Desde Montevideo escribe Conrado Ceretti:

Aún no se había acallado el estupor ocasionado por los sangrientos sucesos del viernes 14, cuando Montevideo, el lunes de madrugada, amaneció a una realidad mucho más ominosa. Vencida la medianoche del domingo, enfurecidas tropas del Ejército y de la policía irrumpieron en un local del Frente Amplio perteneciente al Partido Comunista (comité número 20), a unos siete kilómetros del centro. Allí, tras sacar con las manos en la nuca a 5 de los varios militantes que estaban reunidos en su interior, las fuerzas del orden procedieron a fusilarlos en plena calle. Previamente, el fuego de ametralladoras, rifles automáticos y revólveres había batido el frente y los flancos de la casona, un bunker imposible. Terminado el ablande, dos de los ocupantes del comité ganaron la vereda para explicarse. En vano: fueron los primeros acribillados, y constituyeron una pieza importante en la justificación de los represores, que sin más, y como a los anteriores, los hicieron pasar por "tupas".
Numerosos testigos que vieron el comienzo del procedimiento, y algunos que oyeron lo que ocurrió posteriormente, relataron a este enviado que soldados y agentes hicieron caso omiso del "¡Basta, basta! ¡No tiren por favor!", con que los sitiados pedían el cese de la balacera. Minutos antes, se había desplomado ante la puerta del edificio el capitán de caballería Washington Busconi. Al parecer, dicho militar —presunto integrante del Escuadrón de la Muerte— se disponía a colocar una bomba para volar esa sede, cuando, desde la terraza, un afiliado en guardia lo baleó. Con él, la cifra de muertos se elevó a 8, y tal caída fue el desencadenante de la masacre. Seis miembros del PC, entre ellos una mujer, quedaron detenidos, y en las horas siguientes los uniformados efectuaron requisas de libros, discos e insignias, para probar la condición de "sediciosos" de los dueños de casa.
Casi desconocida por la población, esta cruenta aventura revolvió el avispero político capitalino. Los diarios de la tarde, así como las radios, ignoraron el hecho: el gobierno, a través de sus ministerios de Interior y Defensa, reimplantó una censura férrea a las informaciones. Después expediría un comunicado que explicaba muy benignamente las cosas.

BAÑO DE SANGRE. Tres días antes, en la mañana del 14, comandos del Movimiento de Liberación Nacional (MLN Tupamaros) habían segado la vida del ex subsecretario del Interior del presidente Pacheco Areco, licenciado Armando Acosta y Lara; del capitán de corbeta Ernesto Motto Benvenuto; del subcomisario de Inteligencia y Enlace Oscar Delega y de un agente, chofer del último de los nombrados. Verdadera escalada guerrillera, esas acciones, poco claras al principio, se volverían comprensibles al fin de la jornada. Cuatro legisladores (tres del Frente Amplio y uno —Wilson Ferreira Aldunate— del Partido Nacional, blanco) habían recibido fotocopias de 4 actas, acompañadas de una cinta magnetofónica, versiones mimeografiadas y una foto, que contenían la deposición "ante el Tribunal del Pueblo" de Nelson Baidesio, funcionario del Ministerio del Interior secuestrado por la organización el 24 de febrero.
En esos documentos, a los que Panorama tuvo inmediato acceso en el Parlamento, figuran muchos nombres comprometidos, y especialmente los de Acosta y Lara, Motto y Delega, en directa relación con la creación y funcionamiento del Escuadrón de la Muerte local. La siniestra entidad parapolicial estaría compuesta por personas que revistan en distintos cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas, a los que hay que agregar varios integrantes de la fascistoide Juventud Uruguaya de Pie (JUP), agrupación nacida al amparo del gobierno, y con su beneplácito.
Entrenados en Brasil y Argentina, según esas piezas, los cuadros del Escuadrón serían responsables del secuestro y ulterior asesinato de por lo menos cuatro estudiantes uruguayos, a quienes se sospechaba vinculados con el MLN. De los jerarcas que menciona Bardesio, uno ya había sido "tocado" por el MLN: se trata del comisario Macchi, quien se salvó milagrosamente de un atentado, aunque a costa de permanecer ciego, paralítico y disminuido mental de por vida.

CONTRAGOLPE. La misma siesta del 14 se convirtió en el tiempo de la represalia policial contra los tupamaros. En sucesivas y fulminantes operaciones fueron liquidados 8 militantes clandestinos (hay evidencia de que 6, si no todos, sucumbieron sin oponer resistencia) y se apresó a varios más. La versión oficial que informaba sobre "enfrentamientos" se volvió bastante dudosa. Este enviado, tras entrevistar a cantidad de vecinos de las casas donde perecieron los guerrilleros, obtuvo siempre idéntica impresión: no hubo intercambio de tiros, sólo disparos a mansalva.
La gravedad inusitada de los acontecimientos provocó la urgente reunión del Parlamento, al que el presidente Juan María Bordaberry enviara un pedido de autorización para suspender las garantías individuales y declarar el estado de guerra interno (una figura verbal que carece de residencia en la Constitución). En poco menos de 24 horas, los legisladores de las bancas blanca y colorada aprobaron por mayoría la proposición gubernamental, y el país quedó sometido al arbitrio de las Fuerzas Conjuntas (compuestas por las tres armas y los cuerpos de seguridad) en todo lo que significara lucha antisubversiva. De ese modo, ya el sábado el régimen se aprestaba a medir energías con el "enemigo".
Pero ¿quién era ese enemigo? Antes de que senadores y diputados sesionaran, el primer mandatario había invitado a representantes de los partidos tradicionales a conversar sobre la ofensiva tupamara y los modos de encararla. Del cónclave se omitió enfáticamente al Frente Amplio, con lo cual contribuía a afianzarse en la opinión una idea que la derecha viene inculcando desde hace rato: para la "democracia" (como se auto-califican blancos y colorados más allá de sus diferencias y diferendos), frentistas y tupamaros forman una entente a pesar de sus disímiles estrategias.
De esa charla con el presidente debe haber surgido cierto acuerdo, ya que Wilson Ferreira Aldunate, quien negara tozudamente toda colaboración al gobierno pocas semanas atrás, se prestó a avalar la adopción de las medidas propuestas por Bordaberry, cerrando filas en torno a los colorados. Esto, a corto o mediano plazo, ayudará a que esas filas se escindan; más, si se tiene en cuenta que en la mañana del lunes 17, el propio Ferreira retrocedió posiciones afirmando que los blancos habían votado la suspensión de garantías y el estado de guerra con muy diversa intención.
En el recinto de la Asamblea Nacional no sonó demasiado extraño el entendimiento, pero los observadores recordaron que los blancos de Ferreira, días antes, se habían opuesto a la sanción de una Ley de Seguridad del Estado, que concedería poderes discrecionales al Ejecutivo y su ejército para combatir a los rebeldes. Panorama trató de interrogar al dirigente en el ambulatorio del Parlamento, mientras arreciaban los debates sobre la pertinencia o no de la suspensión de garantías y la proclamación del estado de guerra. Inútilmente. El Wilson se evadió en las palabras y en los hechos.

CONSECUENCIAS. Ya vigente esa situación de emergencia en todo el país, grupos parapoliciales o de la JUP (o ambos de consuno) desataron una campaña de atentados con explosivos plásticos y tiroteos entre las 4 y las 5 y 30 horas del domingo. Doce explosiones sacudieron distintos puntos de Montevideo, y en casi todos los casos las víctimas elegidas tenían algo que ver con el Frente Amplio o con la defensa de presos políticos y gremiales. Tampoco se salvó la iglesia metodista copada por los tupamaros, desde la cual dispararon contra Acosta y Lara el viernes. Este enviado fue testigo presencial de los destrozos producidos, y en dos oportunidades pudo observar cápsulas de proyectiles que habitualmente utilizan las fuerzas armadas esparcidas por las cercanías. La madrugada anterior, un artefacto de características similares a los empleados en la ocasión había reventado en la sede diplomática de la URSS. Saltaba a la vista la índole provocativa de todos esos episodios, con que la derecha mete en la misma bolsa al Frente Amplio, a los rusos y a los tupamaros.
En la tarde del lunes se realizó una nueva sesión parlamentaria. La agenda prometía el debate sobre el otorgamiento de la venia al ex presidente Jorge Pacheco Areco (ver recuadro) para que ocupe el cargo de embajador uruguayo en España. Pero hubo que posponer el tema. Dos discursos se destacaron: el senador comunista Enrique Rodríguez advirtió que Uruguay marchaba hacia el fascismo y señaló que "vamos a enfrentar a estas hordas en todos los terrenos", refiriéndose a la matanza de sus correligionarios. Por su parte, Ferreira Aldunate exigió la investigación y el castigo de los grupos parapoliciales, sumándose a los frenteamplistas, uno de cuyos legisladores (Enrique Erro) había dado lectura el sábado a las "actas" con la confesión de Bardesio, a fin de requerir del gobierno el esclarecimiento de las andanzas del Escuadrón.
El conocimiento indirecto, a menudo de boca a oído, de esos documentos del MLN, alertó a la opinión, abonando el terreno para que los tupamaros lanzaran a fin de semana un volante donde se pedía el ajusticiamiento o la captura de los jerarcas policiales, militares y civiles sindicados como torturadores, dinamiteros y asesinos.

BALANCE. A un mes y medio de asumir el cargo, Bordaberry corre a los bandazos por las aguas políticas orientales. El jueves 13, víspera de la ejecución de Acosta y Lara, Motto y Delega, el tercer paro decretado por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) desde el 1" de marzo se convertía en indicio alarmante de que la conducción económica del oficialismo merecía un repudio general. Exitosa, la medida de fuerza consiguió —más allá de banderías partidistas— resumir la protesta por las constantes alzas de precios, la desaparición del mercada de ciertos artículos de primera necesidad, y los magros aumentos salariales, que están muy por debajo de lo requerido para asegurar un nivel de vida modestamente pasable.
Por otro- lado, se observa la reagrupación de las fuerzas de derecha, a expensas —y a veces a instancias— de las actitudes populistas de líderes como Ferreira, ambiguamente encabalgado en reivindicaciones reformistas y en reclamos por el "mantenimiento del orden". En tal sentido, se aprecia que la movida oficialista, consistente en englobar al Partido Comunista (legal y electoralista) y a los revolucionarios bajo un mismo concepto, equivale a mezclar a todo el Frente Amplio en la actividad subversiva y pertrechar alrededor de sí a moderados y reaccionarios. Pero esa movida tiene un revés inquietante: los desmanes militares del lunes en el comité allanado pueden lograr que la izquierda parlamentaria se vuelva mucho menos parlamentaria y mucho más izquierda. El martes 18, un cuarto paro con ocupación de lugares de trabajo y concentraciones en la explanada de la Asamblea Nacional amenazaba cobrar alcances políticos imprevisibles. Esa misma tarde, en el local del comité atacado velaban 7 cadáveres inútiles a la causa de la ley y el orden, pero suficientes para que el PC local asuma, impulsado por las bases, posturas celosamente refrenadas hasta ahora.
Con la implantación del estado de guerra, los hechos enfrentan a dos fuerzas en un cotejo más abierto: por un lado, el ejército y los organismos de seguridad, y por el otro la guerrilla. Esta, que el viernes, gracias a su múltiple operatividad, se demostró capaz de procesar acciones de envergadura (lo cual supone una infraestructura de gran solvencia), tal vez aguarde la cesación de las medidas de emergencia —cuatro semanas más— para reinstalar su presencia urbana.
Los uniformados, por otra parte, pusieron de manifiesto que su tradición civilista está en crisis. Los sucesos que protagonizaron los Fuerzas Conjuntas en el lapso de cuatro días señalarían que, en realidad, impera una guerra de Estado, y no sólo contra la clandestinidad.
Qué harán verdaderamente soldados o tupamaros en el futuro inmediato no se puede predecir. Pero este enviado, desde el jueves 13 hasta el martes 18, no dejó de escuchar rumores sobre cuartelazos, que recrudecieron el lunes ante la situación desairada de quienes se hallan al frente de la represión. Como quiera que fuere, el viernes de sangre y el lunes de masacre pueden ser las fechas iniciales de una aceleración de la historia uruguaya.
PANORAMA, ABRIL 20 DE 7972

URUGUAY
La ley del gatillo
Desde Montevideo escribe Conrado Ceretti:

"¿No sabe que estamos en guerra? Usted tiene que entender que en adelante, si lo encuentro por la calle, lo voy a tratar como a un enemigo". Las palabras son del inspector Víctor Castiglioni, responsable del Departamento de Información e Inteligencia de la policía montevideana (condenado a muerte por los tupamaros a causa de su presunta participación en el siniestro "escuadrón" local), e iban enderezadas a este corresponsal, quien debió permanecer largas horas "demorado" en la jefatura central capitalina el domingo 23. El motivo del encierro: la nota aparecida en Panorama número 260, que ofrecía sobre los sucesos uruguayos del 14 y el 17 de abril una versión muy distinta de la brindada oficialmente.
El episodio aclara la naturaleza de la censura impuesta en el país a toda noticia sobre las operaciones antisubversivas en curso. Así, no sólo opinión pública sino- el propio Ejecutivo carecen de elementos de valoración para juzgar la actuación de los cuerpos asignados a la represión.

SIN CUARTEL. Al parecer, las llamadas fuerzas conjuntas, abocadas a combatir el Movimiento de Liberación Nacional sin dar cuartel, no se sentían muy tranquilas una semana y media atrás, dentro del marco legal que encuadra a las instituciones armadas. Un trascendido que niegan enfáticamente los allegados al Palacio Estévez y otros contertulios de los partidos tradicionales indicaba que el domingo 16 los tres comandantes en jefe habían planteado al presidente Juan María Bordaberry la necesidad de su renuncia. Alegaban —de acuerdo a esa especie— que el mandatario iba perdiendo respaldo político, y se habrían quejado de que "todos matan, todos roban", sin
que el Ejecutivo se bastara para encarar esta situación.
Bordaberry, que realmente ve mermada su apoyatura parlamentaria y padeció el martes último el quinto paro general decretado por la Convención General de Trabajadores en protesta por la conducción económica del gobierno, rechazó —prosigue la hipótesis— aquella presión. Al otro día mantuvo conversaciones de urgencia con varios líderes de las divisas blanca y colorada, en busca de algún acuerdo que diese a su administración la caución de la estabilidad.
No era para menos. Unas diez horas antes, soldados y agentes habían ametrallado a siete militantes comunistas frente a un local del partido qué integra el Frente Amplio, acaudillado por el general (R) Líber Seregni. Amparada en la suspensión de las garantías individuales y la proclama del estado de guerra interno, la tropa demostró que la oficialidad a su cargo y la misma cúpula castrense optaban en la emergencia por una ley sin estorbos constitucionales: la ley del gatillo. Al abandonar la reunión con el primer magistrado, el caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate se declaró dispuesto a olvidar el pasado, para añadir: "Lo que importa ahora es la reacción del presidente".

CAMBIOS. Dos líneas coexistentes en el seno del poder colorado permiten aclarar un poco el asunto: están quienes desean devolver al Uruguay al cauce de un liberalismo a la antigua, aunque basándose en modelos que usualmente hacen ilusorios tales proyectos, y quienes (militares adictos) propician un enfrentamiento global con la izquierda.
Los primeros, alrededor de Jorge Battle Ibáñez, ex candidato a la presidencia, notorio monetarista y admirador de ciertas pautas del "desarrollo" brasileño, perdían terreno el lunes 17 ante los segundos. Estos, a cuya sombra florece más de una amenaza cuartelera, endurecen posiciones y pretenden dar una drástica solución al problema político, más allá —incluso— del descabezamiento de la guerrilla. Vocero de tales núcleos es el periódico originalmente nacionalista conservador Azul y Blanco, que la semana pasada pedía, sin disimulo, el advenimiento de un gobierno militar.
LEÑA AL FUEGO. El sábado 22 se produjeron dos cambios en las jerarquías del ejército oriental. El general Luis Forteza, jefe de la Región Número 1 y responsable último de los procedimientos del lunes 17 contra el comité comunista, pasaba a revistar en un instituto castrense donde ya no olerá la pólvora. Lo suplantó su par, Esteban Christi, que por línea paterna resume ciertas tendencias ultraderechistas, y goza del beneplácito de Pacheco Areco. También rumbeó a destino menos movido el jefe de la Región Número 2. En su lugar quedará el general Alberto Zubia, un duro de los blancos del general (R) Mario Aguerrondo, que concursó en los comicios de noviembre de 1971.
Estas trasferencias indicarían que los altos mandos esperan recuperar terreno después de la sangría en que empeñaron a los soldados, y que intentan —a través de las nuevas figuras del elenco— consolidar un prestigio bastante rebajado por su labor policíaca. Al respecto se estima que los jefes recién nombrados conservarán al mismo estilo fuerte que sus antecesores, a condición de serenarse y no tomar por enemiga a la izquierda legal. De algún modo ello podría significar que una vez lograda tal consolidación las fuerzas armadas persistirán en afirmar que Bordaberry no pisa suelo político firme. Lo cual equivaldría a que lleven hasta el fin la presunta conspiración en que algunos las ven enfrascadas.
Para salvar la situación, el presidente —se cree— deberá acceder a un pacto con la oposición. Gustoso de ofrecérselo, Ferreira Aldunate ha hecho conocer sus requisitos: nada menos que el cumplimiento de algunos de los puntos de su plataforma electoral. Está por verse si los colorados bajo el amago de una quiebra de las instituciones implementarán medidas como la reforma agraria del "Wilson", la nacionalización de la banca, la reforma de los sistemas de comercialización, la política exterior independiente y, last but not the least, la participación del Frente Amplio en ese acuerdo nacional. Naturalmente también está por verse si aquella amenaza de quiebra no modera las pretensiones de Ferreira.
Mientras se ponía en marcha la negociación de las colectividades tradicionales, el ejército agregaba leña al fuego. El martes 18, día de paro general y de sepelio de las víctimas del comité comunista, la tropa apresó a un laico y a un sacerdote, sospechosos de "sedición". Del tonsurado Arnaldo Spadaccino se llegó a decir que dirigía el Frente Revolucionario de los Trabajadores (FRT) "brazo político del MLN": todo un disparate, y sólo el domingo 22 levantaron su incomunicación. Con la Iglesia ofendida quedan pocos sectores en Uruguay que no tengan algo que comentar sobre el modo cómo las Fuerzas Armadas combaten a la subversión.
Revista Panorama nº 261
27.04.1972

Nota: "Conrado Ceretti nació en la ciudad de Rosario, el 9 de enero de 1944. Se especializó en temas de política internacional en los medios periodísticos Panorama, La Opinión y Clarín. Desapareció, junto a su esposa Diana Guerrero, el 27 de julio de 1976..." Ver en http://www.lasea.org.ar/palabraviva/fichas.php?autor=ceretti_conrado

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