Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

El País
Banquetes, obras publicas y tensiones
En 1934, el gobierno cordobés de Amadeo Sabattini, del que formaba parte Arturo Illia, se encontró en un atolladero: por razones políticas, Buenos Aires no facilitaba los fondos para llevar adelante el programa de obras públicas. Illia hizo una gestión ante el presidente de la Unión Industrial Argentina, el patriarcal Luis Colombo, y con su influyente y decisivo apoyo quebró la barrera de hielo de los poderes centrales.
Las más altas autoridades actuales de la UIA conocen esta historia, saben que Illia la recuerda y guarda agradecimiento hacia la institución; descartaban, entonces, que estaría en el banquete del miércoles 2, con el que se celebró el Día de la Industria. Pero fue el propio Illia quien pidió que no se difundiera su asistencia, para evitar aglomeraciones en las proximidades del Plaza Hotel. De todos modos, hubo una aglomeración: la de los policías uniformados y —sobre todo— de particular, que se apostaron en cada rincón del hotel y de las cercanías.
El despliegue tenía sentido, porque no sólo el presidente Illia concurrió al banquete; arrastró detrás de sí, amén de los funcionarios del sector económico, a medio gabinete: ministro de Defensa Nacional y secretarios, ministro de Trabajo y subsecretarios, ministro de Obras Públicas y secretarios. Además, el vicepresidente Perette, el presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente del Senado y el gobernador de Buenos Aires.
En ese marco no se escuchó, como casi era previsible, un agresivo embate contra la conducción económica oficial. Juan Martín Oneto Gaona, titular de UIA, leyó una pieza, cauta y no muy extensa, en la que incluso formuló una autocrítica a su propio sector. A propósito del gobierno, dijo que, alcanzada la legalidad institucional, restaba obtener la confianza en el Estado, confianza que "no sólo significa el reconocimiento de la honradez de sus intenciones sino, también, fe en la eficacia de su acción". Las únicas interrupciones del discurso de Oneto Gaona correspondieron a los párrafos alusivos al fantasma del retorno: "Conspira contra la recuperación nacional... todo intento de resucitar el pasado en lo que tiene de irrevocablemente juzgado y de definitivamente caduco. A ese pasado no queremos volver y no volveremos", exclamó.
En medio de la ovación que subrayó esta frase, fue visible el gesto de asentimiento de Arturo Illia (traje cruzado de franela gris, con rayas blancas), quien por un momento bajó así la vista del octógono de luz incrustado en el techo del salón comedor. Perette, entretanto, enfundado en su ceremonioso traje azul, se mantuvo absolutamente imperturbable.
Curiosamente, la explosión antiperonista fue recogida por las cámaras del Canal 13 de televisión, que horas antes había anulado una audición dedicada al tema del retorno. La trasmisión del acto de la UIA fue dirigida personalmente, en el Plaza, por el ex ministro Costantini, hoy componente del directorio de Canal 13.
La protocolar reunión de las autoridades nacionales con los conspicuos industriales coronó una opaca semana signada, en la lenta acción del gobierno, por un cierto matiz económico. Fue la semana en que se divulgaron el presupuesto para el ejercicio 1964-65 y el proyecto de reforma impositiva; en la que se dieron por terminadas las negociaciones con las empresas privadas que no aceptaron las bases de acuerdo extra judicial propuestas en el caso de los contratos petroleros; en la que partió hacia Tokio —para participar de la asamblea de gobernadores del FMI y el Banco de Reconstrucción y Fomento— el ministro Pugliese; en la que el equipo económico consideró el aumento de precios de los combustibles; en la que se anunció un nuevo precio para el azúcar.
El fútbol exigió la atención de los funcionarios económicos: el Banco Central dictó la semana pasada una circular que fijaba una cuota especial de divisas (100 dólares) a los aficionados que viajen a Italia para presenciar el partido entre Independiente y el Inter, por la Copa del Mundo de clubes. No es el primer rasgo de preocupación —desusada, tal vez— del partido oficialista por la suerte de los deportistas argentinos.
Las obras públicas —como en la anécdota de 1934— dieron trabajo a las autoridades: el intendente Rabanal trató con la Agencia Internacional de Desarrollo la financiación de viviendas, autopistas y centros de recreación del barrio parque Almirante Brown, en el circuito donde Rabanal concentra su tradicional poderío proselitista. El gobernador Marini promovió la adjudicación de 400 millones de pesos para instalar agua corriente en el Gran Buenos Aires, una zona donde tiene problemas electorales.
La opacidad de la semana cubrió, también, la marcha de los asuntos políticos, superados por la puja entre retornismo y antirretornismo. Esa puja llegó hasta la propia Cámara de Diputados, que el viernes 4 agotó el debate en general sobre la derogación de las llamadas leyes represivas. En las dos sesiones anteriores, el cuerpo deliberó en calma; el viernes, en cambio, estallaron las incidencias, tronaron los epítetos, se atacó y defendió a Perón. Otros dos episodios contribuían a detallar el clímax alcanzado a raíz del anunciado regreso:
•Felipe Díaz O'Kelly, ex ministro de Gobierno de Buenos Aires, en un evidente intento por obstaculizar todo arreglo electoral entre el peronismo y Arturo Frondizi, divulgó un acta secreta de enero de 1962, suscripta por el ministro de Defensa y los secretarios militares, en la que se declaraba la decisión de impedir el retorno de Perón y su régimen.
•El Canal 13 publicitó una emisión de su ciclo Parlamento 13 destinada a polemizar sobre el regreso. Iba a televisarse, "en vivo", el miércoles 2, con la presencia de Augusto Vandor, Alberto Iturbe, Delia Parodi, Raúl Ondarts, Jorge Mariano Almada y Américo Ghioldi. El martes, después de algunos cabildeos entre los productores de Parlamento y ejecutivos de la estación, decidióse aumentar a diez el número de antiperonistas (se pensó, entre otros, en Manuel Ordóñez, Julio C. Alderete, Pablo González Bergez) y grabar la audición en videotape, con el fin de lanzarla el 9 de setiembre. Iturbe, entonces, resolvió no acudir a la cita; Vandor y Parodi lo imitaron.
A este espeso problema, la Unión Cívica Radical del Pueblo tuvo que añadir un conflicto interno: el crecimiento de las tensiones que enfrentan al gobernador de Santa Cruz, Rodolfo Martinovic, con la Legislatura y un sector de su gabinete. Los rumores de intervención comenzaron a circular.
Todo esto ocurría en la Argentina, en los días siguientes a la inauguración, en Buenos Aires, del monumento a Juan Bautista Alberdi, uno de los defensores de la unidad nacional.

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Parlamento
No es tan fácil viajar a México
Cuando el edificio del Congreso Nacional quedó vacío, este último fin de semana, sus guardianes no sabían que en un despacho del primer piso quedaba guardada una carga de explosivos: debajo de la palabra 'renuncio', 13 diputados habían estampado su firma; ese mero gesto desmanteló la Comisión de Educación, reduciéndola a un solo miembro, y provocó un conflicto casi sin precedentes.
La historia empezó en los últimos días de agosto, pero su gravedad sólo fue advertida el viernes pasado: todo arranca del día en que la Comisión aprobó el viaje de tres de sus miembros (Hugo Minsk y Héctor Musitani, de la UCRP, y Melchor S. Posse, del MIR) a una asamblea educacional en México. La invitación mexicana sólo se comprometía a pagar la estada, de modo que los gastos de pasaje y viáticos (más de 600 mil pesos) iban a correr por cuenta del Parlamento.
La Comisión de Educación, por pura rutina, trasladó su informe a la Comisión de Labor Parlamentaria, una especie de superestructura integrada por todos los presidentes del bloque. En ese punto se quemó Troya, porque el viaje fue vetado y los tres pasajeros se quedaron en Buenos Aires con las valijas hechas, 48 horas antes de su partida. Para el diputado Minsk —presunto gestor de la travesía—, la aventura se transformó casi en un melodrama. Minsk, con un pie en el estribo, había hecho poner los dos a algunos parientes que viven en los Estados Unidos, para reunirse con ellos. El traslado aéreo de toda esa gente a México parece ya completamente inútil.
El veto de los presidentes de bloque desató, desde el martes pasado, una reacción en cadena: primero, los tres agraviados se concentraron por su cuenta y decidieron dimitir como miembros de la Comisión de Educación; después, buena parte de sus componentes, incluido el doctor Araldo Ritacco (UDELPA), que la presidía, se vieron forzados a asumir una actitud solidaria; el caso extremo fue el del doctor Américo Ghioldi (PSD), que ocupa un lugar en cada una de las comisiones en pugna: también renunció a la de Educación, para que no hubiese dudas sobre la postura que había adoptado en la de Labor Parlamentaria.
Sólo un diputado sobrevivió a la hecatombe: Raúl Fernández, líder del bloque radical del Pueblo. Por la noche, el titular de la Cámara, doctor Arturo Mor Roig, creyó que ya era tiempo de tomar cartas en el asunto: convocó a los dimitentes y les pidió que se olvidaran de su actitud. Fue inútil, porque todos ellos se mantuvieron en sus trece e insistieron en que los tres diputados elegidos debían partir hacia México. A esa altura, Mor Roig no descubrió otra salida que la del arbitraje: designó una comisión ad-hoc, en la que se incluyó a sí mismo y a los diputados Horacio Domingorena (UCRI) y Camilo Muniagurria (PDP). Era un trío de negociadores hábiles, y nadie creyó que fracasarían.
Pero fracasaron: todos sus esfuerzos de imaginación no bastaron para descubrir una fórmula que satisficiese a los ofendidos y no implicase una marcha atrás de los presidentes de bloque. En la noche del jueves, el trío se dio por vencido.
Casi seguramente la sangre no manchará el río, pero el conflicto acaba de abrir una curiosa perspectiva en la Cámara: saber cuál es la ubicación real y legal de la Comisión de Labor Parlamentaria y en qué medida dependen de ella las demás Comisiones es algo que mantendrá en vigilia a más de un político durante los próximos días.

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Demoprogresistas
Desde ahora, menos contemplaciones
"Se decía que el símbolo de este gobierno era la tortuga. Pero a partir de ahora, debería ser el cangrejo. Porque esto significa varios pasos atrás." Las palabras del diputado Rafael Martínez Raymonda (demócrata progresista, Santa Fe) no hacían más que sintetizar un endurecimiento en la línea de "oposición legalista" que su partido se trazó después del 12 de Octubre. El endurecimiento se cristalizó la semana pasada, al ingresar en el Congreso varios proyectos del PE —entre ellos, los del presupuesto y la reforma impositiva—, que exaltaron a los once diputados encabezados por el también santafecino Camilo Muniagurria.
El esto a que se refería Martínez Raymonda eran algunas disposiciones incluidas en los dos proyectos aludidos, cuya presencia pasó inadvertida para los demás legisladores. Según la interpretación demoprogresista, "mediante esas solapadas disposiciones [una es la modificación del reglamento interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria] se pueden cometer errores monstruosos, por ejemplo, dejar en manos de la burocracia instalada en la secretaría de Hacienda el manejo de todos los resortes económicos y financieros de la República"."
Los descubrimientos pertenecen a Martínez Raymonda y establecerían, de acuerdo a su opinión, "una invasión del gobierno, a través del presupuesto, a entidades autárquicas y autónomas como el INTA, las juntas nacionales de Granos y de Carnes, y vaya a saberse cuántas más". El estupor causado entre sus colegas por el presunto hallazgo se acreció ante una versión: idéntica impresión había causado el mismo asunto al secretario de Agricultura y Ganadería, celoso defensor del INTA.
En rápida reunión del bloque se decidió que Martínez Raymonda se dedicara, full time, al estudio exhaustivo de los proyectos de presupuesto y reforma impositiva. En pocas horas, confiesa, encontró "nuevos peligros contra los organismos que constituyen una verdadera garantía para la Nación" "Así se confirma —añadió al reportero de PRIMERA PLANA— la impresión primera de la democracia progresista. Este gobierno es el de un partido sin programa, cuyas medidas parecen encaminadas solamente a buscar pesos y más pesos para volcarlos en la Tesorería y no en el desarrollo del país."
Políticamente, la nueva actitud del PDP se traslucirá en una controlada agresividad. "Esta es una declaración de guerra del gobierno, y nosotros la aceptamos", exclamó el abogado Martínez Raymonda. Su compañero de bancada, León Patlis, se mostró igualmente concreto: "Desde ahora, seremos menos contemplativos, sin abandonar la orientación constructiva que sigue el partido. Pero, por supuesto, no ofreceremos ninguna tregua."

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UCRI
Historia del cisma que no ocurrió
Todo, a estas alturas, aparenta haber pasado apenas de un rumor lanzado con habilidad. Pero en la semana anterior, los observadores miraron con atención hacia la Unión Cívica Radical Intransigente, a la espera de un cisma profundo. El cisma no se produjo —por Jo menos hasta el momento—, y existen indicios de que constituyó, más que una realidad, una expresión de anhelos del ex diputado Oscar López Serrot.
He aquí su anuncio (o profecía): se preparaba una escisión en el partido a causa de la posición favorable que su jefe, el médico Oscar Alende, había sustentado acerca del regreso de Juan Domingo Perón. En los primeros momentos, al rodar la versión, se entendió que esa postura de López Serrot bien podía despertar los sentimientos antiperonistas de algunas figuras de la UCRI. Con el correr de los días, el pregonado conflicto se esfumó. Su única consecuencia fue una serie de valoraciones personales que mellaron aún más el menguado patrimonio político de López Serrot.
Inclusive, uno de los probables participantes del cisma, el diputado Luis Boffi, restó importancia a la cuestión: "Son hechos superados", sonrió. Otros a quienes se sindicaba como adictos a López Serrot, reaccionaron con acritud; "No estamos jugando a los resentimientos", comentó uno de ellos. El jefe del sector de la UCRI en la Cámara de Diputados fue tajante: "Lo que haga o deje de hacer ese señor es cosa de él, no nos afecta. Pretendió crear una tormenta con una gota de agua, y ahí lo tiene: más solo que cuando empezó." López Serrot, en cambio, nada quiso decir acerca del episodio que puede costarle la ficha partidaria.

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Encrucijada
El fantasma del retorno
Parece obvio ya que, en las próximas semanas, toda información vinculada con el retorno de Juan Domingo Perón debe referirse, principalmente, a lo que no ocurrió, y limitarse a documentar ciertas reacciones nerviosas, amén de los hechos subordinados a la iniciativa unilateral del presidente derrocado en 1955.
De todos modos, al cabo de los últimos siete días, el balance objetivo de los acontecimientos y las tendencias despertadas por el tema —que ha pasado a dominar el escenario político— permitía observar, dentro del activo, tan sólo un rimero de expresiones recogidas por la prensa cotidiana, filosas y contrapuestas, algunas de ellas, producto de análisis, otras. Los factores pasivos, en cambio, parecían dignos de mayor consideración: una cortina de recelos e incertidumbres había comenzado a extenderse en el gobierno y en las Fuerzas Armadas, y, desde luego, en el propio peronismo.
Era la consecuencia de que cada sector estaba obligado a intuir los propósitos finales del otro. La mayoría popular empezaba a observar las manifestaciones externas con mayor preocupación que disimulada curiosidad. Y éstas eran las manifestaciones externas más salientes:
•Entre el martes y el sábado pasados, los cuerpos gremiales y políticos del peronismo se dieron un plan de campaña para promover el retorno.
•El miércoles viajó a los Estados Unidos el aporteñado cordobés Roberto Cabiche, asesor del ministro del Interior. Llevaba la misión confidencial de explicar a los dirigentes norteamericanos "por qué Perón no constituye una garantía para la democracia en la Argentina", según expresó un vocero del impasible Poder Ejecutivo.
•Dos días más tarde, la secretaría de Guerra saludaba el advenimiento de un nuevo aniversario —el noveno— de la Revolución Libertadora; la evaluaba como "un rechazo al sistema de vida que violentaba la limpia trayectoria nacional.
•Tangencialmente, el peronismo había tratado de detener lo que suponía una maniobra oficial para despojar a su campaña "pro retorno" de contenidos pacifistas: el ex general Miguel Ángel Iñíguez se presentaba en Córdoba y negaba su actuación con núcleos terroristas. Pasando por sobre el fuero policial, lo hacía ante el general Salas Martínez, comandante del Cuerpo de Ejército III.
Dos frases ayudaban a reflejar los polos naturales del problema, y, además, la virulencia que ambos han alcanzado: "El regreso de Perón es un hecho, y los hechos no se discuten", dijo el ingeniero Alberto Iturbe a PRIMERA PLANA. "Manifestamos nuestra decisión irrevocable de luchar en todos los terrenos para que no se materialice la amenaza", señaló una nota de la Comisión Popular de Homenaje a la Revolución Libertadora, que suscribió medio millar de ciudadanos, entre ellos 75 militares y marinos retirados.
Un importante sector, equidistante de los polos, el no-peronismo, apenas había asomado al debate. Horacio Sueldo, uno de los que opinaron, expresó, sin embargo: "Evitemos convertirnos en abogados del retorno en cualquier condición, como quien prescinde de lo que pasa en el país, o en hipócritas fiscales del destierro perpetuo." El democristiano Sueldo piensa que "los argentinos debemos firmar un sincero tratado de paz civil", sobre cuyas bases "el retorno es consecuencia normal".
Los observadores, por su parte, no concordaban, al calibrar el regreso, sucesivamente, como: 1) un acontecimiento político enderezado a consolidar la autoridad de Perón sobre el Movimiento; 2) como una exigencia máxima dentro del pliego de condiciones que el peronismo somete al gobierno, y como el costo, a su vez, de la ansiada personería política a nivel nacional para el Partido Justicialista; 3) como un gigantesco esfuerzo de autopromoción del ex mandatario.
Una compulsa de juicios y reflexiones practicada durante la semana pasada, facilitó la visión de algunas aristas interesantes.
En el peronismo existe confianza en la campaña que desarrollará la comisión mixta de las 62 Organizaciones y las ramas política y femenina del Movimiento. El tono de la prédica estará dirigido a afirmar "la unidad y la pacificación nacional", según explicó Iturbe, y se proyectan pegatinas, actos-relámpago, marchas de silencio. El vehículo inicial será la presente etapa del Plan de Lucha de la CGT (la tercera, de relajamiento, representada por cabildos abiertos, conferencias, hombres-sandwiches). Dos actos masivos jalonarían esta ofensiva: una probable ocupación de fábricas, el 16 de setiembre, y una acogida estruendosa al presidente Charles de Gaulle, el 5 de octubre, en Plaza de Mayo.
En el plano directivo se insiste en que Perón regresará únicamente "si están dadas las condiciones"; con ese objetivo por delante, hasta el "framinismo" acataba las instrucciones oficiales, y se disponía a colaborar en la campaña, que trae firmemente apareada una convocatoria a los partidos políticos argentinos para hallar puntos de coincidencia en la solución de los problemas nacionales, Una reunión así, obviamente, requerirá certezas sobre las iniciativas de Perón en el sentido de volver.
Por lo menos, dentro del frondizismo se aceleraron, la semana pasada, los contactos formados al calor del Frente Nacional. Versiones sin confirmar hablaban, inclusive, de encuentros entre un enviado de Arturo Frondizi y el septuagenario ex presidente, en los que Perón habría renovado sus intenciones frentistas. Todo esto autorizaba a los líderes justicialistas a destacar el resultado positivo de la primera semana de labor.
La discreta actitud de las Fuerzas Armadas creó mayores esperanzas en el justicialismo, y en los ambientes gremiales se formularon confidencias respecto de recientes conversaciones telefónicas ("cordiales") entre el secretario de la CGT, José Alonso, y un alto oficial del Ejército. Sin embargo, la inquietud que más carcome a las autoridades peronistas es la falta de señales que marquen la reanudación de las amistosas tramitaciones con el gobierno, estancadas al concluir la segunda etapa del Plan de Lucha. Pero, hasta el momento, ni el gobierno ni las Fuerzas Armadas daban aquellas señales.
En las Fuerzas Armadas parecía haberse contraído un absoluto compromiso de laconismo. Siguiendo el tono de las conocidas declaraciones del comandante en jefe del Ejército (que el columnista Mariano Grondona examina en la página 5), oficiales superiores entrevistados prefirieron expresar que la decisión sobre el retorno es tema político, sobre el que no corresponde emitir opinión castrense.
Aun así, algunos integrantes de la guarnición de Campo de Mayo —acantonamiento que obedece al general Alejandro Lanusse, un declarado enemigo del régimen peronista— suelen romper el mutismo y admitir que habrán de oponerse al retorno. Una carta que semanas atrás remitió el teniente coronel (RE) Federico de Álzaga a los poderes públicos, exigiendo definiciones, era elogiosamente comentada por oficiales de caballería. La actitud del teniente coronel de Álzaga —argumentaban— era pasible de sanciones; pero los altos mandos no la castigaron. Deducción: quizá los altos mandos también exigían una definición. A la posición del teniente coronel de Álzaga se sumó un amigo civil de muchos militares de Campo de Mayo: el diputado Pablo Calabrese (UCRI-Buenos Aires) presentó, el jueves 3, un proyecto de resolución por el cual la Cámara que integra invita al ministro del interior a exponer "su juicio, propósitos y actitudes" sobre el retorno.
De su costado, los funcionarios que ocupan las oficinas próximas a las del presidente de la Nación se convirtieron en blanco de los más absurdos rumores. Cinco de ellos: Isabel Martínez ya viaja rumbo a Buenos Aires; Perón está en Andorra; Perón vivirá en un departamento de Avenida Quintana al 300, de la Capital; es inminente la designación de Juan C. Quaranta como jefe de Policía, y la de Desiderio Fernández Suárez al frente de Coordinación Federal; el comunismo rogó a Perón que aplazara su regreso hasta después de las elecciones chilenas. De esta catarata fantasiosa —aunque de lógico desencadenamiento— sólo una versión merecía un poco más de crédito: Juan Octavio Gauna, antiguo amigo de Arturo Illía, y actual embajador en Suiza, sería designado embajador en España. El sábado 5 se confirmó, al publicarse su nuevo destino.
En general, los funcionarios políticos del P. E. sostienen que "no existen alternativas sobre las que el gobierno deba, o siquiera pueda, definirse". "El Estado no puede definirse sobre las intenciones de un ex presidente. Si Perón, en vez de anunciar su retorno, anunciara su divorcio, tampoco el Estado se definiría." En el fondo, da la impresión de que el equipo oficial cree que Perón no volverá, intuye que todo es una maniobra encaminada a unificar al peronismo.
Hasta hoy, la más sólida declaración del gobierno salió de labios del subsecretario del Interior. El 29 de agosto, en Bell Ville, Córdoba, el doctor José Luis Vesco dijo que el P. E. contempla el regreso de Perón como el de un ciudadano más, que deberá ajustarse a las normas legales vigentes, no sólo aduaneras, sino también civiles y penales. "Estimo —arriesgó— que no habrá pronunciamiento oficial."
La prensa del exterior, sin embargo, no corrobora las palabras de Vesco. El semanario neoyorquino Time imprimió, en los 3 millones y medio de ejemplares de su última edición, dos columnas donde relataba negociaciones entre tres militares —un coronel y dos tenientes coroneles, arribados a Madrid bajo nombre falso— y Perón, con vistas a formalizar la vuelta. Siempre según Time, Perón retornaría a la Argentina para ayudar a Augusto Vandor a cumplir un acuerdo con las esferas oficiales, por el cual el Movimiento apoyaría a la administración Illia a cambio de la participación justicialista, sin retaceos, en el juego político.
Otros medios de expresión y opinión tratan de aproximarse al meollo del enigma por la vía inductiva, esto es, previendo las consecuencias dé una eventual aparición de Juan Domingo Perón en la Argentina; o bien hurgando la intención última del ex mandatario en los pasos previos a su enfática declaración de agosto 20, que sus partidarios trajeron a Buenos Aires grabada en cinta. Los dos caminos albergan sorpresas.
• Hace diez días, el doctor Eduardo Colom se presentó ante el juzgado criminal del doctor Alfredo Mángano, donde está radicada la causa por estupro incoada contra Perón por su amistad con Nélida Haydée Rivas. Colom solicitó la declaratoria de prescripción en la acción penal —y el sobreseimiento de Perón—, ya que el castigo máximo que para aquel delito establece el artículo 120 del Código Penal es de seis años, y ya transcurrieron nueve desde el principio del proceso. El juez Mangano pidió, entonces, el grueso de los antecedentes, depositados a la espera de sentencia en el juzgado Casavale Díaz. Con sorpresa se comprobó que el sumario había desaparecido; de todas maneras, el expediente podía reconstruirse sobre la base de fotocopias que en su oportunidad obtuvo el juez de sentencia —hoy jubilado— Alejandro Cande, quien se apresuró a cederlas al tribunal.
Ahora, en los círculos judiciales se debate ardorosamente si le caben a Perón los beneficios de la prescripción. Hay dos teorías en pugna. Una arguye que que sí, porque la amnistía de 1958 absolvió a Perón de los delitos por traición a la patria, y como han pasado nueve años desde que se inició la causa por estupro, ésta se halla prescripta. Le bastaría a Perón —agregan— con acogerse a la amnistía y presentarse luego ante el juez Mángano, que tendría que declararlo libre de culpa y cargo.
Otros medios forenses explican que los pedidos de extradición formulados en virtud de la acción criminal (estupro) interrumpen la prescripción de la causa. Por tanto, cuando Perón pise la Argentina deberá ser juzgado como si no hubiera transcurrido el plazo arriba mencionado. Estos medios coinciden, no obstante, en que la amnistía de 1958 exonera a Perón de su estigma de traidor.
Pero en los archivos de la más pequeña comisaría argentina debe existir, teóricamente, una copia de la orden de captura de Perón emitida menos de una década atrás. En el caso de que algún policía sepa de su presencia en el territorio nacional, debe arrestarlo. Por supuesto, los políticos peronistas estiman que el arribo de su jefe producirá efectos similares al de Napoleón, en Francia, después de Elba, cuando todas las fuerzas enviadas para prenderlo se le iban sumando, a manera de escolta.
• Consecuencias más precisas se obtienen a través de la historiografía del retorno. Las expresiones concretas de Perón se remontan a los meses posteriores a su caída. El 5 de octubre de 1955, en Asunción del Paraguay, confesó a un reportero de la agencia de noticias United Press: "si algún día se me ocurriera volver a la política, me iría a mi país y allí actuaría". Muy poco tiempo más tarde la imagen del avión negro en el que retornaría Perón ingresó en la charla de casi todos los argentinos, entre otras cosas porque el derrocado líder nunca desechó totalmente la facultad del regreso. Hacia fines de 1963, mientras siete sectores visibles se" disputaban la conducción del peronismo, Carlos Bramuglia ofrecía a Perón, en Madrid, la estructura de la Unión Popular para encauzar dentro de ella al entonces anarquizado movimiento. Perón contestó al hijo de su ex canciller: "Usted siga con su partido. Todo lo demás se arreglará cuando yo regrese á la Argentina, en 1964."
Bramuglia retuvo en secreto la última parte de la frase, si bien la comunicó a algunos íntimos, que la tomaron como el mero deseo de un hombre enfermo o como una oblicua negativa a entregar sus huestes a la Unión Popular. El 10 de febrero último, Bramuglia, otra vez en Madrid, proclamaba públicamente el retorno; el 11 lo confirmaba el diputado neo-peronista Alberto Serú García. Días antes, el 4 de febrero, el dirigente Vicente Leónidas Saadi ya había revelado al matutino oficialista Pregón la decisión irrevocable de Perón de volver en el curso de 1964.
La repetición del anuncio, cada vez más periódica, conmovió a la opinión antiperonista hasta el punto de que el subsecretario de Defensa, Hernán Cortés, se atrevió a asegurar que el retorno era imposible. Y, al mismo tiempo, el tema del retorno era aprovechado por el peronismo ortodoxo para ganar terreno a sus competidores neoperonistas. No en vano el 25 de abril el ingeniero Iturbe puntualizaba que la vuelta de Perón dependía de la formación de un fuerte partido Justicialista. A fines de julio, cuando se constituyó el primer secretariado nacional de esa agrupación, los dirigentes se inquietaron ante una carta de Perón a Delia Parodi, en la que aproximadamente comunicaba: "Tengo hechas las valijas. Digan ustedes ahora cómo, cuándo y a dónde debo ir." Por eso resolvieron viajar a Madrid, suponiendo una insólita claudicación del ex presidente, y de allí volvieron el 24 de agosto con la formal declaración retornista que hoy preocupa a todo el país.
Desde entonces, por encima de toda especulación sobre las posibilidades de ese retorno, por encima de las voluntades que lo aceptan o lo rechazan, de la falta (justificada o no) de pronunciamientos oficiales, del temor de unos y del júbilo de otros, crecía esta certidumbre: los más atinados dirigentes políticos entienden que más importantes que el retorno físico pueden ser los hechos derivados de la presión psicológica que el anuncio desató. Esos hechos —llámense polarización, integración, conciliación, insurrección— son capaces de hacer variar el actual equilibrio de poder en la Argentina. De cómo son capaces, quizá haya rastros en la negativa que opuso el Procurador Fiscal Francisco D'Albora a admitir que se concediera al partido Justicialista la personería política.
PRIMERA PLANA
8 de setiembre de 1964

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