Política Nacional
Un proyecto para asegurar la autoridad del próximo presidente
Illía: Se inició la etapa informativa
Arturo Illía
Un proyecto para asegurar la autoridad del próximo presidente

Hacia mediados de la semana pasada, el Estado Mayor de Coordinación de las Fuerzas Armadas recibía —para su exhaustivo análisis— el informe sobre un plan, que había sido ya estudiado en la Secretaría de Guerra, para dar solución orgánica al problema de la delimitación de esferas de acción entre las autoridades civiles y militares. El plan consiste, lisa y llanamente, en una reestructuración del Ministerio de Defensa que incluye la disolución de las secretarías militares, y su elaboración probaba hasta dónde —luego de los contactos fructíferas realizados— llegaba la confianza de las Fuerzas Armadas en el próximo gobierno constitucional y la voluntad de los militares de reintegrarse a sus funciones normales.

Líneas del proyecto
Según el proyecto, existiría, a partir del 12 de octubre, un ministro de Defensa Nacional (seguramente civil) como único encargado de los problemas castrenses dentro del gabinete nacional. La pirámide descendería luego en una Subsecretaría de Defensa. De aquel ministro pasarían a depender los tres comandantes en jefe.
Como se sabe, la tesis vigente a partir del pronunciamiento azul es que los comandos en jefe son cargos técnicos, absolutamente militares, y que la representación política de las Fuerzas Armadas es asumida solamente por los secretarios militares. Para nadie era un misterio que se trataba de una tesis de transición, apta solamente para una etapa excepcional en la vida política argentina: constitucionalmente, los secretarios y ministros de Estado son secretarios del presidente para los diversos asuntos, y no representantes de sectores de la vida nacional.
El teniente general Benjamín Rattenbach ya había encarado el análisis de esa situación, y llegado a proponer que se designara a civiles como secretarios de las carteras militares, como índice suficientemente demostrativo de que el jefe del Poder Ejecutivo era, a la vez, el real comandante supremo de todas las fuerzas de aire, mar y tierra. Circunstancias demasiado obvias para ser reiteradas impidieron que se concretara esa idea, que ahora se ha retomado y profundizado. Y han sido jefes militares —deseosos de evitar la prolongación de situaciones anómalas— los que proponen la disolución de las secretarías, es decir, de las eventuales representaciones políticas de los militares ante el poder civil.
Un importante jefe del Ejército señaló a PRIMERA PLANA, el jueves último, que esa era la única solución posible para el problema de las jurisdicciones civiles y militares. Esa solución —agregaba— resolvía la cuestión como correspondía: subordinando, a partir de la entrada en acción del poder civil, las Fuerzas Armadas al presidente de la Nación.

Posibles objeciones
Según algunos informantes, el proyecto habría sido ya aceptado por la Secretaría de Guerra. No se descartaban, en cambio, posibles resistencias: ciertos oficiales preveían que las secretarías de Marina y Aeronáutica podían formular objeciones.
La línea de las no descartadas objeciones se basaría en el siguiente argumento: es exacto que corresponde la subordinación del poder militar al civil; es exacto, también, que resulta imprescindible encontrar una salida orgánica a la cuestión. Pero, de hecho, esa subordinación no se producirá total y automáticamente el 12 de octubre. El período de transición, forzosamente, se prolongará más allá de la asunción de su cargo por el doctor Illía. Si hay un solo ministerio militar y una sola expresión de los problemas militares en el plano del gabinete nacional, por el peso de su propia gravitación, dicha expresión será monopolizada por la fuerza más poderosa, que connotará la labor del Ministerio de Defensa. En los hechos, el efecto puede ser —prosigue la tesis— contrario al deseado: a través de un ministro civil, se hará escuchar en el gabinete la opinión del Ejército y se dejará sin representación política a las otras armas. Ese era, precisamente, el punto-clave del cambio de opiniones hacia el sábado a mediodía.
En tanto, se esperaba que —después de su entrevista con el presidente Guido— el doctor Illía iniciara conversaciones oficiales y directas con los secretarios militares. Uno de los puntos a debatir será, justamente, el de las secretarías militares (pero el proyecto ya habría recibido conformidad indirecta por parte del presidente electo). Por lo demás, el panorama, en lo que se refiere a Fuerzas Armadas, se completaba con los siguientes temas:
• Ministerio de Defensa: Jefes azules insistían en que sería designado, para ese cargo, el doctor José Luis Cantilo. Recordaban, asimismo, que se trata de un radical del Pueblo que "se jugó a favor de los azules durante la crisis Señorans" y que merece la confianza del Ejército. No descartaban, sin embargo, la posibilidad de que fuera designado el doctor Pedro Duhalde, contra quien tampoco hay objeciones por parte de las Fuerzas Armadas.
• Secretarías militares: En caso de que no se disuelvan, el panorama (según un jefe azul) era el siguiente: en Aeronáutica podría ser confirmado el brigadier Eduardo Mac Loughlin; en Marina podría ser llamado a desempeñar esas funciones algún jefe retirado, pero no era descartable la permanencia del almirante Carlos Kolungia; en Ejército se designaría nuevo titular que podría ser el general Eduardo Señorans (amigo del doctor Cantilo, por lo demás).
• Comandos en jefe: No habría novedades por ahora.
• Amnistía: Pese a que las Fuerzas Armadas entienden que todos los procesados deben cumplir sus penas, se aceptaría, si es criterio del presidente, una amnistía. Pero ésta no puede ir más allá de la liberación de los militares presos. Las Fuerzas Armadas seguirían sosteniendo el principio de no-reincorporación.
• Presos Conintes: No existe oposición militar para que el gobierno vaya analizando los casos de los distintos condenados y disponiendo amnistías, si bien se insiste en la necesidad de que ese análisis sea realizado con extrema prudencia.
La semana terminaba, así, con el estudio de una serie de medidas que afianzarían el retorno del país a un clima de normalidad institucional. Un decreto resolvía las últimas situaciones de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional se aprestaba a consagrar oficialmente a Arturo Illía y a Carlos Perette como presidente y vicepresidente electos de la Nación.

Contactos
Illía: Se inició la etapa informativa

El martes pasado, por primera vez desde 1958, se encontraron en la Casa Rosada dos presidentes argentinos: el actual, José M. Guido, recibió a su sucesor. Arturo Illía inició, así, la serie de entrevistas que mantuvo la semana pasada en carácter de mandatario electo. Ambos, un poco nerviosos, junto con un emocionado y silencioso Ricardo Balbín (presidente de la neooficialista UCRP) y un impasible Arturo Mor Roig (secretario del partido y diputado electo) mantuvieron la primera conversación oficial destinada a "ir entregando el poder".
Después de algunas nostálgicas menciones a tiempos ya idos (en una época los cuatro fueron correligionarios) y a las "incomodidades" que le había proporcionado al nuevo presidente su flamante escolta, el doctor Guido trazó un panorama general de la situación. Exceptuando algunos detalles referidos a Aerolíneas Argentinas y a SEGBA, no se habló especialmente de ningún problema concreto. Todo habría quedado en lo meramente declarativo.
Posiblemente, lo más importante de esta reunión haya sido la constitución de los equipos de trabajo que informarán al futuro gobierno sobre los problemas pendientes. Illía ya había decidido, de acuerdo con Balbín, en que el equipo suyo, "el equipo receptor", sería encabezado o coordinado por Arturo Mor Roig y, contra lo que se esperaba, integrado por legisladores electos: entre otros, el senador Rubén Blanco y los diputados Isidro Fernández Núñez y Juan Carlos Pugliese.
Estos equipos se organizarán en forma análoga a las comisiones parlamentarias y elevarán sus informes al doctor Illía con copia a Balbín y a Perette. El novel presidente, a su vez, los estudiará con los miembros de su estado mayor.
El hecho un tanto inusitado de que se hayan designado para esta tarea de contactos a miembros del futuro Poder Legislativo obedece, según algunos observadores, a las siguientes razones:
• Illía no quiere dar pábulo a deducciones sobre los nombres de sus posibles colaboradores; por lo tanto, prefirió que este trabajo sea realizado por "hombres con puesto", es decir, legisladores. Sobre este punto, en los pasillos del primer piso del Savoy —sede provisional del cuartel general illiísta— se recordaba la respuesta que dio Illía a su íntimo amigo Héctor Llorens, cuando, en marzo de 1962, siendo aquél prácticamente el ganador de las elecciones provinciales de Córdoba, le preguntó sobre su gabinete. "Fijate —respondió Illía— que no se me ocurrió ningún nombre hasta ahora. De todas formas, hasta el momento de la asunción falta mucho."
• Illía sabe que, por lo menos por un tiempo, el país será gobernado por un partido cuyo liderazgo comparte con Balbín, antes que por un equipo dirigido por él. Habría preferido, entonces, otorgar esta virtual labor de gobierno a un grupo de gente conducido por un balbinista, Mor Roig, quien, sin dejar de ser consecuente con aquél, ha merecido siempre la confianza del presidente electo.
• Illía ya ha reconocido que, como consecuencia directa de la representación proporcional, el Congreso actuará como poder cogobernante en forma similar a su igual estadounidense.
PRIMERA PLANA
13 de agosto de 1963

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