En Córdoba se está decidiendo el futuro de la Iglesia argentina, pero a los pocos habitantes estables que permanecen en la localidad turística de Embalse no parece importarles. Apenas sacudieron su calma serrana cuando un ejército de hombres invadió el hotel "El Tala" para acondicionar sus instalaciones de la Asamblea Plenaria Extraordinaria del Episcopado Argentino, que habría de reunirse allí a partir del 30 de mayo. Para muchos, la reunión sería una excusa para renovar el debate entre pre y posconciliares, que desde la última Encíclica dictada por Pablo VI agita con más fuerza los cimientos de la Iglesia. Finalmente la sangre no llegó al río, y dio la razón a uno de los obispos adscripto al grupo conciliador: "La Iglesia es una barca; sobre ella navegan grupos que discuten duramente entre sí, pero la barca sigue igual su curso".
El objetivo primordial de la asamblea era poner en vigor el nuevo Estatuto de la Conferencia Episcopal Argentina, reformado de acuerdo con las disposiciones, orientaciones y espíritu del Concilio Ecuménico Vaticano II. Presidió el arzobispo de Buenos Aires, Antonio Caggiano, y a su izquierda se ubicó el arzobispo de Santa Fe, Nicolás Fasolino (80 años), recién elevado a la púrpura cardenalicia por el Papa. "Soy demasiado viejo para eso", protestó Fasolino el domingo anterior, cuando el nuncio apostólico le anunció por teléfono la decisión papal.
La paridad de fuerzas entre conservadores y renovadores quedó planteada desde el primer minuto de las deliberaciones. Se esperaba que fuera Jerónimo Podestá, obispo de Avellaneda, el encargado de romper lanzas contra los tradicionalistas, para incorporar a los debates algunos capítulos de la encíclica Populorum Progressio, y las conclusiones de la Comisión Episcopal Latinoamericana (CELAM), reunida el año pasado en Mar del Plata. El propio cardenal Caggiano fue el encargado de disuadirlo, en una reunión secretísima que mantuvieron poco antes de comenzar la asamblea. Ese mismo día, monseñor Devoto, obispo de Goya, recibía un telegrama del Sindicato de Obreros del Tabaco de esa ciudad, pidiéndole intercediera ante las autoridades nacionales para que le fuera levantada la reciente intervención al gremio. "No hay bases legales para intervenir el sindicato. Veré lo que puedo hacer", fue la respuesta.
Inevitablemente, el problema social se hacía presente en la asamblea.
Por primera vez se ensayaba en el país la novedad de elegir, por voto directo de los 55 arzobispos y obispos, los integrantes de las comisiones Ejecutiva, Permanente, y Episcopales, además de la provisión del cargo de secretario general del Episcopado.
El primer enfrentamiento se dio cuando se trató de designar a un presidente y dos vice de la comisión ejecutiva. Sorpresivamente, para la presidencia, fue reelegido Antonio Caggiano, por un escaso margen de dos votos obtenidos en la tercera consulta. Extraoficialmente se sabía la decisión del arzobispo de Buenos Aires, de 78 años, de no postular su candidatura. Para vicepresidentes los cargos recayeron en Juan Carlos Aramburu y Antonio Plaza, este último vinculado oficiosamente a un tibio grupo renovador. Aparentemente, el primer round daba ganador al grupo tradicionalista. Igualmente reñida fue la elección de los delegados al Sínodo Episcopal convocado por el Papa para setiembre próximo, en Roma. Los nombres de los designados, guardados en el mayor secreto, fueron transmitidos al Vaticano por una unidad móvil de alta potencia ubicada en un Ford Falcon en los jardines del hotel. Pablo VI será el que decida.
Al comenzar esta semana se daba como segura la posibilidad de ríspidos debates al tratar temas tan fundamentales como la acción social de la Iglesia y la redacción del proyecto de Plan Nacional de Pastoral. En esto juegan su última carta los redactores de "La Iglesia y el país", un volumen que contiene las posiciones y los debates realizados el año pasado en Chapadmalal, por el grupo sacerdotal más avanzado entre los que procuran el aggiornamento de la Iglesia argentina. Los sacerdotes, algunos discípulos de Lucio Gera, decano de Teología del Seminario de Villa Devoto, defendían objetivos precisos: aproximarse a la comprensión del país real, determinar el papel que cabe en esto a la Iglesia, y definir los cambios de mentalidad que la sociedad posterior al Concilio exige de los católicos y de las jerarquías eclesiásticas. "No basta con llenarse la boca con frases de la Encíclica; hay que cumplirla", insisten.
La llegada a Río Tercero de Mons. Brandao Vilela, presidente del CELAM, y amigo del obispo Podestá, parecía decisiva para la causa de los posconciliares. Igualmente será decisiva la presentación de las conclusiones de la asamblea al presidente Onganía, en los próximos días, última apelación que colocará a la Iglesia argentina en la línea que traza desde Roma el Papa Pablo VI.
Revista Siete Días Ilustrados
06.06.1967

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