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un año crítico
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Sin embargo, el proyecto que obligó a desvelados cabildeos entre peronistas y radicales con las consiguientes reformas y alteraciones, no parece capaz de definir la problemática universitaria y sólo supone una salida de compromiso, un respiro necesario antes de emprender la tarea de encuadrar la normalización de las casas de altos estudios dentro de la Ley General de Educación, proyecto que aparentemente será conocido recién al finalizar el año.
Mientras tanto, la transición, comprometida como máximo a un año y medio, preparará el terreno para el nuevo ordenamiento reorganizando las cátedras, eliminando a los rectores y decanos más conflictivos, limitando la participación de los alumnos en el gobierno de las facultades y creando, tal vez, un polo de resistencia a la política oficial desde un flanco hasta ahora leal, sino simplemente crítico; a la gestión del ministro de Educación y Cultura.

LAS REFORMAS. Es evidente que si bien el proyecto oficial fue limado de asperezas antes de su promulgación en la Cámara de Senadores, ninguno de los grupos estudiantiles representativos avaló con su voto favorable a la nueva ley. Es decir, que ésta ha nacido sin la garantía de su reconocimiento por parte de la fuerza política real de la universidad y que en los últimos años hizo naufragar todo intento de reglamentación inconsulta: los estudiantes, incluso, las negociaciones del radicalismo, que determinaron la modificación del articulado original, no ganaron la simpatía de estos grupos, a tal punto que Franja Morada, organización representativa de ese partido en la Universidad, no ha dejado de criticar los aspectos fundamentales de la ley (ver recuadro). Es que la UCR, ferviente partidaria de la Reforma Universitaria de 1918, resignó esa bandera para permitir el acuerdo sobre un punto intermedio al propuesto por el peronismo. Así, las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo tendrán atribuciones de delegado normalizador hasta tanto se sancione la ley definitiva y el gobierno tripartito —aunque no igualitario— será mantenido en cada facultad. Estos dos puntos claves para la autonomía universitaria quedaron, por lo tanto, congelados a igual distancia de las teorías peronistas y radicales, en una espera que no puede pasar de un año y medio.
Sin embargo, este traslado de la cuestión más espinosa hasta una próxima oportunidad es ampliamente resistida por los estudiantes, así como la inserción del controvertido artículo 5º que prohíbe la actividad política dentro de las facultades y que consideran proscriptivo y "peligroso", ya que daría margen a la "represión ideológica" en los claustros. No son, por supuesto, los únicos puntos oscuros de que adolece la ley en opinión de las agrupaciones de activistas. Los núcleos reformistas y de la izquierda revolucionaria reunidos en la FUA —línea Córdoba, así también como la JUP —aunque con mayor cautela— prevén que la ofensiva de los ortodoxos comenzará a hacerse sentir a partir de la sanción de la ley y que tendrá como comienzo el reemplazo de los rectores y decanos más comprometidos con las líneas progresistas. Esta "purga", que en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UNBA) alcanzaría por lo menos a cuatro decanos y al delegado interventor Ernesto Villanueva, permitiría posteriormente "limpiar" las cátedras utilizando el mecanismo de concursos de dudosa garantía académica que plantea el proyecto legal, para terminar imponiéndoselo a los alumnos sin votos suficientes en el Consejo, como para evitar que se consuma esta política. Esto unido a la prohibición de votar en las elecciones de centros a los alumnos de 1er. año, y que normalmente suman casi el 50 por ciento de la población universitaria total, prepararía el camino para desarmar todo lo actuado y "retrotraer a la Universidad a las épocas de la dictadura militar", como afirmo Willy Moralli, dirigente de TUPAC.
La hipótesis de que el plan esté en marcha ha puesto a todo el estudiantado en guardia y a la expectativa con el peligro eventual que esa actitud supone para el gobierno. Es decir, que el peronismo beneficiario durante un año de gobierno del apoyo de los alumnos sobre la base de actitudes amistosas y concesiones importantes, puede quedar de pronto encerrado en un conflicto universitario permanente que hará irrealizable cualquier proyecto para ese sector, como lo probaron los gobiernos militares después del 66, con el consiguiente desgaste para su política. Pero en este caso, la dureza de los grupos reformistas, peronistas promontoneros y de la izquierda revolucionaria arrastrará también, inevitablemente, a la oposición del radicalismo comprometido de alguna manera con la sanción de esta ley, pero no menos ligado a los planteos que pueda ofrecer el alfonsinismo a través de Franja Morada.

OPINIONES. Paradójicamente, el dinámico proceso universitario provocó este violento vuelco que ya comienza a insinuarse —desde una amistad sin límites a una desconfianza en aumento— y obligará al ministro de Educación a buscar el apoyo de los sectores más ortodoxos y verticalistas que de todos modos, no alcanzan para compensar la oposición del grueso del estudiantado. Estos sectores, que van desde la derecha del peronismo como el CNU hasta los más moderados como FEN-OUP, no tuvieron opiniones similares con el proyecto de ley universitaria. Así, por ejemplo, mientras los primeros se declararon totalmente favorables a lo propuesto por el Poder Ejecutivo, el FEN-OUP se manejó con menos obediencia. Según Federico Ocampo, dirigente de esta última fracción, la ley es transitoria "y la apoyamos en la medida que consideramos que es un paso a la universidad peronista deseada por nosotros y por el general Perón". A pesar de definirse en contra de la autonomía, Ocampo interpreta que "Perón tuvo que conceder en ese plano para evitar un enfrentamiento con los radicales, es decir que es una actitud coyuntural encuadrada en su estrategia de conjunto". Para el FEN-OUP "el proceso de cambio profundo comenzará cuando desaparezcan los elementos nombrados por la funesta intervención y el activismo profesional que este año será rechazado por la mayoría del alumnado". Es decir, que, de acuerdo a sus previsiones, el nuevo curso lectivo tendrá como característica más importante "el reflujo del activismo izquierdista que ya no tiene cabida dentro de los claustros". Algo muy distinto a las apreciaciones que sugiere en su último número la revista Cabildo, vocero del nacionalismo tradicional, que afirma que la ley no hace más-que legalizar la "subversión marxista en la universidad", además de permitir que por querer 'neutralizar' a las minorías de extrema izquierda se conmina a politizar a todo el alumnado, no advirtiéndose que eso es precisamente lo que quiere el marxismo". Acusa de esta situación al "peronismo ortodoxo", por creer "que esta ley es una solución", afirmando que "parece que se ignorase que no se puede hablar de alumnado en términos normales ya que se trata de una masa incoherente, confundida por la acción impune y constante de los agitadores profesionales".

LA SANCION. En los próximos días, y ya superado el escollo de Senadores, la ley pasará sin problemas la Cámara de Diputados. Aquí también los radicales repetirán disciplinadamente la actitud de su bloque en la Cámara Alta, es decir, votar a favor en general y en contra en particular. Pero, seguramente, se sumarán las voces en contra de los diputados de la Alianza Popular Revolucionaria y las de tres flamantes legisladores peronistas: Rodolfo Ortega Peña, Leonardo Bettanin y Raúl Zavala Rodríguez. El primero se opondrá, de acuerdo con su línea, lisa y llanamente a la promulgación, mientras que los restantes diputados sostendrán la actual postura de la JUP frente a la cuestión; esto es, votar las partes favorables y resistir los artículos considerados negativos. Tanto Bettanin como Zavala Rodríguez solicitarán también una mayor participación estudiantil en los organismos de decisión, y la permanencia de los actuales delegados interventores. Planteos prácticamente imposibles de ser satisfechos.
En ocasión del tratamiento del tema en el Congreso por parte de Senadores, la FUA organizó una manifestación para demostrar públicamente su discrepancia con la nueva ley. Cuando el proyecto sea debatido en Diputados, los estudiantes volverán a concentrarse con el mismo objeto en la plaza de los Dos Congresos, y es probable que nuevamente la JUP esté ausente en la cita. El grupo promontonero no se ha lanzado aún a la oposición abierta sobre la base de que la situación no se ha modificado radicalmente y que permanecen en sus puestos los delegados avalados por la agrupación. Sin embargo, el cuestionamiento creciente hacia esos funcionarios, y en especial a Villanueva, podría obligar a la JUP a cambiar muy pronto de frente. Que la etapa de las definiciones se acerca quedó demostrado el viernes pasado, durante el acto que en la Facultad de Derecho que dejó inaugurado el curso lectivo de la UNBA. Los delegados de Económicas, Odontología, Exactas, Ingeniería y Medicina no estuvieron presentes para avalar la presencia del rector Villanueva. Se habló de desinteligencias entre éstos y el interventor, cosa que quedó claramente comprobada. Sólo que la disidencia no es pedagógica sino política, y los cinco ausentes querían demostrar así que no tienen relación con el rector y sus fieles seguidores.

Storani: "Una ley ambigua y peligrosa"
Las extensas negociaciones del bloque oficialista con el radicalismo para conseguir una sanción sin tropiezos de la ley Universitaria, no dejó, sin embargo, allanado el camino para una colaboración más estrecha entre los grupos estudiantiles de ese partido y las futuras autoridades nombradas de acuerdo a este nuevo marco legal. Por el contrario, las dudas y las reservas de los dirigentes de Franja Morada (radicales alfonsinistas) se mantienen y es probable, incluso, que se acrecienten en el futuro inmediato. La FM apoyó con claridad la labor de la intervención y sus delegados; Además, aceleró las negociaciones para reconstituir la Federación Universitaria Argentina (FUA) sobre la base de su poder y la de la JUP, uno de sus eventuales aliados, y sobre quienes puede caer el peor peso de la normalización universitaria. Es decir que los alfonsinistas difícilmente prestarán acuerdo a medidas que ataquen a su política —enmarcada en los principios de la reforma de 1919— o la de los sectores afines, que hagan naufragar la perspectiva de reconstruir el organismo estudiantil dividido desde 1968.
De acuerdo a este esquema, los radicales vislumbran que la nueva ley tiene puntos oscuros y ambiguos que pueden dar pie a una "arremetida de la derecha", que no están dispuestos a tolerar, o a una serie de modificaciones que hagan irrealizable el principio reformista de gobierno igualitario y autónomo de las casas de altos estudios. Panorama dialogó extensamente con el actual presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA-Línea Córdoba) y representante de Franja Morada, Federico Storani, sobre problemas y las repercusiones que tendrá en la Universidad este nuevo encuadramiento legal. La síntesis de la entrevista, durante la cual Storani —acompañado por Facundo Suárez (hijo), dirigente metropolitano de FM— remarcó las disidencias, los peligros y las omisiones de la ley, es la siguiente:

-¿Qué opinión tiene FM de la ley Universitaria?
-Se debe inscribir y entender como parte de la lucha por el poder que se libra en estos momentos en el oficialismo. En . este sentido las omisiones y las ambigüedades de la ley pueden desencadenar el macarthismo en la universidad como ya se ha hecho notorio en otros organismos e instituciones manejadas por el peronismo. Por otra parte, existe la promesa formal del ministro que sólo será una ley transitoria, con un plazo de un año, con lo "cual es difícil vislumbrar si esta normalización va a modificar en algo o en mucho lo hecho durante todo el año pasado. Sabemos que van a intentar aplastar a los sectores progresistas, de hacer retroceder a la Universidad a épocas pasadas, pero no lo vamos a permitir.

-¿Cuáles son las disidencias o las objeciones más importantes que ustedes plantean?
-Estamos en contra del artículo 5º que puede dar lugar, por su ambigüedad, a la discriminación ideológica. No se plantea el gobierno igualitario y cuatripartito (docentes, estudiantes, no docentes y egresados), y el tripartito aludido en la ley le da la mayoría a uno de los sectores (docentes) y por lo tanto es absolutamente irreal. No está clan el problema de los concursos, ya que no se garantiza la autoridad científica de los profesores que puedan ganarlos.

-¿A partir de la sanción de la ley puede haber cambios en los cuadros directivos de la Universidad?
-Es casi seguro que los elementos reaccionarios tratarán de reconquistar el espacio perdido, pero hay que recordar que esta normalización, aunque mínima y contradictoria, no es un favor que nos hace el gobierno a los estudiantes sino que, muy por el contrario, es un derecho que ganamos en la lucha contra la dictadura y un derecho que vamos a mantener.

-Algunos sectores opinan que el activismo en la Universidad sufrirá un descenso considerable durante este año. Dicen que hay resquebrajamiento en algunos sectores duros y que carecen de objetivos políticos concretos como para movilizar a la
masa estudiantil. ¿Qué opinan al respecto?
-A esos sectores les conviene el silencio del activismo y por eso lo proclaman, pero sus planteos son falsos. La lucha va a ser distinta a la que oponíamos a la dictadura militar, es cierto; pero de allí a que quede adormilada, aletargada, hay largo trecho. Haremos una tarea de esclarecimiento, pelearemos para que los postulados democráticos de la autonomía vuelvan a la Universidad, vigilaremos el nombramiento de los jurados para los concursos y nos opondremos a cualquier intento restrictivo o discriminatorio. Nuestra lucha seguirá siendo reivindicativa para fortalecer las formas democráticas y populares. La soberanía popular debe darse en todos los sectores de la vida de un país y por supuesto en la Universidad, sobre todo si el partido gobernante reitera constantemente sus postulados de liberación nacional y popular.

-¿La intervención deja un saldo positivo?
-Hemos apoyado públicamente gran parte de las medidas de la intervención, algunas sumamente importantes como el ingreso irrestricto de alumnos y la modificación de los cuadros docentes reaccionarios que habían sido nombrados por la dictadura. Pero también dijimos que la intervención debía terminar y devolver el poder a los claustros. La nueva reglamentación durará un año o poco más según el ministro Taiana. Esperemos que se cumpla, porque aquí también hay medias palabras peligrosas y ambigüedades muy sutiles.

Revista PANORAMA
MARZO 14, 1974

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Después de casi veinte días de arduas negociaciones, consultas, tachas y borroneos, la ley que regirá la actividad universitaria, por lo menos durante el próximo ciclo lectivo, encontró la media sanción del Senado, con el apoyo de la primera minoría y la oposición crítica de la mayor parte de los grupos estudiantiles representativos. El régimen legal que ahora sólo necesita el acuerdo de la Cámara de Diputados para su promulgación definitiva concluye, al menos teóricamente, con las intervenciones iniciadas luego del 25 de mayo de 1973 con el ascenso del peronismo al poder, y supone un lento camino hacia la normalización final de la Universidad, desarticulada un mes después de la caída del gobierno de Arturo Illia, en 1966.
Storani
Villanueva