La reacción fue inmediata. En el Congreso Nacional, un grupo de mujeres hizo una manifestación hostil; en círculos eclesiásticos, la noticia fue recibida con desagrado; entre los políticos, la perspectiva de un debate nacional, en estos momentos, no causó mayor entusiasmo. Pero, sea como fuere, lo cierto es que se ha creado la conciencia de que quizá sea inevitable que el país vuelva a enfrentarse con un tema que siempre provoca alteraciones emocionales en los diversos sectores.
Desde que Juan Balestra presentó el primer proyecto de ley de divorcio, el 17 de agosto de 1888, el debate ha resurgido periódicamente en la Argentina.
No menos de veinte proyectos de ley y algunos proyectos de resolución han sido discutidos en las cámaras nacionales. Conservadores, radicales y socialistas han defendido o atacado apasionadamente, de acuerdo con las circunstancias, las distintas posiciones. En 1932, conservadores de la talla de Rodolfo Coromina Segura y Miguel Ángel Cárcano se unieron a los socialistas, y la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de divorcio que, sin embargo, fue bloqueado por el Senado. En 1949, la oposición radical votó por una iniciativa divorcista de Agustín Rodríguez Araya que la mayoría peronista aplastó. En diciembre de 1954, sin embargo, Carlos Perette acaudilló a los radicales en un violento ataque contra la imprevista ley de divorcio que el peronismo aprobó en cuestión de minutos.
En estos momentos, una encuesta entre todos los bloques del Congreso demuestra que no hay nadie a quien el problema no le afecte de una u otra manera: además del proyecto de Emilio Carreira y Carlos Ocampo, otros similares están en preparación en los bloques de la Federación de Centro, del socialismo democrático y de la democracia progresista.
Los proyectos surgen como consecuencia de posiciones ideológicas determinadas, y también como respuesta a una situación concreta que, por lo demás, los adversarios del divorcio no pretenden negar: la gran cantidad de familias irregulares por su organización y su status legal.
Si bien la Argentina es uno de los países más severos en lo que a la defensa del vínculo matrimonial se refiere, ello no impide que crezca año a año el número de familias que se desintegran, especialmente en los centros urbanos y preferentemente en las clases media y alta. La ley argentina protege al matrimonio único e indisoluble e incrimina con prisión a quienes violan o ponen en peligro esa indisolubilidad: seis años para el bígamo, un año para el hombre casado "que tuviese manceba" o para la mujer "que cometiere adulterio". Sin embargo, la falta de unidad legislativa permite a cualquiera casarse hasta 22 veces —una en cada distrito provincial del país—, pues no hay un control o registro federal de matrimonios.
Las separaciones legales —pero sin disolución del vínculo, lo que impide contraer nuevo matrimonio— son muchas. Sin entrar a analizar sus causas —en general, se culpa a la vida moderna, a la falta de preparación prematrimonial, a la inmadurez afectiva y a la carencia de principios religiosos o morales—, quienes se hallan vinculados al problema coinciden en la necesidad de darle una solución. En la fundamentación de su proyecto, Carreira y Ocampo recuerdan que, según el censo nacional de 1947, había entonces 52.387 separaciones legales, lo que equivalía al 0,5 por ciento; pero acotan que, de acuerdo con nuevas encuestas, las familias organizadas irregularmente en la actualidad ascenderían a 250.000, como consecuencia de la falta de disolución vincular del matrimonio.
En la práctica, las estadísticas argentinas no existen en este terreno. Pero en el palacio de Tribunales, en Buenos Aires, abogados y funcionarios declaran que de los juicios ordinarios, el 60 ó 70 por ciento son separaciones. Calculando que ingresan unos 300 juicios por día, y que cien de ellos son ejecutivos, los juicios por separación alcanzarían a 100 ó 120. "Nosotros, que sin embargo no nos especializamos en divorcio, estamos impresionados por la cantidad abrumadora de juicios de divorcio que caen en nuestras manos", declaró el doctor Ezequiel Raibó Paz, del estudio jurídico del profesor universitario Díaz de Guijarro.
Pero hay un aspecto que sorprende —y alarma— aún más: el incremento de los divorcios y casamientos en el exterior. Año a año, cada vez mayor cantidad de parejas encuentran en México o en Uruguay una solución a medias para su situación. No obstante, aunque los trámites en el extranjero no tienen valor legal alguno en el país, "los papeles" les garantizan un status social y moral más aceptable, sobre todo en lo que a los hijos de las nuevas uniones se refiere.
Los "divorciados" argentinos recurren a abogados o "estudios" que trabajan sobre una base legal muy especial: aquella que les facilitan los tratados internacionales. Por un principio de derecho internacional privado, las cuestiones de familia se debaten ante el juez de la jurisdicción donde se domicilian las partes, y se rigen por la ley de dicho domicilio. Los interesados en divorciarse, pues, deben trasladarse, en principio, al exterior para efectuar los trámites. Sin embargo, una muy organizada "industria del divorcio" que opera en la Argentina desde hace varias décadas se ha ocupado, en general, de obviar esto. En la actualidad, los clientes no tienen que hacer otra cosa que otorgar un poder amplio a un abogado que los represente en México. De allí, en un tiempo relativamente corto —40 días término medio— llegan las partidas que atestiguan el divorcio y el nuevo casamiento. Un trámite posterior ante el Registro Civil, de Córdoba, permite obtener una libreta de casamiento argentina.
Las cosas, sin embargo, son más complicadas. En México, el gobierno, presionado por numerosos países, hace tiempo que ha dejado de legalizar este tipo de documentos. Lo mismo han hecho las autoridades de todos los estados mexicanos (exceptuando el de Chihuahua, donde el trámite cuesta 400 dólares). En 1959, el consulado argentino recibió instrucciones de no dar el visto bueno a los testimonios judiciales y a las partidas de casamientos en casos de divorcio.
A partir de entonces, contrariamente a lo esperado, algunos estudios han podido operar más libremente, ya que tienen una justificación legal para ofrecer documentos extranjeros sin garantía alguna a sus clientes. Curt Bellack, un abogado y sociólogo austríaco nacionalizado argentino que dirige en Buenos Aires un prestigioso estudio, afirma que "hay estafa. Este delito existe. Sería bueno que alguien controlase allí, en México, si existen los testigos, si existen las actas. En México se tramitan 300 casos de divorcio de parejas argentinas por mes, y no llegan a sesenta los que se resuelven favorablemente. El resto son estafas".
Bellack opera casi exclusivamente con Uruguay, donde la ley es mucho más estricta: exige realmente la residencia de los que van a separarse, o la de quienes quieren casarse. Esto encarece los trámites, pero Bellack sostiene que ésta es la única forma "limpia y legal" de hacer las cosas. "Es evidente —afirma— que, según la legislación argentina y los tratados de Montevideo, el juez uruguayo es competente para divorciar, si se prueba la radicación del matrimonio en el país. Y no sólo esto: la unión subsiguiente es válida, ya que sólo puede pedir su anulación el estado en el que se celebró el primer matrimonio, si es que en ese estado se prohíbe el divorcio vincular. Y como en la Argentina éste no está prohibido, sino solamente suspendido..."
He aquí una palabra que configura todo un problema jurídico en la materia. Alrededor de ella, abogados y políticos han perdido horas y energías dedicadas a las más sutiles interpretaciones. Lo cierto es que nada se ha conseguido y que, en la práctica, miles de parejas con documentos extranjeros siguen al margen de la ley. No se aceptan sus divorcios; no se aceptan sus nuevas uniones. La libreta que se consigue en Córdoba solamente certifica que ella concuerda, en sus datos, con una partida mexicana que el Registro Civil tuvo a la vista y que devolvió. Sirve, sí, para inscribir a los hijos de las nuevas parejas.
Mientras tanto, queda la duda sobre la honestidad de estas operaciones judiciales. "Es un buen negocio —dijo a PRIMERA PLANA un abogado—. Hay quienes cobran de acuerdo con el patrimonio conyugal. Yo sé de algún estudio que ha cobrado hasta un millón de pesos por un divorcio. Hay otros, en cambio, que hacen todos los trámites —divorcio y casamiento extranjero, y libreta argentina— por quince o veinte mil pesos. No le quepa duda: todos ganamos mucho dinero." No hace mucho, tres diarios de Buenos Aires comenzaron a publicar noticias alarmantes sobre estafas fabulosas por parte de los estudios divorcistas. La Razón publicó algunas notas. En los estudios, PRIMERA PLANA halló reacciones diversas: mientras que Bellack sonreía y daba la impresión de moverse sobre seguro, otros confesaron que dicha publicidad les había arruinado las vacaciones. "Tuve que volver urgentemente para que mis clientes, al ver el bufete cerrado, no fueran a creer que era yo el culpable", explicó un abogado.
El doctor Raibó Paz recuerda haber iniciado, no hace mucho, un juicio de separación y haber descubierto que su dienta, casada por primera vez en México, había sido engañada. Sus papeles eran falsificados, su matrimonio no existía legalmente. Tenía tres hijos. El juez se hizo cargo de este nuevo caso, aparecido inesperadamente. "Es uno de tantos casos. No hace mucho me enteré de que, en México, el gobierno investiga 130.000 casos de estafa a ciudadanos de todo el mundo."
Sin embargo, en algunos estudios se sostiene que las notas de algunos diarios no fueron otra cosa que una campaña destinada a desprestigiarlos para "justificar los argumentos divorcistas locales y darle bombo al proyecto de Carreira".
En el Parlamento, el proyecto de Carreira no ha causado mucha preocupación, quizá porque no se cree que el tema vaya a anteponerse a otros que los diputados y senadores aguardan con ansiedad.
Las respuestas de los distintos bloques a la pregunta ¿qué posibilidades hay de que se apruebe una ley de divorcio? fueron éstas:
UDELPA (Eduardo O. Gutiérrez): "Técnicamente, puede ser aprobada.''
UCRP (Eduardo A. Massolo): "Puede salir. Así como hay concordancias cuando se trata de la intervención estatal en materia social, puede haber un acuerdo liberal tratándose de divorcio."
UCRI Frentista (un vocero): "No tenemos interés en el problema. No creemos que se trate."
UCRI Alendista (Domingo A. Condoluci): "Creo que no."
Socialismo Democrático (Américo Ghioldi): "Hay que preguntarles a los obispos. Que me perdonen mis colegas, pero si los obispos no han evolucionado y se oponen, entonces no se tratará. Por lo menos, por este año."
Demócrata Progresista (José Eduardo De Cara): "La iniciativa puede incorporarse en la medida en que todos los sectores adviertan la necesidad de sumarla a nuestra legislación."
Federación de Centro (Juan Balestra): "Soy divorcista. Yo tengo que seguir la línea de mi padre, que presentó el primer proyecto. Creo que saldrá."
Socialismo Argentino (Emilio Carreira) : "Espero que el proyecto se transforme en ley, que no se haga política de bloques con vistas a cálculos electorales y que los partidos dejen en libertad a sus representantes para que se expidan con arreglo a sus conciencias."
Partidos Populares (Omar Ayeta): "Creo que puede salir restringida, con los casos tipificados: locura, adulterio, tentativa de asesinato, negativa a usar el nombre, alcoholismo, etcétera."
Democracia Cristiana (Enrique de Vedia): "Si los diputados tienen conciencia sobre la opinión popular, no saldrá."
Justicialismo (Juan A. Luco): "Estimo que saldrá aprobada."
Autonomista (Fernando Miranda Gallino): "Estamos contra el divorcio."
Un recuento aproximado de los diputados divorcistas o no divorcistas indicó que un sesenta por ciento de ellos podría estar con el divorcio.
Es decir que, técnicamente, la ley podría ser aprobada. Pero otra cosa es la política: confidencialmente, casi todos concuerdan en que la ley de divorcio no puede aprobarse. En primer lugar, pocos quieren enfrentarse con la Iglesia, y pocos son los que creen conveniente que en el país se vuelva a crear una situación similar a la de 1958, cuando la población se volcó a las calles en lucha por la enseñanza libre o laica. "No conviene bajo ningún motivo —dijo un funcionario de la Casa Rosada—. El país necesita calma por sobre todas las cosas."
Por esas razones, es posible que muchos bloques voten contra las convicciones de muchos de sus propios miembros: el Justicialismo, en favor, condicionado por la posición de Perón en 1954 (aunque entonces el divorcio fue el arma política contra la Iglesia); UDELPA, en contra, debido a la posición del ex presidente Pedro Eugenio Aramburu (suspendió la vigencia de la ley de Perón) y a un discurso del general Peralta, en el Luna Park, en el que definió al partido como anti-divorcista; la UCRP, en contra, para evitar problemas al Poder Ejecutivo; las dos UCRI, en contra, para evitar fricciones con los católicos. Si esto se produjera, el proyecto no saldría de la comisión de legislación general. Y, en caso de ser aprobada, quedaría el Senado. Allí, la mayoría radical del Pueblo debería actuar de modo de no interferir con la acción de gobierno, y sería sumamente improbable que lo aprobase.
Pero, ¿y si fuese aprobado en ambas Cámaras? ¿Qué haría el presidente Illia? Allegados al primer magistrado se negaron a dar su opinión. "Esto sería adelantarnos a los hechos —dijo uno—. Y eso nunca se hace en política." Pero alguno confesó que no creía que el presidente repitiera el gesto de Yrigoyen, que vetó una ley de divorcio aprobada por el Congreso en 1928.
En la pasada semana, finalmente, ciertas versiones señalaban que la solución al problema podría estar en manos del Canciller: el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz estaría estudiando la posibilidad de concretar un concordato con la Santa Sede. La Iglesia, que rechaza los matrimonios civiles por considerarlos, teológicamente, concubinatos, podría aceptar un régimen mixto, como lo sugirió no hace mucho el jesuita Benedicto Hancko, en un artículo publicado por la revista jurídica "La Ley": "Los prelados argentinos —explicó Hancko— se oponen a la ley de divorcio vincular sólo en cuanto ésta autoriza a los jueces en lo civil a quitar los efectos civiles de los matrimonios válidos ante Dios." Pero a juicio de la Iglesia, ciertamente, no son válidos los matrimonios sólo civiles o celebrados por otros ritos, lo que abriría una posibilidad de transacción.
31 de marzo de 1964
PRIMERA PLANA

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