Desde Córdoba el enviado especial Ernesto Ekaizer telexeó el siguiente informe, en la tarde del domingo 20:
Los sucesos que ocurrieron en el regimiento C-10 de Caballería Blindada, con asiento en Azul, trazaron una virtual frontera en el mapa político de Córdoba. A medida que trascurrían las horas se iba disipando el clima de quietud, instalado con la llegada del gobernador Ricardo Obregón Cano, a mediados de la semana anterior. En el curso de los últimos dos meses, Obregón escuchó decir varias veces, en Buenos Aires, que "el gobierno de Córdoba es el más atacado pero el mejor defendido. Lo defiende Perón”. En efecto, al borde de la intervención federal, el gobierno provincial salió siempre ileso, casi inexplicablemente.
En realidad, existían poderosas razones para que el presidente Juan Perón no dispusiera cambios en el gobierno de la provincia. La más importante, acaso, era la composición de la cúspide: siempre se pensó que la presencia de Atilio López significaba una suerte de reaseguro para evitar, o controlar, el desborde social. Sin embargo, el gobierno nacional, se sabe ahora, nunca había contado con información fidedigna sobre la evolución de los acontecimientos. Una cosa parece evidente: el dúo Obregón Cano-López logró establecer, durante seis meses, aproximadamente, un equilibrio transitorio en Córdoba. En términos políticos esa armonía era un verdadero éxito. Sucede que la situación tumultuosa por la que atravesó la provincia, a partir de mayo de 1969, entró en un impasse. Es decir: el gobierno —que incorporó a un dirigente reconocido y de larga trayectoria dentro del movimiento obrero cordobés— se convirtió en un centro de contención de las inquietudes generales. No era una peculiaridad cordobesa. A partir del acceso de Juan Domingo Perón al gobierno, se echaron las bases de la estabilidad política. Acaso Córdoba, como siempre antes, reflejaba un equilibrio más precario; la elevada politización, la existencia de diferencias salariales entre los distintos gremios, una presencia de direcciones sindicales rebeldes, en fin, todos estos aspectos auguraban una estabilidad relativa.
Cuando Ricardo Obregón Cano se detuvo varias horas en Buenos Aires, la semana pasada, la comunidad política cordobesa vislumbró, detrás de las conversaciones, una auténtica arremetida. Se supo que Humberto Martiarena y Ricardo Otero aprovecharon la crisis, provocada por la demanda de aumentos del personal agremiado en la Unión Tranviarios Automotor, para justificar la intervención directa. Esta vez hubo una diferencia, Benito Llambí, cuyas relaciones con Obregón Cano siempre fueron excelentes, no defendió al gobierno provincial; ciertas versiones aseguran que el titular del Interior, también, manifestó dudas sobre la gestión de Atilio López al frente de la vicegobernación. Mientras tanto, trascendió que Mauricio Labat, líder de los ortodoxos, había viajado hacia la ciudad mediterránea, hacía algunas semanas, para dirigir el operativo contra el gobierno provincial.
No obstante, la ofensiva no corrió sólo por cuenta de los sectores sindicales nucleados en las 62 Organizaciones de Córdoba. Cuando el presidente Perón habló, unos quince días atrás, sobre la necesidad de fortalecer el pacto social, se refirió, concretamente, a "funcionarios gubernamentales” que lo estaban minando. Se supo, en círculos politizados, que Obregón Cano quedó desmoralizado después de escuchar ese discurso, en su veraneo atlántico. Acaso esa alocución haya sido la señal para la arremetida más amplia. Porque no resulta casual que, precisamente, los ortodoxos enarbolaran el estandarte del pacto social contra el vicegobernador Atilio López, quien actuó, obligado por las circunstancias, en favor del aumento salarial para los colectiveros cordobeses.
El conflicto del trasporte había acaecido hacia la última semana de diciembre pasado. Rápidamente pareció disiparse, ya que los empresarios propusieron un aumento de 56 mil pesos, lo que elevaría el salario a los 200 mil pesos moneda nacional. Sin embargo, cuando se trató de concretar el acuerdo, la Federación de Empresarios del Trasporte Automotor (FATAP) decidió retroceder. Al parecer, la Confederación General Económica habría impartido severas directivas para congelar todas las negociaciones. El gremio de UTA volvió, entonces, a aplicar una medida de acción directa. Claro que el conflicto trasvasó hacia los meandros del aparato estatal. Mientras el Poder Ejecutivo defendía, bajo presión, a los trabajadores, la Municipalidad sugería la intervención a la provincia para preservar el acuerdo social. No sólo eso. Ideó —con la ayuda de dirigentes ortodoxos— una manera de anular la huelga apelando a los conductores de taxis.
En ese cuadro, López actuó con celeridad. Los observadores sugieren que reaccionó al margen de las instituciones de la provincia. Sin embargo fue el Concejo Deliberante quien solicitó, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, la intervención judicial de las empresas trasportistas. Mientras evolucionaban los hechos inmediatos, nuevos acontecimientos se reflejaban en el ámbito político; en efecto, después de Intervenir las empresas, el bloque de senadores del FREJULI protestó por la prescindencia con que fue tratado. Muchos legisladores viajaron a Buenos Aires para debatir, hacia el viernes anterior, el desenlace de las diferencias.
La decisión de intervenir engendró una nueva disyuntiva: la devolución o no de las empresas a sus dueños. Mientras Ricardo Obregón Cano pensaba que el levantamiento de las mismas debía ser más o menos inmediato, trascendió que López prefería impulsar una experiencia piloto en algunas líneas, con vistas a un sistema estatizado. Si bien UTA no se pronunció explícitamente, el actual vicepresidente Roberto Tapia, dijo a Panorama: “UTA es partidaria de la estatización. Consideramos que solucionaría una serie de problemas. Sería, bien ejecutada, la justa salida para el trasporte de Córdoba”.
Los resultados de la intervención a las empresas no se conocen aún en toda su amplitud. Sin embargo, uno de los miembros del Consejo de Intervención indicó a Panorama el siguiente cálculo: "Seis empresas (Ciudad de Córdoba, Coneferal, Suquía, Unión, General Paz y Lavalle) están en condiciones de absorber el aumento salarial pues extraen una ganancia neta, mensual, de 25 millones de pesos. Las 6 restantes registran desequilibrios financieros muy grandes; algunas, incluso quemaron los libros para evitar la investigación”. En este último caso, la acumulación de deudas (obra social, jubilaciones y otras) ha terminado, de hecho, por hundirlas.
El conflicto gremial repercutió vivamente en las diferentes fracciones de Córdoba. La CGT nacional recomendó efectuar la renovación de autoridades en enero, siempre y cuando se lograra constituir un secretariado regional peronista. Esta decisión proveyó una amplia masa de maniobras a los ortodoxos que, careciendo de sindicatos importantes, iniciaron una ofensiva contra el legalismo y las corrientes combativas. Ese avance halló la parálisis del actual secretariado regional. Ocurre algo lógico: todos los sectores apoyan al gobierno provincial, lo que implica mantener prudencia frente a los rivales para "no comprometer” al gobierno en posibles excesos. La acción decidida de las 62 ortodoxas se apuntó varios puntos a favor, en los últimos días; el principal: la adhesión de casi media docena de gremios adheridos a los legalistas. Así se perfila la posibilidad de "normalizar" la central obrera regional.
Sin embargo, los hechos que tuvieron lugar en la madrugada del domingo 20 contribuyeron a modificar todo el cuadro de aparente equilibrio. La acción de aquellos que jaquearon, reiteradamente, al gobierno provincial y a la CGT regional, se fortalecerá. Ese parece ser el juicio extendido de quienes estudian, a diario, la política cordobesa •
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Bárcena: La ortodoxia
El sábado 19, Bernabé Bárcena, líder de los ortodoxos, recibió a Panorama. Este fue el contenido de la entrevista:
—¿Qué balance hace su sector sobre las conversaciones mantenidas en Buenos Aires con las 62 Organizaciones?
—Hemos discutido a nivel de las 62 Organizaciones y CGT. Todo esto se hace con miras a la normalización regional. De más está decir que es un compromiso que ya asumimos. En septiembre de 1973, con el general Perón. Nuestro líder quiere una CGT netamente peronista. Estamos plenamente de acuerdo con él. Lo que se prometió está en marcha. Por nuestra parte, hemos hecho una nueva exhortación al resto de los gremios para que se unan a nosotros. Y lo estamos logrando.
—¿Qué opinión recogieron?
—Hablamos durante dos horas y media con Lorenzo Miguel. Se llegó a un acuerdo total: todos los gremios peronistas deben estar en las "62”. Los compañeros Adelino Romero y Otto Calase también comparten la necesidad de concretar un secretariado peronista.
—En ese caso, ¿cuándo tendría lugar el plenario normalizado!?
—Creemos que si no es posible efectuarlo en los últimos días de enero habrá que hacerlo en febrero. Pero su realización es irreversible.
—¿Con qué fuerzas contarán?
—Es importante destacar que estamos gestando la unidad con un sector de los legalistas. En ese caso podremos hacer un plenario con unos 45 ó 46 gremios. Si se agrega el número de delegados de otros gremios, alcanzaríamos los 85. Es un buen número sobre los 106 gremios que tiene Córdoba.
—Atilio López fue expulsado de las 62, ¿se mantiene esa posición?
—En efecto: López fue expulsado por una falta muy grave. Es responsable de romper el pacto social que sostiene el gobierno nacional y el jefe de nuestro movimiento, el general Perón.
—Sin embargo, se habla de reconocer a la mesa surgida del plenario de Valle Hermoso...
—Si bien se efectuó ese comentario, estamos en condiciones de asegurarle que habrá una retractación mediante comunicado. Asimismo, Lorenzo Miguel aclarará todo lo conversado con Obregón Cano en la ciudad de Mar del Plata.
—La situación del trasporte, ¿está resuelta?
—Considero que es un pleito en curso. Aún no ha terminado. Se proyecta un subsidio a las empresas que no están en condiciones de pagar el aumento. Eso nos parece mal. Deben levantarse de inmediato todas las intervenciones y resolverse, además, las discrepancias entre la Municipalidad y la Administración. En los próximos días regresaremos a Buenos Aires para seguir analizando detenidamente los pasos a seguir.
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René Salamanca: Muchas esperanzasEl poderoso sindicato que agrupa a los trabajadores mecánicos de Córdoba, el SMATA, es una clave de la situación provincial. Este fue el resultado de la entrevista que mantuvo Panorama con el secretario general, René Salamanca:
—¿Cómo evalúa la situación provincial, a partir del regreso del gobernador?
—Tenemos absoluta confianza en la capacidad de respuesta del movimiento obrero a cualquier intento de intervención. Nuestra experiencia concreta nos indica que los avances de Otero y otros no prosperarán. Este es un aspecto de la cuestión. Hay otro de gran importancia: la confluencia entre dirigentes combativos y clasistas, sean peronistas o no, sigue en pie. El legalismo rompe con las 62 ortodoxas y vuelve al andarivel de las anteriores alianzas. Todo esto se ha verificado en la crisis reciente que tuvo epicentro en las discrepancias entre el legalismo y la ortodoxia. Estos últimos jugaron a favor de la patronal.
—¿Cree usted que existen condiciones para constituir un secretariado equivalente al actual?
—En efecto. Es más: el secretariado actual es el que convocará al plenario normalizador. Después del plenario de las 62 legalistas sabremos los detalles y debatiremos, concretamente, sobre la convocatoria. El problema, ahora, consiste en esto: ¿de qué manera se va a materializar el congreso de la CGT? Nosotros queremos llevar allí la democracia sindical que practicamos en nuestra propia casa. Es decir: anhelamos un congreso abierto.
—Respecto a los rumores sobre intervención, ¿qué piensa?
—Hay que hacer respetar la voluntad soberana del pueblo cordobés. Las empresas deben otorgar el aumento que solicitan los trabajadores de UTA. Los sectores reaccionarios se montaron sobre ese pedido defendiendo el pacto social. Esa instrumentación ha fracasado porque esos burócratas no tienen base social. No mueven a nadie.
—¿Qué salida propone para el problema del trasporte?
—No somos partidarios, en estos momentos, de la estatización. Una medida así, aislada, sin un programa general para todas las ramas de producción, sería un simple paliativo a una crisis de conjunto. Nosotros creemos que no se puede cambiar el carácter de clase del Estado. Un sistema de trasporte estatizado daría pérdida. Si las empresas se hacen cargo del aumento sin incrementar el precio del boleto, que se devuelvan a sus dueños.
—¿Cómo actuó Atilio López frente a los acontecimientos?
—Precisamente, como un dirigente obrero que antepone su condición de líder obrero. También, como gobernante, se mostró responsable de la situación por la que atraviesa el movimiento obrero.
—En abril habrá elecciones locales y nacionales en el SMATA. ¿Qué panorama vislumbra?
—Así es. Nosotros presentaremos lista en el orden nacional. Ganaremos —descontamos que habrá lista única de los clasistas y combativos en nuestra seccional— aquí, y si se hace un frente único nacional podremos ganar también las del Consejo Directivo Nacional. Creemos que la (Juventud Trabajadora Peronista y el Peronismo de Base van a estar de acuerdo con nosotros. Si eso sucede se debatirá la integración de la lista y los candidatos. Confiamos en que eso ocurra.
—¿Tienen propuesta para secretario general del gremio?
—Bueno, todavía no. Hay una iniciativa que me propone a mí para ese cargo. Si la mesa que formaríamos con todos los sectores quiere, voy al frente y le gano a Rodríguez.
—Finalmente, ¿qué sucederá con el pacto social?
—No se está, ahora, en el combate salarial. Se está en la discusión. Hay que esperar la evolución de los acontecimientos a partir de marzo, momento en que se acelerarán las contradicciones en el seno de las masas obreras peronistas.
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Tosco: La crisis se agudizaA continuación se reproduce la síntesis de las respuestas de Agustín Tosco, el líder lucifuercista cordobés:
Yo pienso que Córdoba es una expresión de la crisis del país y de América latina. El pacto social es la postergación de todos los reclamos obreros. Se subordina esos reclamos a la voluntad de la clase dominante, asociada al capital extranjero. Pero lo que realmente debe preocupar es el aumento inevitable de la represión ya que el gobierno nacional registra la hegemonía de la derecha. Los trabajadores nucleados en UTA han roto el pacto social y, yo puedo dar fe, no hubo ninguna instrumentación por parte de Atilio López. Para entender
por qué los ribetes políticos adquirieron preponderancia en una cuestión salarial se debe puntualizar que se trata de un ataque al gobierno provincial por parte de los mismos sectores que quieren desalojarnos de la CGT regional. El balance de 7 meses de gobierno indica que se mantuvo un clima democrático. No se dejó pasar la intimidación de la derecha. Hay que hablar claro: el gobierno tiene la simpatía del pueblo de Córdoba. Pero nuestros gobernantes no pueden escapar a los lineamientos de la política nacional. Así como nosotros tampoco podemos hacerlo. La CGT regional vive en medio de una .sorda lucha que se agudiza diariamente entre los diferentes sectores, pero estamos, ni duda cabe, mejor que en la CGT nacional. Reconozco que nuestra regional atraviesa una crisis, si se prefiere, institucional. Se verifica una neutralización de la regional. No sucede así en las bases y en los sindicatos combativos. Existen, ya mismo, dos tácticas de nuestros opositores: apoderarse directamente de la CGT y subordinar el gobierno de la provincia a las órdenes nacionales; la otra consiste en mantener la situación actual. Esto último equivale a mantener cierta inactividad regional, a nivel dirigente. Pero, para mí, con todas sus debilidades, la CGT actual es un reflejo del cordobazo. Por eso digo que nosotros no queremos la "normalización” de la CGT. Queremos un secretariado de la clase obrera, una renovación democrática de las autoridades. Así, proponemos un plenario democrático de la CGT, un congreso donde podamos llevar unas 10 mil personas. Este plan de trabajo es la mejor respuesta a los intentos intervencionistas. El pueblo cordobés no se complacerá con una restricción de su autonomía provincial. Tanto la CGT como el gobierno son propios de Córdoba. Y Córdoba debe decidir por ello. Pensamos que cualquier intento serio debe encontrar una firme actitud que se materializará en la huelga general y la movilización total. En mi opinión el pacto social significará una agudización de la crisis social y el desarrollo de luchas más amplias para resolver las necesidades vitales, políticas y económicas, de los trabajadores. De aquí se derivará una mayor represión. Es inevitable. Nosotros hemos denunciado el pacto social y solicitamos paritarias junto con un aumento. Eso sirve de estímulo a la lucha. Cada vez en mayor medida muchos gremios seguirán ese camino. Y claro está: frente al avance de la derecha nos vamos a defender, como lo hemos hecho ya en varias oportunidades en nuestro propio sindicato.
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Ricardo Obregón Cano: la arremetida más duraRicardo Obregón Cano retomó las riendas del gobierno provincial el miércoles 16 de enero. Sus quince días de tranquilidad en Mar del Plata fueron súbitamente interrumpidos por el conflicto del trasporte y las derivaciones políticas del mismo. Ya desde su residencia atlántica, Obregón Cano siguió los hechos, recomendando directivas a los funcionarios provinciales. Sin embargo, a medida que evolucionaban los acontecimientos, su presencia era vital para dominar las llamas. Antes de arribar a Córdoba, el gobernador recaló en Buenos Aires para protagonizar un test político ordenado por el mismísimo presidente Juan Perón. Cuando el avión que trasportaba a Obregón carreteó en el aeropuerto provincial, la tensión acumulada estallaba a través de los rostros de Atilio López y los ministros del gabinete. La intuición que flotaba era terrible. Por primera vez, en los últimos dos meses, de modo muy serio, se avizoraba la intervención federal. Entonces, ¿la sangre llegaba al río? En la noche del viernes 18 de enero, Ricardo Obregón Cano accedió a una entrevista exclusiva con el enviado especial de Panorama:
—No crea que estuve muchas horas en Buenos Aires.
—Pero, ¿cómo le fue allí?
—El ministro del Interior, Benito Llambí, fue absolutamente franco conmigo. Me manifestó, de manera categórica, que no se iba a intervenir la provincia. Muchos, según oí, dicen que la arremetida fue muy seria.
—¿Y lo fue, realmente?
—La presión existió. Ocurre que el desenlace político del conflicto del trasporte fue perfectamente guiado por las fuerzas interesadas. Le digo más: hubo quien dijo que se presentaba la "oportunidad para lograr la intervención del gobierno". Es decir, para acabar con todos nosotros.
—Ese peligro, ¿se disipó totalmente?
—Yo creo que aquí, en Córdoba, vamos a solucionar los problemas que se presentan. Mientras hay gente que se dedica a viajar a Buenos Aires expresamente para desacreditarnos, nuestro gobierno está preocupado por encarar las realizaciones populares. Contamos con una gran solidaridad de la población, tenemos inmenso respaldo político. Es que nuestro pensamiento refleja la doctrina del general Perón. Y esas ideas han sido profundamente asimiladas por el pueblo cordobés como una interpretación cierta de la realidad. No se nos presenta un problema institucional. Todos los poderes funcionan normalmente. Las fuerzas gremiales y políticas desarrollan su actividad en el marco de amplias libertades. Nuestra política de diálogo nos hace ampliamente optimistas.
—¿Cómo terminará el conflicto del trasporte?
—Bueno, estrictamente debería ser un problema de orden municipal. El gobierno actuó porque había una situación de emergencia. Hoy me reuní con los empresarios y existiría, en principio, disposición a resolver favorablemente las cosas. Aguardamos a que los interventores ofrezcan su informe sobre la situación de las empresas.
—¿Se otorgará el aumento?
—No disponemos de un informe completo sobre el estado financiero de las compañías de ómnibus. Recién la semana próxima habrá novedades. Considero que el pedido de aumento fue justo ya que el sueldo y las condiciones de trabajo de los trabajadores de UTA son insostenibles. Claro que este simple pedido de aumento se complicó con las rivalidades de carácter político. Si no hubiera sido así...
—¿Usted, suscribe totalmente la conducta del vicegobernador?
—Ciertamente. Fíjese que fue una cuestión relativamente sencilla. El compañero Atilio López obró de acuerdo a la lev de Emergencia Social. Como la Municipalidad no actuó, se apeló al Concejo Deliberante. Esta institución votó unánimemente el pedido de intervención a las empresas del trasporte por parte del Poder Ejecutivo provincial.
—Los senadores del bloque oficialista protestaron contra la supuesta independencia del Ejecutivo. ¿Qué opina usted?
—Comprenda que no tuve demasiado tiempo para reflexionar y enterarme de todo. Por lo pronto, el compañero Atilio López me consultó preocupado sobre ese tema. Mi impresión es que la carta enviada por el bloque de senadores es amigable. Ellos reclaman una mayor participación en las decisiones, a través del debate. Me parece lógico. Claro que, en la cuestión actual, el vicegobernador obró con rapidez. Hay situaciones como éstas donde las circunstancias imponen la manera de accionar.
—Una vez investigadas, ¿serán devueltas las empresas?
—Como señalé anteriormente, esperamos el examen de cada una de ellas para determinar la cuestión del aumento salarial. En algunos casos, existen firmas que trabajan en los marcos de la ley; otras, en cambio, sufren un descalabro financiero descomunal. El gobierno intervino las empresas para estudiar su situación, no para quedarse con ellas. En particular, debemos evitar que se produzcan enfrentamientos entre nosotros mismos. Debemos ser prudentes y prever que podemos tener problemas con los usuarios si el conflicto, las intervenciones y todo lo demás, continúa.
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Atilio López: el gobierno cuestionadoEn los últimos días un pronóstico comenzó a ganar adeptos entre los observadores de la política cordobesa: el vicegobernador, secretario general de la CGT y líder del legalismo, Atilio López, puede ser rápidamente removido. Es indudable que la figura de López se vio expuesta —a pesar de la decisión política con que actuó— a una severa prueba de desgaste. Existen indicios para pensar que, en las últimas tres semanas, el vicegobernador de Córdoba recibe los fuegos cruzados de toda su oposición. Se conocen muchos detalles. Diez días atrás, las 62 Organizaciones de la ciudad mediterránea expulsaron a López de su seno; los observadores recuerdan, también, que cuando Julio Broner viajó a Córdoba hace quince días no visitó a López, quien ejercía entonces el gobierno provincial. Panorama dialogó extensamente con Atilio López. Este es un resumen de la conversación:
—Puede hablar de la crisis del trasporte y sus consecuencias...
—Es evidente que no se trata de una crisis coyuntural. Para comprenderla debemos hablar, por fuerza, de Córdoba. Y de mí mismo. Porque una cosa es el conflicto con UTA, gremio del que soy presidente, y otra la ofensiva de la derecha, desatada contra nosotros. El primer problema que debemos abordar es, pues, el de legalistas y ortodoxos. ¿Sabe de dónde proceden esas palabras? La CGT de Córdoba fue la primera delegación regional recuperada por los trabajadores de la intervención militar, en 1957. El 1º de julio de ese año fui electo secretario general de la CGT. Once días después decretamos el formidable paro general que obtuvo un éxito total. Esta CGT se denominó legal y estaba dirigida por un dirección unitaria de peronistas, no peronistas e independientes. En el olvido, en verdad sólo un sello: quedó la CGT negra integrada por los ex dirigentes. La historia de la central obrera de Córdoba es la historia de los intentos desesperados de esos dirigentes, privados de base, por desalojar a los que promovíamos la unidad obrera en la provincia. El legalismo se pronuncia por la unidad. Los ortodoxos (ex CGT negra) por el exclusivismo, la división y el sectarismo. Muchos de los que ahora forman los ortodoxos trabajaron junto al gobernador Carlos Caballero, en su triste Consejo Asesor.
La composición unitaria de la CGT no impide que nosotros querramos la unidad de los sectores que se reclaman peronistas. Los que no quieren el acuerdo son, precisamente, los que pregonan todo el tiempo su necesidad. Nosotros haremos cumplir la orden de Juan Perón. La confluencia de todos los peronistas, dentro de las 62, no significa la división de la CGT regional, representativa de todos los trabajadores. Es claro que como somos mayoría debemos tener la hegemonía. Pero de ningún modo ello equivale a excluir a compañeros honestos y luchadores consecuentes. La dirección actual de la CGT refleja los combates del cordobazo. Y sobre esto quiero contarle algo. Cuando visité al general Perón, en 1971, le narré lo que sucedió en Córdoba durante mayo y junio de 1969. Le dije que no se gritó “Viva Perón”, que esas jornadas no fueron un acto peronista. Perón lo sabía perfectamente. Conocía los detalles. Nosotros repudiamos el sectarismo. La CGT de Córdoba debe tener hegemonía peronista —eso es legítimo de nuestra parte—. Pero
en su dirección deben estar representados todos los gremios, incluyendo a los más combativos.
—¿Cómo se relaciona todo esto con la crisis actual?
—Precisamente, a eso iba. Los trabajadores de UTA pidieron un aumento. No es porque sea mi propio gremio, pero considero legítima esa solicitud. Por mi parte, expliqué los alcances del pacto social en las asambleas de UTA. ¿Sabe qué dijo un compañero? Se levantó, y en voz alta, gritó: "Yo, entonces, le voy a llevar a mi mujer un sachet de pacto social para que me haga de comer”. Fue el 24 de diciembre. Ganan 144 mil pesos mensuales. Tienen serios problemas de columna vertebral y trastornos psicológicos. No fue rara su respuesta. En síntesis: la solicitud de UTA fue instrumentada contra el gobierno de la provincia y la CGT regional, con el argumento del pacto social. En el fondo está el propósito firme de apoderarse de la CGT regional por parte de aquellos que en los últimos 19 años lo intentaron varias veces pero fracasaron.
—Hubo represión a los trabajadores de UTA y de IME. ¿De quién emanó esa orden?
—Hay que abrir bien los ojos. Yo estoy en esto desde siempre y le puedo decir que se agrandan las cosas. En el caso de UTA no pasó nada. Ahora bien: con IME fue distinto. Primero, muchos funcionarios policiales están nerviosos porque se acabaron los “viejos tiempos”. Entonces se les va la mano en la primera de cambio. Segundo: teníamos información de que una manifestación iba a volar un puente. En consecuencia, se procedió a dispersarla. Eso fue todo.
—Muchos afirman que existe cierta contradicción en sus funciones gubernamentales y sindicales, ¿es así?
—Soy plenamente consciente de que eso puede ocurrir. Atilio López responde que cuando haya represión se va del cargo. No estoy para nada aferrado. Sigo siendo como antes. Me gusta salir con el torso desnudo a la puerta de mi casa y conversar con mis vecinos, que son todos obreros.
Revista Panorama
24.01.1974