Qué va a hacer Alfonsín
 

Los entretelones de las medidas tomadas para enfrentar la crisis.

Aunque nunca lo admitirían en público, los más altos habitantes de la Casa Rosada esperaban ansiosos el día en que partieran los reyes de España. "La crisis nos está aplastando, necesitamos dar un sacudón para ganar la iniciativa y la mitad de la Casa Rosada está al servicio del protocolo, atendiendo la visita de los reyes", deslizó el martes por la noche un funcionario de alto rango. El comentario tenía más que ver con la extremada gravedad de la situación y la necesidad de encontrar una respuesta política, que con cualquier atisbo de descortesía o desaprensión para con los monarcas españoles.
A esa altura, se sabía que algo se estaba preparando en la cúspide del poder y que Alfonsín saldría al ruedo apenas los visitantes dejaran tierra argentina. Es que la inflación sin control, el juicio a los ex comandantes, el discurso alarmista de algunos militares retirados y la creencia de que existe una conspiración desatada contra el gobierno por parte de la derecha —donde los radicales curiosamente hacen coincidir a Frondizi y a Alsogaray— habían creado el clima de un sistemático jaque al gobierno. El sábado 13 los hombres más conspicuos del radicalismo fueron a Olivos llamados por Alfonsín para una cumbre y allí se decidió lanzar la ofensiva política. La frase "tenemos que ocupar el centro del ring" ganó la calle y en los comités fue transformada en Acción y movilización. Un par de días después, en el poder la preocupación se hacía visible, porque había dos puntos que saboteaban el optimismo: "Si no logramos cubrir hasta la Pirámide la Plaza de Mayo, metiendo más de veinticinco mil personas, la convocatoria será un fracaso y Alfonsín no hablará desde el balcón. Esta es una posibilidad cierta. Además existe preocupación por algún atentado, secuestro o hecho de violencia relacionado con el juicio a los ex comandantes, que no descartamos se pueda producir", se sinceró un hombre de la Casa Rosada. Ya en algún despacho un equipo trabajaba redactando el discurso del presidente y en los cenáculos políticos se especulaba con la respuesta que Alfonsín daría a los angustiantes planteos de la realidad. En ese contexto es que comenzó a circular la versión de que el gobierno prepararía un proyecto de ley declarando al país en Estado de Emergencia Económica, punto de apoyo fundamental para dar una respuesta al desborde inflacionario —se predice que el índice de abril superará el 30 por ciento—, a los reclamos cada vez más rigurosos del Fondo Monetario Internacional, al generalizado estado deliberativo de la administración pública y, también, a los rumores sobre el golpismo.
"Tenemos conciencia de que el desgaste ya está afectando a la figura del presidente, y que la gente comienza a preguntarse con preocupación que está haciendo Alfonsín. Antes, el hombre de la calle tendía a criticar a Grinspun o a los otros ministros, sin cuestionar al presidente. Pero eso se está revirtiendo y marca un signo claro de alarma", admitió apesumbrado un hombre del Gobierno, aceptando la gravedad de la situación. Ese funcionario traía un juego de diarios subrayados con marcadores de tres colores en las páginas que mostraban indicadores de la crisis.

Ley en gateras
En el partido pocos están enterados de ella y en la Casa Rosada se evitan los comentarios. La versión dice que un reducido equipo técnico, encabezado por uno de los más prestigiosos constitucionalistas radicales está dando forma a la ley que declararía al país en Estado de Emergencia Económica y que sería el marco que se pondría a un verdadero paquete de acciones para contener la inflación y el gasto público. "Algo de eso puede haber, pero no se maneja en la Casa Rosada. En realidad circula la idea en el partido", dijo escuetamente un hombre que conversa a diario con Alfonsín. La idea parte de aprovechar un costado de importantes atribuciones que la Constitución otorga al Ejecutivo cuando el país es declarado en estado de emergencia y que haría más fluida la toma de decisiones. El espíritu constitucional deja en claro que una ley de estas características tiene que ser inevitablemente de índole excepcional y transitorio y dejar explícito la existencia de una situación de emergencia.
En algunos círculos se especulaba con que esta ley podría ser la base del discurso que el Presidente dirá el 1º de mayo ante el Parlamento, recalcando la necesidad de hacer nuevos y más profundos esfuerzos para superar la crisis. El tema puede levantar una densa polvareda si es que se confirman los rumores de que, en ancas de esa ley, podría llegar una drástica racionalización de la administración pública.
El martes por la noche, un senador radical se encontró con un cronista en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos y el periodista preguntó:
-¿Alfonsín recurrirá a alguna fórmula de emergencia?
-Todo depende del resultado de las negociaciones con el Fondo. El ministro Sourrouille llevó un plan que especifica lo que concretamente podemos pagar.
-¿Y si se lo rechazan?
-En ese caso creo que se impone declarar al país en emergencia. Buenas noches, y no le puedo decir nada más.
Ese senador había dejado sembrada la semilla. Pero en el Congreso también se duda sobre la importancia práctica que puede tener una ley de tal calibre. "Creo que es un recurso emocional que puede usar Alfonsín. A lo sumo, habrá que esperar cuáles son las medidas concretas que acompañarán esa ley", se escuchó decir a un diputado justicialista.
Con todo, en el partido se interpreta que Alfonsín necesita tener a mano algunas propuestas concretas para enfrentar el desborde inflacionario y la paralización productiva una vez que se acaben las contestaciones políticas que desde el poder se lanzan hacia quienes critican el manejo oficial de la economía. En ese marco, la ley de Emergencia Económica vuelve a tomar fuerza, aunque hasta ahora nadie salga a confirmar la versión.

El paquete económico
Por ahora, la primera movida oficial en el plano económico fue la implementación de una reforma financiera destinada sobre todo a atacar el mercado interempresario y anular la acción de unas 150 oficinas extrabursátiles diseminadas por la City porteña. Para algunos afectados por las recientes medidas del Banco Central, los nuevos conductores de esa entidad —especialmente los jóvenes radicales vinculados a la Junta Coordinadora como Marcelo D'Acorte o Guillermo Mazzorin- sólo atacan los efectos, pero no las cusas de las dificultades económicas. Un empresario se quejaba amargamente ante SOMOS en la mañana del martes 16 señalando que se ataca lo que se califica de usura, pero no se ataca la iliquidez del mercado, lo que en definitiva favorece nuevas formas usurarias.
Ocurre que la reforma, al virtualmente clausurar el interempresario y la acción de las extrabursátiles que prestaban dinero sobre la garantía de bonos externos, hizo crecer abruptamente el mercado de cauciones en la Bolsa de Comercio. El sistema permitía a los agentes concertar préstamos a tasa libre (sobre un mínimo de 400 mil pesos) dejando en caución bonos externos en el Banco de Valores. Tal caución bursátil se convirtió en menos de 2 días en una válvula de escape ante la clausura del interempresario y generó muchas dudas. ¿Por qué el Banco Central dejaba crecer el mercado de cauciones en la Bolsa tras suprimirlo en forma compulsiva? Las dudas se aventaron rápidamente el lunes 8, cuando se negociaron 104 millones de dólares por cauciones a tasas equivalentes al 35 por ciento mensual, lo que hizo ingresar a ese mercado en la zona bajo la mira del Banco Central. El miércoles 10 se hicieron menos negocios, al caer la tasa al 25 por ciento (provocando de arrastre un alza del dólar paralelo que lo llevó a los 510 pesos) pero el acta de defunción del sistema había sido ya firmada y la anulación del flamante mecanismo se suprimiría horas después a través de un llamado telefónico del Banco Central.
¿Se había logrado con ello concretar el sueño de los nuevos directores del Central de restar liquidez a la plaza con la esperanza de reducir la inflación? En principio parece que los efectos no fueron exactamente los esperados, ya que se consiguieron realizar operaciones que dejaron súbitas ganancias de hasta 100 puntos cuando se tomó dinero de empresas al 350% anual-mensual para recolocarlo al 450 por ciento.
Aunque mucho se hable de la coherencia de las medidas y del aparente castigo al que se estaría sometiendo a la especulación financiera, lo cierto es que hasta el momento las reformas no parecen haber alcanzado efectos realmente modificadores en el mercado.
Por otra parte las idas y venidas del directorio del Banco Central no hacen sino ocultar —en opinión de algunos observadores— la puja entre el directorio de la entidad, conducida por Alfredo Concepción (en aparente alianza con Bernardo Grinspun) y el Palacio de Hacienda piloteado por Juan Sourrouille.
El grupo Grinspun - Concepción actuaría además en alianza con la Junta Coordinadora del radicalismo liderada en Capital Federal por Enrique "Coti" Nosiglia, cuyos hombres de confianza en el directorio del banco son Marcelo D'Acorte y Guillermo Felberg, a los que acompaña en un plano apenas inferior el ya mencionado Mazzorin.
Las aspiraciones de este grupo —en opinión de algunos suspicaces— serían las de hacer crecer la figura de Concepción frente a Sourrouille. Grinspun podría acentuar su peso en el Banco Central, o bien impulsar allí al actual subsecretario general de la presidencia de la Nación, Daniel Larriqueta.
Más allá de estas internas, el Gobierno se apresta a implementar ahora la anunciada reforma impositiva destinada a personificar las rentas y patrimonios. Para que el criterio prospere es indispensable ajustar la legislación fiscal, derogando los criterios restrictivos que desnaturalizan las bases imponibles —a criterio del Gobierno— a través de exenciones o exclusiones arbitrarias.
Se deberá además remover obstáculos de tipo procesal como los secretos financieros y bursátiles, para permitir al fisco conocer la situación personal de los contribuyentes.
La anunciada reforma fiscal —afirman sus gestores oficiales— tiende a perfeccionar el sistema tributario procurando que la actividad financiera y bursátil deje de actuar como válvula de escape en favor de los evasores. Por ello es que se plantea la inclusión de los dividendos en las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y la incorporación de las acciones y participaciones en empresas en el impuesto sobre el patrimonio neto.
La reforma, para llevarse a cabo, necesitará del auxilio de una legislación modificada, lo que pone la mirada en el Parlamento. No bastará en este caso como en lo referido a la reforma financiera ya implementada, ganar súbitamente la calle con circulares del Banco Central.

La ofensiva política
Después de 7 horas de deliberaciones, la cumbre radical en la residencia de Olivos resolvió lanzar una ofensiva política donde, al parecer, el caballito de batalla será el fantasma de la desestabilización y la conspiración organizada, "que tratará de aunar a las fuerzas democráticas alrededor de Alfonsín para frenar la amenaza golpista", según un hombre que estuvo en el encuentro. La estrategia se basaba en el lanzamiento de un documento del partido, en un discurso del Presidente y una posterior movilización el viernes 26. Antonio Tróccoli, en tanto, saldría a poner paños fríos en el sensibilizado frente militar, recalcando una vez más que el juicio a los ex comandantes no significa enjuiciar a las Fuerzas Armadas como institución.
En ningún otro lado se habla con tanta frecuencia del golpismo como en las filas del radicalismo, donde el tema se ha convertido en una obsesión. Tanto es así que en la propia Casa de Gobierno se comentan con desagrado las palabras de Arturo Frondizi y Álvaro Alsogaray. Una fuente que suele reflejar lo que se piensa en la cúpula del poder afirmó que para él "esos dos políticos y la línea Odeón del peronismo juegan a la desestabilización." Como en este terreno tan resbaladizo las precisiones nunca abundan, es difícil saber la reacción íntima del Presidente sobre la verdadera magnitud que él, personalmente, otorga a la desestabilización.
No faltan en el Gobierno quienes consideran que el argumento de la conspiración golpista es un recurso que suele tapar la falta de resultados concretos en áreas claves de la administración. Son quienes recriminan a los funcionarios una "excesiva ideologización de los problemas del Estado, que impide lograr soluciones concretas a los temas urgentes''.
En fuentes confiables se comenta que hay una encuesta reciente en el escritorio del Presidente revelando que en las elecciones de noviembre el 30 por ciento del electorado podría inclinarse por el radicalismo, el 10 por ciento por el peronismo, el 5 por el PI y el otro 5 por la UCD. También sostiene el trabajo que la izquierda y los otros segmentos progresistas han quitado el apoyo que le dieron a Alfonsín en 1983 y que el 50 por ciento del electorado se encuentra indeciso. La encuesta agrega que el Presidente sigue contando con el apoyo del centro y la derecha, "Sin embargo, Alfonsín sigue hablándole a la izquierda. Hace 7 meses que estamos enviando señales equivocadas", admitió un radical cercano al Ministerio de Defensa sumido en la depresión. Liderados por el ministro Raúl Borras, un grupo de hombres del Presidente intenta convencerlo sobre la necesidad de unificar el discurso y no permitir los exabruptos de diputados díscolos, que "en su afán de ganar espacio interno atacan a potenciales votos radicales".

Quienes analizan
la ofensiva política lanzada en la cumbre de Olivos, afirman también que Alfonsín bajó línea para agregar un ingrediente político a la concertación. Allí se dice que podría reactivarse a la multipartidaria o alguna medida similar todavía en estudio. "Tal como está planteado hoy el mecanismo de la concertación —opinó el informante— sólo sirve para que empresarios y obreros saquen beneficios de esa negociación y el gobierno quede preso de ella".
De todas formas, seguir con la concertación hasta que asomen tiempos mejores es una decisión tomada por Alfonsín que no abandonará por el momento. Esto se lo dijo claro a sus propios funcionarios, a los gremialistas y a los empresarios.
La cumbre dejó en claro la tendencia del Gobierno para buscar soluciones o explicaciones políticas a la crisis, antes que producir tajantes modificaciones estructurales que alejen —con presunción cierta— un estallido hiperinflacionario.

El frente militar
Al cierre de esta edición de SOMOS se completaba en uno de los despachos del Ministerio del Interior el texto de un mensaje que el ministro Antonio Tróccoli tenía dispuesto dirigir al país en relación, entre otras cosas, a la próxima iniciación del juicio a los integrantes de las juntas militares acusados de haber cometido delitos contra los derechos humanos.
La intención del gobierno —como ocurrió en julio de 1984 cuando Tróccoli
asistió a la presentación televisiva del informe "Nunca más" elaborado en base a las denuncias recogidas por la Comisión Sábato— es tratar de suavizar la sensibilizada epidermis de los militares que ven al juicio como un procesamiento a las Fuerzas Armadas en su globalidad, especialmente a su actuación en la lucha antisubversiva.
Si los militares siguen convencidos de que lo que se enjuicia es la validez o no de la lucha contra el terrorismo, corremos el riesgo de que arda Troya se oyó decir en la tarde del miércoles 17 a uno de los asesores del ministro del Interior mientras se daban los últimos toques al texto del discurso.
La idea del gobierno —más concretamente la iniciativa que habría sido dictada a sus ministros por el presidente Alfonsín en materia militar— consiste en hacer lo más llevadero posible el trago amargo de los juicios públicos a los ex comandantes. Para ello se habría imple-mentado ya un sistema de ajustes salariales en el plano militar, que en una primera instancia podría orillar aumentos de entre un 15 y un 30 por ciento según las escalas y las jerarquías. Pero el plato fuerte —más allá del mejoramiento de los rezagados salarios militares— consistiría en la seguridad que se daría a todos los cuadros inferiores de que los juzgamientos por presuntas violaciones de los derechos humanos terminarían con el gran juicio a los ex comandantes. De allí para abajo se establecería —aunque eufemísticamente se la pudiera llamar de cualquier otra manera— una suerte de amnistía capaz de resguardar a todos aquellos cuadros medios e inferiores que se hubieran ajustado en su modalidad operativa antiterrorista, a lo que genéricamente puede incluirse dentro del criterio de la obediencia debida.
La preocupación del gobierno —con todo— no estaría referida exclusivamente a la inquietud de los cuadros militares que ven acercarse el juicio a sus ex jefes. También existiría —se dice— la posibilidad de algunas provocaciones que hagan salir de cauce las agitadas aguas.
Para los radicales que el miércoles 17 por la noche organizaban la marcha multitudinaria hacia la Casa Rosada en apoyo del gobierno democrático y del presidente Alfonsín (el 26) ninguna noticia hubiera resultado más agradable que la suspensión de la movilización con la que las organizaciones defensoras de los derechos humanos han anunciado que acompañarán el 22 el inicio del juicio a los militares.
A los oídos del gobierno, el anuncio de la suspensión de esa marcha sonaría como música celestial, y hasta es posible que algún emisario (¿quizás un aliado extrapartidario del radicalismo que ocupa una importante función oficial?) fuera enviado a hablar con sus gestores para tratar de hacerles rever su actitud.
Lo que el gobierno temía —en realidad— era que la marcha de los activistas de los derechos humanos fuera respondida violentamente desde algún sector ultramontano de la derecha. "Lo mejor sería mantener en este tema la mayor de las prudencias", habría reconocido un hombre del oficialismo ante el requerimiento de un columnista político preocupado por el tema.
O Tabaré Áreas y Luis Castellanos Informe: Pablo Landa. Carlos Varas. Gustavo Márquez. Marcelo Lascano. Osvaldo Bove. Hernán Pereyra y Carlos Revello
Revista Somos
19.04.1985

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Aunque mucho se hable de la coherencia de las medidas y del aparente castigo al que se estaría sometiendo a la especulación financiera, lo cierto es que hasta el momento las reformas no parecen haber alcanzado efectos realmente modificadores en el mercado.
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