La última jornada del juicio de Burgos, el
miércoles 9 de diciembre, se Inició en una sala atestada de gente,
donde la tensión no presagiaba un final apacible. El día anterior el
Consejo de Guerra había rehusado responder a una veintena de
interrogantes planteados per la defensa. Mario Onaindia Naxtiondo.
un empleado bancario de 29 años, para quien el fiscal ha pedido la
pena de muerte, se proclamó orgullosamente miembro de Euskadi Ta
Askatasuna (ETA) —puede traducirse como País Vasco y Libertad— y se
negó a declarar. Onaindia, el último de los 16 acusados que era
indagado, dijo que se consideraba prisionero de guerra y que, por lo
tanto, se lo estaba obligando a dar su nombre y rango. Cuando el
presidente del Consejo, coronel Manuel Ordovas, intentó hacerlo
callar, estalló el tumulto. El acusado saltó de su asiento y avanzó
hacia el juez militar. Algunos de sus compañeros lo imitaron y el
público comenzó a gritar consignas nacionalistas vascas. Un policía
desenfundó su pistola, pero otro guardián lo contuvo. Sobre el
estrado, uno de los 5 jueces militares desenvainó su espada sólo
para volver a guardarla sin gloria, pues la sangre no llegó al rio.
Jesús Abrisqueta, de 32 años, que puede ser condenado a 18 años de
cárcel por "bandidaje y terrorismo", fue trabajosamente devuelto a
su asiento, sin que dejara de gritar: "¡Facistas!". Otro acusado, el
sacerdote Juan Calzada, de 35 años, se abrió paso entre los
guardias, logrando llegar hasta el fiscal siendo finalmente retirado
de la sala por tres policías. Por fin, entre gritos de "¡Gora
Euskadi eskatuta!" (viva el país vasco libre), los prisioneros
fueron obligados a volver a sus asientos. Pero nada pudo impedir
que entonaran a coro la vieja canción con que marchaban al combate
los milicianos vascos durante la guerra civil de 1936-39. "Eusko
gudari gara..." (somos soldados vascos). Al cabo de varios
minutos de alboroto, el Tribunal hizo desalojar la sala,
prosiguiendo el proceso a puertas cerradas. Unas horas más tarde,
poco antes de las 15, se dio por finalizado el proceso y la causa
quedó lista para que el Consejo de Guerra dicte sentencia. En un
principio, se anunció que los 5 jueces militares darían a conocer su
veredicto en uno o dos días, sin embargo, al redactarse estas líneas
—el jueves 17— aún no se conocía el fallo. La formidable ola de
protestas que encrespó España y tuvo manifestaciones de distinto
cariz en todo el mundo, fue la causa principal que demoró la
sentencia. De todas maneras, sea cuál fuere la pena aplicada a
los 16 nacionalistas vascos y las consecuencias que ella provocará,
ya había ocurrido algo irreparable para el gobierno español. El
proceso montado contra los separatistas del ETA se convirtió en un
juicio al régimen del generalísimo Francisco Franco, Caudillo por la
gracia de Dios. Un juicio que tiene por fiscales a obreros,
estudiantes e intelectuales en España y a millares de españoles
exiliados en todo el mundo. Y por jueces, a millones de hombres de
todos los países. Los 16 vascos acusados, fueron acusadores durante
todo el tiempo. Un pasaje del proceso podría ser tomado como
ejemplo de su tónica general. Joaquín Gorostidi, mecánico, de 23
años, ex presidente de la seccional de Tolosa de los metalúrgicos,
para quien se pide la pena capital, hizo enrojecer de ira al
tribunal militar. El fiscal le preguntó si había sido culpable de
"vagancia con intención de robar". —No —contestó rotundamente el
acusado. El fiscal inquirió, entonces, si conocía a alguien que
hubiera incurrido en "vagancia con intención de robar". —Sí, la
Guardia Civil —fue la respuesta de Gorostidi.
ESPAÑA, EN
EMERGENCIA Casi a diario, cientos de manifestantes habían
desafiado los garrotes y los gases de la policía en las mayores
ciudades de España. Los gritos de ";Abajo Franco!" y "Franco
asesino!" retumbaron en las calles de Madrid, Barcelona y Burgos El
miércoles 10, a pesar de la lluvia, la mayoría de los habitantes de
Eibar, pequeña ciudad industrial de Euskadi, se agolparon en las
calles para ver pasar, a toda máquina, escoltado por guardias
civiles, al coche que llevaba los restos de José Pérez Jáuregui,
manifestante de 21 años, abatido por la policía. Sin dar tregua,
las manifestaciones callejeras se repitieron en Pamplona, Salamanca,
Granada y otras ciudades. En los primeros días del mes. el gobierno
implantó el estado de emergencia en Guipúzcoa, la más levantisca de
las provincias vascas. La medida dio poderes a la policía para
practicar arrestos y allanar domicilios sin orden judicial. El
jueves 3, más de 80 mil obreros y empleados de la región vascongada
abandonaron sus trabajos en señal de repudio al juicio de Burgos. El
centro de la ciudad de San Sebastián fue escenario de vastos y
minuciosos operativos policiales en busca del cónsul alemán raptado.
El día 15, veinte detectives registraron el Seminario Diocesano de
San Sebastián, mientras policías armados de metralletas mantenían
rodeado el edificio. Buscaban al cónsul Eugen Beihl, pero no
encontraron nada. El comunicado oficial anunciando el estado de
emergencia en Guipúzcoa señalaba, con términos muy semejantes a los
utilizados en otras latitudes, que la medida era adoptada para
enfrentar las actividades subversivas desplegadas por grupos
minoritarios y para "asegurar a todos los españoles el legítimo
beneficio del orden y la paz interna". Aparentemente, la
represión no tuvo mucho éxito. En Bilbao, corazón de Euzkadi, los
estudiantes coparon en varias oportunidades sectores céntricos de la
ciudad, atacando edificios públicos con bombas molotov y piedras.
"Solo queda un medio: la protesta callejera, la agitación". Un
anónimo dirigente de las comisiones obreras clandestinas sintetizaba
así la actitud de las organizaciones de trabajadores que nuclean a
socialistas, católicos, comunistas y opositores a Franco en general.
EN UN CONVENTO El sábado 12, a la mañana, unos trescientos
artistas e intelectuales catalanes se reunieron en el monasterio de
Monserrat, a unos 70 kilómetros al Noroeste de Barcelona, para
protestar contra el proceso de Burgos. La policía bloqueó, de
inmediato, todos los accesos al histórico monasterio, enclavado en
lo alto de un monte. Los manifestantes, entre los que se contaban
figuras de la talla del pintor Joan Miró y de la popularidad del
cantante Joan Manuel Serrat, aseguraron que no se moverían del lugar
hasta que se diera a conocer el fallo del juicio a los dieciséis
separatistas vascos. Posteriormente, ante la demora del tribunal y
el cariz que iban tomando los acontecimientos —la policía cortó las
comunicaciones telefónicas del monasterio— decidieron salir. Antes
redactaron un manifiesto, protestando contra el juicio y pusieron
como condición, para abandonar la abadía, que las fuerzas policiales
no adoptaran represalias. El abad de Monserrat, Dom, Cassia M.
Just, había rechazado previamente la demanda policial de que
expulsara a los manifestantes. El religioso manifestó que no les
pediría que abandonasen el monasterio a menos que la policía
garantizase que no sufrirían represalias. Cuando la policía accedió
a esta condición el grupo de intelectuales abandonó la abadía. La
declaración de los catalanes expresaba su completa y fraternal
adhesión a la nación vasca y sus reclamos, que son nuestros". La
protesta generalizada incluyó, en el otro extremo de España, más
huelgas y cierres de comercios. El gran puerto pesquero de Bermeo
permaneció totalmente inactivo durante una jornada completa, también
los bancos y comercios suspendieron sus actividades. En la ciudad
mártir de Guernica, toda la población hizo huelga durante el jueyes
3. Dieciséis miembros de la "Asociación Amigos de las Naciones
Unidas", de Barcelona, ocuparon el local de la institución e
iniciaron una huelga de hambre. Igual método de protesta fue
adoptado por parte de los detenidos, a raíz de las manifestaciones
de protesta, en la cárcel de Burgos. El detalle de las acciones
contra el juicio supera las posibilidades de esta nota y la protesta
no cesa.. .
HASTA LOS CARLISTAS Hasta el anciano príncipe
Javier, pretendiente carlista al trono español, sumó su voz a la
creciente ola de manifestaciones pidiendo clemencia para los
separatistas vascos. El príncipe, que tiene 86 años y vive exilado
en París, acusó al régimen de Franco de "mantener una guerra civil
latente" con lo que calificó de "represión" a las minorías étnicas
de España. La declaración del príncipe, expulsado de España en 1968,
acompaña a un documento aprobado por 387 diputados carlistas
reunidos es "algún lugar de Francia". El manifiesto exige mayor
libertad política y sindical, así como la agrupación de los
distintos grupos étnicos de la península en una "federación de los
pueblos bajo una república social presidida por la corona". El
mismo día en que se daba a conocer la declaración carlista, el
embajador de Italia en Madrid concurría al Ministerio de Relaciones
Exteriores español. El diplomático señaló "la profunda emoción" con
que el pueblo de su patria seguía el proceso. La tremenda
reacción provocada por el juicio de Burgos produjo una fisura en el
régimen franquista. El capitán general de Cataluña, Alfonso Pérez
Vinet, enrolado en la denominada "línea dura", declaró en un
discurso que "el ejército español garantiza la permanencia del statu
quo y jamás permitirá el regreso de la horda que ya puso en peligro
la existencia de la patria . Si fuera necesario convocaría una vez
más a la cruzada para barrer con los ateos y anárquicos".
Manifestaciones de veteranos de la División Azul, que combatiera
junto a los nazis contra la URSS en la Segunda Guerra Mundial, ex
miembros de los requetés y falangistas, desfilaron en algunas
ciudades levantando la diestra en el saludo fascista. Frente a estas
demostraciones de apoyo al régimen franquista, algunos altos jefes
de las fuerzas armadas manifestaron su oposición a que fuera un
tribunal militar el que juzgara a los separatistas. Temen la
reacción popular que repudiará a los hombres de armas. Y alguna
experiencia tienen en la materia... uno de los jefes que sostiene
esta última posición fue el que dispuso el fusilamiento del
comunista Julián Grimau en 1963. Revista ASI 19/12/1970 Un
aporte de Héctor Álvarez
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EL PROCESO
MONTADO CONTRA 16 SEPARATISTAS VASCOS EN BURGOS PROVOCO
TAL OLA DE PROTESTAS Y DENUNCIAS QUE SE HA CONVERTIDO EN
UN JUICIO AL REGIMEN FRANQUISTA. LOS 16 ACUSADOS. PARA
QUIENES EL FISCAL PIDIO SEIS PENAS DE MUERTE Y MAS DE
600 AÑOS DE PRISION, SE CONVIRTIERON EN ACUSADORES. UNA
OLA DE AGITACION SIN PRECEDENTES RECORRE A ESPAÑA,
MIENTRAS EN TODO EL MUNDO SE ALZAN VOCES CONDENANDO AL
PROCESO Y PIDIENDO CLEMENCIA. FIGURAS REPRESENTATIVAS DE
LA COLECTIVIDAD VASCA EN LA ARGENTINA HACEN OIR SU VOZ.
UNA ENTIDAD DENUNCIA LAS TORTURAS A QUE SON SOMETIDOS
LOS SEPARATISTAS. SOLIDARIDAD ARGENTINA.
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