El Gabinete, dirigido desde hace diez meses por el Nuevo Partido del Congreso, hace aguas por todos lados; los únicos que hasta ahora lo sostienen sin desmayos son los comunistas prosoviéticos. Entre tanto, grupos de socialistas aliados a moderados y a extremistas do derecha formaron en la segunda semana de diciembre un nuevo Gobierno en Bihar, el séptimo en menos de cuatro años. Por otra parte, perdidas para la hija de Nerhu las riendas del poder en los dos grandes Estados de la cuenca del Ganges, sigue el crescendo de fusilamientos y asesinatos en Calcuta y Vizagapatman (Estado de Andhra Prodesch).
En la segunda de esas ciudades fueron condenados a muerte, el 29 de noviembre, cuatro naxalistas (chinoístas) entre ellos el líder del movimiento en el Estado de Orissa, Nagabhushair Patnaik. Es la primera vez desde el año 1947 que en la India se ejecuta a opositores políticos. Lejos de allí, en un barrio de Calcuta —Barasat—, once integrantes del Partido Comunista Hindú Marxista Leninista (al que normalmente se alían los naxalistas) fueron sacados de sus casas; al día siguiente sus cadáveres aparecieron al borde de una ruta: las heridas fueron producidas por proyectiles de calibre similar al usado por la Policía. Igual suerte tuvieron algunos cientos de sus compañeros de Bengala occidental. No tan mal les fue a los cuatro mil que aún están presos.
Para completar el cuadro de las desventuras del partido oficial conviene agregar el caso de los maharajaes, los Príncipes hindúes despojados del poder en 1947. Fue el detonante que hizo añicos las coberturas, todos los resortes institucionales quedaron a la vista. Esas piezas perfectamente montadas por el padre de la Gandhi mostraron sus fallas intrínsecas. La breve historia es así: después del establecimiento de la República, Nerhu acordó dar a los fílmicos nobles pensiones graciables —algunas irrisorias, otras suculentas— y un conjunto de derechos nada despreciables, entre los que se cuenta la exención de impuestos y de trabas aduaneras, inmunidades penales, el uso de sus títulos y honores (portación de armas, por ejemplo) y hasta la posibilidad de convertir en día festivo, en sus respectivas ciudades, el correspondiente al aniversario de cada uno de ellos.
Pero la Primera Ministra ha dicho a quien quisiese oírla que nunca estuvo conforme con ese arreglo; su deseo de socializar un poco al país, y acaso una pizca de demagogia, la alentaron a accionar todos los botones del poder con vistas a conseguir la supresión de anacrónicos privilegios. Pero falló. Lástima.
El Estado hasta llegó a ofrecerles indemnizaciones por un total de 500 millones de rupias —cifra igual a la suma de todas las pensiones concedidas en la India—, y los interesados dijeron no. Se entiende, cuando a cada uno se le terminase su parte, era el fin. La Gandhi no hizo esperar su respuesta: ante las dos Cámaras presentó un provecto por el que quedaban abolidos todos los privilegios. La Cámara del Pueblo (Diputados) lo aprobó, fue a la Cámara Alta (Senadores) y por sólo un voto no pudo convertirse en ley. Dispuesta a no aceptar el fracaso, y algo apurada —debía asistir a la Conferencia de Países no Alineados, en Lusaka—, la Primera Ministra puso a la firma del Presidente de la república un decreto cuyos resultados hubiesen sido los mismos que los previstos en el proyecto de ley rechazado. Parte de su Gabinete desaprobó el "tono" del documento. Peor fue cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que era inconstitucional. El intento cuasi jacobino fue al canasto de los papeles. Los 279 maharajaes volvieron a respirar tranquilos. El Estad seguiría derivando hacia ellos 500 millones de rupias (unos 6,5 millones de dólares anuales).
El prestigio de la hija de Nehru, tanto como el del Presidente Giri, resultaron bastante despatarrados. La ordenanza que el segundo firmó y la Corte rechazó tuvo una confección tan rápida que los opositores no tardaron en encontrarle un nombre, y le colgaron no más el cartelito: midnight order. Lo cierto es que a la oposición le vino de perillas. Las críticas contra los métodos de la Gandhi, contra las libertades que se toma respecto de la Constitución, arreciaron. Sin embargo, quienes más se rasgan las vestiduras en defensa de la Carta Magna no suelen ser, al menos en la India, los más progresistas. Saben, por supuesto, que basta una negativa de la Corte para que todo un mecanismo legislativo vuelva a fojas cero. Sus dictámenes no tienen apelación; uno de ellos, del año 1967, ordenaba que el Parlamento carecía de atribuciones para suprimir o restringir los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Por lo tanto, todas las decisiones legislativas que afecten a las prerrogativas que aquella otorga, por ejemplo, a los Príncipes o a los propietarios, pueden automáticamente ser consideradas como nulas, puesto que contradicen tal o cual acordada. Por otra parte, la historia de las escaramuzas entre el Poder Legislativo y el Judicial alumbra una evidencia: el conservadorismo y la independencia de los Jueces máximos respecto del Gobierno.
De todos modos, hasta el mismo programa de su partido le tiende picaras celadas a la jefa del Gobierno. En ese documento se habla de limitaciones razonables a la propiedad. Y es justo alrededor de ese punto que pivotean los izquierdistas del oficialismo y de la oposición. Desde hace años insisten en la necesidad de otorgar soberanía al Parlamento para que pueda legislar incluso a nivel de los derechos fundamentales. El callejón tiene una única salida: elecciones ya; después, reformar la Constitución. Sin embargo, el riesgo de un enfrentamiento de poderes implicaría llevar al partido gobernante a una batalla demasiado dudosa. De todos modos, Indira Gandhi se muestra firme; "las leyes se formulan para que el pueblo viva fácilmente", supuso; "las leyes no caen del Cielo, es posible cambiar las leyes y las constituciones", descubrió, reiterativa.

PRIMERA PLANA Nº 414 • 5/1/71

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