Elecciones
Estatuto de los partidos políticos: Media victoria del ministro Palmero
El silencio de Balbín

La semana pasada, cuando los dirigentes de los partidos expresaron que el nuevo Estatuto político proyectado por el Poder Ejecutivo era, en general, aceptable, el ministro del Interior, doctor Juan Palmero, obtuvo una importante victoria parcial. Entre las leyes no escritas de la política figura una según la cual las trampas que introduce un gobierno al legislar con respecto a las agrupaciones políticas no pueden ir más allá de una cierta medida: casi todos opinaron que el límite no había sido rebasado y que las trampas no eran muchas.
Sin embargo, y a pesar de esa aceptación con respecto al contenido global del texto, los observadores no solamente notaron algunas argucias que favorecen al oficialismo sino también varias fallas técnicas. Aunque posiblemente los detalles objetados sean modificados en parte por vía parlamentaria, resultó indudable para todos que los aspectos jurídicos no fueron estudiados en forma exhaustiva cuando se redactó el proyecto.
La mayoría de los políticos entiende que el nuevo cuerpo legal que proyecta el gobierno es mejor que casi todos los precedentes y tiene tres virtudes básicas: 1) establece un control preciso en materia de patrimonio de los partidos; 2) introduce una técnica apropiada sobre proselitismo electoral; 3) deroga las inhabilitaciones a los dirigentes gremiales sindicales y empresarios.

Cuidando las espaldas
En cuanto a las "trampas" que el gobierno ha introducido en el texto, hay tres por lo menos que son muy evidentes:
• Todo otorgamiento de personería es provisional y puede dejarse sin efecto en cuanto un partido demuestre en los hechos que no acepta los objetivos democráticos que debe reconocer en principio para tener acceso a la personería. Se trata de la llamada "teoría de la duplicidad programática", que se basa en un fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la personería del Partido Obrero (Trotskista), emitido en 1962.
La teoría de la duplicidad programática sostiene que cuando hay un programa real (que se deriva de la acción de los partidos) y un programa formal (presentado a la justicia a los efectos del reconocimiento), el primero prevalece sobre el segundo. Los partidos deben manifestar su adhesión al sistema democrático, pero si formulan "apoyo o elogio a regímenes o partidos autocráticos y/o totalitarios presentes o pasados", esa personería otorgada queda sin efecto.
Los observadores dicen que, en esos casos, el poder de decisión queda en manos de la Justicia Electoral —creada por Adrogué y compuesta por los funcionarios que él designó— y sus mecanismos no contemplan la posibilidad de interponer recurso ante la Corte Suprema. Además, como en los hechos la Justicia Electoral está fuertemente condicionada al Poder Ejecutivo, el resultado práctico es que la proscripción del peronismo y del comunismo puede regir según convenga o no al gobierno. Por otra parte, la interpretación sobre cuando un régimen es autocrático o totalitario es francamente subjetiva, y algún juez podría decir que un elogio a de Gaulle, a Nasser o, inclusive, al Vaticano, significa un respaldo a un sistema autocrático, con lo cual la aplicación de la ley queda librada a la buena fe de los jueces. O, lo que es más fácil, a las necesidades políticas del oficialismo,
• La segunda "trampa" es el artículo que dispone que los candidatos a cargos públicos deben ser afiliados al partido que los designe como tales, con una antigüedad mínima de un año. Indudablemente, si el justicialismo fuera proscripto, ninguno de sus adictos podría así integrar listas de otros partidos. Además, dificulta la formación de listas mixtas en los cuartos oscuros y la incorporación de extrapartidarios. Sin embargo, A texto no legisla con respecto a las fórmulas presidenciales, de senadores nacionales y, en algunas provincias, de gobernador y vice, ya que técnicamente todos esos funcionarios surgen de elecciones indirectas y no puede hallarse de candidaturas en sentido estricto para los citados cargos. Lo mismo ocurre con el artículo que establece el voto directo para la elección de candidatos.
• Tercera "trampa": Una contradicción flagrante en el mismo texto legal parece especialmente dirigida a condicionar por vía de interpretación el reconocimiento de personería como partidos ya existentes a los socialcristianos y al MIE (UCRI frondizista). Uno de los artículos establece que los partidos reconocidos en momentos de entrar en vigencia la ley conservan su personalidad jurídica. Se calcula que el nuevo texto entrará en vigencia en mayo. Ahora bien, como la ley también dice que es condición para ese reconocimiento acreditar haber obtenido el porcentaje correspondiente de votos en las elecciones del 7 de julio de 1963, quedan en situación dudosa las agrupaciones que, fundadas con anterioridad a la vigencia del texto jurídico, no existían en julio de 1963.

Un poco de romanticismo
La ley, además, es pasible de otras dos objeciones básicas:
• En algunos casos, incurre en franco lirismo: uno de los artículos, por ejemplo, establece la tesis del mandato imperativo al expresar que la plataforma sirve de mandato a los candidatos electos. Como, a la vez, no establece ningún mecanismo para separar del Congreso a un diputado que resolviera cambiar de partido, el artículo se convierte en una típica norma sin sanción.
• El Estatuto no aclara suficientemente el grado de intervención que corresponde a la justicia en el funcionamiento de los partidos políticos. De acuerdo con la interpretación que se formule de la ley, el control de la justicia electoral puede ser restringido o abusivo. Inclusive, el texto dice que "la justicia electoral puede nombrar veedores de los actos electorales partidarios".
De todos modos, el ministro del Interior ha logrado un Estatuto animado de un verdadero espíritu democrático. Si su aplicación se cumple con ese mismo espíritu, se habrá dado un importante paso adelante para superar las proscripciones y crear la convivencia política de todos los sectores del país.
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UCRP
El silencio de Ricardo Balbín

Casi todos los fines de semana, el presidente del Comité Nacional radical del Pueblo, Ricardo Balbín, se traslada a la residencia presidencial de Olivos y mantiene largas conversaciones con el doctor Arturo Illia. Los lunes, cuando regresa a la actividad partidaria, sus amigos políticos no consiguen arrancarle las confidencias de esas entrevistas. Dos hechos, sin embargo, parecen deducirse de las reuniones: 1) Balbín es consultado por el presidente de la Nación sobre la marcha del gobierno y, especialmente, con respecto a las circunstancias que hacen a la eficacia o ineficacia del trabajo de los funcionarios; 2) Balbín deduce de esos coloquios que, dentro de unos meses, se ampliará su influencia en la vida nacional.
Lo cierto es que en todos los sectores del radicalismo del Pueblo nadie alcanza a comprender el mutismo de Balbín. Antes de la renovación de autoridades del Comité Nacional, el silencio aparecía como lógico: Balbín necesitaba dos tercios de votos para obtener su reelección y debía actuar en consecuencia, provocando las menores resistencias posibles, pasando inadvertido y tratando de hacer jugar libremente a sus adictos.
Desde entonces, Balbín —que está recibiendo de 30 a 40 personas por día en el local del Comité Nacional— permanece callado, aun en sus oficinas de Alsina y Entre Ríos, en la Capital Federal. Casi todos los visitantes que concurren a plantearle problemas vinculados con la eventual lentitud e ineficacia del gobierno y a contarle episodios que demostrarían esas características de la acción pública, reciben simples expresiones consoladoras: "Hay que tener paciencia" o "El camino es largo" son las dos frases de respuesta que prefiere el titular del Comité Nacional oficialista. Sin embargo, todos saben que cuando las protestas se basan sobre hechos serios, Balbín las anota para transmitirlas a fin de semana al presidente. El jefe del radicalismo del Pueblo se transformó, así, en la polea de transmisión entre enojados radicales del Pueblo y el doctor Illia.
Dentro del mismo edificio donde Balbín tiene sus oficinas, hay unas habitaciones, al fondo, donde están instalados los jóvenes del Movimiento de Agitación y Lucha. Esos jóvenes suelen verlo todos los días —siquiera sea casualmente—, y en todas las oportunidades le reiteran que "siguen vigilantes, observando la acción del gobierno y esperando el cumplimiento del programa". En el bar ubicado en la esquina del Comité Nacional, los radicales también insisten en los más variados matices de la crítica al gobierno.
Pese a su hermeticidad, nadie ignora que Balbín no simpatiza con algunos de los actuales ministros, subsecretarios y secretarios de Estado. Especialmente, sostiene que sus adversarios en el plano interno, Hernán Cortés, Miguel Ángel Zavala Ortiz, Antonio Pagés Larraya y Pedro Fleitas, están fracasando y tendrán que alejarse de sus cargos.
En cuanto a su amigo Carlos Alconada Aramburú, ministro de Educación, sostiene que "a pesar de las críticas, cumple eficientemente con sus funciones. La campaña en contra que se le hace —dice— tiene dos motivos: la resistencia de algunos sectores eclesiásticos y el pésimo manejo de las relaciones públicas. Parece que quisiera quedar mal con todo el mundo, en primer lugar con los periodistas". Esta y otras frases, al menos, le son insistentemente atribuidas en los corrillos del Comité Nacional y, aparentemente, constituyen las máximas concesiones, en materia de confidencias, que ahora se permite Balbín con los correligionarios.
Sus allegados sostienen que el presidente del Comité Nacional no está en condiciones, por ejemplo, de convocar a una conferencia de prensa. "En ese caso —señalan— sería inevitable que alguien le preguntara, por ejemplo, qué opina de Zavala Ortiz o de Pagés Larraya. Si Balbín antepone su solidaridad con el gobierno, tiene que dar una convencional respuesta elogiosa, que debilitaría su «trabajo de zapa» contra esos funcionarios. Si insinúa alguna crítica, por moderada que fuere, las reacciones en cadena serían imprevisibles y el presidente del Comité Nacional se deterioraría. Lo mejor para él es, ahora, el silencio. Además, no puede hablar más que Illia."
Por otra parte, inmediatamente se le contestaría con críticas a los ministros que él ha colocado y se haría especial hincapié en la inoperancia del titular de Trabajo, Fernando Solá. Por lo tanto, el juego de Balbín consiste en esperar que sus adversarios desaparezcan de la escena ministerial. Entonces, llegaría para él el momento de presionar en favor de sus candidatos a ministros.
Tan silenciosa espera, sin embargo, es complementada con otra acción indispensable para Balbín: tratar de que se desgasten los sectores internos que lo resisten y hacer luego una ofensiva para superar la existencia de distintos grupos. El actual gabinete se basa en un inestable equilibrio entre distintos sectores del radicalismo del Pueblo, cada uno de los cuales está representado en forma casi proporcional. Si los adversarios de Balbín se fueran ahora, éste no ganaría nada: serían sustituidos por otros que representaran las mismas corrientes. Illia difícilmente se animaría a dar mayor representación al balbinismo, pues así irritaría a los otros grupos (incluyendo al grupo cordobés, incondicional del presidente).
Pero si antes de una eventual crisis de gabinete, Balbín consigue homogeneizar el partido en su favor, los nuevos ministros ingresarían en el elenco oficial como impuestos por el radicalismo del Pueblo y no por alguna de sus líneas internas. En esto estribaría otro de los motivos del silencio prolongado del titular del Comité Nacional: si habla corre el riesgo de dividir aun a su pesar.
Además de ir todos —o casi todos— los fines de semana a Olivos, Balbín mantiene algunas conversaciones telefónicas (no muchas) con Illia. En esas conversaciones, la táctica del presidente del Comité Nacional parece ser la de no pedir nada, excepto cosas muy importantes.
Por ahora, prefiere seguir cumpliendo su rutina: concurre todos los días al local de la calle Alsina; permanece allí entre las 14 y las 22, recibe a sus visitantes y luego cena en el restaurante del Centro Lucense, al 1800 de avenida Belgrano, donde platica sobre algún tema especial con sus colaboradores inmediatos.
Cuando éstos protestan contra el gobierno, trata de explicarles que las críticas son inoportunas; cuando le reprochan no dinamizar al partido, señala que el radicalismo del Pueblo debe llegar a los próximos comicios parlamentarios "lo menos deteriorado y más descansado que resulte posible."
Primera Plana
24.03.1964

 

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