"Esto es simplemente un desfachatado ataque a la cultura, ante el cual ninguna persona digna puede agachar la cabeza, aunque la vengan chumbando." La endecha fue descerrajada el martes 24 por La Voz del Interior —el matutino cordobés de mayor tirada—, y no iba firmada por ningún exaltado estudiante sino por el docente Antonio Requena, ex profesor de lenguas y cultura griega de la universidad mediterránea. Su propósito fue, obviamente, justificar la conmoción que el día anterior habían protagonizado centenares de estudiantes, mediante un bramido rebelde que, como se preveía, crispó al hipersensibilizado mundo político nacional.
En realidad, el conato del lunes 23 fue la concreción del segundo round callejero de una escalada opositora cuyas intimidades y desavenencias internas (ver SIETE DIAS Nros. 145 y 146) no impidieron la confluencia de distintos sectores a una misma pasión por el tumulto. Con todo, esa confluencia fue meramente política: a excepción del sector estudiantil, nadie más participó activamente en la algarada. Ni los obreros ni sus dirigentes, ni los políticos opositores que verbalizaron generosamente su apoyo al alumnado, fueros vistos en los encontronazos con la policía, un cuerpo que, por otra parte, estaba mejor preparado para la batalla que el año pasado. De ahí que un nuevo cordobazo haya estado muy lejos de reproducirse.
Sin embargo, una contagiosa onda de inquietud comenzó a ronronear
en Buenos Aires hacia la media tarde de ese mismo lunes, cuando deambuló la especie de que las refriegas habían segado la vida de dos estudiantes y un policía. El rumor era falso: sólo murió el agente Francisco Santa Cruz, nativo de Río Primero, Córdoba, atravesado por un balazo accidentalmente disparado por su compañero Atilio Campaño, mientras los dos llevaban detenido a uno de los cincuenta apresados durante los sucesos. Pero la posibilidad de que se hubieran registrado varias muertes trastornó al país entero; todos suponían que un desenlace trágico podría derivar hacia tormentas incontrolables.

EL DIA MAS LARGO DEL SIGLO
El desbarajuste despuntó cuando los activistas apelotonados frente a las facultades de Arquitectura y Ciencias Exactas, en plena avenida Vélez Sársfield, comenzaron a vociferar su protesta contra el test que ese día se iba a tomar a 12.704 aspirantes a ingresar en la universidad. La ofensiva se descargó especialmente contra los adolescentes que desoyeron la voz de orden lanzada por las agrupaciones estudiantiles y que consistía en no presentarse a rendir esa prueba: era limitacionista —argumentaron—, antipedagógica y oligárquica. Porque todo el mes de enero y la mitad de febrero, habían sido dedicados por los grupos estudiantiles para hacer naufragar el examen; el fruto de ese esfuerzo iba a cristalizar el lunes 23, la nueva fecha elegida por el vapuleado Rogelio Nores Martínez, rector de la universidad, para poner a prueba su política.
Pero el objetivo rebelde fracasó. Según Nores, más del 75 por ciento de los ingresantes aceptaron someterse al test, un porcentaje que aumentó levemente —dijo— en la segunda ronda, efectuada el martes 24; la Coordinadora Estudiantil y la FUA —los dos centros de gravedad políticos— estimaron en cambio que la cifra ni siquiera arañaba el 50 por ciento. De todas maneras, el triunfo del gobierno fue visible cuando ese mismo martes no se perpetró casi ningún disturbio. "La Universidad de Córdoba no puede silenciar esta noche su satisfacción", se euforizó entonces Nores, en un victorioso comunicado. Y, a continuación, optó por el paternalismo cuando pronosticó que todos los postulantes van a ser aceptados gracias al alto nivel demostrado durante la prueba.
Así y todo, las refriegas del lunes fueron suficientes para desnudar un inquietante estado de ánimo. A lo largo de cerca de tres horas, las fuerzas estudiantiles festonearon el centro de la ciudad con focos móviles de agitación, matizados con barricadas, pedreas y fogatas. Esa táctica obligó a los pelotones de represión a trajinar de un lado a otro, en cumplimiento de la consigna adelantada a SIETE DIAS (Nº 145) por el jefe de policía, Héctor Romanutti: impedir que los estallidos se encadenen, ahogándolos lo más rápidamente posible, antes de que se combinen entre sí y conformen un haz impenetrable. El triunfo policial hizo decir en la noche del lunes a Francisco Imaz, ministro del Interior, que "se alcanzó un éxito relativo, pero éxito al fin", y que la situación no llegó al nivel de gravedad "que algunos señores vaticinaron". Es probable: ni siquiera los estudiantes de los cursos superiores que se anotaron para rendir el test con el único propósito de frustrarlo, pudieron convencer a los atribulados aspirantes de que quemaran las pruebas y se retiraran en manifestación. Es que para ellos ese gesto significaba la pérdida del año. No obstante, ante la presión de los disturbios, las autoridades se vieron resignadas a hacer concesiones: de los 9.828 postulantes presentados se disponían a aceptar a 9.828, con lo cual obligaron a formular una pregunta: ¿para qué se había tomado el test?; sobre todo si se tiene en cuenta que el año pasado, sobre 7.319 futuros alumnos, la universidad sólo acogió a 6.293. Muchos se preguntaron si acaso se habían creado 3.000 nuevas vacantes.

LAS LINEAS DE LA REBELION
De todos modos, cuando al promediar los sucesos, las fuerzas policiales acordonaron el local de la CGT, impidiendo la entrada y salida de personas, aún no se sabía cuál iba a ser el desenlace. Por eso el gobierno cortó por lo sano, impidiendo que el edificio cegetista se viera envuelto en los disturbios y, de esa manera, que se precipitara una peligrosa adhesión sindical a los estudiantes. Porque la sede obrera, más que un ámbito físico, fue una bandera política enarbolada por las corrientes nacionales (Frente Estudiantil Nacional —FEN— y el Integralismo), para intentar copar el control del movimiento, trasladando allí todas las reuniones estudiantiles. Hasta la intervención a Luz y Fuerza, tales reuniones se escenificaban en ese sindicato, lo cual dio un cierto predominio inicial a las tendencias liberales; éstas, luego, fueron sobrepasadas por los "nacionales" y los izquierdistas de la FUA, dos tendencias que pugnaron abiertamente por obtener el padrinazgo de la algarada, hasta el punto de realizar reuniones paralelas y animar torneos oratorios de improbable interés para los ingresantes: de ahí que el principal problema de ambas tendencias haya sido el de conseguir la masificación del movimiento, ya que en los debates políticos sólo participaban poco más de 300 alumnos. Una recorrida propagandística efectuada a último momento en los barrios y pensiones universitarios, fue infructuosa: el grueso de los aspirantes al ingreso aún no habitaba esos lugares y el resto casi ignoró una polémica que giraba en torno a si el peronismo, como machacan los "nacionales", es la "verdadera fuerza revolucionaria" o si, como declaman los fuistas, es necesaria la creación de un "polo" izquierdista para atraer a los obreros y curarlos de lo que ellos llaman el "peronismo burgués".
Mientras esas tendencias, pese a todo, alcanzaban un triunfo publicitario al divulgar reproducciones del test con las respuestas correctas —copias muy parecidas a las finalmente tomadas— los dirigentes obreros ignoraron olímpicamente a los estudiantes: era más importante para ellos dilucidar el pleito interno suscitado por la renovación de autoridades en la CGT local. Lo cual no implica que, en marzo, no pueda fructificar la implacable alianza obrero-estudiantil. Al parecer, independientemente de sus divergencias, la central cordobesa se encamina hacia la concreción de un paro activo de 38 horas, una medida cuyas temibles consecuencias ya flamean sobre Buenos Aires: el bloque sindical participacionista, de tendencia progubernamental, se ha debilitado con el éxodo de los textiles y del gremio del vestido, mientras que sus colegas de la oficialista Comisión de los 25, se animan cada vez más a pronunciarse contra el Ejecutivo. "El gobierno sigue postergando la solución de los problemas fundamentales, es impotente para contener el costo de la vida y revela una evidente incoherencia", desafió, el lunes 23, Gerónimo Izetta, uno de los líderes de los 25. Y agregó: "El presidente está distanciado del accionar de su equipo y no toma las cosas en serio, desoyendo los diarios reclamos y exigencias de la población".
Tal vez estas declaraciones abran el camino a un improbable paro de
24 horas, que podrían decretar los 25 cuando logren quórum para formalizar una reunión. El martes 24, José María Dagnino Pastore derramó en Washington, ante el pleno del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso —CIAP—, un discurso que implica nuevamente la ratificación de una política económica rígida en materia de salarios. Justamente las modificaciones introducidas a último momento en su discurso —llevadas a EE. UU. por el subsecretario Manuel San Miguel—, tuvieron el propósito de enfatizar ese aspecto, que en la redacción original aparecía un tanto ambiguo. Pero el propio CIAP, en su informe sobre la Argentina, reconoció la necesidad de alcanzar una tasa de crecimiento "que constituya el mantenimiento de condiciones político-sociales adecuadas". En el Ministerio de Economía, se considera que ningún nuevo aumento de salarios, aparte del 7 por ciento concedido en marzo, será posible otorgar hasta septiembre próximo, por lo menos. Y, en ese caso, el incremento jamás podría superar un 5 por ciento.
A mediados de la semana pasada restallaba un conflicto en la planta de Acindar de Villa Constitución, originado en un pedido de aumento de sueldos que desembocó en el despido de 18 delegados y una huelga general. Mientras tanto, a las 8 de la noche del lunes 23, la casi totalidad de los 3 mil obreros de las obras de El Chocón, en Neuquén, iniciaban otra huelga general, descargada con dos propósitos: obtener un aumento de sueldos de un 40 por ciento, y aplicar un golpe político a la Unión Obrera de la Construcción, un gremio participacionista que destituyó a los delegados de esa obra por haber participado en el encuentro opositor que se quiso realizar en Córdoba, el 31 de enero.
Uno de esos delegados, Antonio Alac, tronó ante SIETE DIAS diciendo que ellos más que nadie necesitan el aumento, "pues aquí la vida es mucho más cara". Además "Coria —dirigente máximo de la construcción— es un colaboracionista entregado al gobierno, que pretende desconocer a delegados libremente elegidos en una asamblea que él mismo presidió". A continuación negó que la huelga tuviera alguna implicancia política: "Nuestro movimiento es específicamente gremial; aquí nadie hace política". Después se supo que Alac había llegado a un acuerdo con la policía para evitar todo acto de violencia: los huelguistas tienen en su poder cargas explosivas, que podrían ensangrentar el pleito si no predomina la prudencia.
Quizá por ello Juan Carlos Onganía —quien gozaba de sus últimos días de vacaciones en la residencia de Villa la Angostura (ver página 6) haya decidido suspender la visita que tenía proyectada hacer a El Chocón, el martes 24. Se sabe, con todo, que el presidente ha planeado tres actos importantes, a ejecutar a su regreso. Después de reanudar su actividad, el lunes 2 leerá al país las "políticas y estrategias" para esta década; repetirá sus exigencias de dedicación full time a todos sus funcionarios, en una reunión plenaria a efectuarse en Olivos; y, a fines de marzo, encabezará un pleno de gobernadores en el que —otra vez — predominará un solo tema: el participacionismo.
Revista Siete Días Ilustrados
02.03.1970

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