El masivo paro convocado por la CGT tuvo la virtud de actuar como revulsivo de la realidad política argentina: dejó mal parado al Gobierno y su plan económico, provocando una inmediata respuesta que se ha dado en llamar segunda fase del Plan Austral: agudizó la puja entre los distintos sectores que componen la cúpula gremial argentina —62 Organizaciones, los 25 y el grupo que lidera Saúl Ubaldini—: azuzó la interna radical y despertó temores en círculos empresarios acerca de la posibilidad de que la administración alfonsinista realice concesiones que hagan estéril el esfuerzo estabilizador.
No fueron los únicos efectos de la medida de fuerza, que dejó abiertos serios interrogantes sobre el futuro inmediato del país.
Del lado del Gobierno hubo que dar respuestas rápidas a la masiva demostración de descontento que significó la jornada del viernes 24 y se aceleró la elaboración de un conjunto de medidas tendientes a lograr el impulso para el crecimiento del aparato productivo. Este contraataque radical es. básicamente, la fase dos del Plan Austral. Asimismo, quedó en evidencia una nueva instancia de la interna partidaria, que tiene dos protagonistas: los fundadores de Renovación y Cambio y algunos dirigentes balbinistas de un lado y del otro los sectores más radicalizados de la Junta Coordinadora.
Tanto históricos como balbinistas sostienen que deben hacerse concesiones al movimiento obrero y suavizar los extremos del planteo que se hace desde Economía. Una muestra la dio el administrador de Encotel que concedió a los empleados del Correo aumentos que fueron finalmente vetados por Juan Sourrouille y su equipo. Ignacio Ortiz. a raíz del rechazo del aumento, presentó su renuncia. Es uno de los fundadores de Renovación y Cambio.
Del otro lado, el presidente de la Juventud Radical, Carlos Raimundi, prominente dirigente de la Coordinadora bonaerense y discípulo de Federico Storani, salió a plantear esta semana que el paro demostraba que el pueblo argentino ansía la ruptura con el Fondo Monetario.
Pero no sólo estas alas del partido se estremecen ante la dureza de la ortodoxia australista. Algunos gobernadores, como Eduardo Angeloz, ponen el grito en el cielo cuando los fondos de sus provincias son amenazados por recortes.
En la vereda de enfrente, los sindicalistas padecen problemas no menos agudizados que el Gobierno. Dentro de la estructura de la dirigencia obrera tres grupos se disputan la preeminencia: los 25. con gran influencia de dos vertientes, la socialdemócrata a través de gremios como los mecánicos (José Rodríguez) y la del peronismo renovador, al cual adscribe todo el grupo; las 62 Organizaciones, acaudilladas por Lorenzo Miguel y Diego Ibáñez, ortodoxamente peronistas y que plantean la necesidad de reorganizar urgentemente al partido justicialista, porque "el sindicalismo no tiene capacidad para ocupar los espacios políticos que abre la lucha gremial", y el grupo de Ubaldini y sus seguidores.
Estos últimos reciben el apodo de "Los Cinco Latinos", ya que originalmente el sector estaba compuesto por cinco gremios: textiles (Pedro Goyeneche), ferroviarios (José Pedraza), Construcción (Alejo Ferias), Luz y Fuerza (Aldo Serrano) y una fracción de los estatales (Miguel Candore). El nucleamiento recibe creciente apoyo de vertientes socialcristianas, y esto alarma tanto a las 62 como a los 25. Los críticos de Ubaldini que señalan que nunca el peronismo puede derivar en una ideología distinta a la del origen justicialista.
Se critica especialmente la idea de que el modelo sindical argentino podría ser exportado, porque "eso lo intentó Perón en vida y fracasó, de modo que nosotros mal haríamos en querer cantar como el ruiseñor cuando apenas somos gorriones", gráfico a SOMOS un encumbrado militante de las 62.
En el fondo se avizora el próximo congreso normalizador de la CGT, donde los tres grupos tratarán de llevar agua para su molino. Nadie quiere destronar a Ubaldini, pero sí servirse de su liderazgo para provecho de su sector. Si el máximo dirigente de la central obrera se inclinara para uno u otro grupo, se ganaría el ataque de los desairados.
Pero la pregunta que no pocos se hacen es si Ubaldini. que no cuenta con una estructura propia, podrá resistir tantas presiones y embates. Por lo demás, el actual secretario general de la CGT no tiene dentro del partido justicialista proyecto alguno que le dé el espacio necesario para manejarse políticamente. ¿Será el respaldo que puede provenir de grupos socialcristianos una base sólida? ¿Alcanzará?
En cambio, los 25, con la corriente renovadora, y las 62, apoyando la candidatura de Ítalo Luder, apuntan a proyectos políticos de envergadura en el seno del principal partido opositor. "Es que nosotros sin proyecto político quedamos sin aire rápidamente", siguió confiando el veterano militante de las 62, quien pontificó además que "nuestro gremialismo es de negociación no de confrontación. Si seguimos en la confrontación por la confrontación, abrimos un espacio para la izquierda, porque no sabemos capitalizarlo".
Cierto o no lo anterior, el propio Ubaldini y el grupo de los Cinco Latinos salieron a la palestra a denostar a quienes establecían contactos, al margen de las bases, con el Gobierno. Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez y Jorge Triaca habían cenado con Juan Carlos Pugliese en Mar del Plata, en tanto que Antonio Tróccoli se ufanaba de abrir un canal de negociación, al estilo de Ricardo Balbín, con los peronistas.
Del otro lado, los 25 también mantenían algunos diálogos con radicales amigos. Sugestivamente, ni los principales dirigentes de los 25 ni de las 62 Organizaciones aparecieron siquiera por la CGT en vísperas del paro, ni sus huestes formaron parte de la claque que el miércoles 22 aplaudió a Ubaldini frente al edificio de la central obrera en la calle Azopardo.
En el discurso pronunciado, entonces, el líder cegetista cometió algunas gafes que fueron duramente criticadas por otros dirigentes sindicales, como por ejemplo amenazar con la movilización, además del paro. Y el pedido era claro: o el Gobierno cambia de política económica o la CGT pasaría del paro a la movilización.
En realidad, declaran los popes gremiales. pasar de un paro en enero, y en viernes, a otro de 36 o 48 horas en marzo no es prudente y constituiría una medida extrema frente a un gobierno democrático.
En el sector empresario denominado grande, y que mantuvo hasta ahora una aceitada relación con el Gobierno —apoyando en líneas generales al Plan Austral—, se inquietan y asustan por lo que consideran contradicciones del Gobierno. Por un lado, se critican las incoherencias manifestadas antes del paro, desde el estado de sitio, pasando por Guglielminetti, hasta la permanencia en cargos de muchos funcionarios calificados de ineficientes.
Pero el temor generalizado es que ante el recrudecimiento de la interna radical, Alfonsín se incline por la tesis de conceder aumentos a los sindicatos haciendo estéril el esfuerzo estabilizador. "Sería como empezar de nuevo", comentaba un "capitán de la industria".
Por detrás está la alianza tejida desde el poder en los últimos meses: acercamiento a Washington y lubricada relación con los grupos económicos nacionales grandes y los representantes en el país de las multinacionales, que tienen presencia efectiva en la Argentina.
Esa alianza tiende a resquebrajarse cada vez que se descubren "vacilaciones" en Alfonsín que lo apartan de la tendencia liberal demostrada en ciertas pautas del Plan Austral y en el programa de privatizaciones. Ni qué decir que las declaraciones del presidente de la juventud radical. Carlos Raimundi, ya comentadas. cayeron como un balde de agua fría en muchos empresarios.
A ese contexto se sumó de parte del Gobierno una lectura clara del masivo paro del viernes 24. La Argentina está demandando muestras de dinamismo ante un plan en cuyo horizonte falta la esperanza de que algo en el futuro será mejor que el presente. Es por ello que el Presidente ordenó a sus colaboradores, el mismo viernes 24, acelerar los anuncios sobre la segunda fase del programa económico. Claro que todos niegan que haya segunda fase, "porque todavía no se cumplió la primera, la de la estabilidad". Cumplida o no, en esta semana, o a principios de la próxima, se harán los anuncios reactivantes. "Mientras ellos paran, nosotros construimos", será la consigna oficial.
Claro que no todas son rosas y lo que se puede dar no es mucho, especialmente en materia de sueldos.

_________
La fase dos
Con ese paisaje político como telón de fondo, el Gobierno habría resuelto jugar su carta económica, al parecer, antes de tiempo: la segunda parte del Plan Austral, con sus promesas de reactivación del ocioso aparato productivo. En los días previos al lanzamiento del aumento salarial del 5 por ciento. SOMOS había adelantado que en el Palacio de Hacienda se descontaba que un paquete de medidas reactivadoras debería conocerse no más allá de marzo.
Los indicios resultaron cada vez más precisos a medida que enero transcurría. El día 14, William Draper. el presidente del Eximbank de Estados Unidos, dejó trascender un compromiso escuchado de labios de Juan Sourrouille: "Necesitamos esperar los próximos pasos del Plan Austral (para implementar nuevas líneas de crédito), que. según me dijo, se conocerán próximamente". El viernes 17 el propio Raúl Alfonsín puso las cosas en claro, cuando dijo en Villa Regina que "antes de que finalice el verano se pondrá en marcha la segunda etapa del Plan Austral, a través de medidas que darán satisfacción a los reclamos de crecimiento de todos los argentinos". El lunes 20, Enrique García Vázquez, presidente de la Comisión de Economía del Partido Radical, declaró que la primera etapa del Plan Austral "se ha cumplido v ahora se necesita entrar paulatinamente en la reactivación de la economía".
Los comentarios más escuchados por estos días en la City sugieren que el Gobierno se vio obligado, después del paro del viernes 24, a apurar el trámite de la presentación en sociedad de la segunda fase del Plan Austral. Versiones más exactas señalan —así se le dijo a SOMOS confidencialmente— que el Día D de ese lanzamiento debería haber sido el martes 28, pero los cálculos todavía inconclusos del Ministerio de Economía postergaron la difusión del Australazo II. En las inmediaciones del Presidente, se dijo que Alfonsín quería engrosar los anuncios económicos. Ahora la fecha que se menciona con insistencia es la del viernes próximo, último día de enero, pero podría haber un nuevo impedimento que demoraría para la semana siguiente la presentación: ese mismo viernes, el secretario de Hacienda, Mario Brodersohn, convocó a una última y por lo tanto decisiva reunión a los ministros de Economía provinciales. El propio Brodersohn habría gestionado la postergación ante Alfonsín para poder cerrar las cuentas de la Ley de Coparticipación Federal, el quid de los reclamos de las provincias.
Algunos de los últimos retoques al paquete de medidas habrían sido analizados, calculadora en mano, el lunes 27 entre Sourrouille y Alfonsín, en la Quinta de Olivos. La apuesta del Gobierno a la fase reactivadora del programa estabilizador del ministro de Economía es tan fuerte que espera recobrar la confianza en el Plan Austral, paulatinamente perdida por la población, según le habrían indicado al Presidente influyentes dirigentes radicales. "Ahora, como antes del 15 de junio, la gente va y paga precios que superan los que están congelados", describen algunos punteros de Renovación y Cambio. Por añadidura, hay otro dato que al Gobierno le permite vaticinar la continuidad de la tempestad sindical: entre el índice del costo de vida de diciembre (3,2 por ciento) y el de enero (se estima de 2,4 a 2,9 por ciento), el aumento de salarios del 5 por ciento ha sido carcomido por la realidad de los números.
A modo de respuesta, el radicalismo en el Gobierno eligió el camino de convocar adhesiones por la vía de agitar la promesa de la reactivación (para la pequeña y mediana industria) y la modernización (para los grandes grupos empresarios). Como cuando se puso en marcha el Plan Austral en junio, ahora se estudiaría la posibilidad de que nuevamente Alfonsín y Sourrouille se dirijan al país en tándem para anunciar el paquete económico, que contendría los siguientes temas esenciales:
*Firme decisión de reducir el gasto público (en los próximos días se conocerá el déficit real).
*Envío de la Ley de Privatizaciones al Congreso. Además del Presupuesto '86, la Ley de Coparticipación; el impuesto a la tierra libre de mejoras: envío de los impuestos internos y una modificación del IVA.
*Entre las empresas a privatizar surgirían varias sorpresas: el listado incluiría a Altos Hornos Zapla, SOMISA, Atanor. Polisur, Austral Líneas Aéreas y las petroquímicas Bahía Blanca y General Mosconi.
*Un incentivo a las exportaciones, contenido en el proyecto que convenció al Presidente de elegir a Roberto Lavagna para unificar las Secretarías de Industria y Comercio Exterior.
*También se darían precisiones sobre política monetaria, dentro de la cual se establecerían nuevos coeficientes para la capacidad prestable de las entidades financieras.
De ese paquete de medidas económicas saltan a la vista por su trascendencia la privatización y las exportaciones. En el primer tema, Manuel Tanoira al frente de la Secretaría de Promoción del Crecimiento (su renuncia se considera en la City como un hecho; pasaría a ser asesor del Presidente y su puesto cubierto por Norberto Bertaina) se encontró con obstáculos, incluso puestos por empresarios de aparente cepa privatista. Poco y nada es lo que pudo lograr el solitario Tanoira, quien habría presentado como última alternativa la conformación de un grupo de notables —constituido por hombres de distinta extracción política— que deberían recomendar las privatizaciones que sugiriera su Secretaría. La respuesta habría sido un no rotundo.
De Roberto Lavagna se espera la puesta en práctica de su modelo exportador, asimilado —dijeron a SOMOS algunos empresarios que se reunieron con él en las últimas semanas— a los de Brasil y Japón. Su esquema tiene tres partes:
*Los primeros treinta proyectos: se trata de aquellos que estaban en estudio en Comercio Exterior pero demorados. Todos tienen el objetivo de la exportación y su implementación podría dar resultados rápidamente. El objetivo es conseguir durante 1986 un aumento en las exportaciones de 300 millones de dólares para incrementarlos paulatinamente, durante tres años consecutivos, a la cifra de más de 2.000 millones de dólares. Lavagna ya consiguió —le comentó a varios capitanes de la industria-el visto bueno de Brodersohn. Los incentivos fiscales y crediticios le costarían al Estado, para esa treintena de proyectos en avanzado estado de desarrollo, 100 millones de australes. "En realidad serian menos —analizó Lavagna en una reunión privada con hombres de negocios— porque la reactivación en otras industrias provocaría una mayor recaudación impositiva".
*La pequeña y mediana industria: la política que busca implementar Enrique Mario Martínez, subsecretario del área, apunta a distribuir selectivamente entre 100 y 300 millones de dólares en estímulos fiscales.
*Proyectos no exportadores: en estos casos, se habla de dar impulso a proyectos como Honda, una planta de fertilizantes y una de insulina, ya que permitirían reactivar ocupando mano de obra ociosa y daría trabajo a empresas proveedoras de materiales.
A diferencia de lo que se suponía, Lavagna confesó a los capitanes de la industria, en una reciente reunión privada, que obtuvo —y lo exhibió como un éxito— que Brodersohn cediera 600 millones de australes para la promoción de las exportaciones. No fue la única confesión: pretende enviar en los próximos meses al Congreso una ley que ordene las exenciones al IVA que se aplican en las provincias, una pérdida para el fisco que la Secretaría de Hacienda presume que asciende a una suma que oscila entre los 600 y 900 millones de dólares anuales: la presunción viene porque los estados no informan al gobierno central —en este caso, el Ministerio de Economía de la Nación— de los beneficios impositivos que otorgan. Lavagna sabe que, a pesar de haber secundado a Antonio Cafiero en las elecciones internas del peronismo en 1983. no cuenta con el apoyo de los renovadores, con los que de todas formas deberá tomar contacto —así se lo habría dicho a los empresarios— para pedir apoyo a su proyecto de ley.
Los beneficios que pretende poner en marcha para alentar las exportaciones, en particular, y la reactivación, en general, son las siguientes:
*Para mejorar el tipo de cambio sin otorgar reembolsos se instrumentarían rebajas en las tarifas públicas de los servicios que se utilicen intensivamente en la producción del producto a exportar.
*No se descartaría el estímulo a convenios especiales de las fábricas para obtener de sus proveedores precios especiales con el compromiso de repartir luego los beneficios económicos que arrojaría el aumento de la rentabilidad por incremento en los negocios.
*Diferir el pago de impuestos y, en algunos casos puntuales, otorgar excepciones tributarias.
*Devolver en su totalidad el pago del Impuesto al Valor Agregado de los productos que se exporten.
*Remozar el sistema de seguros de cambio para asegurar una cotización del dólar (u otra moneda) rentable.
*Se ajustaría el esquema financiero de incentivos cuando el tipo de cambio haga perder competitividad al productor.
*Instrumentación de un régimen de admisión temporaria para las empresas que participen de un contrato de exportación.
*Desgravación impositiva para impulsar tradings de exportación, lo que beneficiaría a las pequeñas y medianas industrias. De esta forma, los tradings gozarían de las mismas posibilidades que pacten las grandes compañías.
Donde los radicales se ponen serios es cuando, aceptando la dureza de los hombres del Plan Austral, se habla de mantener los salarios congelados. Si bien se habría desechado el despido de empleados estatales, el paquete contendría un régimen de jubilación anticipada en la administración pública, pero ningún incremento salarial masivo.
Entre un sector y el otro —sindicatos y Gobierno— se alza la muralla de la realidad, que indica que las exportaciones de origen agropecuario se verán reducidas en volumen y valor por efecto de agentes naturales y condiciones de mercado. Por otra parte, el salario real cayó en 1985 un 21 por ciento para el sector industrial y un 32 por ciento para el sector público. Claro que estos cálculos no consideran la mejora del poder adquisitivo, que significa pasar de una inflación del uno por ciento diario a otra de entre dos y tres puntos mensuales.
Curiosamente, las encuestas de opinión señalan que la mayoría de la población considera que el paro no es salida para los problemas del país, pero el acatamiento a la medida fue masivo. Sin duda un alerta rojo al Gobierno.

Diálogo y condiciones
Más allá de las promesas reactivantes, todos los sectores sindicales coinciden en que para volver al diálogo con el Gobierno es necesaria una recomposición salarial que eleve los ingresos más bajos, lo que podría darse como suma fija. También demandan la convocatoria a paritarias "con el techo que quieran, pero elevando el piso".
Sostienen que de lo contrario sería reiterar la historia del encuentro entre Alfonsín y Ubaldini del 2 de diciembre, que concluyó en la desairada concertación de ese mismo mes. Los gremialistas saben que los empresarios están dispuestos a reanudar el diálogo, pero temen que se vuelquen hacia las posturas del Gobierno "y nos dejen en inferioridad de dos a uno".
En todas las charlas se coincide en que debe volverse al diálogo, pero el problema es cómo y con qué costos políticos. Mientras todo eso está bajo análisis, la CGT prepara un congreso de Unidad Nacional, al que serán invitados formalmente la Iglesia, los partidos políticos, las organizaciones empresarias y las intermedias de la comunidad.
Claro que el problema será cómo evitar que los gremialistas aparezcan sosteniendo que la deuda debe pagarse frente a una izquierda que demandará como puntos de base el no pago o una moratoria sumamente condicionada. Esa diferenciación y la forma de encontrarla, sin pagar por ello un costo político alto, son lo que podrían frustrar el convite cegetista. Además, claro está, de la negativa de la Iglesia a participar de una propuesta a todas luces opositora al plan económico oficial, aunque de soslayo pueda apoyarse la iniciativa con algún gesto, como ocurrió con el paro del 24.
Del lado oficial lo que se ofreció en concreto, hasta ahora, es la posibilidad de debatir un nuevo reajuste durante el año "si se comprueba que lo otorgado es insuficiente" y el debate para convocar a paritarias. Cómo y cuándo se reanudará el diálogo y hasta dónde las partes están dispuestas a ceder posiciones, es algo que deberá ir analizándose sobre la marcha. Los dos bandos quieren reencontrarse, pero ambos esperan señales del otro lado.
En tanto, el contraataque radical está en marcha, pero los condicionamientos son los mismos que siempre: no hay qué repartir ni fórmulas mágicas, que no sean el propio esfuerzo nacional, para sacar el país adelante. Y nadie quiere asumir el riesgo político de hablar claro y plantear la realidad tal como es. Aunque justo es reconocer que el lenguaje de hoy es mucho más claro que el del pasado reciente.

Andrés k. Alcaraz y Hernán Pereyra
Informes: Marcelo Bueno. Julio Barros y Eugenio Tellez.
Fotos: H. Ramos y Agencia DyN. Tapa: Agencia I.L.A.

Ir Arriba