La Revolución Universitaria pasó, en forma dramática, a un abierto enfrentamiento armado. En la noche del 12 de julio, los pocos paseantes que se aventuraron a dejar la relativa seguridad de sus casas debieron practicar apresurado cuerpo a tierra: el centro de Santa Cruz se convirtió de pronto en un campo de batalla. Ráfagas de ametralladoras zigzagueaban peligrosamente marcando los puestos de diarios y hasta los cacharros de barro de algunas cholas que se habían retrasado al guardar su mercancía antes de regresar al arrabal. La Universidad Gabriel René Moreno y el Instituto de Capacitación Popular eran los epicentros del enfrentamiento estudiantil. El eterno dilema de izquierdas y derechas, que a partir de mayo se resolvía en favor de estas últimas (cuando debió renunciar el ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, cabeza visible del tránsito hacia el socialismo y numen de los radicalizados grupos mineros y estudiantiles), retornaba al plano de la violencia. Cuarenta y ocho horas antes, la pugna ideológica que divide a Bolivia había conmovido los cimientos del gobierno: el presidente Ovando resolvió una grave crisis castrense: separó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Juan José Torres, y suprimió el cargo. Ese repliegue de la izquierda boliviana, realizado bajo la intensa presión del ejército y los grupos conservadores, llevó a ésta a un nuevo ensayo de la guerrilla campesina justamente en el terreno de sus principales fracasos. El domingo 19 de julio hizo su reaparición el Ejército de Liberación Nacional (ELN), esta vez bajo el mando del doctor Osvaldo Peredo, más conocido como el Chato, hermano de los ultimados jefes guerrilleros Inti y Coco, que lucharon junto a Ernesto Che Guevara en su trágica aventura por las selvas bolivianas. Un comunicado del ELN define su posición: lucha a muerte contra el imperialismo norteamericano. Ataca a los partidos comunistas del continente y define sarcásticamente al régimen de Ovando como un nacionalismo revolucionario inspirado por el Pentágono. El gobierno acusó el impacto y se sintió obligado a aclarar: la reaparición de los guerrilleros no puede llevar a otra cosa que a un nuevo enfrentamiento sangriento que debe terminar forzosamente con el aniquilamiento de ese grupo.
Esta vez los guerrilleros eligieron un terreno más apto para su acción: las selvas tropicales del Alto Beni, que se extienden al norte de La Paz hasta la frontera con Perú. Y justamente escogieron para reanudar las hostilidades un hecho espectacular: al mismo tiempo que Ovando formulaba su amenazante respuesta en La Paz, rodeado de reflectores y periodistas, a un centenar de kilómetros al Norte, los hombres del Chato Peredo reiteraban su desafío. Tomaron por asalto el pequeño villorrio de Teoponte, un campamento de apenas 300 habitantes que trabajan en su totalidad en los yacimientos auríferos explotados por la South American Placers, una empresa norteamericana, y capturaron a dos mineros alemanes, Eugene Shulhauser y Gunther Lerch, técnicos en rastrear oro del río Kaka, llevándoselos como rehenes. Horas más tarde fijaron las condiciones para el rescate: liberación de diez presos políticos (el argentino Gerardo Bermúdez y los bolivianos Loyola Guzman —la única mujer del grupo—, Félix Melgar Antel, Oscar Busch, Víctor Córdoba, Roberto Moreira, Rodolfo Saldaña, Juan Sánchez, Benigno Coronado y Enrique Ortega). En caso de no accederse a lo pedido, los rehenes serían pasados por las armas. La conmoción que produjo esa noticia tuvo una repercusión inmediata a miles de kilómetros de allí: en Bonn, capital de la Alemania Federal, el canciller Willy Brandt reunió de urgencia a su gabinete. Teoponte, un nombre exótico y difícil de pronunciar en alemán, prometía ingresar en la trágica lista sudamericana de secuestros a diplomáticos y ciudadanos germanos, inaugurada sangrientamente en Guatemala con el asesinato del embajador Von Spretti. Un mensaje personal de Brandt al presidente de Bolivia tuvo tranquilizante respuesta: Ovando aceptaba el trueque.
En el plano universitario la tensión alcanzaba al clímax: los sectores de derecha se apoderaban del edificio de la Universidad de San Andrés y desalojaban a sus adversarios de izquierda, quienes se hicieron fuertes en la facultad de Ingeniería. Tropas del ejército, pertrechadas con armamentos de guerra, mantenían separados a los dos grupos antagónicos. La Paz, en tensa vigilia, era un polvorín. La populosa y moderna avenida 16 de Julio aparecía desierta mostrando su novísimo perfil de rascacielos —casi un centenar— inaugurados hace apenas quince días. Bombas y balas destrozaban vidrieras y viviendas, desde la residencia del general Rogelio Miranda, comandante del ejército y una de las principales Figuras del convulsionado país, hasta la de la hermana del ex presidente Siles Salinas, en el aristocrático barrio de Calacoto. Al ELN se antepuso MANO, organización terrorista de derecha. Y para complicar aún más el panorama, surgió Mano Izquierda similar pero del otro extremo. Desde París J. P. Sastre suscribía solicitadas en las que pedía la libertad del ideólogo Regis Debray, filósofo marxista de las guerrillas, que cumple en Camirí una condena de treinta años. Curioso: la omisión del ELN de pedir su liberación y la del argentino Cilio Bustos. Es que —habrían afirmado voceros de la guerrilla— sobre ambos pesa la duda de su comportamiento en los interrogatorios a que fueron sometidos por los organismos de seguridad. Existirían evidencias de que ambos, quizá presionados, delataron al Che.
El lunes 21, el gobierno decretó el estado de sitio en todo el país y declaró zona militar a las 3 provincias norteñas donde se detectaron movimientos guerrilleros: Larecapa, Caupolicán y Yungas. Al día siguiente se cerraba otro de los capítulos de esta historia. En un avión de la Fuerza Aérea Boliviana los diez guerrilleros, veteranos de la campaña del 67, llegaban a Arica, Chile. En un mensaje a la nación, Ovando formuló el anuncio. Y como ya es moda, un sacerdote progresista, el padre jesuita José Erast, que ofició a pedido de los extremistas como mediador, confirmó por una cadena de emisoras la determinación del gobierno. El miércoles, tras cuatro días de cautiverio, cansados y barbudos, Shulhauser y Lerch se reunían con sus esposas.
El contraataque del gobierno no se hizo esperar. Fuerzas militares especializadas en acciones antiguerrilleras tomaron el control de las zonas donde se presume operan alrededor de setenta extremistas, de los cuales, según información oficial, una veintena serían extranjeros: argentinos, franceses, chilenos y peruanos. Los rangers bolivianos, adiestrados en las tácticas de los boinas verdes por oficiales norteamericanos veteranos del Vietnam, han alcanzado un grado de operatividad como nunca antes tuvieron.
La élite de esta nueva guerrilla está formada, a diferencia de las anteriores, por jóvenes universitarios de formación tanto democristiana como marxista que se incorporaron al grupo que dirige el Chato Peredo. Son dirigentes juveniles demócratas cristianos tales como Adolfo Quiroga Bonadona (Rodolfo), presidente de la Confederación Universitaria Boliviana; Mario Sánchez Moreno (David), vicepresidente de la CUB. Juan J. Saavedra, miembro del Comité Central Revolucionario de la Universidad Mayor de San Andrés; Antonio Figueroa, de la Federación Universitaria de La Paz; Carlos Suárez Soto y Ricardo Justiniano Roca, de la misma entidad, y Néstor Paz, un católico independiente que justifica su actitud citando frases del Evangelio. Por el comunismo no maoísta, Horacio Rueda Pena, Norberto Domínguez Silva y Carlos Suárez Coimbra, abiertos ahora de la llamada línea Moscú, suscriben idéntico pensamiento. Se tiene casi la certeza de que este movimiento no cuenta con el apoyo económico de Cuba. Los fondos, según aventurada versión extraoficial, provendrían de golpes contra entidades bancarias y rescates por secuestros perpetrados en el Uruguay por el grupo Tupamaro. Algunos sacerdotes radicalizados apoyan moral mente a este tipo de explosión violenta, basados en los documentos de Medellín. Todos ellos se lanzan a la lucha, convencidos de que el gobierno encabezado por Ovando Candía perdió fuerzas y pactó con la derecha y los intereses internacionales para mantenerse en el poder, lejos de los postulados que tuvo en su origen y que tendían al cambio de estructuras: la estatización de la empresa petrolera norteamericana Gulf Oil; la anulación del Código Petrolero (redactado en Nueva York por el estudio de abogados Daveport & Co.), que era ley, y del Estatuto de las Organizaciones Sindicales, elemento represivo que legalizaba abusos; la eliminación del artículo 201 del Código de Mine ría que autorizaba a los consorcios extranjeros a comprar y vender libremente el mineral de estaño; la formalización de relaciones diplomáticas con la URSS y otros países del bloque socialista, hitos que marcaron el camino hacia la estatización y el socialismo. La relativa facilidad con que se lograron estos cambios incrementaron la audacia de los intelectuales progresistas, apoyados incluso por declaraciones del propio Ovando. En un reportaje exclusivo publicado el 19 de diciembre de 1969 en el semanario uruguayo Marcha, afirmó que su gobierno asumiría el total dominio económico del país por medio del capitalismo del Estado. La meta de ese proceso —dijo luego— será la propiedad estatal de los medios de producción, la nacionalización de la banca, del comercio exterior y de todos los aspectos conexos hasta llegar por último a la eliminación completa de la propiedad privada.
Un mes después, en enero de este año, ante las reacciones que produjeron sus declaraciones, se rectificó parcialmente: dijo que su gobierno no era socialista ni capitalista y que no proyectaba las nacionalizaciones anunciadas. Bolivia pertenece —sostuvo entonces— al tercer mundo, al del analfabetismo y la miseria. El 16 de marzo, debió firmar un decreto re-implantando la pena de muerte: los atentados terroristas habían aniquilado días antes al director del diario Hoy, Alfred Alexander, y a su esposa. Las discrepancias profundas que la medida causó en su gabinete lo hicieron desistir de su aplicación. En abril, la revolución universitaria iniciada a comienzos de mes en La Paz se extendió a las universidades de Cochabamba, Oruro, Tarija, Sucre, Potosí y Santa Cruz. Simultáneamente, el XIV Congreso Nacional de Mineros reeligió al líder Juan Lechín Oquendo como secretario general de la Federación de Mineros de Bolivia y aprobó una declaración de oposición total al gobierno.
En mayo tuvo que afrontar una gravísima crisis política y reorganizar su gabinete, Desaparecieron así del escenario oficial los ministros más radicalizados: Quiroga Santa Cruz, Alberto Bayle Gutiérrez, José Ortiz Mercado y Oscar Bonifaz. Los cánones del presidente ya apuntaban nuevamente hacia la derecha. En junio, violentos disturbios universitarios ensangrentaron la ciudad de Cochabamba, ante la aparición de los cadáveres de Jenney Koelley y Elmo Catalán, que mostraban huellas de haber sido torturados antes de su muerte. Único acusado: el gobierno. La refriega se extendió: en Potosí murió baleado el estudiante Félix Coila. La réplica oficial acusó al ELN. Caído en desgracia el general Juan José Torres, desapareció el único apoyo que le restaba al sector civil izquierdista de la revolución boliviana. Los tres comandantes, generales Rogelio Miranda, Fernando Sattori y capitán naval Alberto Albarracín, quienes inspiraron la separación de Torres, expresaron abiertamente que no tolerarían experiencias socializantes de ningún tipo. He ahí el porqué de la aparición del nuevo brote guerrillero.

Revista Semana Gráfica
31.07.1970

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