Censura y terrorismo: el best seller de enero

Un paro de actividades de los obreros gráficos y la adhesión de los periodistas, el viernes 11, impidió la aparición de diarios y revistas —por lo menos en Buenos Aires— el sábado 12. (Por ello, la edición anterior de Siete Días ganó los quioscos con ostensible demora.) La Federación Gráfica Bonaerense y la Asociación de Periodistas dispusieron tal cese de tareas como expresión de repudio por el atentado que el lunes 7 sufrieron los talleres en donde se imprimen el vespertino El Mundo y el matutino Mayoría, los que debieron interrumpir sus ediciones hasta casi el fin de esa semana.
El hecho carecería de singularidad (la historia argentina está moteada de alevosos arrebatos contra la libertad de expresión) si no fuera porque se inscribe en el curso de dos semanas que los periodistas e intelectuales en general no vacilarían en calificar de oprobiosas.
El 31 de diciembre, dos grupos terroristas arremetieron simultáneamente contra sendas salas cinematográficas del barrio céntrico porteño en donde se anunciaba el estreno de Jesucristo (originariamente, Jesucristo Superstar), versión fílmica de una ópera-rock cuya presentación en el Teatro Argentino, en mayo pasado, desencadenó también la furia de los vándalos: el teatro fue arrasado por el fuego y los autores del delito nunca fueron descubiertos. (Casualmente, pude ver la pieza en Nueva York, en una función vermouth a la que asistieron, de la mano de sacerdotes y monjas, no menos de trescientos alumnos —menores de edad— de escuelas religiosas. El espectáculo, solemne y reverencial, exaltaba en términos de accesible modernidad la figura del Redentor, y por eso sacerdotes y monjas —con quienes sostuve un breve diálogo— consideraban conveniente que los chicos lo vieran.)
Un tercer grupo, ese mismo día, fue capturado e inmediatamente puesto bajo proceso por intento de quema de las copias de ese film, por entonces almacenadas en la sede de la empresa distribuidora. El 8 de enero, tras dictarse la prisión preventiva de los acusados, éstos recuperaban su libertad, "bajo caución real y por carecer de antecedentes delictivos".
La imposición de la censura cinematográfica por el terror, y a espaldas de los ya tan celosos organismos competentes, prohíja un fenómeno tanto o más lamentable: e| exacerbamiento de la autocensura. Si después del secuestro de Ultimo tango en París se operaron mutilaciones a cuatro o cinco films ya en cartel (La gran comilona, por ejemplo) y se levantaron otros (como Decamerón, de Pasolini), después de Jesucristo se decidió "postergar" Naranja mecánica y vaya uno a saber cuántos otros títulos no anunciados.
Durante la primera semana de enero, agentes de la Policía Federal, identificados como de la Sección Moralidad, allanaron librerías de las avenidas Corrientes y Santa Fe, se incautaron de cuantos ejemplares hallaron de cuatro novelas de autores argentinos y, sin que mediara ninguna instrucción judicial, condujeron detenidos a los encargados —no siempre propietarios— de cada negocio. En el Departamento de Policía los libreros fueron informados que los procedimientos respondían a una denuncia de obscenidad interpuesta por la Liga de Madres de la Parroquia del Socorro. Pero el jueves 10, la presidenta de la Liga de Madres de Familia, Dora G. de Weyland, negó haber propiciado esa gestión. Consecuentemente, varios ediles, miembros de la Sala de Representantes, unieron sus protestas por los allanamientos y solicitaron audiencias al secretario general de la Presidencia, Vicente Solano Lima, y al jefe de la Policía Federal, general Miguel Ángel Iñiguez.
Frente a estas calamidades, bien vale insistir en lo que parece una perogrullada: el camino de la convivencia pacífica entre los argentinos exige, de cada individuo adulto, el profundo respeto por las "ideas que no comparte y la puntualización civilizada de su discrepancia. Si queremos que el juego circular de las violencias no nos estrangule, ningún desmán irracional puede merecer disculpa, ninguna ofensa (o supuesta ofensa) puede ser lavada con gelinita. Sabemos de sobra que los dividendos de la prepotencia —provenga de donde provenga— se pagan siempre con monedas de sangre.
Norberto Firpo

Docos días después de la asunción del doctor Héctor J. Cámpora, el entonces secretario de Prensa y Difusión, José María Castiñeira de Dios, reseñaba enfáticamente la que se supuso sería la actitud del nuevo gobierno en materia de censura: "Como lo hemos venido señalando con toda claridad —expresó— el gobierno del pueblo no apelará en ningún caso a la censura, ni aceptaremos como actitud de conducta la autocensura, que es un modo de violentar las decisiones personales".
Unos meses después, la designación del realizador Octavio Getino (La hora de los hornos) como interventor del Ente de Calificación Cinematográfica parecía solidificar esos lineamientos. En el gremio del cine, el beneplácito fue general. Y se justificaba. La labor artística de Getino y sus luchas en favor de un cine de liberación nacional constituían antecedentes válidos para entrever que el joven interventor impondría nuevos rumbos a una institución que se caracterizó, durante anteriores gobiernos, por ser un coto elitista, capaz de recaer en frecuentes contradicciones en cuanto al concepto de la protección al menor y a la familia.
"En principio, y fundamentalmente —aseguraría Getino al asumir—, la tarea será elaborar un proyecto de ley destinado a sustituir a la que hoy está vigente, la 18.019. Toda la actividad estará centrada en la voluntad de cambio expresada por el pueblo argentino. Es decir, intensificar el proceso de liberación nacional, que significa también continuar con Ha descolonización cultural, y del cine en consecuencia". Por su parte, el decreto de nombramiento que designaba a Getino interventor advertía que era indispensable revisar las disposiciones que en materia de calificaciones fílmicas determina la ley 18.019, sus posteriores decretos y reglamentaciones, así como adaptar el Ente a pautas inspiradas, por supuesto, "en la concepción que en materia de libertad de expresión establece la Doctrina Justicialista".
Pero el 16 de octubre, un hecho desconcertante daba por tierra con los lineamientos doctrinarios y con las buenas intenciones de algunos funcionarios: esa madrugada, una vuelta de timón volvió a revalidar esquemas que parecían superados. Por orden de un juez se procedió al secuestro, en su sala de estreno, de la película Ultimo tango en París (ver recuadro). ¿Qué había pasado con el proyecto de reforma a la ley 18019 que Getino debía elaborar en el término de 90 días? Esa misión había sido cumplida dentro del plazo establecido.
En noviembre, Octavio Getino era relevado de su cargo de interventor del Ente de Calificación Cinematográfica. ¿Qué razones motivaron este hecho? La respuesta tropieza contra las ambigüedades. Es cierto, Getino se proponía cumplir una política prudente, a la vez que positiva, en el plano cultural e ideológico; pero, por lo visto, esa intención, opuesta a toda forma de oscurantismo y en abierto enfrentamiento contra eventuales "torquemadas", no alcanzó el plano de las concreciones.
Año rubricado por importantísimos hechos, 1973 epilogaría, en materia de censura, con la violencia enquistada en las salas porterías; así, Los últimos diez días de Hitler y Jesucristo Superstar debieron ser retiradas de circulación debido a la acción de grupos terroristas que, en el primero de los casos, obligaron a levantar el programa, y en el segundo, inhibieron el estreno.
No fue todo. El mismo mes de diciembre, rígidos censores ordenaron tantos cortes al film Naranja mecánica, que sus distribuidores decidieron no estrenarlo.
El ejemplo prendió rápidamente en el interior del país: en la ciudad de Mendoza, el intendente prohibió la proyección de Los demonios, que el Ente había permitido exhibir para los mayores de 18 años.
Enero, por su parte, deparó más sorpresas: el viernes 4, personal de civil de la Policía Federal secuestró cuatro libros de autores nacionales (ver recuadro, páginas 16-17), extendiendo así el radio de acción de la censura. Tres días más tarde, un grupo terrorista atentó contra una cooperativa gráfica porteña, donde se imprimen los diarios El Mundo y Mayoría. (ver recuadro, página 17).
Pero no todas las sorpresas fueron desgraciadas: di martes 15 —en el cierre de esta edición—, Siete Días pudo confirmar una noticia aparecida en todos los diarios, donde se daba cuenta que el Poder Ejecutivo, por intermedio de un decreto, había decidido transferir el Ente de Calificación Cinematográfica —hasta ahora dependiente del Ministerio de Cultura y Educación— a la Secretaría de Prensa y Difusión. Este hecho abriría, por el hecho de estar esa dependencia en manos de un periodista, una expectativa esperanzada en el controvertido proceso de la censura.

ATENTADO EN COGTAL: BOMBAS CONTRA LA PRENSA
La mañana del lunes 7 de enero sorprendió a los amodorrados porteños con una noticia por demás triste: un grupo comando —autodenominado "Ignacio Rucci"— ingresó sorpresivamente en los talleres de la cooperativa gráfica COGTAL, reduciendo al desconcertado sereno Osvaldo Amaya {49). Sin encontrar ninguna resistencia, los terroristas no tuvieron dificultades en depositar una poderosa bomba que, al estallar, dañó seriamente las rotativas y parte del edificio (foto).
Sin embargo, los destrozos provocados en la imprenta no impidieron que, dos días después —gracias a la tarea mancomunada de operarios y técnicos—, los talleres retomaran su ritmo de trabajo habitual: El Mundo, Mayoría y otros diarios que se imprimen allí retornaron nuevamente a los quioscos.
El hecho impulsó a la Federación Gráfica Bonaerense y a la Asociación de Periodistas de Buenos Aires a proclamar un paro de 24 horas como repudio y en reclamo de garantías para las fuentes de trabajo.
"Nosotros, a diferencia de lo que hubiese hecho alguna empresa privada —confesó indignado a Siete Días el administrador de COGTAL, Francisco Rey (51, una hija)—, resolvimos no cerrar los talleres ni un solo día, ya que esa medida incluye, en todos los casos, la suspensión del personal y, además, dejarlos sin salarios. De esta forma demostramos a quienes intentaron coartar la libertad de expresión y privar a gran cantidad de obreros de una fuente de trabajo que no lo lograrán mientras estamos unidos."

LOS LIBROS NO MUERDEN, PERO..
El viernes 4 de enero, los medios afines al quehacer literario se convulsionaron ante el embate de la Brigada de Moralidad de la Policía Federal que, en rápido y eficaz procedimiento, incautó cuatro libros de autores nacionales. The Buenos Aires Affair, de Manuel Puig; Sólo ángeles, de Enrique Medina; Territorios, de Marcelo Pichón Riviere, y La boca de la ballena, de Héctor Lastra, fueron los títulos secuestrados, al mismo tiempo que el personal actuante detenía por algunas horas a varios libreros. Con posterioridad, un comunicado de la P.F. informaba que la intervención se había realizado atendiendo una denuncia radicada por la Liga de Madres de familia de la Parroquia del Socorro.
Si bien la Liga de Madres de Familia —a través de su presidenta, Dora G. de Weyland— se apresuró a desmentir toda posible denuncia de la institución, señalando que "ni la Comisión Central, ni las comisiones diocesanas, ni ninguna de sus secciones hizo denuncia alguna para el secuestro de libros", en medios municipales la respuesta a la requisitoria de Siete Días fue más contundente. Ludovico Vitta (51, tres hijos), ex periodista del vespertino La Razón, actualmente a cargo de la Dirección de Policía Municipal, expresó que la Municipalidad no tuvo intervención, pero lanzó esta advertencia: "Vamos a tomar cartas en este tipo de asuntos en lo sucesivo. La Dirección a mi cargo está decidida a terminar de una vez por todas con quienes abusan con el snobismo y todo lo malo que nos viene del extranjero. Estos individuos —fustigó— pervierten a la juventud argentina, rozando, incluso, la delincuencia, con todo lo que es chabacano, soez y repugnante para cualquier ser decente. En todo caso, a estos detentadores de sellos que tan fácilmente salen a la palestra a defender una supuesta cultura, o libertad de cultura, yo pregunto por qué no se basan en los cánones que, en la materia, rigen en la propia Rusia de Kosygin, en la China de Mao o en la Cuba de Fidel Castro."
La opinión de algunos de los autores de los libros secuestrados, y de personalidades del mundo de las letras, ofreció otra perspectiva del problema. Héctor Lastra (30), uno de los directamente perjudicados con la interdicción, no se excitó demasiado: "Vuelvo a insistir en que todo este proceso no debe sorprendernos. Tiempo atrás, ya el general Perón advirtió en un comunicado a todo el país que estábamos rodeados de ciertas personas o grupos que no veían más allá de sus narices."
Menos escueto, Marcelo Pichón Riviere señaló que el tratamiento de su novela es premeditada, meditadamente realista, aunque en muchos tramos aparecen metáforas e imágenes poéticas. "Si el tratamiento realístico de una novela de amor es considerado obsceno —planteó—, el amor mismo debería ser declarado obsceno. Cada vez más los escritores han sentido la urgencia de romper las máscaras, las convenciones que la sociedad intenta anteponer a la realidad. En ese sentido, pienso que todo escritor es político, aunque el tema que trate no sea político. Porque una cosa es escribir una novela de amor, donde la pasión entre un hombre y una mujer aparece en toda su complejidad (es decir, que no ofrece una lectura placentera, impune), y otra una novela rosa, que oculta (y acepta, en consecuencia, las convenciones) la grave crisis de las relaciones amorosas."
Con respecto al secuestro, MPR se mostró sorprendido: "Me resulta increíble. Por supuesto que hay muchos antecedentes, pero siempre medió la orden de un juez y nunca fueron detenidos libreros por el mero hecho de exponer libros sobre los cuales no existía (ni legalmente existe, al menos todavía) un papel que ordene su secuestro o prohíba su venta y exposición. Es de esperar —se esperanzó, finalmente— que a la mayor brevedad se esclarezca esta acción por las vías lega-
les, para despejar un clima de temor y autocensura que puede dirigirse, finalmente, a cierta literatura política."
Enrique Medina, por su parte, fue contundente en cuanto a la defensa de su obra: "Mi libro no es obsceno ni pornográfico —indicó, un tanto acalorado—; simplemente describo una realidad lacerante y cruel. No tuve ni tengo intención de perturbar ninguna mente, sino solamente señalar el escándalo de una sociedad que construye individuos para luego elegir a algunos de ellos y marginarlos, arrojarlos a un costado, fuera de su vista." Para Medina, en esencia, lo importante es el arma que maneja un escritor. La suya, advirtió, "parece que provoca heridas profundas en espíritus sensibles a una palabra fuerte pero no tan sensibles como para sentir dolor por la miseria. Si hoy, en la Argentina, todos hemos sido convocados para construir un país poderoso, en armonía, denunciar los males es entonces un acto de valentía; querer que se escondan, creo, es cobardía, oscurantismo, antipatriotismo. Lo ocurrido me duele mucho. Pero, sobre todo, me duele por el pueblo; se lo quiere convertir en un niño de pecho al que debe señalársele lo que puede o no digerir."
Pero acaso lo que más disgustó al ambiente literario porteño fue el trato recibido por los libreros requisados. Uno de los responsables de la librería Atlántida, que prefirió ocultar su nombre, señaló: "Nos llevaron al Departamento de Policía y, después de un absurdo interrogatorio, nos metieron a todos en una celda. Había varios libreros más en ese calabozo. Después de unas horas nos pusieron en libertad. No sé si los libros son inmorales, pero lo que hicieron con nosotros sí que fue una "inmoralidad."
Es que, sin duda, el hecho configuró un escalón original en esta nueva campaña moralizadora. "Estoy muy confundido y sorprendido por esta medida —firmó Manuel Pampín, responsable de Ediciones Corregidor, editora de tres de los títulos secuestrados—; nuestra editorial no se dedica a publicar libros pornográficos. Pero lo más lamentable es la actitud que han tenido los encargados de efectivizar la medida con los libreros, qué estaban cumpliendo su misión." Finalmente, para lograr una mayor claridad en el confuso episodio, Siete Días entregó un cuestionario al comisario mayor Juan Carlos Obón, jefe de Ceremonial de la Policía Federal, donde se solicitaba a la institución que explicara las causas que motivaron la incautación de los libros. La que sigue es la respuesta textual: "1°) La Policía Federal, por intermedio de la División Moralidad, cumplimentó el procedimiento por transgresión a lo determinado en el artículo 128 del C.P., que reprime la fabricación, publicación, difusión y exposición de libros obscenos; se aclara que fueron tres (3)los libros secuestrados: The Buenos Aires Affair, Sólo ángeles y Territorios, y no cuatro como se dio a conocer a la opinión pública. 2°) Si bien el primer conocimiento del hecho surge por denuncia escrita de la Liga de Madres de Familia de la Parroquia del Socorro, esta Policía Federal en posesión de los ejemplares mencionados consideró que el texto de los mismos representaba una evidente infracción a la norma penal antes citada y en base a lo determinado por el artículo 179 —in fine— del Código de Procedimientos en lo Criminal, en el sentido de que la Institución puede actuar de oficio, se procedió en consecuencia, labrándose las actuaciones de prevención con intervención judicial. A pesar de que localizada con posterioridad, la firmante de la denuncia negó tal circunstancia, la actuación policial —en base a los argumentos expuestos— se ajustó a las normas penales vigentes."
Esta respuesta aclara, en alguna medida, los interrogantes que se han venido suscitando a través de trascendidos periodísticos y declaraciones públicas. No obstante, la Cámara de Diputados de la Nación, mediante un proyecto de resolución, se ha dirigido al Poder Ejecutivo para que se la informe sobre este escabroso hecho. Por su parte, el bloque del Movimiento Socialista para la Liberación Nacional —integrante del Frejuli— hizo otro tanto con la Honorable Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires, para que ésta, a su vez, eleve el informe a la Municipalidad1. Sin duda, el episodio no ha terminado.

Cine: tijeras a la vista
El 27 de junio de 1973, L'Osservatore Romano, órgano oficial del Vaticano, concluía de esta forma un comentario dedicado al film Jesucristo Superstar: "Extraordinariamente directo y evocador, el film de Jewison es uno de los productos más serios y respetuosos de la revolución de Jesús. No puede definirse como un film religioso, pero es muy rico en flores espirituales, formulados con un estilo moderno y profundo." Durante la gestión de Octavio Getino al frente del Ente de Calificación Cinematográfica, esta película había sido aprobada con una restricción: prohibida para menores de 14 años. Días después del alejamiento de Getino, circuló en los medios periodísticos la especie de que había sido anulada dicha autorización. No obstante las nuevas autoridades del Ente, después de algunos cabildeos, la consideraron apta para ser exhibida, recomendándole a la distribuidora del film la modificación del título original. La película en cuestión se exhibiría con el título Jesucristo, eliminando el Superstar. Aceptadas las sugerencias, el estreno fue anunciado para el 1º de enero. Sin embargo, un grupo de jóvenes se propuso impedir la proyección del film. Eduardo Piccinali, Wilold Román Kopytynski, Alejandro Lucio Garda Ortiz, Ignacio García Ortiz, Ernesto Camps y Ricardo Víctor Fantasía, cuyas edades oscilan entre los 18 y 32 años, fueron sorprendidos por la policía cuando se proponían incendiar las copias de la película que se hallaba en poder de la distribuidora.
Siete Días se abocó a la tarea de conseguir una entrevista con uno de los jóvenes en cuestión para aclarar los motivos que los impulsaron a intentar destruir ese material. Localizado el domicilio de Kopytynski —un semipiso en el barrio de Belgrano—se intentó el diálogo, notándose cierta preocupación en los familiares y sin conseguir resultados positivos. Finalmente, a través de una breve charla telefónica WRK desgajó estas confidencias: "Nosotros no queremos formular ningún tipo de declaraciones. Solamente puedo decir que no pertenecemos a congregación religiosa alguna."
Lo que el extraño grupo no logró —impedir la presentación del film— lo consiguieron, el 31 de diciembre, varios terroristas que atentaron contra las salas céntricas donde se anunciaba la película: los cines Gran Splendid (foto) y Lorena. Ante la poco tranquilizadora perspectiva, los distribuidores decidieron retirar la obra y remitir las copias a Estados Unidos.
De alguna manera, el hecho registraba el pico más alto de intolerancia en materia cinematográfica. Pero el público no pareció ser tomado de sorpresa: es probable que su extrañeza haya sido mayor cuando el 15 de octubre del año pasado, la sala porteña Cinema Uno se vio imposibilitada de proseguir con la exhibición de Ultimo tango en París, que durante trece días había congregado a más de 39 mil espectadores, con record de taquillas: casi 40 millones de nacionales.
El procedimiento contra la obra de Bernardo Bertolucci se originó en una causa iniciada por dos fiscales del crimen, quienes afirmaron que "el film incurre en obscenidades". Esto dio lugar a que algunos observadores especularan sobre los alcances de la medida: era, según rumores, una especie de tiro por elevación para desautorizar la política de Getino al frente del Ente. Más tarde, la renuncia del interventor parecía confirmar los rumores.
El alejamiento de OG pareció un incentivo para que ciertos sectores afilaran sus casi oxidadas tijeras, y una de las primeras víctimas de esos coiffeurs del celuloide fue Naranja Mecánica: el celebrado film de Stanley Kubrick (autorizado durante la gestión de Getino, con prohibición para menores de 18 años) sufrió seis generosas podas, lo que motivó a los distribuidores a retirar la película de circulación, atendiendo un expreso pedido de su realizador, quien se negó terminantemente a que su obra fuera mutilada.
Las expectativas creadas en Buenos Aires tuvieron, a su vez, una rápida repercusión en el interior del país. Así, la onda moralista llegó hasta Mendoza, donde el intendente de la ciudad, ingeniero José Manzur, un católico militante de 63 años de edad, quien actúa en la materia asesorado por una comisión de señoras, recogió el guante y decidió prohibir la exhibición de varias películas, entre ellas Los demonios, de Ken Russell. Esta película inglesa, cuyo argumento está tomado del libro de Aldous Huxley Los demonios de Loudun, basado en episodios históricos acaecidos en el siglo XVII, había sido, no obstante, aprobada por el Ente y exhibida sin cortes en todo el país.
Esta ostensible escalada prohibicionista indujo a recabar la opinión de algunas figuras dedicadas al quehacer cinematográfico. Agustín Mahieu, crítico del matutino. La Opinión, fue terminante al afirmar que la censura, pese a sus proclamados propósitos de resguardar la salud moral del pueblo, suele provocar más prejuicios que beneficios. Toda la historia del arte —reseñó Mahieu—, desde las prohibiciones de Baudelaire hasta las mutilaciones a Ingmar Bergman, ilustra sobre el carácter regresivo y oscurantista de las censuras. En principio, aunque no todo el material dedicado al espectáculo es arte, los peligros de una censura prohibicionista son mayores que toda teoría sobre el carácter maligno que puedan poseer los modernos medios de comunicación de masas. Los malos films deben ser combatidos con la difusión de un cine mejor y no con atentados medievales o mutilaciones que casi siempre recaen sobre obras significativas. De otro modo se vulnera no solamente la libertad de expresión, sino que se favorece una regresión artística e ideológica que sirve, en última instancia, a los centros foráneos o locales que postergan la adultez crítica de los pueblos."
Leopoldo Torre Nilsson, por su parte* comentó jocosamente la acción de los censores: "No estoy de acuerdo con la existencia de estos organismos porque no creen en la madurez intelectual del pueblo. Además, no tienen ninguna clase de especialización. En cambio, mi abogado, que ha estudiado Filosofía del Derecho, no puede ver numerosos films porque no pertenece a ninguno de esos esforzados grupos de personas empeñadas en preservar la salud mental de los argentinos."

Revista Siete Días Ilustrados
21.01.1974

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