La procesión fue, aparte de sus móviles religiosos, una clara manifestación de desagravio a la Iglesia perseguida por el gobierno de la época, y éste respondió con una acusación de la cual nació un proceso que acaba de finalizar ocho años después, en primera instancia, con sentencias dirigidas contra las dos únicas personas que admitieron haber tenido participación en el hecho: Camilo Aníbal Racana, ex director de Orden Político de la Policía Federal, y Roberto Alfonso Nardelli, ex comisario de la seccional sexta, en cuya jurisdicción se cometió el presunto delito.
Miguel Gamboa era entonces el jefe de la Policía Federal. Entre las mil quinientas ochenta y nueve fojas de la causa criminal Nº 5.239/56 (caratulada alguna vez traición a la patria y quema de la bandera nacional) figuran estas palabras, que sus subordinados le atribuyeron: "Ordenaron (sic) quemar la bandera argentina que está en el mástil del Congreso y producir algunos destrozos. Parece que no dieron cumplimiento. Por lo tanto averigüe y, si no se hizo, hágalo con algunos hombres de confianza, y hágalo con urgencia porque los desmanes deben aparecer en las noticias de los diarios de la mañana".
Eran las 21.30 del 11 de junio y la orden fue impartida a Camilo Racana, quien a su vez les dijo a sus empleados Héctor Eduardo Giliberti, Liborio Juan Laperchia e Isidoro Ferrari: "Tienen que ir y quemar la bandera que está izada en el mástil del Congreso".
Media hora antes, sin embargo, el comisario Nardelli había ordenado al agente Clorindo Arturo Lapeyre: "Quema los trapos donde nadie te vea, si es posible fuera de la seccional, y colocalos al píe del mástil donde se iza la bandera argentina en la parte externa de la Cámara de Diputados". Poco después, Hamlet Díaz, empleado del Congreso, denunció que los manifestantes católicos cometían desmanes ante la explanada de la avenida Entre Ríos. La policía, por su parte, afirmó haber encontrado allí un pabellón argentino sin sol central, que presentaba varios agujeros producidos por quemaduras. Para Nardelli comenzaba la tarea de instruir el sumario, pues la quema de la bandera suponía, además de una monstruosidad antipatriótica, la violación del decreto 536/45, robo y daño. Testigos presuntos del hecho (afiliados peronistas) acusaron de haber participado en él a Luis Antonio Nardelli (casualmente homónimo del comisario) y Alberto Carlos Etchecouyri, quienes fueron detenidos y remitidos al juez en le penal especial que primero entendió en la causa, doctor Carlos Gentile. Ante éste niegan los imputados la acusación; el juez decreta la libertad de ambos. Más tarde fueron sobreseídos, comprobándose que nunca tuvieron nada que ver en el asunto. Para Racana, en vista de que el fraguado delito ya había sido realizado, sólo quedaba procurar que los rastros o pruebas del hecho, en cuanto a sus verdaderos autores y modo de comisión, desaparecieran: y ésta fue su tarea de ahora en adelante.
Fue el ya mencionado suboficial inspector Héctor Eduardo Giliberti, subordinado de Racana, quien proporcionó la punta del hilo que, a través de laberíntica investigación, conduciría al esclarecimiento de los hechos reales. Giliberti, en efecto, relató lo sucedido en el anochecer del 11 de junio a su hermano, miembro de la Marina de Guerra, y ratificó después su declaración ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, inesperadamente llamado a entender en la causa: tan inesperadamente que, después de escuchar las declaraciones testimoniales de Giliberti, Laperchia, Ferrari y otros empleados policiales, y del empleado parlamentario Hamlet Díaz, entendió que los hechos eran ajenos al fuero militar y los giró al juez Gentile. Este opta por declararse incompetente y remite las actuaciones a la "justicia policial", que por aquella época existía.
El juez policial, inspector general Justino Toranzo, tras iniciar proceso a Giliberti, Laperchia y Ferrari por falso testimonio, empieza a vislumbrar que en las afirmaciones de los tres podría haber visos de realidad; en consecuencia, pide por resolución fundada el encausamiento de los entonces directores de Investigaciones y Orden Político, Ricardo García y Camilo Racana, respectivamente, y ulteriormente el del propio Gamboa. El expediente llega al Ministerio del Interior el 13 de setiembre de 1955.
Al producirse la Revolución Libertadora se crea en la Policía Federal la comisión investigadora N° 58, presidida por el subjefe de la repartición, capitán de fragata Aldo Luis Molinari, con secretaría a cargo de Próspero Germán Fernández Albariños (a) capitán Gandhi. Son detenidos todos los funcionarios policiales hasta ahora citados y otros más, y se los sobresee con excepción de Racana, Nardelli y Gamboa (los dos primeros son los únicos que reconocen haber participado activamente en la maniobra). Gamboa no fue nunca sentenciado: al dictarse la ley de amnistía en 1958, y aunque la justicia le negó el derecho de ampararse en sus preceptos, el entonces presidente Frondizi entendió que indultar al ex jefe de policía era "una contribución a la pacificación nacional". Desde el 3 de junio de aquel año, por decreto presidencial, Gamboa está en libertad y se dedica a tareas comerciales.
Después de otras alternativas pintorescas (por ejemplo, los abogados defensores adujeron que la bandera no era identificable con el pabellón patrio, por carecer del sol central; el delito de quemar banderas dejó de existir al derogarse la legislación represiva del régimen depuesto; y el sumario criminal prosiguió sobre la base de violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de libertad —Nardelli (el otro) y Etchecouyri—, falso testimonio, etc.), hace una semana el juez doctor Ángel A. Bregazzi dictó sentencia contra los dos únicos imputados que quedaban. A Camilo Racana (que hoy tiene 52 años) le aplica dos años de prisión, en suspenso, por autor responsable del delito de encubrimiento en concurso real con el mismo delito; el agente fiscal cree que merece tres años, y por eso acaba de apelar. A Roberto Alfonso Nardelli (57 años) el juez lo condena a dos años de prisión condicional, por falsedad ideológica en documento público al ordenar "la producción de la falsa prueba con anterioridad al descubrimiento del suceso.. En este caso también el procurador fiscal considera que la pena debe ser mayor; de cuatro años, dice, por haber privado, el ex comisario, ilegítimamente de la libertad a las personas antes nombradas. Para uno y otro, sus defensores respectivos, doctores Carlos Soneyra Victorica y Rodolfo Verdi, piden fallos absolutorios.
"Ordenaron", dice Gamboa a sus subordinados, indicándoles que debían quemar la bandera. ¿Quiénes "ordenaron"? Cabe suponer, dice el juez Bregazzi, que la maniobra fue concebida y dirigida por el ex ministro del Interior Ángel Borlenghi. quien a su vez dependía directamente del ex presidente Perón. A éste lo menciona Gamboa en el proceso domo la primera persona que con "una voz tensa le informó que la bandera había sido quemada. ¿Dónde está, a todo esto, la enseña desencadenante del proceso, el cuerpo del delito? El 10 de diciembre de 1959, el agente fiscal solicita a la Policía Federal que le remita la principal protagonista del suceso; el 3 de febrero de 1960, el jefe de Policía, capitán de navío Recaredo Vázquez, contesta textualmente: No hay en esta Policía constancias relacionadas con el pedido formulado. El requerimiento no se repitió, y el tribunal no ha logrado establecer hasta ahora adonde fue a parar el pabellón ultrajado.
Una última pregunta: ¿qué fue de Hamlet Díaz, el aparentemente oscuro empleado del Congreso que hizo la primera denuncia ante el comisario de la seccional sexta, y que fue sobreseído después? En el diario El Censor del Chubut, Nº 3, del 7 de mayo ultimo, se
lee que "Hamlet Díaz, pariente de uno de los ministros del ex interventor, que habría sido designado Subdirector de Investigaciones de la Policía de la provincia, cargo que no existe ni en el estatuto ni en el presupuesto..., viajó a Comodoro Rivadavia, donde desempeñó una actividad secreta, pues sólo se tiene constancia de su paso por la seccional 1ª de la policía para hacerse lavar los vidrios del coche". ¿Otro caso de homonimia en este complicado proceso, que pone ahora la suerte de Racana y de Nardelli en manos de los jueces de alzada?
PRIMERA PLANA
18/06/1963