Ni siquiera la posibilidad de una reforma
constitucional estimuló el entusiasmo opositor: por creer que todo
el juego oficial se reduce a una maniobra dilatoria, o que
desembocará en una nueva forma de proscripción y consecuente
ilegitimidad, los sones oficiales no consiguen concitar ni -al
menos— una tregua en los ambientes politizados. Entre las dos
puntas de la oposición aquellas que se manifiestan con la dinámica
de la revolución social o con el puro reformismo liberal —el
gobierno maniobra agrupando fuerzas para conformar un respaldo-, que
algunos intentan convertir en partido oficial. Por eso Oscar Alende,
comandante de las residuales falanges de la UCRI, estima que "los
anuncios de Levingston son positivos en cuanto reconocen que el
pueblo está en una situación general de tensión por la falta de una
verdadera imagen revolucionaria. Admite que el mismo pueblo reclama,
por sobre todo, soluciones a corto plazo de sus problemas
económico-sociales, aun por encima de los anuncios meramente
políticos electorales". Sobre la base de esta simplificación Alende
alienta esperanzas en la profundización de la Revolución ("el
gobierno debe aplicar medidas tan enérgicas y rotundas como las que
se adoptaron en el primer ciclo de la RA en favor del imperialismo
internacional del dinero" —CIC—) y desecha la eventualidad
electoral: "No creo en la necesidad actual de la reforma
constitucional, salvo el plazo de 4 años en los mandatos. Las
elecciones escalonadas, otra eventualidad, solo servirían para que
los contrarrevolucionarios coloquen piedras en el camino perturbando
el tratamiento de temas fundamentales" Esa misma apuesta a la
reversión de un rumbo económico y político esculpido por el estilo
de gobierno RA es la que juega el frondicismo: "El plan político
-condena el publicista frigerista Marcos Merchensky— no es otra cosa
que un pequeño truco para ganar tiempo. Es posible que los padres de
la criatura piensen así hacer la revolución, pero el tiempo desde
junio de 1966 y, con otro ritmo, desde junio de este año, corre a
favor de la contrarrevolución Es decir, todo el período que se lleve
el plan político servirá para consolidar la vieja estructura". Para
Merchensky obviamente tampoco resulta simpático el propósito de
reforma constitucional: "Es también parte del operativo distracción.
Se volverá, sin embargo, como boomerang contra sus creadores. Sea
cual fuere el motivo por el que se llame a votar a los argentinos
(la Constitución, un proyecto de Manrique o el horario de los
basureros), lo haremos en contra del gobierno y a favor de la
Revolución Nacional". Esa misma desilusión respecto de las
modificaciones de base campea en otro sector adepto al reformismo
social. Salvador Busacca, uno de los líderes del Movimiento de la
Democracia Cristiana apunta respecto de las afirmaciones
presidenciales: "Decir de cambios estructurales que no se visualizan
ni en el documento, ni en el accionar del Estado, no pasa de ser una
guitarreada, más moderna quizá que las de ciertas combinaciones
electorales, pero guitarreada al fin. Lo cierto es que el sistema
financiero en lo esencial está como era entonces, dedicado a la
especulación, a lo innecesario, al lujo". Para Busacca solo
permanece una esperanza: "Lo único real que queda de las directivas
al Ministerio del Interior es la posibilidad de una tregua de 4 a 5
años, para que durante ese lapso se arme un nuevo equipo
civil-militar lúcido, independiente y generacional capaz de entender
que el problema de una revolución no se resuelve con un genial
ministro de Economía sino con un equipo con genio político". No
es precisamente una tregua la que han pedido el viernes 11 los
políticos acuerdistas a partir del segundo documento de La Hora del
Pueblo dirigido a las Fuerzas Armadas. Dos días antes de la
publicación de la segunda catilinaria civil, dos de sus firmantes
(Jorge Selser y Enrique Vanoli) fustigaron ante ANALISIS la
definición levingstoniana. "El discurso ha sido decepcionante
—estimó el socialista Selser-. El Presidente electo por los
comandantes intentó demostrar que los dirigentes políticos están
separados de las masas, que los estudiantes son agitadores y que los
sindicatos obreros están infiltrados por los políticos. Es decir que
todo anda mal, menos la clara mente de nuestros gobernantes que
llevan cuatro años y medio pensando en un plan político que no
alcanzan a balbucear. Del discurso presidencial solo queda en claro
que existe la voluntad de continuar por años en el uso de un poder
irrestricto y que ya ha traído al país las consecuencias que todos
conocemos. La contestación más expresiva a Levingston le fue dada
por los estudiantes de Neuquén; las fotografías donde aparecen
dándole la espalda han quedado como documentos históricos". Es la
misma indignación feroz que conmueve al secretario del comité
nacional de la UCRP: "Al parecer el general Levingston cree estar a
cargo del gobierno de otro país ya que sus palabras carecen total y
absolutamente de realidad —se sulfura Enrique Vanoli-. Mantener la
congelación de la actividad partidaria durante 1971 es ignorar la
actual situación nacional. Así, el país está sobre un abismo, porque
los hechos de violencia van in crescendo y son cada vez más
espectaculares y atrevidos. La opción es clara: o
institucionalizamos el país o la subversión no será de unos pocos
sino de la mayoría". El radicalismo se muestra flexible en la
posibilidad de la reforma constitucional: "Es evidente que algunos
retoques tales como la unificación del mandato presidencial y
legislativo pueden ser realizados por vía gubernamental como ocurrió
en 1963 con los mecanismos de elección de gobernadores en algunas
provincias. Pero cualquier intención deberá ser sometida a la
voluntad popular en el mismo acto en que se elijan los gobernantes
constitucionales".
Hora del pueblo, Opus II. La segunda
emisión documental del acuerdo de los partidos (conservadores
populares, demo-progresistas, peronistas ortodoxos, socialistas
argentinos, radicales bloquistas, radicales populares) lanzada
desde la casa del aramburista Manuel Rawson Paz, respondió a las
afirmaciones de Levingston y explícitamente se dirigió a las Fuerzas
Armadas para buscar una-modificación de la situación. "Pieza
deplorable en verdad -estigmatiza La Hora— que compendia actitudes
agraviantes con lamentable olvido de la jerarquía que tiene asumida,
en nombre de las Fuerzas Armadas exclusivamente, quien las
pronunció". En apelación directa a las opiniones militares el
documento anota: "Se gobierna en su nombre (el de las FF.AA. y se
invoca su representación. Luego quiérase o no, las culpas de los
usurpadores recaen sobre las mismas Fuerzas Armadas. Tampoco tiene
sentido puntualizar que los jefes y oficiales no gobiernan por medio
de sus representantes (...). Es cierto, pues, que las Fuerzas
Armadas no pueden gobernar ni directamente ni por representación.
Pero esto no impide que toda la Fuerza Armada, en conjunto y
globalmente haya sido jugada en esta experiencia oficialmente
inaugurada en 1966". Los acuerdistas apuntan en beneficio de sus
tesis las rebeliones provinciales: "En cualquier lugar del país, aun
en los más tranquilos, el pueblo encuentra motivos para manifestar
su irritación frente a un gobierno que compromete a las Fuerzas
Armadas. Huelgas, enfrentamientos de todo tipo, motines policiales y
terrorismo cotidiano constituyen una realidad lamentable que exige
una superación. Los hombres pertenecientes a diversas fuerzas
políticas la deseamos ardientemente. Pero las Fuerzas Armadas no
pueden esperar con paciencia infinita de nuestra parte". Una manera
de recordar a la milicia que el proceso nacional puede estar a punto
de escapar de las manos moderadas para internarse exclusivamente en
los meandros sin retorno del enfrentamiento armado. Luego del
diagnóstico, los partidos proponen sus remedios: poner en
funcionamiento inmediato los partidos, anunciar en forma certera
fechas de pronunciamientos electorales. Tras esta declaración el
acuerdo partidario parece estar tentando la organización de una
demostración pública de fuerza contra el gobierno, una forma de
obligar al oficialismo a medir sus fuerzas con los que califica de
irrepresentativos. No menos dura y escéptica es la manifestación
de los políticos liberales como Pablo González Bergez, colocados
fuera del acuerdo. "De nuevo —acota el dirigente conservador— no hay
nada. Otra vez se habla de mística revolucionaria. De tanto mentarla
se ha de generar otra, pero de una revolución de cuño muy distinto a
la que se presume vivir actualmente. Parece para el gobierno que lo
importante son los 4 ó 5 años y en realidad el tiempo tiene
importancia de acuerdo a con que se lo llene". Para González Bergez
el problema no radica en ajustar el mandato presidencial a la
presunta duración de las crisis argentinas sino en "evitar la
irrepresentatividad de los gobernantes que ha reinado en los últimos
15 años". Cómo superar ese vacío producido por la carencia de
partidos dominantes: "No existe otra salida que producir la elección
del presidente por el Congreso". En el terreno de las posibilidades
González Bergez estima que "entre este gobierno y la salida habrá
pasos intermedios. Me parece urgente la formación de un gobierno
provisional que realmente abra el debate político". De algún modo
la convicción de provisoriedad del momento político preside las
afirmaciones de Marcelo Sánchez Sorondo, el insistente animador del
nacionalismo: "El país tiene la convicción de que Levingston no es
el último Presidente de este largo interinato político que ha
devenido la Revolución Argentina. Ofrecer luego de 15 años de
fracasos, la reiteración del plan político de la Revolución
Libertadora es un hecho muy parecido a una pesadilla. Con ello se
echa más leña a la hoguera de la anarquía y la subversión". Sánchez
Sorondo no cree en la profundización de la RA: "Es imposible dentro
del ámbito de la RA parir la Revolución Nacional. Hay que crear una
nueva línea de oposición civil". Rodolfo Tecera del Franco,
ubicado en el peronismo político moderado, "observa" la idea del
gobierno de profundizar el proceso para encarar luego la salida
política. Creo que esto es poner el caballo detrás del carro". En
perspectiva también no paladinista, pero ubicada en el espectro duro
del peronismo Miguel Gazzera rechazó las perspectivas oficiales: "No
hay un atisbo que demuestre la intención de crear un mecanismo de
participación política que permita abrigar la esperanza de que el
pueblo tenga voz y voto en los preparativos previos a lo que se
pretende establecer como normalización constitucional. Se ratifica
la presencia del poder económico separado totalmente del despotismo
político del cual se ha responsabilizado a los 3 comandantes en jefe
y a un cuarto general. El plazo de 5 años hace inexplicable que las
FF.AA. hayan destituido al general Onganía. El gobierno quiere
realizar el intento de instrumentar como agente del poder a una
burguesía nacional que está castrada". La misma decepción por el
preplan político campea en las reflexiones del líder de la
democracia cristiana argentina. "El discurso de Neuquén -dice
Horacio Sueldo— ignora olímpicamente la evidencia que el pueblo debe
tener la oportunidad de elegir (nosotros proponemos mediante un
plebiscito) el plan político. El gobierno afirma que los partidos no
son representativos, pero no se les permite actuar porque hacen
peligrar la paz nacional. El gobierno afirma carecer del apoyo de la
población pero se autoadjudica otros 5 años para lograr ese
respaldo. El discurso de Levingston, una proclama infatuada y
belicosa, tiene una sola respuesta: seguir la lucha por la
autodeterminación popular". El gobierno se ha prometido como
regalo de Navidad un plan de trabajo para la elaboración del plan
político. Si las escaladas gremiales merecen su rechazo, la
violencia revolucionaria, su repudio; sería bueno que olvidara,
aunque fuera de a poco, su desprecio por la clase de los políticos.
Es conveniente para su salud futura.
REFORMA Los abogados
dicen No "La Constitución es modificable y perfectible, pero solo
en un ambiente institucional distinto al dominante actualmente en el
país", fue la conclusión a que arribó, finalmente, la mayoría en la
reciente 8a. Conferencia Nacional de Abogados convocada el jueves 3,
en el colegio que agrupa a los letrados del Departamento Judicial de
La Plata. El "despacho mayoritario" —como se insistió en llamarlo-
impuso de esta forma la tesis de la inoportunidad de la reforma
constitucional, teniendo en cuenta "las circunstancias" por las que
atraviesa la vida institucional del país. Pero la improcedencia
tuvo, durante el desarrollo de las sesiones platenses, una filosa
tramitación. "Analizados los hechos ocurridos desde el movimiento
militar de 1966 —apuntan los 69 abogados por boca del1 socialista
Wálter Costanza-, las imprecisiones, ambigüedades y oscuridades de
las declaraciones y planes de los dos gobiernos surgidos de ese acto
de fuerza, el carácter y fines de la legislación represiva dictada e
impuesta, la disolución irreversible -según manifestaciones
oficiales— de los partidos políticos, hacen que no estén dadas las
condiciones jurídicas y políticas necesarias para la reforma". El
razonamiento, a propósito de la inhabilidad para que la empresa
reformista sea encarada por el gobierno que comanda Roberto Marcelo
Levingston, prefirió obtener su partida de bautismo y confirmación
en la arena política. Para corroborarlo, los signatarios del
breve documento afirman que "ante la existencia de un poder absoluto
detentado por las Fuerzas Armadas, y con ausencia del pueblo en la
infraestructura del poder, no es posible la reforma". No resultó
fácil sustraer a los abogados —muchos de ellos de antigua militancia
partidista— del tratamiento propuesto a partir del tema B.
Constitución Nacional, ¿es necesario reformaría? , inquirieron los
organizadores de las jornadas, que contaron con representantes
del
foro nacional. En el caso de que resultara afirmativa la proposición
habrían de establecerse los puntos principales de la reforma. Como
punto final, el análisis habría de centrarse en los "medios para
asegurar la estabilidad y eficacia de los gobiernos que de ella
deriven".
El foro político. "Resultó evidente el interés
inmediato que despertó entre los asistentes la cuestión a debatir
—declaró a ANALISIS el abogado Carlos Acevedo—, y ello se vio
patentizado en el número de integrantes de la comisión encargada del
tema propuesto". Las cifras acompañan a la aseveración de Acevedo:
145 abogados —de los casi 300 asistentes a la reunión— se instalaron
en la comisión, una tribuna tentadora. El resto de los delegados se
repartió en los 5 grupos restantes de trabajo. A ellos les tocó
tratar otros puntos asignados al primer grupo de temas: las
estructuras del poder y la representatividad en el Estado moderno,
en función de la realidad argentina, enfoque central que se
subdividió en otros ítem que no lograron el atractivo del tema
reforma constitucional, convertido en vedette de las deliberaciones.
El jueves 4, la Conferencia fue formalmente habilitada con la
asistencia del ministro de Justicia, Jaime Perriaux. Lo acompañaban
en el estrado, el titular de gobierno bonaerense, José de San Martín
y las autoridades del encuentro: los presidentes de la Federación
Argentina y del Colegio de Abogados anfitrión, Edgard Ferreyra y
Gualberto Mostajo. San Martín dio la bienvenida en nombre del
gobierno de Buenos Aires a las delegaciones presentes. Cuando
comenzó a parafrasear la salutación, una veintena de abogados
abandonó ostensiblemente el salón. Retornaron para oír a Ferreyra y
luego tornaron a la demostración de repulsa cuando Perriaux comenzó
a improvisar su discurso. Si la presencia de los funcionarios
oficiales había crispado a los rebeldes y tratado de insinuar que a
la Conferencia podía sospechársela de prooficialista, las palabras
del ministro nacional no encontraron buen eco entre algunos de los
que permanecieron escuchándolo. Afirmó haber leído el despacho
original de la Comisión Coordinadora del encuentro —que luego se
analizó durante el desarrollo de la sesiones como simple "hipótesis
de trabajo"—, para cuyos integrantes tuvo especial reconocimiento.
Pero allí no terminaron los plácemes de Perriaux. "En ese despacho,
que no por relativamente breve es menos denso y jugoso,
asombrosamente y para gran regocijo mío he encontrado, por ejemplo,
una notable coincidencia en lo esencial con el documento que he
conocido hace pocos días, elevado por el Comando en Jefe del
Ejército al señor Presidente de la República, acerca, precisamente,
del proceso institucional futuro inmediato. .. Una coincidencia
básica, sumamente grande en una serie de puntos absolutamente
esenciales", reiteró el ministro. Ante ANALISIS, Perriaux no
quitó una coma a las expresiones vertidas en La Plata frente a los
abogados. "He quedado bien impresionado por el serio y fundado
despacho de la Comisión Coordinadora. Me causó profunda alegría el
tenor de las ideas expuestas, coincidente en muchos aspectos con el
que presentó Ejército". Radicales, socialistas, comunistas y algunos
conservadores, arco iris ideológico que se pronunció en contra de la
oportunidad de la reforma constitucional planteada como hipótesis,
quebraron el optimismo ministerial. "Un movimiento de fuerza que no
es revolución, sin legitimidad, y sin apoyo del pueblo, que antepone
a la Constitución su propio Estatuto, carece de título válido para
intentar modificaciones en la Ley Fundamental", afirmaron los
letrados.
Necesidad y oportunidad. Resultaron dos términos
que jugaron una maratón controvertida. La Coordinadora propugnó la
necesidad de una reforma parcial de la Constitución Nacional,
"mediante la incorporación de normas que contemplen la situación
real y actual de la sociedad argentina y aseguren la libertad, la
justicia, el bienestar general y la estabilidad y eficacia del
gobierno". Entre los requisitos indispensables apunta el documento:
• Promover en el país un clima político de concordia nacional, en el
que ciudadanos, partidos políticos y gobierno ejerzan sendos
derechos y deberes a fin de asegurar "el encauzamiento y la
continuidad institucional". • Llevarla a cabo en una convención
de representantes elegidos por decisión popular, "mediante la
actuación de partidos políticos". Señalan que teniendo en cuenta
"los antecedentes de la crisis política argentina", es saludable que
tal Convención logre reunirse "antes de constituirse los poderes
ordinarios". Entre los puntos principales a encarar en la reforma
figuran los sistemas de elección y duración de los mandatos para los
futuros titulares del Ejecutivo y del Parlamento. Presidente y vice
mediante elección directa, aplicando el sistema francés del ballotage. En caso de que en la primera votación no obtengan los
candidatos la mayoría absoluta (51 por ciento) habría de realizarse
nueva compulsa entre los 2 candidatos más votados. Cuatro años de
gestión para ellos y los miembros del Congreso y que las respectivas
elecciones sean simultáneas, integran la proposición presentada.
Otros temas condicionan la organización y funcionamiento de los
poderes, el régimen federal (en cuanto a su fortalecimiento,
distribución de competencias y funcionalidad del sistema
rentístico), como asimismo la "atribución de jerarquía
constitucional a los partidos políticos". Los abogados Yurrebaso
Víale, Lasala, Mostajo, Sívori, Aftalión, Alegre, López, Rouxaut y
Vanosi ostentan la paternidad del despacho. La excitación política
desplazó la intención arrimada por la Coordinadora. "Siendo hoy el
pueblo nada político, disueltos los partidos, resulta absurdo que la
ciudadanía sea llevada a la cumbre del poder constituyente, cuando
nadie la representa y el poder militar es todo", dijo Costanza a
ANALISIS. Lo cierto es que el tema despertó movida discusión hasta
alcalizar por momentos tono de barricada , y las pautas enunciadas
en el discurso presidencial de Neuquén (viernes 4 encontraron en La
Plata una respuesta que no podrá dejarse de tener en cuenta.
REFORMA CONSTITUCIONAL Dos juristas, expertos en derecho
constitucional, fueron consultados por ANALISIS sobre la posibilidad
de una reforma al texto de la Constitución, tal como fue
preanunciada por el Presidente Levingston. Carlos Sánchez Viamonte
(ex profesor en la Universidad de La Plata y conocido
constitucionalista) y Juan Francisco Linares (ex profesor de derecho
público en La Plata y derecho, político en la UNBA) manifestaron así
su posición: S. VIAMONTE CARLOS SANCHEZ VIAMONTE: "Opino que es
ilegítima y nula toda resolución tomada por un funcionario o un
gobierno usurpador. Este que tenemos, no es un gobierno de facto,
porque en nuestro sistema constitucional no hay posibilidades para
esta situación, ni para un estado de revolución. Cuando la posesión
de un cargo ha sido obtenida violentamente por una imposición de
fuerza, cuando se ha producido mediante el desalojo de un gobierno
de jure, entonces no es posible aplicar la doctrina de facto a los
usurpadores, ni contemplarlos con las mismas consecuencias
jurídicas. Hasta la Corte Suprema no ha tenido razones jurídicas
cuando reconoció los llamados gobiernos de facto y por eso no los
puede invocar. Para ser funcionario de facto se necesita el
ejercicio de una función de jure con la posesión de un título en
apariencia legítimo. Cuando esto falta el funcionario no lo es de
facto sino que ingresa en la categoría de usurpador. En esas
condiciones es imposible el planteo de reforma de la Constitución".
JUAN FRANCISCO LINARES: "Como instrumento escrito, la Constitución
es reformable y perfectible. Pero la modificación de nuestra Carta
Magna sería una obra de 30 años de educación mediante un nuevo
sistema de enseñanza y una nueva organización educativa. La
Constitución de 1853 nunca fue una carta hecha según nuestra
conformación social. Nos quedó siempre grande. Nunca la merecimos.
Por eso, no se trata de reformarla ahora, sino de reformar a los
argentinos. Cualquier enmienda tendría tan poca o ninguna vigencia
como la actual Constitución o como la reforma del artículo 14 en
1957 o la Constitución de 1949. No servirá sino para dividir más a
los argentinos y crear más caos y desentendimiento social, eso sí,
con una constitución refrita y adornada. En otras palabras, la
enmienda sería inútil mientras no se reforme previamente a los
ciudadanos y ésta no es cuestión de cuatro años.
Revista
Análisis 15.12.1970
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Si las promesas y los medios
anuncios volcados desde el gobierno a partir del momento en
que Juan Carlos Onganía fuera desalojado de la Casa Rosada
levantaron una módica ola de expectativa, ésta se fue
disolviendo a lo largo de los agitados seis meses de su
gestión. El mensaje presidencial del 11 de diciembre terminó
por decapitar remanentes esperanzas, convocó las críticas
acerbas de los líderes partidarios o de las corrientes de
opinión como prefiere embretarlos el oficialismo.
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