Sin embargo, el proyecto que obligó a desvelados
cabildeos entre peronistas y radicales con las consiguientes
reformas y alteraciones, no parece capaz de definir la problemática
universitaria y sólo supone una salida de compromiso, un respiro
necesario antes de emprender la tarea de encuadrar la normalización
de las casas de altos estudios dentro de la Ley General de
Educación, proyecto que aparentemente será conocido recién al
finalizar el año. Mientras tanto, la transición, comprometida
como máximo a un año y medio, preparará el terreno para el nuevo
ordenamiento reorganizando las cátedras, eliminando a los rectores y
decanos más conflictivos, limitando la participación de los alumnos
en el gobierno de las facultades y creando, tal vez, un polo de
resistencia a la política oficial desde un flanco hasta ahora leal,
sino simplemente crítico; a la gestión del ministro de Educación y
Cultura.
LAS REFORMAS. Es evidente que si bien el proyecto
oficial fue limado de asperezas antes de su promulgación en la
Cámara de Senadores, ninguno de los grupos estudiantiles
representativos avaló con su voto favorable a la nueva ley. Es
decir, que ésta ha nacido sin la garantía de su reconocimiento por
parte de la fuerza política real de la universidad y que en los
últimos años hizo naufragar todo intento de reglamentación
inconsulta: los estudiantes, incluso, las negociaciones del
radicalismo, que determinaron la modificación del articulado
original, no ganaron la simpatía de estos grupos, a tal punto que
Franja Morada, organización representativa de ese partido en la
Universidad, no ha dejado de criticar los aspectos fundamentales de
la ley (ver recuadro). Es que la UCR, ferviente partidaria de la
Reforma Universitaria de 1918, resignó esa bandera para permitir el
acuerdo sobre un punto intermedio al propuesto por el peronismo.
Así, las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo tendrán
atribuciones de delegado normalizador hasta tanto se sancione la ley
definitiva y el gobierno tripartito —aunque no igualitario— será
mantenido en cada facultad. Estos dos puntos claves para la
autonomía universitaria quedaron, por lo tanto, congelados a igual
distancia de las teorías peronistas y radicales, en una espera que
no puede pasar de un año y medio. Sin embargo, este traslado de
la cuestión más espinosa hasta una próxima oportunidad es
ampliamente resistida por los estudiantes, así como la inserción del
controvertido artículo 5º que prohíbe la actividad política dentro
de las facultades y que consideran proscriptivo y "peligroso", ya
que daría margen a la "represión ideológica" en los claustros. No
son, por supuesto, los únicos puntos oscuros de que adolece la ley
en opinión de las agrupaciones de activistas. Los núcleos
reformistas y de la izquierda revolucionaria reunidos en la FUA
—línea Córdoba, así también como la JUP —aunque con mayor cautela—
prevén que la ofensiva de los ortodoxos comenzará a hacerse sentir a
partir de la sanción de la ley y que tendrá como comienzo el
reemplazo de los rectores y decanos más comprometidos con las líneas
progresistas. Esta "purga", que en la Universidad Nacional de Buenos
Aires (UNBA) alcanzaría por lo menos a cuatro decanos y al delegado
interventor Ernesto Villanueva, permitiría posteriormente "limpiar"
las cátedras utilizando el mecanismo de concursos de dudosa garantía
académica que plantea el proyecto legal, para terminar
imponiéndoselo a los alumnos sin votos suficientes en el Consejo,
como para evitar que se consuma esta política. Esto unido a la
prohibición de votar en las elecciones de centros a los alumnos de
1er. año, y que normalmente suman casi el 50 por ciento de la
población universitaria total, prepararía el camino para desarmar
todo lo actuado y "retrotraer a la Universidad a las épocas de la
dictadura militar", como afirmo Willy Moralli, dirigente de TUPAC.
La hipótesis de que el plan esté en marcha ha puesto a todo el
estudiantado en guardia y a la expectativa con el peligro eventual
que esa actitud supone para el gobierno. Es decir, que el peronismo
beneficiario durante un año de gobierno del apoyo de los alumnos
sobre la base de actitudes amistosas y concesiones importantes,
puede quedar de pronto encerrado en un conflicto universitario
permanente que hará irrealizable cualquier proyecto para ese sector,
como lo probaron los gobiernos militares después del 66, con el
consiguiente desgaste para su política. Pero en este caso, la dureza
de los grupos reformistas, peronistas promontoneros y de la
izquierda revolucionaria arrastrará también, inevitablemente, a la
oposición del radicalismo comprometido de alguna manera con la
sanción de esta ley, pero no menos ligado a los planteos que pueda
ofrecer el alfonsinismo a través de Franja Morada.
OPINIONES.
Paradójicamente, el dinámico proceso universitario provocó este
violento vuelco que ya comienza a insinuarse —desde una amistad sin
límites a una desconfianza en aumento— y obligará al ministro de
Educación a buscar el apoyo de los sectores más ortodoxos y
verticalistas que de todos modos, no alcanzan para compensar la
oposición del grueso del estudiantado. Estos sectores, que van desde
la derecha del peronismo como el CNU hasta los más moderados como
FEN-OUP, no tuvieron opiniones similares con el proyecto de ley
universitaria. Así, por ejemplo, mientras los primeros se declararon
totalmente favorables a lo propuesto por el Poder Ejecutivo, el
FEN-OUP se manejó con menos obediencia. Según Federico Ocampo,
dirigente de esta última fracción, la ley es transitoria "y la
apoyamos en la medida que consideramos que es un paso a la
universidad peronista deseada por nosotros y por el general Perón".
A pesar de definirse en contra de la autonomía, Ocampo interpreta
que "Perón tuvo que conceder en ese plano para evitar un
enfrentamiento con los radicales, es decir que es una actitud
coyuntural encuadrada en su estrategia de conjunto". Para el FEN-OUP
"el proceso de cambio profundo comenzará cuando desaparezcan los
elementos nombrados por la funesta intervención y el activismo
profesional que este año será rechazado por la mayoría del
alumnado". Es decir, que, de acuerdo a sus previsiones, el nuevo
curso lectivo tendrá como característica más importante "el reflujo
del activismo izquierdista que ya no tiene cabida dentro de los
claustros". Algo muy distinto a las apreciaciones que sugiere en su
último número la revista Cabildo, vocero del nacionalismo
tradicional, que afirma que la ley no hace más-que legalizar la
"subversión marxista en la universidad", además de permitir que por
querer 'neutralizar' a las minorías de extrema izquierda se conmina
a politizar a todo el alumnado, no advirtiéndose que eso es
precisamente lo que quiere el marxismo". Acusa de esta situación al
"peronismo ortodoxo", por creer "que esta ley es una solución",
afirmando que "parece que se ignorase que no se puede hablar de
alumnado en términos normales ya que se trata de una masa
incoherente, confundida por la acción impune y constante de los
agitadores profesionales".
LA SANCION. En los próximos días,
y ya superado el escollo de Senadores, la ley pasará sin problemas
la Cámara de Diputados. Aquí también los radicales repetirán
disciplinadamente la actitud de su bloque en la Cámara Alta, es
decir, votar a favor en general y en contra en particular. Pero,
seguramente, se sumarán las voces en contra de los diputados de la
Alianza Popular Revolucionaria y las de tres flamantes legisladores
peronistas: Rodolfo Ortega Peña, Leonardo Bettanin y Raúl Zavala
Rodríguez. El primero se opondrá, de acuerdo con su línea, lisa y
llanamente a la promulgación, mientras que los restantes diputados
sostendrán la actual postura de la JUP frente a la cuestión; esto
es, votar las partes favorables y resistir los artículos
considerados negativos. Tanto Bettanin como Zavala Rodríguez
solicitarán también una mayor participación estudiantil en los
organismos de decisión, y la permanencia de los actuales delegados
interventores. Planteos prácticamente imposibles de ser satisfechos.
En ocasión del tratamiento del tema en el Congreso por parte de
Senadores, la FUA organizó una manifestación para demostrar
públicamente su discrepancia con la nueva ley. Cuando el proyecto
sea debatido en Diputados, los estudiantes volverán a concentrarse
con el mismo objeto en la plaza de los Dos Congresos, y es probable
que nuevamente la JUP esté ausente en la cita. El grupo promontonero
no se ha lanzado aún a la oposición abierta sobre la base de que la
situación no se ha modificado radicalmente y que permanecen en sus
puestos los delegados avalados por la agrupación. Sin embargo, el
cuestionamiento creciente hacia esos funcionarios, y en especial a
Villanueva, podría obligar a la JUP a cambiar muy pronto de frente.
Que la etapa de las definiciones se acerca quedó demostrado el
viernes pasado, durante el acto que en la Facultad de Derecho que
dejó inaugurado el curso lectivo de la UNBA. Los delegados de
Económicas, Odontología, Exactas, Ingeniería y Medicina no
estuvieron presentes para avalar la presencia del rector Villanueva.
Se habló de desinteligencias entre éstos y el interventor, cosa que
quedó claramente comprobada. Sólo que la disidencia no es pedagógica
sino política, y los cinco ausentes querían demostrar así que no
tienen relación con el rector y sus fieles seguidores.
Storani: "Una ley ambigua y peligrosa" Las extensas negociaciones
del bloque oficialista con el radicalismo para conseguir una sanción
sin tropiezos de la ley Universitaria, no dejó, sin embargo,
allanado el camino para una colaboración más estrecha entre los
grupos estudiantiles de ese partido y las futuras autoridades
nombradas de acuerdo a este nuevo marco legal. Por el contrario, las
dudas y las reservas de los dirigentes de Franja Morada (radicales
alfonsinistas) se mantienen y es probable, incluso, que se
acrecienten en el futuro inmediato. La FM apoyó con claridad la
labor de la intervención y sus delegados; Además, aceleró las
negociaciones para reconstituir la Federación Universitaria
Argentina (FUA) sobre la base de su poder y la de la JUP, uno de sus
eventuales aliados, y sobre quienes puede caer el peor peso de la
normalización universitaria. Es decir que los alfonsinistas
difícilmente prestarán acuerdo a medidas que ataquen a su política
—enmarcada en los principios de la reforma de 1919— o la de los
sectores afines, que hagan naufragar la perspectiva de reconstruir
el organismo estudiantil dividido desde 1968. De acuerdo a este
esquema, los radicales vislumbran que la nueva ley tiene puntos
oscuros y ambiguos que pueden dar pie a una "arremetida de la
derecha", que no están dispuestos a tolerar, o a una serie de
modificaciones que hagan irrealizable el principio reformista de
gobierno igualitario y autónomo de las casas de altos estudios.
Panorama dialogó extensamente con el actual presidente de la
Federación Universitaria Argentina (FUA-Línea Córdoba) y
representante de Franja Morada, Federico Storani, sobre problemas y
las repercusiones que tendrá en la Universidad este nuevo
encuadramiento legal. La síntesis de la entrevista, durante la cual
Storani —acompañado por Facundo Suárez (hijo), dirigente
metropolitano de FM— remarcó las disidencias, los peligros y las
omisiones de la ley, es la siguiente:
-¿Qué opinión tiene FM
de la ley Universitaria? -Se debe inscribir y entender como parte
de la lucha por el poder que se libra en estos momentos en el
oficialismo. En . este sentido las omisiones y las ambigüedades de
la ley pueden desencadenar el macarthismo en la universidad como
ya se ha hecho notorio en otros organismos e instituciones manejadas
por el peronismo. Por otra parte, existe la promesa formal del
ministro que sólo será una ley transitoria, con un plazo de un año,
con lo "cual es difícil vislumbrar si esta normalización va a
modificar en algo o en mucho lo hecho durante todo el año pasado.
Sabemos que van a intentar aplastar a los sectores progresistas, de
hacer retroceder a la Universidad a épocas pasadas, pero no lo vamos
a permitir.
-¿Cuáles son las disidencias o las objeciones más
importantes que ustedes plantean? -Estamos en contra del artículo
5º que puede dar lugar, por su ambigüedad, a la discriminación
ideológica. No se plantea el gobierno igualitario y cuatripartito
(docentes, estudiantes, no docentes y egresados), y el tripartito
aludido en la ley le da la mayoría a uno de los sectores (docentes)
y por lo tanto es absolutamente irreal. No está clan el problema de
los concursos, ya que no se garantiza la autoridad científica de los
profesores que puedan ganarlos.
-¿A partir de la sanción de
la ley puede haber cambios en los cuadros directivos de la
Universidad? -Es casi seguro que los elementos reaccionarios
tratarán de reconquistar el espacio perdido, pero hay que recordar
que esta normalización, aunque mínima y contradictoria, no es un
favor que nos hace el gobierno a los estudiantes sino que, muy por
el contrario, es un derecho que ganamos en la lucha contra la dictadura y un derecho que vamos a mantener.
-Algunos sectores
opinan que el activismo en la Universidad sufrirá un descenso
considerable durante este año. Dicen que hay resquebrajamiento en
algunos sectores duros y que carecen de objetivos políticos
concretos como para movilizar a la masa estudiantil. ¿Qué opinan
al respecto? -A esos sectores les conviene el silencio del
activismo y por eso lo proclaman, pero sus planteos son falsos. La
lucha va a ser distinta a la que oponíamos a la dictadura militar,
es cierto; pero de allí a que quede adormilada, aletargada, hay
largo trecho. Haremos una tarea de esclarecimiento, pelearemos para
que los postulados democráticos de la autonomía vuelvan a la
Universidad, vigilaremos el nombramiento de los jurados para los
concursos y nos opondremos a cualquier intento restrictivo o
discriminatorio. Nuestra lucha seguirá siendo reivindicativa para
fortalecer las formas democráticas y populares. La soberanía popular
debe darse en todos los sectores de la vida de un país y por
supuesto
en la Universidad, sobre todo si el partido gobernante reitera
constantemente sus postulados de liberación nacional y popular.
-¿La intervención deja un saldo positivo? -Hemos apoyado
públicamente gran parte de las medidas de la intervención, algunas
sumamente importantes como el ingreso irrestricto de alumnos y la
modificación de los cuadros docentes reaccionarios que habían sido
nombrados por la dictadura. Pero también dijimos que la intervención
debía terminar y devolver el poder a los claustros. La nueva
reglamentación durará un año o poco más según el ministro Taiana.
Esperemos que se cumpla, porque aquí también hay medias palabras
peligrosas y ambigüedades muy sutiles.
Revista PANORAMA
MARZO 14, 1974
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Después de casi veinte días de arduas
negociaciones, consultas, tachas y borroneos, la ley que
regirá la actividad universitaria, por lo menos durante
el próximo ciclo lectivo, encontró la media sanción del
Senado, con el apoyo de la primera minoría y la
oposición crítica de la mayor parte de los grupos
estudiantiles representativos. El régimen legal que
ahora sólo necesita el acuerdo de la Cámara de Diputados
para su promulgación definitiva concluye, al menos
teóricamente, con las intervenciones iniciadas luego del
25 de mayo de 1973 con el ascenso del peronismo al
poder, y supone un lento camino hacia la normalización
final de la Universidad, desarticulada un mes después de
la caída del gobierno de Arturo Illia, en 1966.
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