LA ARGENTINA
1973: El cogobierno de las Fuerzas Armadas
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Desde que el poder militar convocó al pueblo a elecciones libres para marzo de 1973, un torrente de confusiones y suspicacias enturbió ese objetivo político. En estos días, frente a la ruptura formal de las tratativas entre el gobierno y Juan Perón, muchos argentinos creen que esa convocatoria es condicionada y que de los comicios no surgirán los genuinos representantes de las mayorías. Sin embargo, la ocasional o definitiva desavenencia del gobierno con el caudillo justicialista no alcanza, por sí misma, a condicionar el proceso y el objetivo; en esencia, los políticos aducen que la normalización institucional está herida de muerte a partir de la exigencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas para co-gobernar durante el llamado período de transición.
Pocos observadores advierten la índole de ese eventual cogobierno y de qué modo llegará a perfeccionarse legalmente. En otros términos, nadie sabe si los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tendrán facultades semejantes a las del presidente o a las del Poder Legislativo y si el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) desplegará funciones de control y administración a otras áreas del poder civil. Se conjetura, empero, que el partido militar reclamará una porción considerable del gobierno y que sus representantes tendrán voz y voto para decidir sobre cuestiones de seguridad, relaciones exteriores, defensa nacional, comunicaciones, difusión y política industrial.
Ese avance del poder militar no puede sorprender. Desde la organización nacional y hasta 1910, el Ejército secundó la trasformación económica del país y apoyó políticamente a la clase dirigente liberal; entre 1930 y 1943, cuando las mayorías populares fueron desplazadas y amenazaron la estabilidad de la oligarquía, los militares encauzaron a los partidos políticos dentro de los límites de la democracia restrictiva y del "fraude patriótico", para culminar esa tutela con el derrocamiento del presidente derechista Ramón Castillo y la toma del gobierno.
A partir de 1943, y durante doce años, las Fuerzas Armadas organizaron un sistema de gobierno coherente sobre la base de la reivindicación política de las mayorías populares, un esquema económico que no ¡llegó a comprometer a fondo la naturaleza del capitalismo y un orden jurídico que, si bien alteró ciertos principios liberales, mantuvo al país lejos de la amenaza marxista. En ese sistema básicamente populista, Perón representó a la flecha, los altos mandos al arco y el pueblo al arquero, aunque el objetivo político fue interpretado por los titulares del dominio económico y financiero como una concesión razonable para la Argentina, emergente del conflicto bélico entre los aliados y las potencias totalitarias.
Durante ese período, los militares peronistas impulsaron el desarrollo de la industria liviana, el control del comercio exterior, la formación de empresas estatales y la emisión de moneda para sostener el consumo y los salarios, pilares de la paz social. Pero ese ordenamiento —que giró en torno a la venta de carnes y cereales a Gran Bretaña, a la limitación de las importaciones y al fomento de las industrias locales que no podían competir en el mercado internacional— comenzó a resquebrajarse entre 1950 y 1953 cuando, ya curadas las heridas de la guerra, los norteamericanos y los europeos se lanzaron a reconquistar la plaza argentina.
En esos doce años de administración populista, la "Argentina no construyó caminos, puentes y aeropuertos en el interior; descuidó a las industrias de la periferia y acentuó la tendencia a concentrar la producción manufacturera en Buenos Aires y su contorno, al tiempo que se deterioraban las usinas y la red eléctrica, los equipos ferroviarios y la maquinaria industrial. No sólo eso: coincidió el deterioro con el incremento de los precios de las importaciones esenciales —petróleo, hierro, acero, maquinarias y medicamentos—, justamente cuando disminuía el valor de las exportaciones agropecuarias y declinaba la cría de ganados y la superficie de siembra.
Obligado a sustituir las importaciones básicas, unos 400 millones de dólares, para equilibrar la balanza comercial y eludir los compromisos financieros con la banca extranjera, el gobierno procuró acercamiento con Estados Unidos en razón del declive británico. Los altos mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea siguieron de cerca la misión que encabezó Ramón Cereijo en Washington; de esa misión quedó firme el contrato para la explotación petrolera a cargo de la California Argentina, la renovación de la industria frigorífica de capitales norteamericanos y el incremento de las exportaciones de carnes conservadas a USA. Por entonces, la Fábrica de Aviones de Córdoba ya estaba asociada al grupo industrial Kaiser, quien incorporó tecnología a cambio de los capitales aportados por el Banco de la Nación. Esa cabecera de puente sirvió de base al programa de la industria automotriz, directamente relacionada a la expansión de los negocios petroleros.

LA UNION PUEBLO-EJERCITO. El peronismo, sin embargo, cosechó buenos dividendos. Amplios sectores populares fueron incorporados a la corriente del consumo de bienes industriales, disfrutaron de las ventajas de la plena ocupación y de vacaciones en centros turísticos sólo reservados, hasta la mitad de los años '40, a los grupos pudientes de las clases alta y media. El plan de construcción de escuelas y establecimientos secundarios en zonas rurales y urbanas facilitó que disminuyera a porcentajes óptimos la deserción escolar y la tasa de analfabetismo, al tiempo que miles de jóvenes ingresaban a las universidades y se fundaban establecimientos de enseñanza técnica para afianzar los buenos niveles de la mano de obra en las industrias metalúrgica y textil. Ese costo social que pagó el país unió a las mayorías populares con las Fuerzas Armadas, de modo que los problemas de seguridad quedaron reducidos al control de los políticos opositores a Perón, entre ellos los comunistas.
Años después, ya derrumbado el peronismo, los economistas liberales arguyeron que con sólo los créditos de la banca oficial para construir departamentos en Mar del Plata se podrían haber financiado varias obras semejantes a la del Chocón-Cerros Colorados. El argumento es válido desde la perspectiva económica, pero no se ajusta al esquema de conciliación de clases que procuró el poder militar junto a los ideólogos de la burguesía nacionalista.
Desde el enfoque rigurosamente militar, el gobierno que encabezó Perón sólo soportó la rebelión de los oficiales de Caballería que se subordinaron al general Benjamín Menéndez, en septiembre de 1951, y recién cuatro años después, en junio de 1955, el feroz bombardeo de los aviadores de la base aeronaval de Punta Indio y de la Brigada de Caza-intercepción de Morón, fracasado intento que abrió la brecha para el pronunciamiento de Eduardo Lonardi, Isaac Rojas y los capitanes de la Escuela de Artillería y la Escuela de Aviación Militar. Hasta el otoño de 1954, los altos mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea respetaron al gobierno y creyeron que si el rumbo económico se orientaba hacia la coincidencia con los norteamericanos, la Argentina podía recuperar el terreno que le había ganado Brasil en el rubro de la siderurgia y en la inversión de capitales para las industrias de base que progresaban en el área de San Pablo. De allí que Perón alentara el Plan Siderúrgico con apoyo de Washington y que tratase de convencer a los bolivianos para explotar el yacimiento de hierro de El Mutún.
En materia de equipos bélicos, durante el peronismo se ensayó la fabricación de armas livianas, blindados, lanzadores, aviones de combate y barcos costeros; de esas pruebas fracasó la construcción de los tanques "Nahuel" y la de los lanzadores de cohetes superficie-superficie, pero se demostró que en la Fábrica Militar de Aviones podían producirse aparatos de excelente rendimiento —como los "DL-22" y los "Huanquero", de escuela y bombardeo— y el estupendo "Pulqui II", ideado por Kurt Tank, cuyo prototipo sirvió a los soviéticos para fabricar el famoso "Mig" que combatió contra los "Sabre" norteamericanos en la guerra de Corea.
El colapso de la industria nacional de armamentos, derivado de la debilidad de las plantas metalúrgicas y de los elevados costos industriales, dejó en los militares el rastro de la frustración; sin embargo, por sucesivos convenios con Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y Suecia, la Fuerza Aérea adquirió decenas de birreactores "Gloster Meteor M-IV", de caza y bombardeo; "Avro Lincoln" y "Avro Lancaster", de bombardeo, y "Fiat" de entrenamiento y caza, en tanto el Ejército incorporaba los tanques "Sherman", carriers y cañones antitanques, y la Armada dos cruceros de combate de clase "Brooklyn" y varios buques de apoyo, trasporte y vigilancia costera.

LA RESTAURACION LIBERAL. La cohesión ideológica de los mandos militares con el gobierno de Perón comenzó a desvanecerse cuando asomó la cara de la crisis en el horizonte financiero y a descender el índice de la productividad general. Ese deterioro coincidió con la protesta de los opositores contra la expropiación de diarios y de radios, y con la ruptura del entourage peronista y la jerarquía católica, que culminó en junio de 1955 con el incendio de los templos. Aquella provocación volcó a los militares en brazos de los conspiradores, por lo que el gobierno se vio frente a la encrucijada de caer sin lucha o, de lo contrario, armar a los sindicatos para desatar la guerra civil. Como hombre del Ejército, Perón optó por rendirse a sus enemigos mientras centenares de supuestos adictos a "la causa del '45" se pasaban al bando de los gorilas para propiciar comisiones investigadoras y persecuciones sin tregua.
Tras el breve gobierno de Lonardi, quien planteó el lema "ni vencedores ni vencidos" para mantener la paz social y el rumbo nacionalista de las Fuerzas Armadas, Pedro Eugenio Aramburu se propuso restaurar a los partidos políticos liberales mediante la proscripción directa de Perón y de sus legiones partidarias. Con el apoyo de los oficiales que habían conspirado contra el peronismo, trasformados en árbitros de sus camaradas, Aramburu aplastó en junio de 1956 la conspiración de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, mientras el poder militar se animaba a decretar fusilamientos por causas políticas y a limpiar los cuadros de las tres fuerzas de oficiales y suboficiales que hubiesen simpatizado con Perón.
Entre tanto, en medio de la euforia liberal, los ex discípulos de Raúl Prebisch acordaron en el Club de París el pago de las deudas financieras del gobierno populista, sin que quedase bien en claro el destino de más de 800 millones de dólares bloqueados en Gran Bretaña desde que se decretara la inconvertibilidad de la libra esterlina; según el Banco Central, parte de esos fondos interdictos se habían aplicado a la compra de los ferrocarriles británicos, pero esa versión fue rebatida por ciertos funcionarios y economistas que rodeaban a Aramburu. En la perspectiva general, los mandos "libertadores" no innovaron en la orientación económica del último ciclo del peronismo; en algunos rubros se acentuó el estatismo, en otros se afirmaron los lazos con las grandes corporaciones industriales europeas y norteamericanas, mientras se renovaban las tratativas con los petroleros y se obtenían créditos para la siderurgia y las usinas térmicas de Buenos Aires.
Básicamente, los mandos militares pusieron sus ojos en el objetivo político de replegarse a los cuarteles y dejar que los líderes de los partidos reconstituyesen el tejido conjuntivo desgarrado por el derrumbe de Perón. Sin advertir que la Argentina no gozaba del usufructo de las libertades concretas, las Fuerzas Armadas se negaron al "continuismo", seguras de que Arturo Frondizi y Ricardo Balbín, desde posiciones antagónicas, lograrían pulverizar la antinomia peronismo-antiperonismo y orientar a la masa populista huérfana de caudillos.
Durante dos años, los jefes y oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea ignoraron la realidad. Así, a sus espaldas, el pueblo soportó la desvalorización monetaria, el envilecimiento de los salarios, la traición de dos dirigentes sindicales, el engaño político y la merma del consumo. No era todo: al acentuarse la crisis de la estructura agraria y al desaparecer centenares de pequeñas industrias barridas por la importación de artículos extranjeros y la falta de crédito bancario, el espectro de la desocupación volvió a reaparecer en el área industrial bonaerense. Los aportes de capital extranjero, por otra parte, contribuían a remarcar el desarrollo inarmónico del país y la dependencia a los centros financieros de Estados Unidos y Europa.

LA ETAPA AUTORITARIA. Con Frondizi en el poder, las Fuerzas Armadas vieron crecer la sombra del peronismo combatiente, inclinado hacia la izquierda por las frustraciones y la conducta equívoca de los dirigentes obreros. El presidente que reivindicó al populismo se proponía retomar el cauce abandonado por Perón para desarrollar las industrias básicas con el aporte del capital extranjero. Fue una lucha a brazo partido contra los intereses económicos tradicionales que, es oportuno recordarlo, contaban con el apoyo de los altos mandos militares. Para conservar el poder condicionado, Frondizi cedió a los cinco planteos del Ejército y la Armada; designó ministro de Economía a Álvaro Alsogaray, hasta que fue depuesto por los mismos oficiales que habían admitido su candidatura en 1957, luego del triunfo electoral de Andrés Framini en las elecciones del 18 de marzo de 1962 en el distrito bonaerense. Los gorilas y Perón celebraron la caída.
El "ejército azul", empero, levantó las banderas desarrollistas y de conciliación frente al autoritarismo colorado; de aquellas refriegas de septiembre de 1962 y abril de 1963 surgieron victoriosos los coroneles Alejandro Lanusse, Tomás Sánchez de Bustamante y Alcides López Aufranc, quienes sobre las ruinas de la base aeronaval de Punta Indio abrieron el camino político a un severo general profesionalista: Juan Carlos Onganía. Ese caudillo en cierne, que se había preocupado por el desorden imperante en las Fuerzas Armadas, desechó la posibilidad de trasformarse en el candidato del frentismo que auspiciaba, entre otros, el derrocado Frondizi. Con el peronismo proscripto, quedaba jugar la carta radical; Osiris Villegas, ministro del Interior de José María Guido, supo hablar en el idioma de Perón para convencerlo sobre la necesidad de la victoria electoral del partido de Balbín. Proscripto el frente populista, Arturo Illia llegó a la Casa de Gobierno con el 20 por ciento de los votos del electorado; en cierto modo, el retorno radical al poder fue interpretado como una conquista del coloradismo militar, pero en esencia se trataba de una concesión del azulismo a la primera minoría política para que el tiempo continuase deteriorando el cuerpo y la silueta mitológica de Perón. Los radicales lo niegan, pero ya nadie duda que también ellos recibieron el poder condicionado de manos del comando azul.
Sucedió lo previsto: obligado a caminar por el estrecho laberinto democrático, Illia tuvo que respetar a los peronistas descontentos y a los militares autoritarios sin poder replicar los agravios de las minorías oligárquicas, aliadas eventuales del populismo. Sin medios de difusión adictos, el radicalismo se montó encima de la tortuga a la espera de los triunfos electorales sobre el peronismo y la derecha, mientras los amigos de Augusto Vandor programaban el operativo retorno y la CGT decretaba planes de lucha. Cierto día, el comandante en Jefe del Ejército, Pascual Pistarini, lanzó frente a Illia y Leopoldo Suárez el desafío de los mandos al "caos" radical; semanas después, el 28 de junio de 1966, el comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Julio Alsogaray, intimaba al presidente constitucional la entrega del poder para trasferirlo, con cierta solemnidad, al caudillo Onganía.
Onganía prometió una revolución, orden, desarrollo y una mística nacional para superar el estancamiento y los antagonismos políticos; cosechó desorden, incendios de ciudades, muertes, asesinatos políticos, rebeldías sociales y colapsos económicos a granel. A pesar de esas evidencias, los mandos se mostraron renuentes a enjuiciar con severidad el primer ciclo de la emergencia militar; por el contrario, varios generales esbozaron la defensa de esa etapa con los ejemplos de El Chocón, Zárate-Brazo Largo y algunos caminos, aunque olvidaron toda referencia al traslado de la renta nacional de los asalariados al Estado y a las grandes empresas en algo más del 17 por ciento, al endeudamiento externo, a la crisis de las industrias regionales, al creciente déficit ferroviario, a la agresión impositiva a los sectores productivos, al derrumbe de la marina mercante y al constante deterioro de los términos del intercambio comercial.
No es novedoso descubrir que Onganía se propuso llevar adelante el plan de los militares colorados y que pretendió legalizar los condicionamientos de los altos mandos al poder civil, hasta tanto se "curase la democracia". Luego del ensayo "profundizador" de Roberto Marcelo Levingston, los militares más sagaces advirtieron que resultaba inútil imponer modelos revolucionarios a un pueblo escéptico en materia de revoluciones, y que tampoco se podían legalizar los fracasos y las alianzas inestables con los políticos. Con el peso de la formidable deuda externa, estimada en más de 5.000 millones de dólares; con el déficit ferroviario que supera los 130.000 millones de pesos, cuando la recaudación de réditos es de 110.000 millones de la misma moneda; en fin, con la amenaza de más de 600.000 desocupados, el deterioro del salario real y el alza incontrolable del costo de la vida y de la inflación, Lanusse se propone llevar adelante la normalización institucional como epílogo de la propuesta acuerdista.
Es cierto que los radicales se olvidaron de Pistarini y Alsogaray, que la mentada profundización revolucionaria se parece a un enorme pozo donde se debaten los restos del azulismo y coloradismo unidos, que Perón está más viejo y no muestra el necesario ánimo para pelear, que los milicianos izquierdistas no convencen a la mayoría silenciosa que añora los años de las heladeras y la carne barata. Pero, ¿cómo puede pensarse que los militares —según todos esos antecedentes— querrán irse a los cuarteles sin haber fijado previamente las condiciones que deberá observar el poder civil a partir del 25 de mayo de 1973? Por eso se dice que si hay acuerdo con los dirigentes políticos tendrá que ser formalizado el acta pública, para que en el caso de una supuesta violación de lo convenido el poder militar tenga las manos libres para retomar la conducción.
¿Qué harán los militares en caso de que se frustre el proceso normalizador? Parece que no lo saben. Una reciente encuesta entre jefes y oficiales del Ejército demostró que un 48 por ciento se inclina por las soluciones económicas liberales y que el 72 por ciento acepta los lineamientos básicos del neoliberalismo. Si se advierte que un capitán del Ejército a los 40 años no llega a ganar 190.000 pesos mensuales, y que ciertos generales llegan al día 20 de cada mes con moneditas en los bolsillos, un observador imparcial no puede sino concluir que a los militares los une un milagro para sobrellevar la crisis del país. El capricho o la sagacidad de Perón no es el centro de esa crisis. Se trata de la ceguera de la clase dirigente que se niega a fundar un país moderno, al nivel de los tiempos, con votos o con balas. Los condicionamientos al próximo gobierno, pues, sólo crearán un país raquítico, de gente pobre y con miedo.
Jorge Lozano
PANORAMA, AGOSTO 10, 1972

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"Apenas bastan mil años para formar un Estado; pero puede ser convertido en polvo en una hora." Lord Byron.
El cogobierno de las Fuerzas Armadas
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