En círculos allegados al Ejército y la Aeronáutica, por otra parte, siguieron aflorando versiones alarmantes y se insistió en la proximidad de una toma del poder. Como es lógico, ninguna de estas versiones e insistencias puede obtener ratificación de parte de sus presuntos protagonistas. Sin embargo, hasta donde pueden dar la pauta de la actualidad y la tensión que viven las Fuerzas Armadas, parece necesario consignarlas. Dos rumores quedaron pendientes a fines de semana:
• El lunes 13, en la reunión del Comandante en Jefe del Ejército, teniente general Pascual A. Pistarini, con los generales de división, el objetivo primordial seria fijar la fecha del golpe de Estado.
• El miércoles, durante la conferencia de Álvarez con los brigadieres, ya se habría establecido aquella fecha: antes de fin de junio.
Pero la asamblea ministerial, iniciada por el Presidente Illia el viernes 10 y retomada el lunes 13 (ver páginas 12-13), introducía un nuevo elemento en el espeso panorama de la situación militar.
El 3 de junio, el Comando en Jefe de la Fuerza Aérea trasmitió un radiograma a las bases donde constaba la solidaridad de los brigadieres con la actuación cabida al brigadier Hugo Martínez Subiría en el episodio que culminó con su relevo de la dirección de la Escuela Nacional de Guerra, por orden de Suárez (ver números 179 y 180). Ese radiograma, sin decirlo, entrañaba una crítica al Ministro de Defensa. A las 23.30 del viernes, se enviaba un segundo radiograma favorable a Suárez.
El mismo lo había pedido. En efecto, citó en su despacho al Subsecretario de Aeronáutica, Amílcar San Juan (el titular, Mario Romanelli, estaba de viaje en los Estados Unidos), y valiéndose de la amistad de éste con Álvarez, le solicitó que intercediera ante el Comandante para que un nuevo despacho dejara a salvo su investidura. Álvarez aceptó, y sin consultar a los brigadieres, produjo el segundo radiograma.
El sábado brotó el disgusto de los oficiales superiores. El primero en presentarse ante Álvarez, en busca de explicaciones, que el brigadier Armando Basail, director de Institutos. El domingo sumaban 13 los brigadieres quejosos; el lunes, quedaba convocada una reunión para el miércoles 8, a la mañana. Las deliberaciones se extendieron durante unos veinte minutos. Para zanjar el conflicto creado y el daño que, según consideraban sus pares, provocó a Martínez Zuviría el segundo radiograma, se encontró una salida: dar al ex director un cargo a la brevedad.
Sólo los brigadieres Valls y Cora Jansen defendieron el segundo radiograma. Álvarez explicó los motivos que lo indujeron a redactarlo: la amistad de San Juan, el apuro del trámite, la certidumbre de que en efecto el primero de los cables era prácticamente una insubordinación contra el Ministro, y que todavía no había sonado la hora de las insubordinaciones. Sus pares recordaron a Álvarez que fue él quien elevó un documento (ver recuadro de página 19), con el pensamiento nada oficialista del arma, al brigadier Conrado C. Armanini, y que ese documento precipitó su retiro de la Comandancia en Jefe, donde Álvarez lo reemplazó.
Los observadores computan a los brigadieres Salas (Mendoza), Rey (Morón), Basail y Martínez (El Palomar) como los más implacables críticos de la gestión gubernamental de Illia. Las estimaciones más diversas coinciden en que la oficialidad de la Aeronáutica, con escasas excepciones, no hará nada por sostener la continuidad del actual Poder Ejecutivo. Claro que se trata de estimaciones imposibles de confirmar: ningún militar se prestaría a revelar los planes o ideas que acaricia.
Inclusive el viernes, durante la reunión de Ministros, el Secretario de Aeronáutica, eufórico ante los conceptos antigolpistas del Presidente Illia, habría exclamado: "¡No bien salgan terminaremos con ellos!". Desde luego, Romanelli está embarcado en la ofensiva de apoyo-presión a Illia que concibieran Castro Sánchez y Laprida. En la misma línea se halla el titular de Marina, Manuel Pita, y es lógico que de las oficinas cercanas a su despacho haya salido, el miércoles, un comunicado escrito a máquina donde se anunciaba, por boca de "voceros de la Armada", la postura "legalista" de los almirantes.
Por razones del dominio público, fue el Ejército el arma que continuó recibiendo la mayor atención de los factores de poder. Allí, el ala "legalista" de Castro Sánchez-Laprida llegó a una fricción visible con el ala que encabeza, por motivos de jerarquía y antigüedad, el Comandante en Jefe, y que se expresara públicamente el 29 de mayo a través del discurso que Pistarini leyó en presencia del Presidente Illia. En la semana posterior a la difusión de ese mensaje, que pareció la señal de partida de un proceso revolucionario, Pistarini señaló a Castro Sánchez que ante el fracaso de la ofensiva emprendida por él y Laprida, debía cumplir la promesa formulada ante los mandos y a cambio de la cual se le acordó una tregua: renunciar al cargo (ver Nº180).
Castro Sánchez esgrimió su argumento de siempre: ningún plazo es suficiente para obtener rectificaciones de un Gobierno que no quiere dar la sensación de ceder ante las presiones. Según el Secretario, era inminente el logro, pese a todo, de esas rectificaciones. "Hemos dicho al Gobierno que si el Gobierno no hace una revolución, la harán las Fuerzas Armadas. Estamos seguros de que la hará el Gobierno."
El Secretario propuso a Pistarini la creación de una especie de comisión bipartita, integrada por las dos alas del Ejército, para que ese organismo lateral observara la marcha del Gobierno y acordara el momento preciso en que las autoridades del arma y los mandos debían retirarle todo apoyo y dejarlo librado a su suerte. La idea, de Laprida, fue rechazada en principio por Pistarini, quien, sin embargo, resolvió consultarla con los cuadros superiores antes de dar una respuesta final.
Castro Sánchez sostuvo que lo importante era frenar la división del Ejército, reconstruir su unidad monolítica, y que la comisión podría ser el teatro de ese reencuentro. Pistarini contestó que el Ejército está unido y disciplinado, pero que si los disidentes deseaban sumarse a la opinión mayoritaria, a través de la dichosa comisión, el expediente nunca serviría para apuntalar a hombres o partidos políticos. El viernes de la semana pasada, de regreso de una gira por unidades del Litoral, Pistarini conversó con Castro Sánchez y brindó la decisión de los mandos ante el proyecto de Laprida: no integrarán la comisión.
La entrevista del viernes fue buscada por el propio Secretario, quien, finalizada la asamblea de Ministros, subió hasta el despacho de Pistarini —hecho inusitado— para informarle de lo resuelto en la Casa Rosada. "Ya empezaron los cambios —aseguró Castro Sánchez—. Empezaron en la misma reunión del gabinete." Garantizó al Comandante que en las próximas semanas se ampliarían las modificaciones con enérgicas medidas presidenciales y solicitó una dilatación de la tregua. Pistarini mantuvo silencio: "El suyo, señor Secretario, no es mi problema. No me corresponde intervenir en las cuestiones políticas", añadió después.
A esa hora, los mandos comenzaban a analizar el acontecimiento de la mañana. Consideraron como parciales, tibias, poco comprometidas, las resoluciones engendradas por el cónclave de los Ministros. Su escepticismo se cuajó en esta frase de un general de brigada: "El que sale ganando es el Presidente. Los que lo apoyan son los perdedores".
No obstante, pudo percibirse que la reunión de la Casa Rosada merecería un examen más profundo: quizá se efectúe después del lunes, una vez concluida la segunda etapa del conciliábulo ministerial. El ala "revolucionaria" del Ejército hubiera preferido que la situación del Gobierno no variara y que ese estancamiento dañara aún más su imagen. La posibilidad de que el PE dispusiera una serie de medidas, no importa si son leves, aportaba un elemento perturbador, molesto.
Quizá por eso algunos generales habrían propuesto no demorar una salida: o derrocar al Gobierno o aplazar todos los planes hasta que, pasada la presente euforia, el Gobierno vuelva a caer en el letargo. Los más impulsivos —añade el mismo rumor— recordaron que el 20 de junio Illia dirigirá un mensaje al país: parecían estar marcando un límite. Tampoco olvidan la tarea persuasiva desplegada por Castro Sánchez-Laprida en los mandos medios del arma, entre quienes hay oficiales indecisos. Una más dinámica acción del Gobierno podría inclinar esa balanza o dejarla quieta. Pero el ala "revolucionaria" del Ejército asegura contar con el respaldo de todas las unidades; de allí —suelen confiar— que no sea preciso mover un soldado. El Presidente no encontrará a nadie que salga en su apoyo ni que acepte ejecutar represión alguna.
Al mismo tiempo, en los sectores que quieren conservar la continuidad de Illia, suelen trazarse optimistas recuentos de fuerzas. Allí se decía, la semana pasada, que Pistarini visitó guarniciones del Litoral para asegurarse su adhesión —o, al menos, su neutralidad— y que había fracasado. En cambio, los altos mandos sostienen que el Ejército de esa zona, comandado por el general Carlos A. Caro, sobre quien recaen las simpatías oficiales (más aún desde que se accidentó el general Carlos Jorge Rosas), permanecerá cruzado de brazos.
Curiosamente, otros sectores gubernistas, en su estimación de la tendencia de los altos cuadros, descubren a media docena de "legalistas" solamente, la mitad de los cuales no tiene mando de tropas. En fuentes adversas se pinta este panorama:
• Generales de división — Salvo Caro ("No está con nosotros, pero no se enfrentará con nosotros"), los demás no sostendrán a Illia.
• Generales de brigada — Igual situación y otra salvedad, Mario Laprida, hermano del Subsecretario.
• Coroneles y tenientes coroneles (jefes de unidades) — Una docena de dudosos, a lo sumo, pero conquistables a último momento.
Esta maraña de datos es, según observadores imparciales, un juego psicológico. No lo debe de ser tanto si el Presidente de la República decidió reaccionar para diluir o desalentar los ánimos golpistas. El mismo, en su reunión con los Ministros, lanzó su sondeo propio: sólo un diez por ciento de las Fuerzas Armadas —dijo— quieren derrocar al Gobierno, y lo hacen porque tienen "apetencia de poder".
Quienes piensan que un cambio de Gobierno es ya imprescindible en la Argentina invocan otras razones: la necesidad de sacar al Estado y al país de su marasmo interno e internacional. ¿Cuál es su programa, en caso de instalarse en la Casa Rosada? ¿A qué figura entregarían la Presidencia? ¿Cómo producirían la transición de un régimen a otro? Estas tres preguntas tampoco reciben contestaciones, aunque el nombre de Juan Carlos Onganía se repite incansablemente. Decenas de versiones suponen al ex Comandante en Jefe dedicado ya a la constitución de un gabinete. Decenas de personas se autotitulan funcionarios de un nuevo Gobierno. En cuanto a programas, se oye apenas que no habrá elecciones en mucho tiempo, ni militares en la conducción política, que el Congreso será disuelto, la CGT intervenida para que se dé autoridades en comicios, que a los 30 días de instalado un nuevo Presidente se hará plebiscitar por el electorado, a la manera de Charles de Gaulle en 1958.
En el campo contrario, se descree de un golpe inmediato: el sector "revolucionario" estaría dividido, no contaría aún con un programa ni un ideólogo, y admite la eventualidad Je algún enfrentamiento armado con unidades que permanezcan leales a Illia. "No se van a comprometer en una lucha sangrienta, que puede degenerar en guerra civil", opinaba uno de los oficiales que trababan en el entourage de Castro Sánchez. "Si Illia da más brío a su Gobierno y pasa el mes de junio, los golpistas se llamarán a sosiego —especulaba otro "legalista"—. En julio, las fiestas del Sesquicentenario los mantendrán frenados; en agosto se reúne en Buenos Aires la conferencia de la OEA; en setiembre, quizá se haga la reunión de Presidentes americanos. Y en octubre empiezan a considerarse los pases, los posibles retiros y los ascensos: nadie querrá entorpecer su carrera militar entonces."
Sólo el tiempo —para unos se mide en días, para otros en meses— establecerá si estas olas son algo más que trasuntos de inquietudes, cálculos alarmistas, verdades. Pero si en el Ejército el debate es tan amplio —un Ejército que Onganía devolvió a la disciplina anulando su ímpetu deliberativo—, en la Aeronáutica y la Marina, según los indicios obtenidos, las posiciones están tomadas y ya no se discuten.
La Aeronáutica seguirá cualquier decisión del Ejército. En cuanto a la Armada, de capitanes de navío hasta almirantes, no participarían de un golpe. De capitanes de fragata (hay, inclusive, algunos, capitanes de navío jóvenes) hasta guardiamarinas, se prestarían a cooperar con un movimiento subversivo. Los más altos mandos prefieren llamarse a sí mismos "prescindentes", un manifiesto deseo de evitar la palabra "legalistas". Se atribuye al Comandante naval, Benigno Varela, esta definición: "No estamos con el golpe, pero no haremos nada por evitarlo".
Es que la Marina sigue destrozada por la derrota de 1963, que barrió con sus mandos; además, atada todavía a sus convicciones cerradamente antiperonistas (en una época se denominaban gorilas), cree advertir que un futuro Gobierno militar intentará una apertura hacia el peronismo. El mismo misterio que rodea a las demás fuerzas desciende también sobre la Marina: en caso de golpe, ¿se cumplirán los pronósticos arriba anotados? ¿Tendrá validez la frase atribuida a Benigno Varela?
Recuadro en la crónica
Posición de la Fuerza Aérea
Esta es la transcripción de un memorándum sobre la actualidad argentina que los altos mandos de la Aeronáutica elaboraron en mayo y que, según los testimonios recogidos, fue factor determinante en el pedido de relevo del brigadier Conrado C. Armanini, entonces Comandante en Jefe del arma, quien no compartía en su totalidad el pensamiento de sus pares. El documento:
"La autoridad del Gobierno y la situación política, económica y social están seriamente deterioradas. Si el Gobierno toma medidas que aseguren soluciones reales y efectivas, que resuelvan los problemas fundamentales que han provocado este deterioro, las Fuerzas Armadas deben prestar todo el apoyo necesario para preservar el orden constitucional. Empero, no se descarta la posibilidad de que, como consecuencia de un evidente empeoramiento de la situación actual, se haga necesaria la intervención del Gobierno por las Fuerzas Armadas.
Ante dicha posibilidad es imprescindible: 1) Mantener la cohesión total de las Fuerzas Armadas y la absoluta verticalidad en el comando y decisiones; 2) Que las Fuerzas Armadas mantengan en el más alto nivel el enlace necesario; 3) Que a través de dicho enlace y por los medios que cada Fuerza Armada disponga, se explote la información más completa y real, en tiempo, de la situación nacional y del Gobierno, en los aspectos fundamentales.
Estos problemas fundamentales a tener en cuenta son, entre otros, la situación económica, social y política, la actividad subversiva y la acción comunista. Si el grado de deterioro en los tópicos señalados debe imponer la intervención de las Fuerzas Armadas, se piensa que será necesario: a) Que el ambiente nacional sea favorable al cambio de situación; b) Que la autoridad del Gobierno que se instituya sostenga una clara posición occidentalista y cristiana; c) Que las personas que intervengan en el futuro Gobierno no sean activos representantes de ningún partido político o con intereses económicos que los inhiban para la situación futura a resolver; d) Que ningún militar en actividad deba ocupar cargo alguno de Gobierno fuera de su actividad específica."
Revista Primera Plana
14.06.1966

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