El martes 17 el comisionado federal ante la provincia mediterránea, general de brigada Jorge Raúl Carcagno, iniciaba con esta frase su gobierno provisional. El comunicado no terminaba allí. "Como soldado vengo a cumplir con el deber. Ello y no otra significación tiene este acto, en el que la autoridad militar afronta el momento con el impostergable afán y el apremiante propósito de restablecer de inmediato la paz y el orden. Lograda tal finalidad, propenderé al restablecimiento del diálogo en todos los niveles a fin de preparar las condiciones que permitan, en el menor término, la asunción al poder del futuro gobernante." Carcagno —hasta entonces comandante de la IV Brigada de Infantería Aerotrasportada— se trasformaba de esa manera en la síntesis de una tensión (que aún no ha concluido) entre el presidente Juan Carlos Onganía y su comandante en jefe, el general Alejandro Lanusse. Disputa que —no por azar— tomó a Córdoba como su epicentro: Carcagno significaba el triunfo de uno de esos dos polos (el de Lanusse, quien lo promovió como interventor), y el signo más visible de que en las próximas semanas el país presenciará una disputa entre los onganistas y el liberalismo.

CORDOBA EN SU SALSA
Las expectativas creadas en la ciudad mediterránea y (que en ondas expansivas cubrieron al país) por la decisión de las dos CGT locales de realizar un paro total de actividades desde las 11 de la mañana del martes 17 hasta las 24 horas del miércoles 18, era una prueba más de que Córdoba se había trasformado en capital piloto para desarrollar el enfrenta miento (¿se refería a esta situación el general Carcagno cuando calificó a la ciudad como "capital espiritual de la República"?). La decisión de la mesa coordinadora de las dos CGT cordobesas de suspender el acto obrero-estudiantil que debía realizar el martes motivó las más diversas censuras por parte de algunos dirigentes gremiales. Cristóbal Sánchez, miembro del secretariado de la regional de la CGT de Paseo Colón, confió a SIETE DIAS, en la tarde de ese martes: "La decisión de no hacer el acto fue resuelta por algunos compañeros que andan entre gallos y medianoche. No sé qué promesas habrán recibido, pero violaron la resolución del plenario, que había aprobado otra cosa. En esa reunión solamente seis gremios se pronunciaron por el paro pasivo". El martes a la noche, en el local de la Unión del Trasporte Automotor (UTA), el viejo dirigente Atilio López (actualmente sin cargo sindicar) expresó a SIETE DIAS: "Pienso que a pesar de que la conducción habrá tenido sus motivos, deberá explicar en el plenario, y pese al feriado, el acto hubiera sido multitudinario. Considero que deberíamos haberlo realizado".
Para el dirigente de Luz y Fuerza, Ramón Contreras, quien reemplazó a Agustín Tosco, actualmente detenido, la decisión de suspender el acto responde casi a un simple acto burocrático. Así se desprende de las declaraciones que emitió frente a SIETE DIAS, en la noche del martes.
—¿Cuál es su opinión sobre la decisión de levantar el paro?
—Mi opinión es que se trata de una resolución de la comisión coordinadora.
—¿Pero usted aprueba esa resolución?
—Es una resolución de la coordinadora.
—Usted es miembro de esa coordinadora. ¿Comparte su criterio?
—Sí.
—¿Por qué?
—Es una medida táctica dispuesta por la coordinadora.
Evidentemente, la suspensión del esperado acto —que todo hacía suponer se trastornaría en un nuevo cordobazo, como el de mayo— respondía a estrategias políticas mucho más sutiles que las que esgrimieron algunos dirigentes gremiales (éstos explicaron que el feriado decretado por el Poder Ejecutivo, para la ciudad de Córdoba y cuatro departamentos vecinos, quitaría efectividad al acto). En Córdoba, hacia fines de semana, eran evidentes tres corrientes políticas que ronroneaban en torno del poder central: la de Onganía-Imaz, interesada en mantener el statu que en la esperanza de desterrar del poder —en una etapa posterior— a los liberales; el liberalismo, encarnado por Lanusse, quien trabaja en dirección exactamente contraria; y una corriente de fuerza muy incierta, integrada por militares y civiles genéricamente denominados "nasseristas". Las tres líneas —obviamente— disponen su artillería a 800 kilómetros de distancia de la Capital Federal para rescatar la Casa Rosada o retenerla, como en el caso de Onganía.
La intervención de Lanusse, a través del comisionado federal Carcagno, fue una decisión relámpago para detener —según pudo detectar SIETE DIAS en la ciudad de Córdoba— un conato de subversión nasserista que debía estallar a las 12 de la noche del lunes 16, o a las 10 de la mañana de ese mismo día. Los impacientes nasseristas va habían descartado la posibilidad de que el presidente impulsara un cambio de rumbo radical, adoptando una política gubernamental nacionalista semejante a la desarrollada por los peruanos. La intervención federal, entonces, no se decide entre disuadir a depredadores, apalear estudiantes o forzar el fracaso de un paro general; por el contrario, procura evitar que, cabalgando en esos estallidos, surja la sublevación de un grupo enemigo de las dos tendencias que actualmente se disputan el gobierno nacional. Por esa razón, tanto la línea Onganía como la de Lanusse coincidieron en la necesidad de evitar el desencadenamiento de nuevos y más violentos disturbios.
Lo curioso de este proceso fue que, en el trámite de unas pocas horas (entre la media tarde y la noche del lunes 16), los nasseristas también decidieron aguar la algarada del día siguiente, lo cual implicaba algo así como desistir de su propia razón de ser: sin explosión callejera no podía haber golpe.
En efecto, los nasseristas suspendieron el estallido en virtud de que restablecieron los contactos con la línea Onganía-lmaz, cuyos personeros habrían prometido a los golpistas que, finalmente, el presidente produciría el reclamado, cambio de rumbo y que ese cambio se reflejará en una próxima y nueva reorganización del gabinete nacional. Este pasaría, entonces, a ser controlado por elementos del sector nacionalista más ortodoxo. A partir de ese momento (la reanudación del diálogo entre los nasseristas y los voceros de Onganía se habría iniciado en las primeras horas del lunes, simultáneamente con la presión de Lanusse para intervenir Córdoba y reprimir a los mismos que, en esos instantes, negociaban con el presidente) son las tres tendencias las que coinciden en que no haya más disturbios. No extraña por eso que los cegetistas Miguel Ángel Correa y Oscar Sttembrino— dos dirigentes vinculados a sectores nasseristas de la Aeronáutica de Córdoba— aceptaron dialogar con el ministro Imaz. Al respecto, hay versiones contradictorias sobre si el dirigente Miguel Ángel Godoy, secretario del sector de Azopardo, estuvo o no en las negociaciones y, además, si la reunión se realizó en la Escuela de Tropas Aerotrasportadas o en la Gobernación. De todas maneras, y debido a que Imaz arribó a la ciudad de Córdoba a las 3 de la madrugada del martes 17, puede concebirse que haya tenido tiempo suficiente para reunirse con los gremialistas.
Que la línea liberal encabezada por Lanusse también trataba de desbaratar un nuevo cordobazo, pero más organizado, fue puntualizado a la prensa por el comisionado Carcagno. El martes 17 el general apuntó que el gobierno iba a "respetar el legítimo derecho de huelga", criterio pocas veces utilizado por gobierno alguno ante una medida de fuerza sindical; más aún si se advierte que la huelga cordobesa violaba la reglamentación de la Ley de Asociaciones Profesionales, que determina el voto secreto en asamblea de afiliados para resolver paros laborales.

LAS INTRIGAS DE PALACIO
En Buenos Aires, mientras tanto, la disputa Onganía-Lanusse estaba en el terreno de las últimas designaciones para constituir el gabinete nacional y nombrar las distintas secretarías de Estado. El jefe del Ejecutivo —hacia el miércoles 18— orquestaba su estrategia para demostrar que no sufría presiones por parte del Ejército. Un detalle de esa actitud fue la efímera designación del general Imaz como ministro interino de Defensa.
Para los observadores habituales de la política argentina, si el enfrentamiento es tan hondo ya debería haber cristalizado en una ruptura del orden establecido. Pero la realidad —se comenta— es otra, y es aquí donde los propios militares no llegan a explicar bien las cosas. Se señala que esta falta de decisión por parte de los jefes castrenses (que podrían optar por una revolución) es la mejor carta de Onganía para superar la crisis. Una estrategia evidentemente agresiva respecto a sus pares, que puede conducir a nuevas desavenencias o al deterioro definitivo de una de las partes. Proceso que para las FF. AA. representa un compás de espera abierto después del levantamiento cordobés y la huelga general del día 30 de mayo.
Para Onganía sería muy fácil volver a acaudillar a las FF. AA., aceptando —eso sí— su sometimiento y decidiendo el cogobierno definitivo. "Tiene que saber muy bien (por Onganía) que en estos momentos su destitución se halla demorada exclusivamente por la circunstancia de que las FF. AA. no tienen una idea muy clara de la actitud a adoptar después del eventual golpe, y a que además no cuentan con un reemplazante definido", confió a SIETE DIAS el allegado íntimo a un alto jefe militar del grupo liberal. Este compás de espera podría interrumpirse abruptamente si el presidente no adopta rápidas decisiones; en tal caso, él mismo forzaría la decisión de los militares, en el sentido de tomar una actitud drástica y no justamente pacífica.
El juego es claro: Onganía advierte que ya son impracticables las viejas ideas nacionalistas enarboladas por Borda, Astigueta y Díaz Colodrero. La defenestración del participacionismo, los consejos asesores y una actitud paternalista en el ejercicio de la política del Ejecutivo, obligan al presidente —a juicio de los analistas políticos— a modificar su estrategia y, por qué no, a entregarse a las manos de los liberales (cosa bastante improbable) o a iniciar el estudio de una nueva disciplina política que conduzca al país hacia una salida capaz de evitar los cordobazos.
Para los militares la situación no es menos intranquila. Si bien en estos momentos las vías de comunicación entre los mandos militares y fuentes personales de información se han cerrado, por haber entrado las deliberaciones al plano secreto de "operativo militar", hay coincidencia en admitir que la estrategia del Ejército apunta a estos objetivos: 1) hacer ostensible la separación cada vez mayor entre la política presidencial y el Ejército; 2) adoptar una política de simpatía frente a la población para dar la imagen de que la FF.AA. se han constituido en severas censo-ras del gobierno, y que se puede apelar a ellas para salir de la crisis; 3) no suspender las deliberaciones a fin de evitar demostrar que Onganía ha triunfado; 4) hacer cada vez más notorio que las FF.AA., y en especial el Ejército no fracasan con la caída de Onganía; 5) esperar que el gobierno se enfrente con nuevos disturbios para que se acentúe aún más su deterioro y se agigante la figura de las FF.AA., único instrumento para exigir el relevo del presidente.
Pero otras fuerzas —hacia fines de la semana— salen a relucir en el intrincado ajedrez político: la designación del doctor José Rafael Cáceres Monié como ministro de Defensa, revelaba un paso adelante del frondizismo (Cáceres —hasta el martes, 17 embajador en Paraguay— había ocupado la subsecretaría de Defensa en la administración Frondizi). Otra figura —tal vez la que buscan de recambio las FF.AA.— crecía notoriamente: la del general Pedro Eugenio Aramburu.
Revista Siete Días Ilustrados
23.06.1969

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