Balbín: Los límites de seguridad
Ricardo Balbín, principal dirigente de una oposición elogiada por el Jefe del Estado, con quien mantiene abierto el diálogo, está sumamente preocupado por los peligros que acechan —dice— al flamante proceso institucional argentino. Panorama intentó averiguar las causas.
Ricardo Balbín
Pocas cosas hay en la política argentina tan discutidas como el lento viraje que llevó al radicalismo a relegar su antiperonismo sistemático de otrora y convertirse en la oposición constructiva frente al tercer gobierno de Perón. Ricardo Balbín —si no ideólogo, ejecutor y responsable de la acción— agregó un elemento más al cambio de actitud: el diálogo, espaciado pero resonante, con el líder del justicialismo. Algunos observadores no tardaron en colegir que la UCR ejercitaba, a partir de esas bases —la oposición y el diálogo—, una doble estrategia, destinada a salvar un proceso y un modo institucional que no sólo le es consustancial, sino también imprescindible.
Balbín niega esa descripción de la actitud radical. Asegura que la UCR tiene una sola posición, la "oposición dialogante"; un verdadero "modo político nuevo", según el principio de la conversación que Panorama mantuvo con él en la tarde del lunes 11, en un estudio jurídico del centro de Buenos Aires. Sigue, a partir de la primera definición antes esbozada, la síntesis de todos los temas hablados:

—El radicalismo, a través suyo, llevó hace poco tiempo al presidente de la República su opinión sobre una situación provincial. Indicó también cuál era a su juicio la solución adecuada, que fue adoptada por el Ejecutivo, parcial o totalmente. ¿Esto no implicaría, a la larga, una suerte de corresponsabilidad de la oposición etilos efectos ulteriores de esa medida?
—Eso no es así. Si el gobierno nada oyera, no habría juego opositor, sino simple gravitación de una mayoría sorda. El hecho que se atienda algún reclamo, el hecho que se acepte la modificación de una ley, significa que el diálogo parlamentario es útil para mejorar la legislación. Lo otro sería lo negativo; sería volver a tiempos que queremos dejar en el recuerdo. Si nada se oyera, el diálogo estaría roto; y no lo está. Yo creo que debe existir en los gobiernos la capacidad de rectificación.
—Si mal no recuerdo, el pasado martes 5, el jefe de prensa del Comité Nacional, Rafael De Stéfano, trasladó al periodismo sus apreciaciones sobre el discurso que el presidente había pronunciado el día anterior. Al final de esas declaraciones usted dijo textualmente que "lo fundamental es que todas las fuerzas políticas entiendan que estamos muy próximos a cruzar los límites de seguridad". ¿Qué significado tenían esas palabras? ¿Aludía usted los límites de seguridad política de un proceso?
—Siempre creí que la Argentina correría grave peligro si se dejara proliferar la subversión, la guerrilla, o esta violencia que funciona como una protesta indefinida; esta acción, por otra parte, de la que siempre he estado en contra. Para mí, sólo la marcha por el camino de la pacificación puede llegar al encuentro de la razón política. Por eso dije en la última campaña electoral que íbamos a la búsqueda de la institucionalización del país, y que todavía *existían serios inconvenientes que habría que vencer. Voy a ser prolijo en esta explicación: a mi juicio, habían sido vencidos los inconvenientes para alcanzar la institucionalización, pero no los que existían para mantener las instituciones. Por eso, las últimas acciones que hemos visto —que no son nada más que repetición de las anteriores— ponen una nota de inseguridad. Quise decir, en definitiva, que si el país no entra en un estado de razonamiento integral, la violencia tiende a multiplicarse, lo que nos pone sobre los límites de seguridad. No me canso de repetirlo dentro del partido; se lo he dicho también al gobierno: en el país no existe una sensación acabada de seguridad personal. Hasta hay atentados que van dirigidos a perturbar la economía argentina. ¿Qué intereses sirven? No sabría decirlo. ¿Qué banderas siguen? Tampoco lo sé. Pero los hechos demuestran que están trabajando contra el país y su seguridad.
—En la declaración del último plenario del Comité Nacional se afirma que el radicalismo apoyará, como punto de partida de la "integración política nacional" que la Argentina debe realizar, "la continuidad del sistema constitucional cualesquieras fueren las circunstancias". ¿Es que la UCR prevé que éstas pueden ser malas, o negativas?
—No. Somos optimistas. Estamos lejos de ser "sembradores del pesimismo"; que los hay, y que son aliados naturales de la subversión. Lo que la declaración quiso decir se lo he explicado prácticamente en mi respuesta anterior: el radicalismo cree que el grado de seguridad no es suficiente. Por lo tanto, mientras ésta no exista, no dejará de insistir en la idea de la institucionalización, en la idea de que se la debe seguir fortaleciendo y consolidando. Hasta puedo decirle más: estaremos en la trinchera de la legalidad, si es necesario abrir trincheras. Y quiera Dios que esto no ocurra; pero es la definición del partido.
—¿Qué pensó usted cuando un ministro y un secretario de Estado expusieron públicamente la posibilidad de que el presidente pasara una temporada en España?
—Les corresponde a esos funcionarios buscar las razones o motivos de sus propias declaraciones. La verdad es que, entre las expresiones de ellos y la palabra del presidente, prefiero ésta, que en la última conferencia de prensa pronunció una seria y eficaz desmentida. Lo otro puede haber sido un atrevimiento, o una noticia mal interpretada. De cualquier manera, queda detrás de lo dicho por el presidente.
—La pregunta tiene un sentido distinto. Lo que interesa saber es qué pensó usted de la posibilidad misma del viaje presidencial, porque es público y notorio que entre las afirmaciones de los dos funcionarios y la desmentida presidencial corrió algún tiempo...
—No abrí juicio, porque para hacerlo tendría que haber tenido un conocimiento muy firme de esa posibilidad. Tuve, sin embargo, mis dudas sobre el proyecto, aunque no me hubiera extrañado en demasía que se llevara a cabo. Vuelvo a repetirle que lo que sucedió con ese trascendido compete sólo al Poder Ejecutivo; al presidente y sus ministros.
—No hay por qué hacer caer esta conversación en la oscuridad de los rumores políticos. Pero hay versiones graves. Una adjudica el hecho que aún no haya designación oficial para cubrir la vicepresidencia del Senado, a que este puesto —el segundo en el orden de sucesión presidencial— podría ser adjudicado a un hombre del radicalismo...
—Eso no es un rumor... es casi una aventura. No hay nada de eso, en absoluto. En mi opinión, no hay que trasladar estas versiones; a ellas sigue una respuesta, una rectificación. Y las cosas se complican.
—Pero tampoco debe creerse que son demasiado simples con los rumores flotando por todas partes. Se teje otra posibilidad: la participación del radicalismo en el gobierno, en un gabinete de unidad nacional, si la defensa del proceso institucional llegara a exigirlo. Es decir, si se cumplieran "las peores" de las circunstancias que menciona la declaración. Es la teoría del gobierno compartido, que ya está por cumplir un año.
—Creo que eso se parece más a la curiosidad personal que a una versión.
—Puede ser ambas cosas.
—Bien. Me parece que no, porque no está en el ánimo nuestro ni en el del señor presidente. Si el día de mañana —como acontece normalmente— algún ministro renuncia por cualquier circunstancia, él se encargará de llenar la vacante. No hay, entonces, nada previsto; ni puede suponerse que esto ocurra.
—¿Y qué piensa de una eventual reforma de la ley de acefalía?
—Hay una en vigencia. Y resultaría sospechoso que se introdujera ahora una reforma, porque toda modificación tendría un destinatario. Además, no es la oportunidad. Y sí me parece que puede serla el momento en que se arribe a la reforma de la Constitución. Allí podría buscarse mejorar el procedimiento actual. Pero el radicalismo aún no ha computado estas dos posibilidades. La ley ha servido, y su modificación alentaría suspicacias que el radicalismo en modo alguno alentará.
—¿Podría producirse la oposición en las Cámaras si un proyecto se presentara?
—No he querido decir eso. Le he trasladado a usted mi apreciación personal sobre la falta de causas actuales para una modificación que tendría destinatarios aparentes. Pero si una iniciativa se presentara en las Cámaras, el partido debería formar criterio sobre si es útil, eficaz, y votarla en consecuencia. La ley se puede mejorar, realmente.
—Usted mismo ha tocado el tema de la reforma constitucional...
—Y es un tema que ha quedado un poco en silencio. Hemos sostenido antes de ahora nuestra posición reformista sobre todo teniendo en cuenta que persisten las enmiendas dictadas por la llamada Revolución Argentina, que pueden quedar firmes si no se convoca una Asamblea Constituyente en el plazo que fijan. La posibilidad que esto se hiciera este año, lo que determinaría un nuevo proceso electoral, determinó una posición personal mía, que algunos hombres del partido comparten, pero no otros. Yo entendí que 1974 era un año de prueba. En él se vería el resultado de la conducción económica, el estado del orden social; se trataría de asegurar el país, dejando atrás los episodios organizados por la subversión y la violencia y organizando la universidad. Añadirle el ingrediente electoral me parece apresurado. Y el silencio en que ha quedado el tema me permite suponer que —como lo dije al salir de una entrevista con el presidente— setiembre sólo fue una "fecha tentativa".
—¿El radicalismo se opondría en las Cámaras si éstas trataran la necesidad de la reforma en 1974?
—No podría evitarlo. Además, debe quedar en claro que el radicalismo propicia la reforma. Lo único que yo he adelantado es la opinión personal que le describí antes. Y también le debo aclarar que el partido está preparado para una asamblea constituyente, que tiene bien en claro qué puntos deben tocarse y cuáles no.
—¿Volvería usted a interceder ante el presidente si nuevas cuestiones tornaran graves algunas situaciones provinciales, con riesgos de intervención federal?
—Hay que examinar caso por caso, ya que puede haberlos en que las mismas pautas constitucionales autoricen la intervención. Lo que el radicalismo tratará de mantener es la concepción federal del país. En Buenos Aires, por ejemplo, la Constitución provincial ciaba la solución adecuada; no tenía sentido, a nuestro juicio, la intervención. Este hecho de Buenos Aires puede no repetirse en otras provincias. Pero cada caso será examinado, y si en realidad se advirtiera que hay injusticia, o que se desmejora el funcionamiento institucional, el radicalismo no vacilará en actuar.
—-Usted esperó la "organización de la universidad" en 1914. ¿Cuál es su crítica al proyecto oficial de ley universitaria?
—Una esencial, si es que vulnera la autonomía; algo que defendemos desde 1918, y que ha dado buenos resultados. Tampoco la ley parece contemplar el gobierno tripartito. Estas son las diferencias notables frente al proyecto del Ministerio de Educación. El proyecto radical propiciaba ambas cosas.
—Bien se puede presumir que, si la ley del Poder Ejecutivo en su proyecto actual se promulga y se aplica, se oirán algunas quejas y puede haber conflicto, a los cuales podrían sumarse las agrupaciones universitarias del radicalismo. ¿Cómo asistirá la UCR a esa situación? ¿Cómo calificará ese conflicto?
—Pienso que no debe haber conflicto. Pero supongo que lo habrá. En materia universitaria existieron coincidencias anteriores a las elecciones. Todos los partidos convinieron en el postulado de la autonomía universitaria. Por supuesto, si se cambia el concepto las mayorías sacarán la ley que quieran; pero ésta puede rectificarse en el futuro. En el ámbito universitario habrá quejas; pero quizá no por las causas que usted alude. Creo que hay sectores que no quieren ninguna ley; y que ése será el gran inconveniente y la gran demora. Pienso que esta ley debió ser dictada antes. Pienso que se debió acceder al proyecto del bloque radical, cuando propició una intervención que fijara las pautas de organización para cuando la ley entrara en vigencia. Ahora la ley deberá hacer todo: organizar y regir. Ese pequeño sector que le he mencionado seguirá, en fin, como hasta ahora; pero la mayoría del estudiantado acatará la ley. Y si no está conforme con ella, luchará institucionalmente para obtener su reforma. De lo contrario, no sería respetado el principio de la democracia. Este es un caso especial, y espero que el gobierno intente legislar adecuadamente.
Revista Panorama
14.02.1974

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Ricardo Balbín