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"Lo complicado de todo esto es que el presidente
de la República cree que todo anda bien y que aquí no pasa nada",
comentó el miércoles 19, después de su entrevista con Illia, el
demoprogresista Horacio Thedy al secretario general de la
Confederación General del Trabajo, José Alonso. "Si Illia se diera
cuenta de que hay problemas, y que hay que actuar rápidamente sobre
esos problemas, las cosas no serían tan difíciles. Pero no se da
cuenta. Si sigue así, se va a enterar de la situación del país por
el mismo método con que se enteró Hipólito Yrigoyen en su segunda
presidencia: refugiado en un regimiento", agregó.
Lo cierto es
que en la Argentina parece que se hablaran dos idiomas distintos: el
de quienes critican la total inoperancia del gobierno y el de las
autoridades nacionales, que todos los días producen algún tipo de
medidas que tanto los empresarios como la C. G. T. incluyen en el
rubro de meras aspirinas para la complejidad de la crisis.
Así,
por ejemplo, el gobierno solicita al Banco Central que estudie el
otorgamiento de créditos para la industria; los empresarios y la CGT
entienden que los estudios ya están hechos, que no se puede esperar
más y que ahora se trata de otorgar los créditos sin nuevas demoras.
El gobierno crea una comisión especial para estudiar la aplicación
del salario mínimo vital móvil, que deberá expedirse en los 45 días;
la C. G. T. sostiene que, a esta altura de las cosas, 45 días son
muchos y que, además, el problema básico es la existencia de más de
700.000 desocupados. El gobierno inicia su guerra contra la carestía
de la vida, luego de formar un nuevo y poderoso ejército
burocrático, apoyándose en una Ley de Abastecimiento en cuya
eficacia decididamente nadie cree; el costo de los artículos de
primera necesidad, en tanto, no cesa de aumentar.
Durante las
visitas que realizaron a la Confederación General del Trabajo los
directivos de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación
General Económica, quedó establecido que, tanto para empresarios
como para obreros, los puntos de queja son los mismos: la
desocupación y la parálisis económica del país. Para el gobierno,
sin embargo, todo se reduce a una discutible batalla contra la
carestía de la vida y a la necesidad de estudiar la implantación del
salario vital móvil. Indudablemente, los dos idiomas son distintos.
Los directivos de la C. G. T. sostienen que en ningún momento
rehusaron el diálogo con las autoridades para conseguir una
solución, pero que todas las veces se estrellaron contra una
"muralla de insensibilidad" por parte de un gobierno que parecía no
saber de que se trataba. Prácticamente, todos los hombres con
responsabilidad de conducción en la central obrera conferenciaron
con todos los integrantes del gobierno que tienen alguna vinculación
con el problema planteado. Y luego de las reuniones con los
representantes de los partidos políticos y de las organizaciones
empresarias, la C. G. T. entiende que la etapa de las entrevistas
aparece prácticamente como agotada.
A fines de semana, el
secretario general de la C. G. T. opinaba que, dada la gravedad de
los problemas, la inercia y falta de comprensión de los equipos
oficiales y la forma en que la central obrera lanzó su ofensiva,
solamente un hecho podría detener la marcha del "plan de lucha": la
renuncia de algunos integrantes del gobierno, con posiciones clave
en lo económico-social. El hecho, de por sí —opinó— obligaría a una
pausa para volver a estudiar la situación. La otra variante sería
que el gobierno presentara inmediatamente al Congreso Nacional una
serie de proyectos de leyes que permitieran esbozar una solución de
fondo.
Los empresarios, por supuesto, mantienen sus reservas
sobre la eficacia del plan de lucha y, en algunos casos, señalan la
posibilidad de consecuencias riesgosas o contraproducentes. Pero lo
importante es el hecho de que ha surgido una interpretación común de
los empresarios y los sectores laborales sobre los síntomas de la
actual situación y la necesidad de soluciones rápidas. El preanuncio
de un amplio entendimiento en ese sentido es el acuerdo sobre
intercambio de información y material estadístico entre
organizaciones empresarias y la C. G. T.
Con distintos criterios
sobre los métodos de acción se ha establecido así una coincidencia
en los objetivos básicos. Y el "plan de lucha" de la C. G. T.
adquirió, con ese matiz, un sentido distinto y opuesto al de las
clásicas huelgas "contra los patrones": ahora se trata de una
acción, para la que se ha requerido el apoyo de los empresarios
mismos, con el objeto fundamental de sacar al gobierno de su quietud
y alterar, en los equipos oficiales, la imagen de que en el país no
pasa absolutamente nada.
Si se consideran los paliativos
propuestos por el Poder Ejecutivo para calmar a la central obrera,
puede llegarse a la conclusión de que Horacio Thedy quizá tenga
razón cuando equipara a Illia con el Hipólito Yrigoyen de la segunda
presidencia: el que cayó en 1930.
Documentos
El
gobierno define su estatuto político
En los últimos
días, el ministro del Interior, doctor Juan Palmero, se encargó de
hacer conocer a dirigentes de los partidos políticos que lo
entrevistaron personalmente, una versión del próximo estatuto que
regirá la acción de esas agrupaciones. Se trata, en realidad, de un
anteproyecto que tiene el carácter de un "papel de trabajo". El
proyecto definitivo del Poder Ejecutivo recién comenzará a ser
redactado luego de las consultas y, seguramente, será enviado al
Congreso Nacional para su tratamiento a principios del mes de abril.
La tesis del doctor
Palmero es que la divulgación del anteproyecto permitirá recoger
sugerencias interesantes; en cuanto a las objeciones que formulen
los partidos políticos, no serán consideradas como "presiones" y se
desecharán cuando tergiversen el espíritu del texto en preparación.
Esta tesis, obviamente, es de "uso externo": el radicalismo del
pueblo no podrá prescindir del apoyo parlamentario de otros partidos
para conseguir la sanción del instrumento que ahora elabora.
Por
lo que ha trascendido, el anteproyecto de estatuto consta de unos
sesenta artículos y está caratulado como "Ley Orgánica de los
Partidos Políticos". El punto más controvertible hasta ahora, para
los partidos eventualmente aliados al oficialismo, es el que se
refiere al control de los padrones partidarios por la justicia
electoral, ya que —según ha trascendido— ese control significa
prácticamente la publicidad de los mismos. Algunas agrupaciones
tradicionales, pero de modesto caudal electoral, argumentarán
"razones de seguridad" para influir contra la aprobación de aquella
cláusula.
En cuanto al sistema para el reconocimiento de los
partidos, no atenderá solamente a lo que estos expresen en sus
declaraciones de principios, sino también a lo que expongan en su
actuación pública. La teoría, en ese sentido, sería que es necesario
vigilar la concordancia entre los programas y los hechos, ya que las
agrupaciones podrían, en caso contrario, adoptar una plataforma
democrática a fin de obtener una legalización que les permitiera
difundir doctrinas totalitarias. Asimismo, hay cláusulas contra las
organizaciones que preconicen luchas de clases; que emitan juicios
históricos, sociales o políticos que fomenten divisiones
artificiales o que sostengan enfrentamientos raciales o religiosos.
En general, se considera que mediante estas disposiciones será
posible el levantamiento de los proscripciones, conservando el Poder
Ejecutivo amplios" resortes de vigilancia que, en la práctica,
entrañarían la limitación de la legalización para partidos
totalitarios. Las infracciones a la ley serían castigadas con
inhabilitaciones, pero no a los partidos en sí, sino a sus
dirigentes o a los responsables concretos de la violación de la ley.
Los inhabilitados no podrán ocupar posiciones partidarias ni
electivas; y las sanciones previstas tendrían, de todos modos, una
moderada severidad: la pena máxima sería de dos años de
"proscripciones personalizadas".
El estatuto no permitirá tampoco
la denominación de agrupaciones con nombres propios y sus derivados.
Cada partido deberá hacer llenar a sus afiliados cuatro fichas, de
las cuales dos deben ser remitidas a la justicia electoral. Esto
equivale, en realidad, a la obligatoriedad, para los partidos, de
proceder a reafiliaciones generales.
El texto también
establecería que cada agrupación debe realizar elecciones internas
por lo menos cada dos años, penándose asimismo con inhabilitaciones
a los dirigentes que no las convoquen o que mantengan distritos
intervenidos. Para decretar tales intervenciones, las autoridades
tendrían que poner los antecedentes en conocimiento del juez federal
respectivo, que contaría con facultades para resolver en definitiva.
La Ley Orgánica establece, asimismo, la obligatoriedad de elecciones
internas para designar candidatos.
De acuerdo con el
anteproyecto, cada agrupación, para ser reconocida, deberá registrar
una cantidad de afiliados no menor al 4 por mil del padrón de
electores de cada distrito. En aquellos distritos con más de un
millón de electores, se tomará esta cifra como tope (4.000
afiliados).
El mayor énfasis del estatuto estará puesto —al
parecer— en los requisitos para que los partidos políticos lleven
una vida interna democrática. Según expresó Palmero al dirigente
democristiano Horacio Sueldo: "no habrá democracia externa mientras
los partidos no tengan democracia interna". Sueldo habría objetado
la cláusula que se refiere a los partidos que fomenten divisiones
artificiales entre los argentinos, por estimar que el concepto es
muy "vago e impreciso y, por lo tanto, de aplicación muy subjetiva,
hecho que puede trabar las acciones políticas licitas de los
partidos".
Controversias
Democristianos versus
periodistas
El lunes 17, por la noche, el partido
Demócrata Cristiano sorprendió a la Casa de Gobierno: entregó allí
una larga nota, firmada por Horacio Sueldo y Abelardo Levaggi
(presidente y secretario general de la agrupación), donde se pedía
al doctor Illia la expropiación de todos los bienes que tiene en el
país la agencia de noticias United Press International (UPI) y la
expulsión de todo su personal extranjero "que se manifieste
responsable o solidario de las informaciones impugnadas". La
sorpresa se extendió rápidamente, en especial porque la UPI acababa
de sufrir un enfrentamiento con la vida argentina.
El 20 de enero el secretario de Prensa, Emilio
Parodi, llamó a su despacho al director de la agencia a raíz de dos
telegramas enviados al exterior el 15 y 17, en los que se atribuía
una equivocada actuación a la Cámara de Diputados en la
consideración de la carta que el Banco Mundial remitió al ministro
de Economía sobre las tarifas de SEGBA. Según UPI, la cámara aprobó
un pedido al presidente Illia para que se rompieran las relaciones
con el Banco Mundial y luego decidió rectificar esa actitud. Nada de
eso había ocurrido. La agencia explicó la falla como originada por
errores de traducción, ya que los cables remitidos a los clientes
del interior se ajustaban a la realidad.
El fósforo y la
mecha
La inesperada solicitud del partido Democristiano se debió
a una nueva información distribuida por UPI y que los diarios de
provincia reprodujeron en sus ediciones del 12 de febrero. La
extensa noticia, redactada por el sanjuanino José Aristóbulo Soria,
comentarista parlamentario de la agencia, trazaba un panorama de la
crisis interna de aquella agrupación, acentuada por la renuncia del
líder Guillermo Fernández Gilí.
"La democracia cristiana —se
decía— ha demostrado en el curso de su actividad política, poseer en
su interior una serie de corrientes que mueven su acción cambiante
de rumbos y posturas". En los párrafos siguientes se recordaba la
frustrada "alianza con el peronismo" en vísperas de las elecciones
de julio 7, la imposibilidad de reunir la convención nacional y las
tentativas de acercamiento del partido con el sector neo-peronista y
la UCRI alendista en la Cámara de Diputados. Se mencionaba, también,
el apoyo de la democracia cristiana al despacho de la UCRP sobre Ley
de Abastecimiento: "No obstante, en la discusión —continuaba la UPI—
los demócratas cristianos llevaron una crítica acerba al proyecto
que ellos mismos habían suscripto. Se adoptó una postura cara lo
interno y otra para lo externo".
La reacción de la agrupación se
tradujo en la carta a Illia, carta de virulento tono; acusaba a UPI
de emitir "un comentario político malintencionado, que deforma
groseramente los hechos" y afirmaba que la democracia cristiana
"viene soportando en silencio una sistemática campaña de difamación
por parte de esa empresa, desde el momento mismo en que algunos
abogados de esta última, junto a ciertos escribas de la misma,
fueron derrotados definitivamente en su pretensión de colocar a la
democracia cristiana al servicio de la penetración colonialista que
esa compañía representa".
Hubo quienes quisieron ver en las
palabras "algunos abogados" una alusión al doctor Manuel Ordóñez,
apoderado de UPI y fundador del PDC en Argentina. Sin embargo,
Enrique de Vedia, presidente del bloque de diputados democristianos,
desechó esa teoría. Consultado por PRIMERA PLANA respecto del cable,
de Vedia declaró: "Creó que hubo distorsión de la verdad. Una
agencia noticiosa tiene como misión informar verazmente. Y, si es
extranjera, debe un respeto especial a las instituciones
nacionales".
Relató que ya el 6 de julio de 1963 una delegación
de su partido pidió explicaciones en las oficinas de la UPI por un
texto impreso en órganos del interior bajo su sigla donde se daba
por sentada la abstención democristiana en las elecciones del día
siguiente. "Se nos aseguró que nunca habían mandado ese cable pero
desde Jujuy y Tucumán nos llovieron las llamadas telefónicas de
nuestros afiliados, pidiéndonos explicaciones."
Días atrás, por
otra parte, el comentarista Soria y otro periodista —según versiones
democristianas— formularon críticas descomedidas a la agrupación
ante la señorita Rina Martha Leiva, secretaria de la Junta Nacional
y secretaria privada de Sueldo, a cuyos oídos llegó el incidente.
Sueldo, fuera de sí, increpó a Soria con energía.
Los nervios
sensibles
Pese a tales antecedentes, tanto en el bloque
democristiano como en otras esteras partidarias, hubo quienes
calificaron de exagerada la carta al doctor Illia. "Considero que el
gobierno no tomará en serio la posibilidad de expropiar los bienes y
expulsar al personal", opinó un dirigente. Adelantaron, en cambio,
que un equipo trabaja actualmente en un proyecto de ley que
reglamente la actividad periodística.
En otros círculos políticos
se observó la reacción democristiana como un desborde apresurado. En
la Cámara de Diputados, un parlamentario opositor expresó: "Se dejan
llevar por los nervios y tienen los nervios demasiado sensibles. No
es un buen sistema en esta profesión". Lo cierto es que el cable
impugnado contenía algún error; por ejemplo, se afirmaba que la
convención democristiana no puedo reunirse, cuando en realidad se
congregó aunque fracasaran sus objetivos. Es, sin duda, una
interpretación tendenciosa de lo que ocurrió en esa oportunidad.
Bernardo Rabinovitz, jefe de redacción de United Press, defendió a
Soria: "Si realmente mantuvo un entredicho con el doctor Sueldo, es
un hombre incapaz de vengarse, un periodista honrado". En cuanto a
la solicitud formulada al presidente Illia "está en flagrante
contradicción con la Constitución". Rabinovitz, a su vez, objetó una
afirmación contenida en la carta al primer magistrado: "Nos acusan
de presentar a Illia como 'un demagogo más'. No es cierto, siempre
lo tratamos con respeto". PRIMERA PLANA no pudo dar con Soria: se
encuentra de vacaciones y nadie proporcionó su domicilio
transitorio.
Hacia el fin de la semana no se había producido
ninguna gestión conciliadora de la UPI ante la democracia cristiana.
Pero representantes de dos agencias locales, Telpress y Saporiti,
visitaron a Sueldo para solidarizarse con el partido. Por otra
parte, en los medios periodísticos se estima que si bien todo
ciudadano tiene derecho a negar la veracidad informativa de una
agencia, es evidente que el pedido de expropiación y expulsión
constituye un atentado contra la libertad de prensa.
Embajadores
Cuando las demoras encuentran su límite
"Es imposible hacer política exterior —decía noches pasadas un alto
funcionario (le la Cancillería— mientras no se nombren embajadores
en Washington, Londres, París, Brasilia y Moscú. Este gobierno
cumplió la hazaña de pasar un cuatrimestre sin ocuparse de tales
designaciones. Evidentemente —concluía—, el radicalismo del Pueblo
tiene su medida del tiempo."
Justamente, el presidente Illia
acababa de citar en Olivos a tres hombres considerados clave en
materia de nombramientos diplomáticos: el vicepresidente Perette; el
titular de Relaciones Exteriores, doctor Zavala Ortiz, y el senador
Ángel Freytes, presidente de la comisión de acuerdos. Un informante
oficioso indicó que se habían analizado algunos candidatos
propuestos por el presidente —sólo mencionó a uno: el doctor Ricardo
Pueyrredón para embajador en Canadá—, y el doctor Freytes habría
manifestado que, a su entender, no se plantearían nuevas
dificultades técnicas, como las que impidieron la prestación de
acuerdos para las designaciones de Nicolás Romano y Mariano
Apellániz.
Aparentemente, comenzaba por fin la consideración de
uno de los problemas más demorados por el actual Poder Ejecutivo.
Desde el 7 de julio, virtualmente, los círculos de la UCRP
especulaban sobre la distribución de los principales cargos de la
administración; pero el ritmo personal del primer magistrado se
manifestó en la calma con que procedió a la integración de su
gabinete: sólo a 24 horas de la transmisión del mando, después de
vencer las últimas fricciones y resistencias, consiguió Arturo Illia
comunicar el nombre de sus ministros. El interés de los observadores
se concentró entonces en el segundo sector privilegiado de la
administración: la diplomacia.
En los círculos oficiales se
ofrecen algunas explicaciones sobre la sugestiva tardanza que se
observa en esta cuestión. El radicalismo del Pueblo intentó, al
principio, inaugurar una política de cogobierno, que hubiera exigido
una retribución adecuada a las agrupaciones que apuntalasen la
acción oficial. Los conservadores fueron el único sector que aceptó
en la práctica la idea de cogobierno. Esa política, pues, quedaba
condenada.
Cuando Oscar Alende, jefe de una de las dos fracciones
ucristas, anunció —en forma un tanto espectacular— que había
rechazado el ofrecimiento de la embajada en Londres, el presidente
Illia ya había perdido las esperanzas de obtener una colaboración
constante de los demás partidos. Algunos observadores comentaron que
el plan de alejar del país a los jefes de la oposición, situándolos
al frente de las representaciones diplomáticas en el exterior, era
"un plan astuto, pero impracticable", que habrían sugerido Perette y
Zavala Ortiz.
Poco después, el gobierno enviaba al Senado los
primeros pedidos de acuerdo. Procedió en forma tan cautelosa que
dejó la impresión de que sólo pretendía sondear las intenciones de
la Cámara alta. En realidad, el presidente no podía desentenderse,
en esta como en otras cuestiones, de una doble influencia: la
estructura partidaria dominada por el' balbinismo y las estrechas
vinculaciones anudadas en el Senado por un vicepresidente demasiado
personal. El Poder Ejecutivo no tenía en el Senado otros votos
seguros que los de Eduardo Gamond, presidente provisional del
Cuerpo, y Ángel Freytes.
De los pliegos solicitados, dos no
consiguieron pasar la barrera de las objeciones técnicas, como ya se
indicó. Trascendió que otros habían sido archivados para su
consideración ulterior. La única satisfacción del presidente fue la
aquiescencia que obtuvo para el envío a París, como embajador, de su
viejo amigo Adolfo Galatoire, el presidente del Comité Nacional del
radicalismo. Galatoire recibió el "placet" correspondiente del
gobierno francés.
Desde entonces, la cautela oficial es todavía
más perceptible. El canciller presentó varias listas, pero tropezó
con los particulares procedimientos del primer magistrado. El doctor
Illia, en materia de designaciones, no las acepta ni las rechaza de
plano; si en una lista le disgusta un nombre, guarda toda la lista
en un cajón. Según parece, el doctor Zavala Ortiz se esforzó por
investigar cuáles son los nombres no aceptados por el presidente.
Después de un tiempo prudencial, le sometía una nueva lista, pero
otra vez comenzaba la espera y se hacía necesaria otra
investigación. Entre tanto, inquietos embajadores en actividad se
movían un tanto incómodos en el exterior, porque no sabían hasta
cuándo podrían contar con la confianza de su gobierno.
A todo
esto se sumó en los últimos tiempos una nueva incógnita, relacionada
con la reorganización ministerial que muchos observadores consideran
más o menos inevitable. La diplomacia seria afectada por cualquier
acuerdo que el gobierno pueda celebrar con otros sectores políticos.
Así, neoperonistas amigos de Perette,-radicales de Balbín y aun
expectantes colaboradores de Alende, seguirían con atención el
desarrollo de los hechos —descontento militar, presión obrera,
divergencias oficialistas— que pueden precipitar la crisis de
gabinete.
Nadie se atreve, pues, a vaticinar la suerte que
correrían algunos nombres sugeridos al presidente para cubrir las
vacantes diplomáticas. Las listas que circulan en los medios
oficialistas incluyen a Alejandro Lastra (URSS), Silvano Santander
(México), Ernesto Sammartino (Uruguay), Guillermo Fernández Gilí
(Perú), el general Arturo Ossorio. Arana (Paraguay), Adolfo Vichy
(Gran Bretaña), además del balbinista Juan Prat para embajador ante
la UN, y el doctor Barrenechea (yerno de Pedro Duhal-de) como
enviado especial ante el Mercado Común Europeo. Otros círculos
volvieron a mencionar insistentemente a Marcelo Sánchez Sorondo
(España) y Hélvio Botana (La Paz).
Hay algunos nombres que
configuran casos especiales:
•Antonio Pagés Larraya, actual
secretario de Comunicaciones, sería enviado a la UNESCO; sus amigos
se empeñan en denunciar esta versión como producto de la "acción
psicológica", imputable a larraldistas partidarios del secretario de
Prensa.
•Nicolás Romano sería designado embajador durante el
receso parlamentario: un homenaje simbólico, puesto que no puede ser
embajador por no ser argentino nativo. Romano renunciaría pocos
meses después.
•Ricardo Illia partiría hacia un país -aún no
determinado. Pero otros observadores indican que el hermano del
presidente —hasta ahora una especie de "ayudante especial"— podría
ser titular de una de las dos secretarías ejecutivas en que sería
transformada la secretaría general de la Presidencia.
25 de
lebrero de 1964
PRIMERA PLANA
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