Panorama
Nacional
La primera semana de Arturo Illía
La primera semana de Arturo Illía
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Para juzgar la primera semana de gobierno del
presidente Illia, los observadores de Buenos
Aires no dejaban de efectuar divertidas
comparaciones con el gobierno del doctor
Frondizi. Pensaron así, los últimos días, que
una sola de las diversas iniciativas tomadas
por Arturo Illia hubiera bastado para hacer
temblar los cimientos del gobierno de Arturo
Frondizi: acto peronista celebrando el 17 de
octubre en la plaza Once de Buenos Aires y en
muchas ciudades del interior; intentos de
alterar la estabilidad militar mediante las
reincorporaciones de oficiales retirados;
dificultades en las relaciones con los Estados
Unidos.
Al mismo tiempo, no se dejaba de señalar que, de todos modos, Arturo Illia en ningún momento había caído en alguno de los dos abismos que hay a los lados del filo de la navaja sobre la cual se está moviendo con cierta habilidad. La actividad peronista puede constituir un detonante más adelante, en caso de movimientos masivos dirigidos por Framini que signifiquen huelgas generales o violencias agresivas a partir de alguna huelga importante.
Las reincorporaciones militares, se estima, serán realizadas de común acuerdo con los secretarios de las Fuerzas Armadas, y que incluirán exclusivamente a oficiales de baja graduación; la decisión final sobre cada caso estará en manos de los mismos secretarios o comandantes en jefe.
Un problema inmediato
Es así que, en lo inmediato, el problema más agudo que posiblemente afronte el gobierno radical del Pueblo es el de las relaciones con los Estados Unidos.
Si bien no tuvo estado público, Arturo Illia mantuvo una entrevista —y sus asesores y colaboradores más de una— con un enviado especial del presidente Kennedy que vino un poco disimulado dentro de la delegación norteamericana a la transmisión del mando. Se trata de Ralph Dungan, asistente especial de la Casa Blanca para asuntos interamericanos.
La tesis de Kennedy parece ser la siguiente: En su lucha con el Congreso de los Estados Unidos para obtener mayores fondos de ayuda a América latina, afronta siempre un argumento sustancial: algunos países latinoamericanos, si bien solicitan ayuda para obras de transformación económica, al mismo tiempo se niegan a ofrecer condiciones adecuadas para las inversiones privadas. Sin las inversiones privadas, fuente permanente de capitales, los fondos públicos no pueden ser decisivos en el desarrollo de una economía de abundancia.
En este sentido se expresó Ralph Dungan en su entrevista personal con Arturo Illia, expresándole que Kennedy esperaba del gobierno argentino que no tomara iniciativas que pudieran perjudicar seriamente los planes de la Alianza para el Progreso o de la política de ayuda al exterior de la Casa Blanca. Los senadores norteamericanos están presionando al Congreso para que adopte medidas drásticas en caso de que algún gobierno latinoamericano salga de la órbita de la justicia en su tratamiento a las compañías norteamericanas. Esas medidas serán, inevitablemente, la suspensión de la ayuda pública. Será muy difícil para Kennedy en ese caso explicar a la opinión de su país que los impuestos que pagan son enviados a zonas que al mismo tiempo rechazan las inversiones privadas.
La política petrolera
En la conversación de Dungan con Illia no se hizo referencia específica a ningún caso en especial, pero en la mente de ambos se hallaba presente el problema de los contratos de YPF con las compañías petroleras. Hasta el momento, circulan innumerables versiones sobre la forma definitiva que dará el gobierno a su política petrolera. Se sabe que las compañías han solicitado que, antes de tomar una medida, se discuta el tema con ellas, cosa que Arturo Illia aceptó en principio en conversaciones con los representantes de una empresa. Al mismo tiempo, esperan que la justicia tome cartas en el asunto y se respeten las cláusulas de los contratos en caso de anulación. Por su parte, el gobierno argentino, por boca del vicepresidente Perette en la mayoría de los casos, sólo ha hecho saber que la anulación es inevitable, pero no abundó en detalles sobre el carácter de esa medida, ya que los contratos son todos diferentes.
Hacia el fin de semana, circulaba con insistencia la versión de que la actitud del gobierno se orientaría en tres sentidos para calificar a los contratos: 1) contratos inconvenientes para la economía nacional e ilegales; 2) contratos inconvenientes pero legales; 3) contratos convenientes y legales.
Se supo asimismo que por lo menos dos senadores norteamericanos, Hickenlooper y Fullbrigth se preparan para hablar en el Capitolio de Washington sobre el tema.
__________
Conducción
Asuntos económicos que Blanco no maneja
El jueves por la tarde, el doctor Eugenio Blanco, ante el asedio periodístico, terminaba por confesar que el problema de los contratos petroleros no estaba en sus manos, sino en el nivel presidencial. "No tengo nada que ver con eso", dijo, admitiendo que por primera vez en muchos años ejercería un ministerio de Economía no pleno, sino reservado a unas pocas materias, preferentemente las vinculadas con el presupuesto.
Existían otras evidencias acerca de este fenómeno: en el curso de la semana, los expertos del Consejo Nacional de Desarrollo (CND) entregaban al doctor Illia, y no a Blanco, el programa económico de emergencia que aquél les solicitara y que esbozara a grandes rasgos en su mensaje al Congreso. La relación entre Illia y el titular del Consejo Nacional de Desarrollo, doctor Manuel San Miguel, había quedado inaugurada desde antes de la asunción del nuevo gobierno y comenzado a funcionar de manera efectiva.
Continuidad y presiones
En aquel momento, el doctor José A. Martínez de Hoz (h.) había encarado la reestructuración del Consejo, y en su proyecto lo hacía dejar de depender de la Presidencia, transfiriendo su supervisión al ministerio de Economía. El doctor Illia, en consulta con el propio San Miguel, rechazó esa reforma y lo comunicó así a Martínez de Hoz, por lo que el decreto definitivo obvió esa cláusula y dejó al CND dependiendo de la Presidencia de la Nación.
El doctor Illia comentó entonces que necesitaba al Consejo cerca porque sus técnicos le serían muy útiles para analizar y definir problemas y soluciones económicas. A pesar de que no lo dijo, también se advirtió que le interesaba mantener una continuidad con el gobierno Guido en ese plano técnico. Esta es la única continuidad civil del gabinete Illia con el equipo anterior al 12 de octubre pasado.
Hasta tal punto gravitaba ese deseo en el ánimo del presidente, que desoyó las presiones de grupos partidarios para que el cargo de San Miguel, que es el de vicepresidente en un cuerpo donde el presidente (el ministro de Economía) es casi decorativo, fuera reemplazado por correligionarios como Bernardo Grispun y Roque Carranza. Pero finalmente se decidió que estas dos destacadas figuras ocuparían cargos en el organismo, aunque dependientes de la vicepresidencia: Grispun sería el secretario ejecutivo (su designación como director del Banco Central no anula esta posibilidad) y Carranza, actualmente contratado por la CEPAL en Santiago de Chile, asumiría el mes próximo la secretaría técnica o la presidencia del grupo de planificación del Consejo de Desarrollo.
Entretanto, se conocían algunos aspectos del informe que obra ya en poder del presidente Illia y que dará pie a la ejecución de un plan a corto plazo para la reactivación industrial, que si bien tuvo en cuenta las recomendaciones del grupo de Moyano Llerena, lo hace tomando sólo algunos aspectos parciales del mismo.
Los índices de un plan
El punto principal de ese programa es el referente a una expansión moderada y selectiva del crédito, cuidando de que no lleve a efectos inflacionarios; el sistema tendrá que ser así muy articulado y flexible.
Como otros informes, también éste pone el acento en la vulnerabilidad del sector externo, que es la conclusión a que se llega al cabo de la profundizaron de diferentes análisis: el país tiene una crecida deuda en dólares, y este fenómeno y la previsible expansión de medios de pagos que pudiera producirse llevando el tipo de cambio a niveles más altos hacen necesario un saneamiento inmediato de la balanza comercial, para conseguir un saldo positivo que compense las otras partidas negativas de la balanza de pagos.
La contracción de las importaciones — fenómeno que se produjo en los últimos meses— no es deseable, por la estructura de las mismas: en estos momentos, la Argentina no es importadora de bienes de consumo, sino de materias primas, productos intermedios y equipos industriales. Sólo se puede prescindir de ellos en la medida en que vayan sustituyéndose por la producción nacional. Lo contrario conduce necesariamente a la retracción.
En cuanto al incremento de las exportaciones, se sabe que las tradicionales del sector agropecuario no pueden expandirse rápida y elásticamente. Por eso se tratará de fomentar la exportación de productos manufacturados, con los que se espera obtener en los próximos años unos doscientos millones de dólares anuales.
______
Justicia
Radicales del Pueblo recelan de la Corte
En los medios jurídicos se hacía la semana pasada el siguiente chiste: "De una u otra manera, los radicales del Pueblo se encuentran con que ya tienen organizados tres de los cuatro poderes del Estado el Ejecutivo, el Legislativo y el Militar. Controlan el Ejecutivo; del Legislativo tienen el Senado y, con los partidos amigos, pueden tener mayoría en la Cámara de Diputados; no pudieron poner amigos incondicionales suyos en la cúspide del poder Militar. Ahora les queda ver qué hacen con el Poder Judicial."
Desde el 7 de julio habían circulado versiones de que los radicales del Pueblo no se encontraban muy tranquilos con respecto a la actual composición de la Corte Suprema de Justicia. Algunos, como Héctor Bergalli, llegaron a proponer un juicio político a sus miembros; la mayoría, sin embargo, se inclinaba por soluciones más razonables. Pero lo cierto es que muchos integrantes del oficialismo se están planteando ahora si la Corte no resultará finalmente un obstáculo para muchas decisiones que se propone tomar el gobierno. El ejemplo clásico que exponen en ese sentido es la eventual actitud del tribunal superior cuando deba considerar medidas tales como la posible anulación por decreto de los contratos petroleros, ya que nadie duda de que las compañías afectadas recurrirán al alto cuerpo.
Una encuesta entre figuras vinculadas a la actividad judicial daba, en ese sentido, el siguiente esquema sobre la actual composición de la Corte Suprema de Justicia:
• Benjamín Villegas Basavilbaso: Es el actual presidente del cuerpo. Tiene 78 años y posee mucho prestigio en el ambiente judicial. Pese a su edad, se lo considera de mentalidad moderna. Es un defensor del principio de autoridad estatal en todo sistema. Es apolítico.
• Aristóbulo Aráoz de Lamadrid: De filiación radical intransigente, amigo personal de Arturo Frondizi.
• Luis María Boffi Boggero: Civilista, de posición política liberal, amigo de los radicales del Pueblo. Se comenta que no mantiene buenas relaciones personales con los otros ministros de la Corte.
• Pedro Aberastury: Liberal, de origen demoprogresista, amigo de los radicales del Pueblo.
• Ricardo Colombres: No tiene militancia política, pero está vinculado con el aramburismo y el frondizismo.
• Esteban Ymaz: Viejo funcionario judicial de carrera; los expertos lo consideran un jurista excepcional. Partidario firme del principio de autoridad estatal, es prácticamente quien orienta ahora la política judicial de la Corte. Apolítico.
• José F. Bidau: Se lo considera muy eficaz para el trabajo rutinario de la Corte. Está ligado a la Revolución Libertadora. A la caída de Frondizi, fue designado ministro de la Corte por decreto cuando renunció Julio Oyhanarte.
Este cuadro permitía a los expertos extraer la siguiente conclusión con respecto al posible estado de las relaciones entre la Corte y el Poder Ejecutivo:
• Sólo dos de los ministros tienen clara afinidad con los radicales del Pueblo (Boffi Boggero y Aberastury). Un tercero puede respaldar ciertas medidas, pero su actitud es imprevisible en todo lo relativo a política económica (Bidau).
• Dos ministros simpatizan con el frondizismo (Aráoz de Lamadrid y Colombres).
• De los dos restantes, uno es el presidente de la Corte y el otro es Ymaz, partidario del principio de autoridad estatal que difícilmente se preste a un juego contra los radicales del Pueblo, pero en quien éstos tampoco pueden confiar incondicionalmente.
Algunos de los asesores del gobierno consideran así que existe demasiado margen de inseguridad como para poder confiar en que la Corte Suprema no se convertirá en un obstáculo para ciertas medidas oficiales. Descartada la posibilidad de un juicio político, quedan al gobierno solamente dos caminos para reforzar su predominio en el alto cuerpo, y esos dos caminos no sólo no son excluyentes sino que han sido propuestos como complementarios:
• Los radicales del Pueblo pueden utilizar su mayoría en el Senado para reemplazar a José F. Bidau, ya que éste fue nombrado por decreto y no tiene acuerdo de la Cámara Alta. No es necesario aquí el juicio político: basta con que el Senado no preste acuerdo para su designación. Sin embargo, Bidau no es uno de los hombres de los cuales las radicales del Pueblo piensen que pueda crearles especiales problemas.
• El Poder Ejecutivo puede ampliar el número de miembros de la Corte, designando a firmes partidarios de su política. Es la solución que finalmente había encontrado Franklin Delano Roosevelt cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos impugnaba sistemáticamente las medidas del "New Deal". También Frondizi recurrió a ese arbitrio, cuando aumentó de cinco a siete el número de miembros del alto tribunal.
Para el caso de que el Poder Ejecutivo se decida por esta solución, se admite generalmente que el número de miembros será elevado a nueve. Y ya circulan en los ambientes oficiales los nombres de los dos nuevos ministros de la Corte que, en ese caso, serían designados por el Poder Ejecutivo y recibirían luego el acuerdo del Senado: uno es el cordobés Pedro León, que "misteriosamente" quedó sin que se le adjudicara ningún cargo en el gobierno, pese a tratarse de un hombre de la confianza personal de Illia y haber sido mencionado como posible ministro de Economía o secretario de Hacienda; otro es el doctor Rafael Bielsa, conocido jurista, profesor universitario, que poco tiempo antes de las elecciones hizo conocer públicamente los motivos por los cuales se afilió a la Unión Cívica Radical del Pueblo. Con respecto a Bielsa, sin embargo, algunos insinúan que puede existir un problema suplementario: mantiene una vieja rivalidad con varios de los ministros de la Corte. Sin embargo, Bielsa está actualmente trabajando en algunas ideas suyas sobre una reestructuración funcional de la Corte Suprema de Justicia.
22 de octubre de 1963
PRIMERA PLANA
Al mismo tiempo, no se dejaba de señalar que, de todos modos, Arturo Illia en ningún momento había caído en alguno de los dos abismos que hay a los lados del filo de la navaja sobre la cual se está moviendo con cierta habilidad. La actividad peronista puede constituir un detonante más adelante, en caso de movimientos masivos dirigidos por Framini que signifiquen huelgas generales o violencias agresivas a partir de alguna huelga importante.
Las reincorporaciones militares, se estima, serán realizadas de común acuerdo con los secretarios de las Fuerzas Armadas, y que incluirán exclusivamente a oficiales de baja graduación; la decisión final sobre cada caso estará en manos de los mismos secretarios o comandantes en jefe.
Un problema inmediato
Es así que, en lo inmediato, el problema más agudo que posiblemente afronte el gobierno radical del Pueblo es el de las relaciones con los Estados Unidos.
Si bien no tuvo estado público, Arturo Illia mantuvo una entrevista —y sus asesores y colaboradores más de una— con un enviado especial del presidente Kennedy que vino un poco disimulado dentro de la delegación norteamericana a la transmisión del mando. Se trata de Ralph Dungan, asistente especial de la Casa Blanca para asuntos interamericanos.
La tesis de Kennedy parece ser la siguiente: En su lucha con el Congreso de los Estados Unidos para obtener mayores fondos de ayuda a América latina, afronta siempre un argumento sustancial: algunos países latinoamericanos, si bien solicitan ayuda para obras de transformación económica, al mismo tiempo se niegan a ofrecer condiciones adecuadas para las inversiones privadas. Sin las inversiones privadas, fuente permanente de capitales, los fondos públicos no pueden ser decisivos en el desarrollo de una economía de abundancia.
En este sentido se expresó Ralph Dungan en su entrevista personal con Arturo Illia, expresándole que Kennedy esperaba del gobierno argentino que no tomara iniciativas que pudieran perjudicar seriamente los planes de la Alianza para el Progreso o de la política de ayuda al exterior de la Casa Blanca. Los senadores norteamericanos están presionando al Congreso para que adopte medidas drásticas en caso de que algún gobierno latinoamericano salga de la órbita de la justicia en su tratamiento a las compañías norteamericanas. Esas medidas serán, inevitablemente, la suspensión de la ayuda pública. Será muy difícil para Kennedy en ese caso explicar a la opinión de su país que los impuestos que pagan son enviados a zonas que al mismo tiempo rechazan las inversiones privadas.
La política petrolera
En la conversación de Dungan con Illia no se hizo referencia específica a ningún caso en especial, pero en la mente de ambos se hallaba presente el problema de los contratos de YPF con las compañías petroleras. Hasta el momento, circulan innumerables versiones sobre la forma definitiva que dará el gobierno a su política petrolera. Se sabe que las compañías han solicitado que, antes de tomar una medida, se discuta el tema con ellas, cosa que Arturo Illia aceptó en principio en conversaciones con los representantes de una empresa. Al mismo tiempo, esperan que la justicia tome cartas en el asunto y se respeten las cláusulas de los contratos en caso de anulación. Por su parte, el gobierno argentino, por boca del vicepresidente Perette en la mayoría de los casos, sólo ha hecho saber que la anulación es inevitable, pero no abundó en detalles sobre el carácter de esa medida, ya que los contratos son todos diferentes.
Hacia el fin de semana, circulaba con insistencia la versión de que la actitud del gobierno se orientaría en tres sentidos para calificar a los contratos: 1) contratos inconvenientes para la economía nacional e ilegales; 2) contratos inconvenientes pero legales; 3) contratos convenientes y legales.
Se supo asimismo que por lo menos dos senadores norteamericanos, Hickenlooper y Fullbrigth se preparan para hablar en el Capitolio de Washington sobre el tema.
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Conducción
Asuntos económicos que Blanco no maneja
El jueves por la tarde, el doctor Eugenio Blanco, ante el asedio periodístico, terminaba por confesar que el problema de los contratos petroleros no estaba en sus manos, sino en el nivel presidencial. "No tengo nada que ver con eso", dijo, admitiendo que por primera vez en muchos años ejercería un ministerio de Economía no pleno, sino reservado a unas pocas materias, preferentemente las vinculadas con el presupuesto.
Existían otras evidencias acerca de este fenómeno: en el curso de la semana, los expertos del Consejo Nacional de Desarrollo (CND) entregaban al doctor Illia, y no a Blanco, el programa económico de emergencia que aquél les solicitara y que esbozara a grandes rasgos en su mensaje al Congreso. La relación entre Illia y el titular del Consejo Nacional de Desarrollo, doctor Manuel San Miguel, había quedado inaugurada desde antes de la asunción del nuevo gobierno y comenzado a funcionar de manera efectiva.
Continuidad y presiones
En aquel momento, el doctor José A. Martínez de Hoz (h.) había encarado la reestructuración del Consejo, y en su proyecto lo hacía dejar de depender de la Presidencia, transfiriendo su supervisión al ministerio de Economía. El doctor Illia, en consulta con el propio San Miguel, rechazó esa reforma y lo comunicó así a Martínez de Hoz, por lo que el decreto definitivo obvió esa cláusula y dejó al CND dependiendo de la Presidencia de la Nación.
El doctor Illia comentó entonces que necesitaba al Consejo cerca porque sus técnicos le serían muy útiles para analizar y definir problemas y soluciones económicas. A pesar de que no lo dijo, también se advirtió que le interesaba mantener una continuidad con el gobierno Guido en ese plano técnico. Esta es la única continuidad civil del gabinete Illia con el equipo anterior al 12 de octubre pasado.
Hasta tal punto gravitaba ese deseo en el ánimo del presidente, que desoyó las presiones de grupos partidarios para que el cargo de San Miguel, que es el de vicepresidente en un cuerpo donde el presidente (el ministro de Economía) es casi decorativo, fuera reemplazado por correligionarios como Bernardo Grispun y Roque Carranza. Pero finalmente se decidió que estas dos destacadas figuras ocuparían cargos en el organismo, aunque dependientes de la vicepresidencia: Grispun sería el secretario ejecutivo (su designación como director del Banco Central no anula esta posibilidad) y Carranza, actualmente contratado por la CEPAL en Santiago de Chile, asumiría el mes próximo la secretaría técnica o la presidencia del grupo de planificación del Consejo de Desarrollo.
Entretanto, se conocían algunos aspectos del informe que obra ya en poder del presidente Illia y que dará pie a la ejecución de un plan a corto plazo para la reactivación industrial, que si bien tuvo en cuenta las recomendaciones del grupo de Moyano Llerena, lo hace tomando sólo algunos aspectos parciales del mismo.
Los índices de un plan
El punto principal de ese programa es el referente a una expansión moderada y selectiva del crédito, cuidando de que no lleve a efectos inflacionarios; el sistema tendrá que ser así muy articulado y flexible.
Como otros informes, también éste pone el acento en la vulnerabilidad del sector externo, que es la conclusión a que se llega al cabo de la profundizaron de diferentes análisis: el país tiene una crecida deuda en dólares, y este fenómeno y la previsible expansión de medios de pagos que pudiera producirse llevando el tipo de cambio a niveles más altos hacen necesario un saneamiento inmediato de la balanza comercial, para conseguir un saldo positivo que compense las otras partidas negativas de la balanza de pagos.
La contracción de las importaciones — fenómeno que se produjo en los últimos meses— no es deseable, por la estructura de las mismas: en estos momentos, la Argentina no es importadora de bienes de consumo, sino de materias primas, productos intermedios y equipos industriales. Sólo se puede prescindir de ellos en la medida en que vayan sustituyéndose por la producción nacional. Lo contrario conduce necesariamente a la retracción.
En cuanto al incremento de las exportaciones, se sabe que las tradicionales del sector agropecuario no pueden expandirse rápida y elásticamente. Por eso se tratará de fomentar la exportación de productos manufacturados, con los que se espera obtener en los próximos años unos doscientos millones de dólares anuales.
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Justicia
Radicales del Pueblo recelan de la Corte
En los medios jurídicos se hacía la semana pasada el siguiente chiste: "De una u otra manera, los radicales del Pueblo se encuentran con que ya tienen organizados tres de los cuatro poderes del Estado el Ejecutivo, el Legislativo y el Militar. Controlan el Ejecutivo; del Legislativo tienen el Senado y, con los partidos amigos, pueden tener mayoría en la Cámara de Diputados; no pudieron poner amigos incondicionales suyos en la cúspide del poder Militar. Ahora les queda ver qué hacen con el Poder Judicial."
Desde el 7 de julio habían circulado versiones de que los radicales del Pueblo no se encontraban muy tranquilos con respecto a la actual composición de la Corte Suprema de Justicia. Algunos, como Héctor Bergalli, llegaron a proponer un juicio político a sus miembros; la mayoría, sin embargo, se inclinaba por soluciones más razonables. Pero lo cierto es que muchos integrantes del oficialismo se están planteando ahora si la Corte no resultará finalmente un obstáculo para muchas decisiones que se propone tomar el gobierno. El ejemplo clásico que exponen en ese sentido es la eventual actitud del tribunal superior cuando deba considerar medidas tales como la posible anulación por decreto de los contratos petroleros, ya que nadie duda de que las compañías afectadas recurrirán al alto cuerpo.
Una encuesta entre figuras vinculadas a la actividad judicial daba, en ese sentido, el siguiente esquema sobre la actual composición de la Corte Suprema de Justicia:
• Benjamín Villegas Basavilbaso: Es el actual presidente del cuerpo. Tiene 78 años y posee mucho prestigio en el ambiente judicial. Pese a su edad, se lo considera de mentalidad moderna. Es un defensor del principio de autoridad estatal en todo sistema. Es apolítico.
• Aristóbulo Aráoz de Lamadrid: De filiación radical intransigente, amigo personal de Arturo Frondizi.
• Luis María Boffi Boggero: Civilista, de posición política liberal, amigo de los radicales del Pueblo. Se comenta que no mantiene buenas relaciones personales con los otros ministros de la Corte.
• Pedro Aberastury: Liberal, de origen demoprogresista, amigo de los radicales del Pueblo.
• Ricardo Colombres: No tiene militancia política, pero está vinculado con el aramburismo y el frondizismo.
• Esteban Ymaz: Viejo funcionario judicial de carrera; los expertos lo consideran un jurista excepcional. Partidario firme del principio de autoridad estatal, es prácticamente quien orienta ahora la política judicial de la Corte. Apolítico.
• José F. Bidau: Se lo considera muy eficaz para el trabajo rutinario de la Corte. Está ligado a la Revolución Libertadora. A la caída de Frondizi, fue designado ministro de la Corte por decreto cuando renunció Julio Oyhanarte.
Este cuadro permitía a los expertos extraer la siguiente conclusión con respecto al posible estado de las relaciones entre la Corte y el Poder Ejecutivo:
• Sólo dos de los ministros tienen clara afinidad con los radicales del Pueblo (Boffi Boggero y Aberastury). Un tercero puede respaldar ciertas medidas, pero su actitud es imprevisible en todo lo relativo a política económica (Bidau).
• Dos ministros simpatizan con el frondizismo (Aráoz de Lamadrid y Colombres).
• De los dos restantes, uno es el presidente de la Corte y el otro es Ymaz, partidario del principio de autoridad estatal que difícilmente se preste a un juego contra los radicales del Pueblo, pero en quien éstos tampoco pueden confiar incondicionalmente.
Algunos de los asesores del gobierno consideran así que existe demasiado margen de inseguridad como para poder confiar en que la Corte Suprema no se convertirá en un obstáculo para ciertas medidas oficiales. Descartada la posibilidad de un juicio político, quedan al gobierno solamente dos caminos para reforzar su predominio en el alto cuerpo, y esos dos caminos no sólo no son excluyentes sino que han sido propuestos como complementarios:
• Los radicales del Pueblo pueden utilizar su mayoría en el Senado para reemplazar a José F. Bidau, ya que éste fue nombrado por decreto y no tiene acuerdo de la Cámara Alta. No es necesario aquí el juicio político: basta con que el Senado no preste acuerdo para su designación. Sin embargo, Bidau no es uno de los hombres de los cuales las radicales del Pueblo piensen que pueda crearles especiales problemas.
• El Poder Ejecutivo puede ampliar el número de miembros de la Corte, designando a firmes partidarios de su política. Es la solución que finalmente había encontrado Franklin Delano Roosevelt cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos impugnaba sistemáticamente las medidas del "New Deal". También Frondizi recurrió a ese arbitrio, cuando aumentó de cinco a siete el número de miembros del alto tribunal.
Para el caso de que el Poder Ejecutivo se decida por esta solución, se admite generalmente que el número de miembros será elevado a nueve. Y ya circulan en los ambientes oficiales los nombres de los dos nuevos ministros de la Corte que, en ese caso, serían designados por el Poder Ejecutivo y recibirían luego el acuerdo del Senado: uno es el cordobés Pedro León, que "misteriosamente" quedó sin que se le adjudicara ningún cargo en el gobierno, pese a tratarse de un hombre de la confianza personal de Illia y haber sido mencionado como posible ministro de Economía o secretario de Hacienda; otro es el doctor Rafael Bielsa, conocido jurista, profesor universitario, que poco tiempo antes de las elecciones hizo conocer públicamente los motivos por los cuales se afilió a la Unión Cívica Radical del Pueblo. Con respecto a Bielsa, sin embargo, algunos insinúan que puede existir un problema suplementario: mantiene una vieja rivalidad con varios de los ministros de la Corte. Sin embargo, Bielsa está actualmente trabajando en algunas ideas suyas sobre una reestructuración funcional de la Corte Suprema de Justicia.
22 de octubre de 1963
PRIMERA PLANA
