HASTA la mañana del 25 de setiembre, éste había sido el mes en el que Juan Domingo Perón ganó por tercera vez una elección —en esta oportunidad acompañado por su esposa — con un porcentaje de votos casi similar al de su triunfo de 1951 (ahora, por el 61,85 %; 22 años antes, por el 62 %). Pero a partir del mediodía, setiembre también fue el mes del asesinato de José Rucci (ver recuadro) y el movimiento de fuerza sindical del miércoles 26, el más importante de la historia del país: objetivamente, el homenaje que le brindó la CGT a su secretario general sirvió para demostrar que, en realidad, la rama sindical es la más fuerte del oficialismo; mucho más que la juventud que hasta ese momento parecía la mejor capacitada en. materia de movilizaciones políticas.
Los dos acontecimientos --triunfo electoral y paro de actividades casi absoluto— estuvieron temporalmente unidos por un par de hechos complementarios: en la noche del 23 el Poder Ejecutivo Nacional dio a conocer la designación del general (RE) Miguel Ángel Iñíguez y al día siguiente declaró ilegal al denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) mediante el decreto 1474. Estos dos episodios eran una lógica consecuencia del triunfo electoral de la fórmula Perón-Perón. A diferencia de la campaña electoral que culminó el 11 de marzo, donde la fórmula Cámpora-Lima sólo rozó el 50 por ciento, en esta oportunidad el justicialismo buscó dar la imagen de un movimiento centrista empeñado en restaurar la tranquilidad y el orden bajo el lema de "patria peronista", en contraposición al de "patria socialista" esgrimido seis meses antes por sectores de la Juventud Peronista. Estos habían dado entonces la tónica, capitalizando el deseo de la mayoría de poner fin al régimen militar y acceder, si no a una revolución, por lo menos a un cambio sustancial.
Parece evidente que la base del 61,85 por ciento logrado por el oficialismo está integrado en gran parte por la mayoría silenciosa, esa porción del electorado que fluctúa siempre hacia los candidatos que ofrecen mayores garantías de estabilidad y orden. Ello explica la emigración de votos manriquistas hacia el peronismo.
A lo mejor fue sincero Perón cuando señaló a los periodistas — reunidos en el portal de su casa de Gaspar Campos en el Día de la Primavera— que "la gente quería que fuera yo el que enfrentara esto y yo quería que fuera otro porque estoy cansado de tantos años de lucha". El hecho es que "la gente", desde la mayoría silenciosa compuesta por la clase media hasta los tradicionales factores de poder deseaba que Perón asumiera la máxima responsabilidad oficial, después que Héctor J. Cámpora demostrara ser el mascarón de proa del ala izquierda del peronismo, acompañado por un sector del ERP, el autodenominado "22 de Agosto".

La violencia de setiembre
Después del 13 de julio, el oficialismo en general y el Gobierno en particular, se vieron ante dos necesidades: por un lado, la de readaptarse a la realidad del manejo del poder después de 18 años de oposición legal o clandestina, y por otro —lógica consecuencia de lo anterior—, la de encuadrar a sus sectores izquierdistas a la nueva realidad, aun al precio de perder el apoyo (o tolerancia) de la extrema izquierda simbolizada por el ERP.
A principios de este mes se iniciaba una reunión de Gobernadores en la que el poder central (oficialmente presidido por Raúl Lastiri pero efectivamente manejado por Juan Perón), buscaba homogeneizar a los Gobiernos provinciales dentro de la tónica de ley y orden. Una forma de terminar con las aristas izquierdistas detectadas en algunos sectores de las administraciones de Oscar Bidegain (provincia de Buenos Aires), Obregón Cano (Córdoba) y Martínez Baca (Mendoza), evitándose recurrir al trámite desagradable de la intervención federal. Semanas antes se había instaurado ya un organismo de coordinación y seguridad.
Dentro del oficialismo, los conflictos internos habían producido un enfrentamiento armado en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Córdoba; en esa provincia también se denunció el asesinato del activista José Damiano, de la Agrupación Peronista 7 de Mayo de Trabajadores del Taxímetro, opuesta a la actual conducción del gremio, y además el secuestro de una militante de la Juventud Peronista. Olga Acosta. Puede argüirse que en esas oportunidades actuaron elementos infiltrados extraperonistas, pero resulta imposible borrar la sensación de cruentas luchas intestinas.

Efectos del golpe del ERP
Antes de las elecciones, el hecho violento más espectacular fue el intento de copar el Comando de Sanidad Militar, acaecido el 6 de setiembre y protagonizado por guerrilleros del ERP. Tres elementos de este hecho deben tenerse en cuenta:
•En primer lugar, cinco de los participantes habían sido amnistiados el 25 de mayo; una circunstancia que echó nuevas paladas de tierra sobre la gestión de Cámpora y los grupos que lo apoyaron. Se demostraba así una vez más que esa línea estaba totalmente agotada, no sólo por la decisión de Perón, sino también por la acción de la ultraizquierda.
•El ataque se produjo no directamente contra el peronismo, sino contra el Ejército, una institución a la que esa ultraizquierda considera continuadora del espíritu del Gobierno 1966-73, simbolizado en su opinión por la Matanza de Trelew. El efecto político de esta acción no provocó una crisis entre el Gobierno y las fuerzas armadas, como quizás se intentó, sino que vino a acercar sus posiciones para enfrentar al peligro extremista.
•Finalmente, sirvió para que el mismo Perón definiera claramente su posición frente a los guerrilleros urbanos: "Como yo ya lo aclaré —señaló a los periodistas reunidos frente a su casa ese mismo 6 de setiembre— los grupos izquierdistas, etcétera, si funcionan dentro la ley serán respetados... ahora si se producen casos fuera de la ley... es un asunto policial". Asimismo especificó que aún cuando el suceso ocurrió en un ámbito militar, se trataba de un asunto civil de delincuentes comunes. Esta última declaración seguramente debe haber agradado al teniente general Carcagno en momentos en que busca desligar a su fuerza de los problemas políticos y, según todo lo indica, considera que el mantenimiento de la tranquilidad nacional corre por cuenta del poder civil.
Ya están superados los tiempos en los cuales Perón consideraba — como en el documento que en 1971 envió al Congreso de la Federación Nacional de Estudiantes en Rosario—, especialmente importantes a "nuestras formaciones especiales y su forma de operar"* Entonces su objetivo era crear las condiciones para la toma del poder; ahora, en cambio, necesita gobernar un país que, como lo demostró el 23, está cansado de esa misma violencia. En cierto modo, Perón ganó por cansancio, agotando a todos los gobiernos anti o no peronistas posteriores a 1955, explotando dos circunstancias favorables: la enorme capacidad de maniobra que otorga el exilio y la insatisfacción popular que esos gobiernos produjeron.
Pero ya en el poder, las formaciones especiales peronistas y extraperonistas son molestas, y su acción resulta contraria a la gran estrategia. De allí que ahora sean calificadas como "contrarrevolucionarias", para salvar la imagen de revolucionario que él necesita conservar frente a los sectores juveniles. Y entonces, quienes no se encuadran dentro de la línea Perón-Gobierno, no pueden ser otra cosa que delincuentes comunes.
De allí también la crispación oficial frente a la extorsión de que fue víctima el matutino Clarín, obligado a publicar tres "solicitadas" del grupo ERP 22 de Agosto, a poco del copamiento del Comando de Sanidad, el 11 de setiembre, a cambio de la vida de su apoderado, La primera ofrecía un apoyo táctico a la fórmula Perón-Perón, pero la segunda amenazaba con tomar represalias si no se investiga la matanza de Trelew. y la tercera era simplemente un insulto al diputado que ocupa la Presidencia de la Nación, al ministro López Rega, y por extensión a las fuerzas de seguridad.
Fue mucho más de lo que podía aceptar el viejo líder justicialista y también los sectores más duros de su ala derecha, quienes después del 20 de junio pasaron a tomar la iniciativa dentro del movimiento. En última instancia, fueron ellos los destinatarios de tales denuestos; el hecho fue que pocas horas después, una banda armada asoló las dependencias del diario e hirió a una nenita del barrio. A pesar de que la policía había detenido a por lo menos uno de los atacantes —que manifestó tener relaciones con dirigentes de la UOM—, más tarde se afirmó que no había detenidos; tampoco se encontraron los culpables del atentado contra la oficina de Clarín en Rosario.
A ello se añadieron manifestaciones de Perón que casi parecieron justificar el atentado contra el diario —por lo menos puso tal acción en el mismo plano que la acción guerrillera que provocó la situación— y una llamada de atención al matutino "por haberse dejado extorsionar". De hecho fue un retorno a la doctrina Onganía. de no negociar con secuestradores a ningún precio. Lo más inquietante fue que el Gobierno no atinara a cursar a la Justicia el posible delito cometido por las autoridades del diario, asumiendo de esta manera el papel de juez y parte; lo más importante fue que este hecho creó una sensación que sin duda el Gobierno quería excitar: la de falta de seguridad pública, casi una oficialización de la violencia para contestar la violencia.

La onda chilena
Una tragedia latinoamericana el golpe de Estado contra el Gobierno de la Unidad Popular en Chile, diluyó parcialmente los efectos negativos del episodio Clarín. La falta de información y las versiones sobre la destrucción y muertes acaecidas en Santiago otorgaron al tema una pátina de horror que casi ocultó los problemas nacionales. Para la izquierda fue un eslabón más de la cadena con que el imperialismo buscaría aislar al actual proceso argentino. De hecho, fue un problema grave para la política exterior argentina y que evidentemente remarcó el viraje hacia la derecha del oficialismo.
Con la caída de Salvador Allende el área sudamericana adquirió un homogéneo cariz derechista — que el régimen militar peruano no lo modifica—, y en tal marco, la Argentina no podía hacer menos que reconocer en seguida la nueva situación chilena. Pero lo más importante fue la influencia que ejerció sobre los argentinos que debían votar el 23 de setiembre: para los derechistas apareció Perón como el candidato con mejores posibilidades de constituir un Gobierno centrista, con los suficientes gestos reformistas para neutralizar las expectativas izquierdistas de algunos sectores; para los izquierdistas, Perón volvió a surgir como la única posibilidad para dirigir un proceso de cambio no irritativo. Esta ambigüedad se reflejó en las declaraciones efectuadas a un periodista de Il Giornale D'Italia: "No está justificado el temor de quienes piensan que en la Argentina... la situación vaya a degenerar en una forma de marxismo como la instaurada en Santiago por Allende, miserable y sangrientamente
terminada". Condenaba tanto a Allende como a quienes lo derrocaron.

El futuro posible
Perón nunca aspiró a hacer socialismo, sólo quiere hacer peronismo, una forma de populismo distributivo que, más allá de lo que puedan pensar los ideólogos, es lo que quiere también la mayoría de sus votantes. Según se conjeturó en vísperas del 20 de junio, Perón necesitaba encuadrar a su ala izquierda y después encuadrar al sector derechista, especialmente la gremial; la única forma de lograr la capacidad de maniobra deseada. Tampoco quiso designar un delfín que pudiera hacerle sombra, o fuera utilizado por un sector para predominar en el abanico de tendencias. Por eso la candidatura vicepresidencial de Isabelita significa todo el poder a Perón; los otros movimientos, como las versiones sobre la posible fórmula Perón-Balbín o la promesa de articular un Consejo de Estado, sólo aparecen como pasos tácticos para lograr la mayor cantidad de apoyo posible para terminar con la experiencia Cámpora o desdibujar las figuras de los adversarios en los comicios. Asegurado el triunfo, la naturaleza de las cosas hace más factible la constitución de un Gobierno monocolor, a pesar de los intentos del ministro Gelbard por fortalecer las relaciones con los radicales para asegurar su posición en el frente interno.
Dentro de este esquema posible se encuentran la ley de reincorporaciones de los militares dados de baja y el proyecto de ley por el cual se quita a los empleados públicos su estabilidad. La primera medida cayó tan mal en los cuadros castrenses actuales, que debió fijarse en su reglamentación sólo el estudio de las reincorporaciones al servicio activo que fueran propuestas por los ahora comandantes generales; la otra parece destinada a asegurar la lealtad de la burocracia estatal al oficialismo. Tanto es así que hasta el propio sindicato, la Unión Personal Civil de la Nación, admitió en una solicitada el presunto derecho del Estado para "revisar las injustas designaciones y promociones realizadas durante el período posterior al 16 de setiembre de 1955".
Sin embargo, el problema más importante a sortear es la cuestión económica; no puede haber mejor distribución de la renta si no hay mayor producción. El no haber hecho esto condujo al Gobierno de Allende, en Chile, al fracaso económico que lo debilitó fatalmente. Por ello Perón necesita dentro de su esquema las inversiones extranjeras, algo que no suele agradar a las izquierdas; por lo pronto, durante la asamblea del Fondo Monetario en Nairobi, el presidente del Banco Central, Alfredo Gómez Morales, admitió que se están negociando empréstitos de hasta 300 millones de dólares.
Resulta claro que dentro de este cuadro mal cuajan las autoridades de las universidades, especialmente la de Buenos Aires, cuyo rector y decanos debieron irse y poner todos sus cargos a disposición del ex y futuro Presidente. Es de suponer que para el 12 de octubre la administración de Lastiri preparará el terreno sobre el cual Perón erigirá su Gobierno de seguro signo centropopulista. A la futura administración corresponderá cumplir las promesas efectuadas a las provincias por el Presidente provisional en los viajes realizados durante la campaña comicial y, lo más importante, satisfacer los anhelos de paz social de quienes le dieron el triunfo del 23 de setiembre. Una tarea nada liviana.

-Silencios -
LA MUERTE DE RUCCI
DESDE que Rosendo García, uno de los númenes de la Unión Obrera Metalúrgica, fuera acribillado a balazos en una confitería del centro de Avellaneda el 14 de mayo de 1966. los dirigentes sindicales comenzaron a vivir preocupados por su seguridad personal. Sin embargo, de poco le valieron a José Rucci sus custodios, pues en la mañana del 25 de setiembre último —apenas 48 horas después de celebrar el triunfo electoral de su partido— también caía abatido por una lluvia de balas en el medio de la calle, junto a su Torino rojo.
En el ínterin, otros cuatro sindicalistas fueron víctimas de atentados parecidos. Augusto Timoteo Vandor, uno de los más notables rebeldes del peronismo, murió perforado por dos descargas de metralletas el 30 de junio de 1969 al mediodía, en su propio despacho de la UOM. Catorce meses después, el 27 de agosto de 1970, en la esquina de Santos Dumont y Zapata, una encerrona de automóviles bloqueó el paso de José Alonso — secretario de FONIVA— y permitió un asesinato a pleno sol.
Otros tres sindicalistas fueron asesinados en circunstancias parecidas: Marcelino Mansilla; Dirck Henry Kloosterman y Julián Moreno. Pero la muerte de Rucci, a la que siguió pocas horas después la del joven militante peronista Enrique Grymberg, puso un acento distinto en el panorama político actual. Su condición de secretario general de la CGT y la tremenda influencia que ejercía en las altas esferas del poder peronista, habían convertido a Rucci en un personaje de relieve. Apenas conocido su asesinato, el jefe de la Policía Federal anunció que "el ERP se atribuía la responsabilidad del crimen", y que la noticia se había recibido telefónicamente en una comisaría. Poco después comenzaron a circular otras versiones diferentes, hasta que el diario El Mundo se atrevió a publicar un "comunicado del ERP" desmintiendo esa información, mientras el noticiero de Canal 9 difundía la misma primicia. Sin que mediara acción judicial alguna, ambos medios fueron severamente sancionados "por divulgar parcialmente un comunicado de la organización declarada ilícita por el decreto Nº 1.474/73" (el decreto fue firmado el día antes del asesinato), y el Poder Ejecutivo aplicó 48 horas de suspensión total de emisiones a Canal 9 y clausuró las ediciones del diario El Mundo.
Tras esos episodios, ningún medio de información se animó a volver sobre el tema. Todos prefirieron aceptar la versión oficial: "Rucci fue asesinado por el ERP".

Revista Redacción
10/1973