Efectivamente, parecería que, para casi todos los funcionarios, el éxito o el fracaso del gobierno depende de unas pocas claves, que hay que saber leer, sobre lo que ocurre en otro lado: durante toda la semana pasada, por ejemplo, se produjo la curiosa situación que desde todos los ministerios se bombardeó a preguntas a la secretaría de Comercio para saber cómo marchaba el plan de lucha contra la carestía de la vida; y, desde la secretaría de Comercio, a la vez, se interrogaba telefónicamente al ministerio de Trabajo para conocer cómo evolucionaba el plan de lucha de la CGT. Entre tanto, seguía sin definirse una política concreta del gobierno sobre las cuestiones de fondo.
Cuando Arturo Frondizi asumió la presidencia, el 1º de mayo de 1958, se encontró con el panorama más desfavorable posible para iniciar una acción de gobierno. Las Fuerzas Armadas, bajo la conducción de sectores golpistas, le habían entregado el poder a regañadientes y se aprestaban a descubrir justificativos para desalojarlo del gobierno; la situación económica era francamente desfavorable; gran parte de la opinión pública veía como inminente la restauración del peronismo y desconfiaba del gobierno.
En el mundo se vivía un clima de guerra fría que facilitaba la instauración de gobiernos militares; surgían las teorías de guerra contrarrevolucionaria; el catolicismo no había llegado a la política de apertura que luego inició Juan XXIII; los partidos opositores creían inevitable un golpe de estado y, en muchos casos, se aprestaban a sacar partido de él haciendo una oposición implacable al gobierno. Los conflictos se sucedían: huelgas de abogados, de médicos, de obreros ferroviarios; planteos militares, llamados a la insurrección, reuniones castrenses. Una violenta agitación estudiantil —con grandes manifestaciones donde se quemaban muñecos con la efigie del presidente por la sanción de la ley de enseñanza libre— transmitía el clima de inquietud a las calles de las principales ciudades. Finalmente, el 8 de julio de 1958 —es decir, dos meses después de la asunción del gobierno por Frondizi— debía estallar una revolución militar que se congeló a último momento, pero sin que sus mecanismos fueran desmantelados.

Ventajas del verano
El clima bajo el cual llegó Arturo Illia a la presidencia fue exactamente el contrarío: la situación internacional había evolucionado en tal forma que las posibilidades comerciales de la Argentina aparecieron como óptimas. Illia pudo así concretar ventas de cereales a China comunista y anunciar operaciones similares con otros países socialistas, inclusive Cuba, actitud que a Frondizi le hubiera costado un tiro en la cabeza. En lo militar, el golpismo había sido destruido y las interferencias al poder civil ya no existían. Numerosos partidos políticos —desde los conservadores hasta los comunistas— se ubicaron en una posición oficialista o semioficialista; los otros, por su parte, adoptaron una línea de oposición constructiva. Y no hubo un solo dirigente político que preconizara el golpe de estado. Una larga tregua sindical y la ausencia de conflictos gremiales completaban el panorama.
Si las circunstancias eran distintas, también el calendario indicaba una época del año tradicionalmente tranquila en materia política: el verano, las vacaciones. Todo el país parecía así estar en receso, esperando que el gobierno concretara soluciones a sus problemas de fondo.
Ante ese cuadro, la reacción del gobierno fue reiterar una vieja actitud radical: darse a sí mismo demasiado tiempo para la solución de los problemas. Aparentemente, todo el plan oficial se redujo a solucionar las cuestiones de urgencia con una terapia de emergencia. El procedimiento se siguió por primera vez cuando se anularon los contratos de petróleo —obligación pre-electoral para el radicalismo del Pueblo—, pero se postergó la iniciación de una política energética propia y, luego, cuando se reformó la carta orgánica del Banco Central para dar alivio a las necesidades de pago de la administración pública con la emisión de 70.000 millones de pesos. La sanción de la ley de Abastecimiento fue una de las últimas demostraciones de dilación en materia de soluciones de fondo. Otra es la no designación de embajadores en países como los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña.
En realidad, los equipos oficiales parecen estar esperando que las soluciones deriven de tres hechos:
• Que el doctor Roque Carranza, secretario técnico del Consejo Nacional de Desarrollo, finalice sus estudios y presente al gobierno un plan económico de prioridades para los próximos cinco años. Este plan sería presentado en junio.
• Que se obtenga la refinanciación de la deuda exterior, considerada como muy posible.
• Que se comiencen a recibir los beneficios directos de la óptima cosecha de este año. Esos beneficios serían más visibles en cuanto se concrete la refinanciación de la deuda exterior.
Por lo demás, la mayoría de los funcionarios del gobierno entienden que no hay problemas excesivamente graves y que, mediante el otorgamiento de créditos a los industriales, la parálisis económica se disipará automáticamente. Quizá esa sensación se deba en gran parte, a la peculiar manera de trabajar del presidente Illia, convencido, aparentemente, de que ningún hecho exige una solución inmediata.
Alarmados, algunos hombres de gobierno tratan de hacer reaccionar al presidente y tratan de presionarlo para que adopte decisiones inmediatas sobre los problemas de fondo, abandonando su beatifica imagen de la realidad argentina.
Hace pocos días, por ejemplo, el secretario de Prensa de la presidencia de la Nación regresó por ferrocarril desde Mar del Plata. En el bar del tren se encontró sucesivamente con tres dirigentes opositores: Pablo Calabrese, de la UCRI; Salvador Busacca, de la democracia cristiana, y Alberto Serú García, neoperonista. Durante todo el resto del viaje se desarrolló una informal mesa redonda entre los cuatro dirigentes políticos. Calabrese, como vocero de los contertulios opositores, estableció —con el apoyo de los otros dirigentes— una definición de las inquietudes de los partidos: "Todos hemos sido hasta ahora muy complacientes y tolerantes con Illia (Parodi corrigió diciendo: «Fueron responsables con el país»), pero no vamos a seguir esperando más, porque no podemos quedarnos atrás de la gente, que ya no espera más. Si no hay soluciones de fondo, el tono de la oposición tendrá que cambiar." Apenas regresó a Buenos Aires, el secretario de Prensa informó de la conversación al presidente de la República, entendiendo que — desde el punto de vista de los partidos opositores— el planteo era justo.

El crudo invierno
Indudablemente, el plan de lucha de la CGT ha tenido la virtud de reubicar en un plano más real a algunos funcionarios del gobierno, que ahora comprenden cómo la tregua de vacaciones comienza a ceder en beneficio de un crudo invierno político. Muchos entienden que el principio de cualquier plan orgánico debe ser obviar la actual desconexión existente entre un presidente impenetrable y varios equipos oficiales que trabajan aisladamente. En apariencia, Illia solamente cuenta a tres o cuatro personas —que en la Casa de Gobierno son llamados "los lobeznos del presidente"— sus planes mediatos: Roque Carranza; el secretario de Hacienda, Carlos Alberto García Tudero; el subsecretario de Trabajo, Germán López. En cuanto a sus planes inmediatos, generalmente no los confía a nadie. Es así habitúa] escuchar en la secretaría de Prensa de la presidencia que el doctor Illia ni siquiera anticipa cuándo se dispone a hacer declaraciones a los periodistas, lo cual crea al organismo diversos problemas técnicos. El hecho, insignificante en sí, es considerado como un síntoma de los modos de acción presidenciales que tanto alarman a sus amigos.
Otro de los síntomas —más grave— es la demora inusitada que precede a todas las designaciones. Esa demora impide hasta ahora una articulación definitiva de la compleja maquinaria estatal. En la presidencia de la República. por ejemplo, desde el 12 de octubre hasta ahora, solamente fueren designados cuatro funcionarios: el secretario de Prensa, Emilio Parodi: el secretario privado del presidente, Juan Carlos Calderón, y dos asesores. Todos los demás están actuando interinamente. casi "de facto", sin siquiera cobrar sus sueldos (lo cual, por supuesto, les impide dedicarse totalmente a sus ocupaciones).
Todo índica hasta ahora que Illia posterga indefinidamente la iniciación real de su acción de gobierno. Alguno de sus allegados insinúan la explicación de que el actual presidente no consideraba demasiado probable su llegada al poder y que, hasta el 7 de julio de 1963, no se había comenzado, en su equipo, el estudio concreto de planes oficiales. Sin embargo, un elemental balance indica que —de todos modos— desde el 7 de julio hasta el 12 de octubre transcurrieron más de tres meses y que desde el 12 de octubre hasta ahora casi cinco: los equipos económicos que venían asesorando desde hace años al radicalismo del Pueblo podían, con una conducción más ejecutiva por parte del presidente, haber finalizado —en ocho meses— los estudios previos a la iniciación de una acción de gobierno.

Difíciles previsiones
El problema planteado por el plan de lucha de la CGT, por otra parte, mostró cómo tanto las organizaciones empresarias como los sindicatos obreros coinciden en que el gobierno no sale, hasta ahora, de su esquema de postergar definiciones mediante salidas de emergencia.
El hecho presenta dos perspectivas: que Illia reaccione, ponga en marcha a la administración pública y trate de formar un gobierno equilibrado y no dependiente de los vaivenes de la política interna del radicalismo del Pueblo, o que el actual estado de indefinición y demora persista como hasta ahora.
Si no hay una reacción positiva por parte del presidente, comenzará inevitablemente un proceso de deterioro de la autoridad del gobierno. Y, después de algunas crisis políticas, sociales y económicas, es posible que las Fuerzas Armadas comiencen a preguntar qué ocurre.
Durante todo el lapso comprendido desde la iniciación del actual período constitucional, los militares se mostraron extremadamente cuidadosos de no perturbar las decisiones del poder civil. E, inclusive, cuando el gobierno intentó alterar el status mediante la designación de secretarios colorados, antes del 12 de octubre, o sosteniendo al comodoro Martín Cairo, que estaba en favor de los colorados, las Fuerzas Armadas no realizaron los típicos planteamientos que convulsionaron al país durante los últimos años, sino que se limitaron a tratar de explicar a los representantes del poder civil los errores que cometían. El ministro de Defensa Nacional, Leopoldo Suarez, adoptó en esa oportunidad una posición realista que facilitó la enmienda de esos errores sin conmociones.
Si la autoridad del gobierno nacional comienza a debilitarse como consecuencia de una postergación indefinida de las soluciones de fondo, los militares —que no tienen ahora ningún problema interno en sus cuadros— no recurrirán por eso a la clásica táctica «toranzista» de los planteos espectaculares sino que, a través de sus mandos naturales, empezarán a hacer algunas preguntas concretas al presidente: ¿Qué pasa con la desocupación? ¿Qué medidas se toman para crear fuentes de trabajo? ¿Cómo se orientarán los créditos de promoción industrial? ¿Qué se está estudiando con respecto al problema de la vivienda? Después, si la parálisis continúa, comenzarán a exigir respuestas. En la Casa de Gobierno se dice que les atemoriza la primera pregunta de los militares, y hay especulaciones sobre el momento en que se producirá. A partir de allí, si no hay soluciones, será difícil prever qué ocurrirá.
PRIMERA PLANA
3 de marzo de 1964

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