conspiración golpista es un recurso que suele
tapar la falta de resultados concretos en áreas
claves de la administración. Son quienes
recriminan a los funcionarios una "excesiva
ideologización de los problemas del Estado, que
impide lograr soluciones concretas a los temas
urgentes''. En fuentes confiables se comenta
que hay una encuesta reciente en el escritorio del
Presidente revelando que en las elecciones de
noviembre el 30 por ciento del electorado podría
inclinarse por el radicalismo, el 10 por ciento
por el peronismo, el 5 por el PI y el otro 5 por
la UCD. También sostiene el trabajo que la
izquierda y los otros segmentos progresistas han
quitado el apoyo que le dieron a Alfonsín en 1983
y que el 50 por ciento del electorado se encuentra
indeciso. La encuesta agrega que el Presidente
sigue contando con el apoyo del centro y la
derecha, "Sin embargo, Alfonsín sigue hablándole a
la izquierda. Hace 7 meses que estamos enviando
señales equivocadas", admitió un radical cercano
al Ministerio de Defensa sumido en la depresión.
Liderados por el ministro Raúl Borras, un grupo de
hombres del Presidente intenta convencerlo sobre
la necesidad de unificar el discurso y no permitir
los exabruptos de diputados díscolos, que "en su
afán de ganar espacio interno atacan a potenciales
votos radicales".
Quienes analizan la
ofensiva política lanzada en la cumbre de Olivos,
afirman también que Alfonsín bajó línea para
agregar un ingrediente político a la concertación.
Allí se dice que podría reactivarse a la
multipartidaria o alguna medida similar todavía en
estudio. "Tal como está planteado hoy el mecanismo
de la concertación —opinó el informante— sólo
sirve para que empresarios y obreros saquen
beneficios de esa negociación y el gobierno quede
preso de ella". De todas formas, seguir con la
concertación hasta que asomen tiempos mejores es
una decisión tomada por Alfonsín que no abandonará
por el momento. Esto se lo dijo claro a sus
propios funcionarios, a los gremialistas y a los
empresarios. La cumbre dejó en claro la
tendencia del Gobierno para buscar soluciones o
explicaciones políticas a la crisis, antes que
producir tajantes modificaciones estructurales que
alejen —con presunción cierta— un estallido
hiperinflacionario.
El frente militar Al
cierre de esta edición de SOMOS se completaba en
uno de los despachos del Ministerio del Interior
el texto de un mensaje que el ministro Antonio
Tróccoli tenía dispuesto dirigir al país en
relación, entre otras cosas, a la próxima
iniciación del juicio a los integrantes de las
juntas militares acusados de haber cometido
delitos contra los derechos humanos. La
intención del gobierno —como ocurrió en julio de
1984 cuando Tróccoli asistió a la presentación
televisiva del informe "Nunca más" elaborado en
base a las denuncias recogidas por la Comisión
Sábato— es tratar de suavizar la sensibilizada
epidermis de los militares que ven al juicio como
un procesamiento a las Fuerzas Armadas en su
globalidad, especialmente a su actuación en la
lucha antisubversiva. Si los militares siguen
convencidos de que lo que se enjuicia es la
validez o no de la lucha contra el terrorismo,
corremos el riesgo de que arda Troya se oyó decir
en la tarde del miércoles 17 a uno de los asesores
del ministro del Interior mientras se daban los
últimos toques al texto del discurso. La idea
del gobierno —más concretamente la iniciativa que
habría sido dictada a sus ministros por el
presidente Alfonsín en materia militar— consiste
en hacer lo más llevadero posible el trago amargo
de los juicios públicos a los ex comandantes. Para
ello se habría imple-mentado ya un sistema de
ajustes salariales en el plano militar, que en una
primera instancia podría orillar aumentos de entre
un 15 y un 30 por ciento según las escalas y las
jerarquías. Pero el plato fuerte —más allá del
mejoramiento de los rezagados salarios militares—
consistiría en la seguridad que se daría a todos
los cuadros inferiores de que los juzgamientos por
presuntas violaciones de los derechos humanos
terminarían con el gran juicio a los ex
comandantes. De allí para abajo se establecería
—aunque eufemísticamente se la pudiera llamar de
cualquier otra manera— una suerte de amnistía
capaz de resguardar a todos aquellos cuadros
medios e inferiores que se hubieran ajustado en su
modalidad operativa antiterrorista, a lo que
genéricamente puede incluirse dentro del criterio
de la obediencia debida. La preocupación del
gobierno —con todo— no estaría referida
exclusivamente a la inquietud de los cuadros
militares que ven acercarse el juicio a sus ex
jefes. También existiría —se dice— la posibilidad
de algunas provocaciones que hagan salir de cauce
las agitadas aguas. Para los radicales que el
miércoles 17 por la noche organizaban la marcha
multitudinaria hacia la Casa Rosada en apoyo del
gobierno democrático y del presidente Alfonsín (el
26) ninguna noticia hubiera resultado más
agradable que la suspensión de la movilización con
la que las organizaciones defensoras de los
derechos humanos han anunciado que acompañarán el
22 el inicio del juicio a los militares. A los
oídos del gobierno, el anuncio de la suspensión de
esa marcha sonaría como música celestial, y hasta
es posible que algún emisario (¿quizás un aliado
extrapartidario del radicalismo que ocupa una
importante función oficial?) fuera enviado a
hablar con sus gestores para tratar de hacerles
rever su actitud. Lo que el gobierno temía —en
realidad— era que la marcha de los activistas de
los derechos humanos fuera respondida
violentamente desde algún sector ultramontano de
la derecha. "Lo mejor sería mantener en este tema
la mayor de las prudencias", habría reconocido un
hombre del oficialismo ante el requerimiento de un
columnista político preocupado por el tema. O
Tabaré Áreas y Luis Castellanos Informe: Pablo
Landa. Carlos Varas. Gustavo Márquez. Marcelo
Lascano. Osvaldo Bove. Hernán Pereyra y Carlos
Revello Revista Somos 19.04.1985
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