Avda. 9 de Julio
Temores y argucias:
Diez manzanas bajo la sombra de la piqueta
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En la pasada semana, ya era posible trazar un
balance de la guerra de nervios, librada desde
diciembre último entre la Municipalidad de la
Capital y los habitantes de la zona por donde
debe prolongarse, hacia el sur, la avenida
Nueve de Julio.
Durante los últimos meses, la Municipalidad inició juicios de expropiación, hizo compras directas de fincas de la zona (cuando los propietarios se avinieron a vender por alrededor del 70 por ciento del valor real) y, reiteradamente, anunció que era inminente el comienzo de las demoliciones. Los habitantes de la zona amenazada —unos 15 mil, según estimaciones—, desde desocupados hacinados en conventillos hasta comerciantes varias veces millonarios desataron la campaña de resistencia; "Aunque en la zona condenada (unas diez manzanas, entre Bernardo de Irigoyen y Lima, desde Belgrano hasta Brasil) hay comercios que facturan cerca de dos millones mensuales —explicó un funcionario municipal—, el promedio de los alquileres no llega a los quinientos pesos por mes. Ellos azuzan a las gentes de los conventillos, que son sus deudores crónicos; si pudieran, tomarían las armas para resistirse a las cuadrillas de demolición".
Pero en los últimos días los técnicos municipales ya parecían resignados a dejar la piqueta en un rincón, a la espera del nuevo gobierno. Ni siquiera se habían comenzado a demoler las instalaciones hasta ahora ocupadas por la Dirección Municipal de Tránsito, en Belgrano y Bernardo de Irigoyen, porque las nuevas oficinas de la repartición no estaban listas para el traslado.
En secreto, algunos altos funcionarios explicaban que sólo se había querido "sacudir un poco" a los 15 mil habitantes de la zona. "Hemos hecho un censo —dijeron los informantes— y se ha comprobado que, si bien hay allí gente muy pobre, hay también familias de hasta diez personas, con ingresos de 30 ó 35 mil pesos mensuales, que viven en una pieza. No hay más remedio que ponerlos entre la espada y la pared".
"Yo ya lo sabía —dijo por su parte el padre Vicente Garone, párroco de Montserrat—; el intendente me había prometido, en mayo pasado, no arrojar a la calle a los pobrecitos de los conventillos. Los ricos no me preocupan; pero hay que pensar que hay allí desocupados, enfermos, jubilados que no cobran, familias recién llegadas del interior ... No hay que guiarse sólo por los números. Vaya, métase en los conventillos, mire y huela: allí está la otra cara de la verdad."
Una inspección ocular hecha por redactores de PRIMERA PLANA dio en buena medida la razón al sacerdote.
Aunque, según los historiadores municipales, los primeros antecedentes del proyecto de la avenida Nueve de Julio se remontan a 1889 —la primera ley sobre el tema, Nº 8855, se dictó el 30 de enero de 1912—, de entonces a ahora, las condiciones de vida en la zona han variado sólo para empeorar.
El tugurio más sórdido de la zona es, tal vez, el de Bernardo de Irigoyen 473. Es un destartalado edificio de tres plantas, donde se amontonan más de 350 personas —en su mayoría niños —, en habitaciones subdivididas hasta lo inverosímil. El inmueble ha sido ya expropiado por la Municipalidad, y nadie allí paga alquiler; en cambio, las "habitaciones" se transfieren por veinte o treinta mil pesos cada una. Hace tres meses, la familia del mozo Vladi Marino, salteño, de 27 años, pagó 35.000 pesos de llave por una pieza de cuatro metros por cuatro, sin derecho a cocina (15.000 al contado y el resto en cuotas).
Los vecinos sostienen que algunos habitantes de los conventillos "están tratando de salir de esto, los pobres". Pero en una semana de investigación, los reporteros sólo pudieron detectar un caso positivo: la familia Abregú, que paga 110 pesos mensuales por una pieza en Lima 446. El padre, que era inspector en Transportes de Buenos Aires, se inscribió hace un año para optar a uno de los departamentos que ahora construye la Municipalidad. Pagó 30 mil pesos iniciales y después cuotas de 5.800, que ahora le fueron elevadas a 7.000. A fin de año deberá pagar otros 40 mil, y está aterrorizado por la sombra de la piqueta: su nuevo departamento sólo estará listo dentro de 30 meses.
Pero la mayoría son casos para los cuales no se entrevé, solución fácil. Ángel Salinas, gastronómico, ganaba 6.000 pesos mensuales hasta que hace cuatro semanas fue suspendido. Se casó hace un año; comparte una pieza con su hermano, también casado. La lista podría ser interminable: Olga Mendoza, boliviana, de 50 años, ocupa una pieza con su hija, separada del marido. Gana cuatro mil pesos mensuales planchando sábanas, y ahora busca trabajo como cocinera; también debe sostener a una hijita de dos años, internada en un hogar-escuela.
La única excepción de la zona es el edificio de departamentos de México 1056, varios pisos de amplios ambientes que dan a un jardín. Los vecinos pagan alquileres que oscilan entre mil y diez mil pesos mensuales, según la antigüedad de la locación.
"La otra cara de la verdad" señalada por el padre Garone no escapa a quienes deben enfrentar el problema. Francisco Rabanal, encargado por el presidente electo de estudiar los problemas municipales, dijo a PRIMERA PLANA que el nuevo gobierno encarará la prolongación de la avenida Nueve de Julio "por lo menos hasta Independencia", y el ensanche de Independencia desde Entre Ríos hasta Paseo Colón, pero "nada de manu militare: primero hay que levantar viviendas para los desalojados".
De quienes más esperan las autoridades — "y el resto de la ciudad, que no puede ser "taponada" por unos pocos miles de personas desaprensivas", según dijo un concejal electo—, es de los prósperos comerciantes de la zona.
En muchos casos, están ellos en inmejorables condiciones si se los compara con los comerciantes de otras zonas de la capital; José Villanueva, por ejemplo, que vende repuestos de refrigeradores en Bernardo de Irigoyen 427, tiene un capital declarado de 410 mil pesos y hace 14 años, cuando se instaló, pagó 35 mil pesos de llave por un local de 12 metros por 6. Hace dos años invirtió 220 mil pesos en mejoras, pero su alquiler actual sólo asciende a 650 mensuales.
Sin embargo, se advierte que los comerciantes son, en rigor, quienes menos temen a la piqueta. Oscar Ruiz, con fábrica de armarios en Lima al 400 (1.500 pesos mensuales de alquiler que paga a la Municipalidad, porque el edificio ya ha sido expropiado) comenzó hace dos semanas a invertir más de medio millón refecciones. "Claro, si la demolición legara —razona Ruiz — sería un desastre; pero, francamente, no creo."
17 de setiembre de 1963.
PRIMERA PLANA
Durante los últimos meses, la Municipalidad inició juicios de expropiación, hizo compras directas de fincas de la zona (cuando los propietarios se avinieron a vender por alrededor del 70 por ciento del valor real) y, reiteradamente, anunció que era inminente el comienzo de las demoliciones. Los habitantes de la zona amenazada —unos 15 mil, según estimaciones—, desde desocupados hacinados en conventillos hasta comerciantes varias veces millonarios desataron la campaña de resistencia; "Aunque en la zona condenada (unas diez manzanas, entre Bernardo de Irigoyen y Lima, desde Belgrano hasta Brasil) hay comercios que facturan cerca de dos millones mensuales —explicó un funcionario municipal—, el promedio de los alquileres no llega a los quinientos pesos por mes. Ellos azuzan a las gentes de los conventillos, que son sus deudores crónicos; si pudieran, tomarían las armas para resistirse a las cuadrillas de demolición".
Pero en los últimos días los técnicos municipales ya parecían resignados a dejar la piqueta en un rincón, a la espera del nuevo gobierno. Ni siquiera se habían comenzado a demoler las instalaciones hasta ahora ocupadas por la Dirección Municipal de Tránsito, en Belgrano y Bernardo de Irigoyen, porque las nuevas oficinas de la repartición no estaban listas para el traslado.
En secreto, algunos altos funcionarios explicaban que sólo se había querido "sacudir un poco" a los 15 mil habitantes de la zona. "Hemos hecho un censo —dijeron los informantes— y se ha comprobado que, si bien hay allí gente muy pobre, hay también familias de hasta diez personas, con ingresos de 30 ó 35 mil pesos mensuales, que viven en una pieza. No hay más remedio que ponerlos entre la espada y la pared".
"Yo ya lo sabía —dijo por su parte el padre Vicente Garone, párroco de Montserrat—; el intendente me había prometido, en mayo pasado, no arrojar a la calle a los pobrecitos de los conventillos. Los ricos no me preocupan; pero hay que pensar que hay allí desocupados, enfermos, jubilados que no cobran, familias recién llegadas del interior ... No hay que guiarse sólo por los números. Vaya, métase en los conventillos, mire y huela: allí está la otra cara de la verdad."
Una inspección ocular hecha por redactores de PRIMERA PLANA dio en buena medida la razón al sacerdote.
Aunque, según los historiadores municipales, los primeros antecedentes del proyecto de la avenida Nueve de Julio se remontan a 1889 —la primera ley sobre el tema, Nº 8855, se dictó el 30 de enero de 1912—, de entonces a ahora, las condiciones de vida en la zona han variado sólo para empeorar.
El tugurio más sórdido de la zona es, tal vez, el de Bernardo de Irigoyen 473. Es un destartalado edificio de tres plantas, donde se amontonan más de 350 personas —en su mayoría niños —, en habitaciones subdivididas hasta lo inverosímil. El inmueble ha sido ya expropiado por la Municipalidad, y nadie allí paga alquiler; en cambio, las "habitaciones" se transfieren por veinte o treinta mil pesos cada una. Hace tres meses, la familia del mozo Vladi Marino, salteño, de 27 años, pagó 35.000 pesos de llave por una pieza de cuatro metros por cuatro, sin derecho a cocina (15.000 al contado y el resto en cuotas).
Los vecinos sostienen que algunos habitantes de los conventillos "están tratando de salir de esto, los pobres". Pero en una semana de investigación, los reporteros sólo pudieron detectar un caso positivo: la familia Abregú, que paga 110 pesos mensuales por una pieza en Lima 446. El padre, que era inspector en Transportes de Buenos Aires, se inscribió hace un año para optar a uno de los departamentos que ahora construye la Municipalidad. Pagó 30 mil pesos iniciales y después cuotas de 5.800, que ahora le fueron elevadas a 7.000. A fin de año deberá pagar otros 40 mil, y está aterrorizado por la sombra de la piqueta: su nuevo departamento sólo estará listo dentro de 30 meses.
Pero la mayoría son casos para los cuales no se entrevé, solución fácil. Ángel Salinas, gastronómico, ganaba 6.000 pesos mensuales hasta que hace cuatro semanas fue suspendido. Se casó hace un año; comparte una pieza con su hermano, también casado. La lista podría ser interminable: Olga Mendoza, boliviana, de 50 años, ocupa una pieza con su hija, separada del marido. Gana cuatro mil pesos mensuales planchando sábanas, y ahora busca trabajo como cocinera; también debe sostener a una hijita de dos años, internada en un hogar-escuela.
La única excepción de la zona es el edificio de departamentos de México 1056, varios pisos de amplios ambientes que dan a un jardín. Los vecinos pagan alquileres que oscilan entre mil y diez mil pesos mensuales, según la antigüedad de la locación.
"La otra cara de la verdad" señalada por el padre Garone no escapa a quienes deben enfrentar el problema. Francisco Rabanal, encargado por el presidente electo de estudiar los problemas municipales, dijo a PRIMERA PLANA que el nuevo gobierno encarará la prolongación de la avenida Nueve de Julio "por lo menos hasta Independencia", y el ensanche de Independencia desde Entre Ríos hasta Paseo Colón, pero "nada de manu militare: primero hay que levantar viviendas para los desalojados".
De quienes más esperan las autoridades — "y el resto de la ciudad, que no puede ser "taponada" por unos pocos miles de personas desaprensivas", según dijo un concejal electo—, es de los prósperos comerciantes de la zona.
En muchos casos, están ellos en inmejorables condiciones si se los compara con los comerciantes de otras zonas de la capital; José Villanueva, por ejemplo, que vende repuestos de refrigeradores en Bernardo de Irigoyen 427, tiene un capital declarado de 410 mil pesos y hace 14 años, cuando se instaló, pagó 35 mil pesos de llave por un local de 12 metros por 6. Hace dos años invirtió 220 mil pesos en mejoras, pero su alquiler actual sólo asciende a 650 mensuales.
Sin embargo, se advierte que los comerciantes son, en rigor, quienes menos temen a la piqueta. Oscar Ruiz, con fábrica de armarios en Lima al 400 (1.500 pesos mensuales de alquiler que paga a la Municipalidad, porque el edificio ya ha sido expropiado) comenzó hace dos semanas a invertir más de medio millón refecciones. "Claro, si la demolición legara —razona Ruiz — sería un desastre; pero, francamente, no creo."
17 de setiembre de 1963.
PRIMERA PLANA