Los argentinos supieron desde temprano —ya el carácter político de los días que jalonaron el acceso de Perón a la primera magistratura lo fue poniendo en claro— que la pugna entre tendencias signaría una buena parte de la marcha justicialista por el sendero del gobierno. También se aseguró, cuando la posibilidad de un viaje al exterior del presidente fue puesta en el tapete por dos de sus colaboradores, que el país estaba en suspenso a la espera que terminara "su trabajo la brigada de demolición antimontonera" (ver Panorama, 352, pág. 4). La espera, por lo menos en parte, parece haber sido satisfecha. Pero los sucesos de Córdoba desataron una nueva realidad, producto de una acción que pudo provenir o no del propio gobierno, pero que si resulta creación indudable del propio oficialismo. Alrededor de este nuevo resultado, hay un entorno político trasformado. El diálogo con la oposición verá, seguramente, restringido su protocolo; el poder central soporta la duda de alguno de sus aliados; sus relaciones con la izquierda se han cancelado por tiempo indefinido, y pocos puntos de profunda amistad pueden existir entre el gobierno y las Juventudes Políticas Argentinas, cuyo acto de protesta en el Congreso, el jueves 28 por la noche, fue prohibido e impedido por mano policial.
A todo esto, mientras el conflicto interno vuelve palmaria la arrolladora primacía de los sectores ortodoxos —cuya filiación ideológica no guarda ni el más somero parentesco con la izquierda—, la diplomacia oficial se empeña en afianzar vínculos con las naciones socialistas, en una aparente búsqueda de un equilibrio que la marcha de los "acontecimientos nacionales parece empecinado en impedir. CORDOBA. El enfrentamiento institucional entre el gobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, y su jefe de policía, teniente coronel en retiro Domingo Navarro, rebasó su carácter inicial en pocas horas, dibujándose con nitidez primero su cariz político, e impregnándose más tarde de los matices ideológicos que acompañan las controversias internas del peronismo. Lo que había comenzado con una solicitud de renuncia y seguido con una exoneración se trasformó, de esta manera, en un golpe de Estado liso y llano, en el que no faltaron prisioneros, tiros, ni sólido respaldo propagandístico.
Para algunos, el jefe de policía provincial desató el conflicto incurriendo en una exageración o desviación interpretativa de las instrucciones "depuradoras" que impartió en su momento el Poder Ejecutivo. Para otros —mucho más suspicaces—, la acción del teniente coronel Navarro fue premeditada en otros ámbitos. Se arguye, para apoyar esta tesis, que a esas horas se realizaba en Córdoba el plenario normalizador de la CGT regional; que estaban presentes en la ciudad importantes representantes sindicales de la CGT central, y que hasta el titular de la cartera de Trabajo, Ricardo Otero, estaba allí.
Pero hay quien lleva más lejos sus sospechas, entreviendo que la semilla de los hechos fue sembrada por labradores más distantes: afirman, por ejemplo, que Navarro visitó la residencia presidencial de Olivos pocos días antes de los sucesos, y que el jefe de la Casa Militar del presidente, coronel Carlos Alberto Corral, también habría estado en Córdoba no hace mucho tiempo.
Los comentarios no tienen sólido asidero: sólo se basan, en principio, en una serie de coincidencias de la vida castrense. Corral y Navarro son oficiales de infantería y compañeros de promoción; ambos recibieron el sable de subteniente en 1946. Dos años atrás, Navarro revistó como oficial de inteligencia en el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército. Más tarde, el entonces gobernador, almirante Helvio Guozden, lo designó jefe de policía. Cuando Obregón Cano asumió la gobernación, dejó a Navarro en su puesto; se sabe que fue en esos días cuando algunos de los asesores inmediatos del comandante general del Ejército, teniente general Jorge Raúl Carcagno, indicaron que ese jefe debía pasar a retiro, por cuanto no podía ser bien visto que un militar en actividad ocupara un cargo político. Carcagno no habría seguido el consejo, pero el mismo Navarro solicitó su pase a retiro en diciembre de 1973.
La conexión entre Corral y Navarro es lo que habría dado pie, también, a otras conjeturas: las que se arriesgan al adivinar alguna conexión entre los sucesos de Córdoba y el eventual nuevo grupo de poder incluido dentro del aparato gubernamental que contaría, como último y más importante engranaje, al actual secretario de Gobierno, coronel Vicente Damasco, y del cual formarían parte el mismo Corral, el coronel Jorge Felipe Sosa Molina (jefe de Granaderos), el coronel César Díaz (jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires), el coronel Carlos Alberto Ramírez (jefe de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia) y el edecán presidencial, teniente coronel Alfredo Mario Díaz.
Historias aparte, el quieto horizonte castrense corría también el riesgo de ser rozado por el acontecer cordobés. Para algunos jefes militares, la presencia del general de brigada Ernesto Della Crocce —con cargo divisionario, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército—, en el juramento como gobernador provisional del presidente de la Cámara de Diputados, Mario Agodino, fue un acto imprudente, porque en ese momento —dicen— "las cosas no estaban ni claras ni definidas". Existe, además, expectativa en los cuadros porque si la Policía provincial prosigue alejada temerariamente de sus funciones
normales, la Gendarmería Nacional, encargada ahora de la custodia de ciertos centros estratégicos, como la refinería de YPF en Córdoba, debería hacerse cargo de la vigilancia; y tropas militares ocupar su lugar. ¡Y sobre la participación en un proceso político tan ajetreado existen cautelas.

UN DIALOGO PERTURBADO. El viernes 1°, Ricardo Balbín solicitó al secretario general de la Presidencia, Vicente Solano Lima, una entrevista con el caudillo justicialista. Lima consultó la posibilidad a la residencia de Olivos; y desde allí le habrían informado que debería ser la reunión el lunes 4, porque el primer mandatario estaba "muy ocupado ese fin de semana". Así se lo comunicaron a Balbín. Pero, en la tarde del sábado 2, el jefe radical recibió una invitación directa de Perón. A esas horas, ciertos dirigentes del Comité Nacional de la UCR consideraban peligrosa la entrevista: el primer mensaje del Poder Ejecutivo solicitando la intervención de Córdoba ya había sido cursado, y los radicales —muy desconcertados por su estilo— lo estaban aún más por el hecho de su envío sin amago de consulta.
El resultado de la entrevista fue el desacuerdo; y éste se tradujo más tarde en las sesiones del Senado. A la intervención pura y simple, el radicalismo opuso el proyecto de decretarla para reponer a los gobernantes depuestos. Pero no fue el desacuerdo lo que hizo crecer las sospechas de la conducción radical. Por de pronto, se atribuyó la demora del primer momento a "interferencias obstaculizadoras"; luego, la rápida circulación de un comunicado de prensa —que no fue cursado por la agencia oficial Télam—, pocos minutos después de la reunión, y de cuyo texto podía desprenderse que entre el presidente y el jefe radical existía acuerdo sobre la intervención, colmó el enojo. Para muchos, había existido una audaz tentativa de "embolsamiento". Algunos observadores se extrañaron del accionar un tanto apresurado de Balbín, sobre todo después que a través de unas declaraciones a un matutino platense, días pasados, había advertido la existencia de una "línea del gobierno que dificulta la marcha del proceso"; y porque se sabía que a través de esa elipsis, el jefe radical se había quejado veladamente de algunos movimientos políticos del titular de Bienestar Social, José López Rega.
Por otra parte, también se supo que Balbín se reuniría con el presidente rumano, Nicolai Ceausescu, por expresa solicitud de la delegación diplomática de Bucarest en Buenos Aires; el jefe radical también usaba, en la medida de sus posibilidades, de la maniobra exterior.
Por fin, el martes 6, la Juventud Peronista delimitó una vez más su postura ante los acontecimientos: para ese sector peronista, los sucesos de Córdoba eran un "golpe de la burocracia". Sobre el frustrado acto juvenil del viernes 1°, sólo formulaban un interrogante: "¿Qué pasa, general?".
Fernando Lascano

_____________________________
El Cordobazo de los Ortodoxos
En la madrugada del lunes pasado, cinco estruendos de bombas hicieron temblar los vidrios de la ciudad de Córdoba. Quienes esperaban que los acontecimientos entraran en una faz definitiva, dudaron de sus cálculos y temieron que la seria crisis planteada a partir de la destitución del gobernador Obregón Cano por parte del teniente coronel Antonio Domingo Navarro, jefe de la policía local, no encontrara su normalización.
Durante cinco días, por lo menos, Córdoba se convirtió en una ciudad prohibida, a la que fustigó tanto la ansiedad política como el desazón y desconcierto civil. En esas jornadas que empezaron el miércoles 27 de febrero con el levantamiento del jefe de policía local, teniente coronel en retiro Antonio Domingo Navarro, contra el gobernador Ricardo Obregón Cano, y que culminaron el lunes último con las discusiones sobre la intervención federal, Córdoba reprodujo, con bastante proximidad, el cuadro de una plaza tomada en las primeras escaramuzas de una guerra incierta y de curiosas características.
Desabastecida en los rubros habituales de consumo —aunque no desprovista de un turismo anonadado—, cerrados sus bancos y casi la totalidad de los comercios, se hizo corriente el regateo obsesivo por mercaderías de primera necesidad; aparecieron las colas de automóviles frente a los surtidores de nafta y, naturalmente, los inevitables y sigilosos especuladores. La falta total de cigarrillos y el menú monótono que ofrecieron los hoteles céntricos y los pocos restaurantes que permanecieron abiertos, redondearon el clima de ansiedad. Con cien pesos viejos podían conseguirse, en algunos quioscos de Nueva Córdoba —uno de los barrios elegantes de la ciudad— tres cigarrillos como si se tratara de objetos preciosos. Otra variante, puesta en práctica por fumadores empedernidos, consistió en viajar" a la próxima localidad de Villa Carlos Paz, donde el stock de tabaco colmó la avidez de los turistas hasta el domingo pasado.
Pero a la escasez, cuya presencia justifica desde ya cualquier estado de zozobra, se sumó la angustia nocturna por los enfrentamientos armados. Disparos de ametralladoras, fusiles y pistolas anunciaban la noche de Córdoba mientras en la Casa de Gobierno, en el Departamento de Policía y en las sedes gremiales se trataba de manejar una crisis cuyos extremos parecían a veces chocarse peligrosamente. En medio de un confuso aquelarre de aullidos de sirenas y explosiones de considerable alcance, nadie podía, sin embargo, visualizar a las víctimas: ¿Había francotiradores en los edificios próximos a la plaza San Martín, sede de la policía local y cuartel de Navarro? ¿Cuántos eran los caídos y dónde estaban? Los hospitales no registraban nóminas de heridos, a excepción de las dos muertes de la noche del jueves, víctimas sí, del primer enfrentamiento entre hombres de la policía y desconocidos fuertemente pertrechados. Ellas habían sido una mujer de 24 años y un cabo en servicio de patrulla. Los días que siguieron vieron aumentar los tiroteos y los atentados nocturnos, pero no el número de caídos. Alguien escondía los muertos o fracasaba la puntería.
La peculiaridad de la situación, en su faz bélica, concuerda con la confusa trama en el plano político. En tanto juraba su cargo de gobernador el vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Mario Dante Agodino, Obregón Cano se negaba a reconocer la situación de hecho en su improvisada prisión del Comando Radioeléctrico. Al parecer, no sólo tenía razones institucionales para permanecer en su investidura: Agodino, en una visita efectuada el jueves por la tarde a las dependencias del Comando, donde Obregón Cano y 75 personas de la gobernación estaban detenidos, había prometido reponer al gobernador defenestrado entendiendo que su paso por el gobierno era meramente transitorio.
En un primer momento, todos los esfuerzos parecían tender hacia el restablecimiento constitucional a fin de evitar la medida intervencionista, y Agodino debió ensayar una táctica diversa, acaso precipitada: la de pedirle a Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López la renuncia que zanjaría el conflicto institucional. No estaba en el temperamento de los cautivos virar sus posiciones y la presunta entente marcó los primeros ripios en el seno mismo de la crisis.

CONFUSION. De acuerdo a versiones cordobesas, Agodino sería medio pariente de Obregón Cano y, fuera de toda duda, un gran amigo del gobernador caído. Esas mismas versiones aseguraban que la relación afectiva pesaba en los juicios del nuevo mandatario tanto como las razones políticas. El hecho de que dijera a los periodistas que Obregón Cano y Atilio López podrían, una vez recuperada la libertad, volver a ocupar sus puestos de gobernador y vice, parecería confirmar tales sospecháis parentales.
Pero, además, sirvieron esas declaraciones para agitar las aguas en torno al conflicto. En principio, las 700 personas que vitoreaban a los gobernadores elegidos el 11 de marzo de 1973, cuando fueron trasladados a la Delegación de la Policía Federal —a pasos de la casa de Gobierno cordobesa—, incitaban a la lucha directa a quienes, a su juicio, debían tomar la primera magistratura avanzando sobre el palacio gubernamental. Simultáneamente, el juez federal Zamboni Ledesma dejaba en libertad a Obregón Cano y López, el primero de los cuales intentó comunicarse telefónicamente, sin suerte, con el ministro de Interior, Benito Llambí. De acuerdo a la nueva situación, las autoridades federales aclararon que el señor Obregón Cano "en su carácter de ciudadano y por derecho propio, si lo deseaba, podía allegarse a la casa de Gobierno y reclamar la gobernación, derecho que nadie le podría negar".
La desprendida actitud, acorde con la letra de la ley, contrariaba sin embargo a la realidad. Tanto para las 62 Organizaciones ortodoxas como para el comando Unido Justicialista, dos organizaciones declaradamente antiobregonistas, los hechos eran irreversibles. Por otro lado, el teniente coronel Navarro había emplazado un aparato de resistencia a cualquier tipo de reposición que, hasta el momento, no recibía cuestionamientos ni críticas por parte de organismos como la Mesa Redonda Peronista que orienta Julio Antún, ni por parte del grupo directamente ligado al delegado normalizador en el Justicialismo, Luis Longhi, centros de decisión estos dos últimos que, con el correr de las horas, fueron polarizando las fricciones dentro de la ortodoxia.
El respaldo que prestaban a Navarro los dirigentes de las 62 Organizaciones que asumieron la dirección de la Regional de la CGT y, en general, las agrupaciones nacionalistas ubicadas a la derecha, debilitaron la posición del gobernador paralelo hasta el punto de plantear, sobre el fin del viernes, la existencia compleja de tres poderes en Córdoba: por su lado, Obregón Cano, en torno a quien se agrupaban los sectores de la Tendencia y los gremios legalistas y combativos liderados por los dirigentes Agustín Tosco y René Salamanca; por otro, Julio Antún sosteniendo, a través de la Mesa Redonda, al gobernador Agodino y, al fin, el propio Navarro, hombre fuerte de esta historia, y sus policías.

LA INTERVENCION. Difícilmente la historia registre casos donde los detonantes de una crisis política —en el caso cordobés, Navarro y Agodino— se instalen en el poder tendiendo las líneas de continuismo. Es por eso que la idea de la intervención federal no debió ser, a juicio de observadores próximos al delegado Longhi, una improvisación de última hora. La propuesta del poder central al Congreso de la Nación con un informe que caracteriza la situación cordobesa historiando la trayectoria histórica de la provincia, coincide con la visita que el líder radical Ricardo Balbín hace al presidente Perón en Olivos, en demanda del respeto institucional. Al mismo tiempo, un día antes, el ministro de gobierno de Mario Dante Agodino, José Alejandro Mosquera, viajaba precipitadamente a Buenos Aires a los efectos de sostener una reunión secreta con las cúpulas peronistas. Voceros próximos a Mosquera aseguran en Córdoba que ese viaje tenía como objeto tratar el tema de la intervención federal.
Lo cierto, en todo caso es que quien gobierne ahora la convulsionada provincia deberá enfrentar problemas que afectarán, sin duda, el orden interno de la conducción nacional. Las esperanzas esbozadas por sectores de la izquierda sobre la probabilidad de un segundo cordobazo constituyen una manifestación de deseo que puede o no concretarse, pero que sí existe como un brote potencial. Esa visión del mundo, radicalmente opuesta a los sectores oficiales que hoy se debaten en Córdoba por reencontrar la seguridad institucional sin arriesgar el poder político, actuará como elemento de desgaste frente a quien asuma la difícil responsabilidad de gobernar. El domingo 3, reunido en agitados cónclaves, integrantes de la Mesa Redonda barajaban nombres de candidatos posibles. Entre ellos figuraron dos coroneles, Corral, el primero, y De Rosas el segundo; un tercer nombre que apareció para componer la terna fue el del mismo Navarro, jefe de la policía.
Para la gente de Jorge Antún, ningún civil sería recomendable, puesto que "sólo un militar tendría aquí representatividad y autoridad suficientes como para detener la mano de los bolches". Un cuarto nombre nació en Buenos Aires con firmes probabilidades de diluir la terna de la Mesa. Se trata del teniente coronel en retiro Jorge Osinde, a quien se había requerido anteriormente para cumplir una función diplomática. En tanto, Córdoba esperaba la reapertura de los bancos, donde se almacenan todavía los salarios de febrero. Dentro de algunas semanas se cumplirá el quinto aniversario del cordobazo que marcó el principio del fin del gobierno de Juan Carlos Onganía. Hace una semana, se vieron las aguas del reflujo.

__________________________________
Arturo Illia: "El sedicioso Navarro"
En la clínica de su amigo personal y correligionario, Eugenio Conde, en Villa Carlos Paz, el doctor Arturo Umberto Illia, ex presidente de la Nación y actual figura consultada del radicalismo, habló con Panorama sobre la situación política del distrito cordobés.
"Suponiendo que haya intervención —dijo—, la tarea que el interventor tendrá va a ser seguramente difícil, ya que su gestión seguirá dependiendo del gobierno central y aun de las cámaras legislativas que sin duda funcionarán de modo autónomo". Sobre la crisis, expresó que hay en ella fenómenos de curiosos contornos: "¿Cómo puede admitirse que en el momento de la toma de juramento del gobernador Agodino, el Tribunal Superior de Justicia admita la presencia del teniente coronel Navarro? ¿No es acaso un sedicioso?".
"Pienso, por otro lado, que hubiera sido sumamente asombroso que los militares hubieran abandonado los cuarteles para reponer a un gobernador constitucional; esa actitud hubiera quebrado la regla dorada de los militares argentinos, que sólo salen del cuartel para deponer gobiernos. En verdad, perdieron esta vez la oportunidad de establecer una excepción extraordinaria".
"Córdoba —siguió diciendo Illia—, es particularmente una provincia de carácter autónomo. Véase, por ejemplo, la actitud del General Paz cuando decide levantarse para reorganizar el país. Esa actitud, que puede tener visos de excepcionalidad, no es casual, sino que obedece a cierto sentido cordobés de la institucionalidad.
En 1923 se reforma la Constitución Provincial para afianzar la autonomía de los municipios frente a la misma autoridad gubernamental; esta posición confirma lo que decíamos. Por eso me parece arriesgado y simplista encuadrar a Córdoba en una semblanza como la que se ha dado a conocer hoy en los diarios, emanada del gobierno central, donde se dice que los cordobeses son unos ultramontanos; esta provincia es coherente. No digo que sea más coherente que otra, pero lo es, sin duda."
"Ante los hechos actuales se me ocurre que los gobernadores argentinos tienen una visión demasiado personal de las instituciones, y las instituciones son absolutamente impersonales, no dependen de quien las maneje ni se prestan —porque no han sido creadas para ello— a interpretaciones caprichosamente subjetivas.
"Nosotros, los radicales, fuera y dentro del gobierno, hemos sostenido siempre que tenemos que vivir dentro de un orden jurídico, que no significa abogar por la represión ni por el conformismo, sino aplicar conscientemente el derecho. Los radicales creemos que la aplicación del derecho es de por sí un acto revolucionario, cuando se lo hace de forma dinámica, adaptándola a la realidad cuando es necesario y no temiendo ser flexibles. La aplicación del derecho es justamente la defensa más clara de las situaciones sociales y la aplicación de la ley no puede estar sujeta a la voluntad personal de un individuo".

Revista Panorama
07.03.1974

Ir Arriba