Antes del 12 de
octubre, la formación del ministerio había dado
lugar a dos batallas de diferente tipo: una,
totalmente previsible, era la puja entre distintos
sectores del radicalismo del Pueblo para
conquistar posiciones; otra, insólita, era el duro
combate que el presidente entonces electo, doctor
Arturo Illia, y los principales jefes de las
Fuerzas Armadas estaban librando para convencer a
un político mendocino, el doctor Leopoldo Suárez,
que aceptara el Ministerio de Defensa Nacional.
La situación respondía
a la realidad que se estaba viviendo: los jefes
militares habían llegado a la conclusión de que el
Ministro de Defensa debía poseer tres condiciones
fundamentales que permitieran a las Fuerzas
Armadas realizar su lento proceso de adaptación a
las nuevas circunstancias de un gobierno
constitucional y, a la vez, solucionar en un marco
de ecuanimidad sus problemas internos. E Illia
había coincidido plenamente con esas tres
condiciones, que eran:
• El Ministro de
Defensa Nacional debía ser un civil de reconocida
habilidad política, que pudiera maniobrar hacia el
común objetivo de afirmar las instituciones sin
crear situaciones irritativas. Debía ser capaz de
ir afirmando su autoridad sin estridencias ni
actitudes espectaculares, por el mero ejercicio de
sus funciones.
• El Ministro de
Defensa Nacional debía ser un hombre de la
confianza personal del presidente de la República,
pero capaz de ser, realmente, un ministro y no un
mero testaferro del Poder Ejecutivo. Se recordaba,
en ese sentido, que los ministros de Defensa del
doctor Frondizi habían sido simples delegados del
presidente, mientras que sus sucesores, bajo el
gobierno del doctor Guido, habían cumplido un
papel intermedio entre delegados de los militares
fuertes ante el presidente y figuras decorativas.
Una circunstancia hacía especialmente necesario
contar con un ministro que tuviera real
envergadura: en esos días se consideraba un
proyecto que a principios de agosto había sido
recibido por el Estado Mayor de Coordinación de
las Fuerzas Armadas, de acuerdo al cual se
disolverían las tres secretarías militares, y el
Ministro de Defensa Nacional pasaría a ser el
único vocero de los problemas castrenses dentro
del gabinete.
• El Ministro de
Defensa Nacional debía saber colocarse por encima
de las eventuales fracciones militares y resolver
las cuestiones con el máximo de imparcialidad
posible. A la vez, debía ser un hombre plenamente
consciente de que la autoridad presidencial debía
hacerse respetar, pero que, a la vez, los
políticos del radicalismo del Pueblo no debían
interferir en las Fuerzas Armadas.
Para Illia y para los
jefes militares, el hombre indicado a
esos efectos era Leopoldo Suárez. Cuando Suárez
tuvo ciertas garantías de los ''colorados
revanchistas" no interferirían proponiendo para
las secretarías militares a hombres que provocaran
irritación, resolvió aceptar.
Dos mecanismos
Apenas asumió el
Ministerio de Defensa, Suárez tuvo que ubicarse
precisamente en relación con dos fuerzas y dos
mecanismos que podían transformarse en sistemas de
presión: los colorados de su propio partido,
encabezados quizá por el vicepresidente Carlos
Perette, que pretendían desconocer el significado
real de los sucesos de setiembre de 1962 y abril
de 1963, y que amenazaban con provocar una nueva
crisis y el estado de prevención y vigilancia de
los azules, que desconfiaban de un gobierno donde
predominaban civiles amigos de los colorados y se
proponían evitar que la estabilidad de su
institución fuera alterada.
Por supuesto, al
ministro Suárez no le resulta
especialmente fácil ahora mantener ese equilibrio,
y muchos observadores aseguran que sólo su
experiencia y su habilidad pudieron evitar el
desencadenamiento de procesos cuyas consecuencias
hubieran resultado difíciles de controlar.
Un panorama de los
problemas militares fundamentales que, en estos
días, obligan al Ministro de Defensa a extremar su
sentido diplomático tendría que incluir los
siguientes hechos:
• El Ejército ha hecho
saber concretamente al Presidente de la Nación que
se hace indispensable dar una solución concreta al
problema planteado en la Secretaría de
Informaciones de Estado. Cuando el doctor Illia
designó al brigadier Gallardo Valdez en la SIDE,
las Fuerzas Armadas, pese a conocer la simpatía de
ese jefe militar por los colorados, se abstuvieron
de intervenir: se trataba de un nombramiento que
competía al poder civil. Pero, una vez efectuado,
mandos responsables del Ejército hicieron saber al
Presidente que la designación podría traer
inconvenientes, sobre todo si el
brigadier Gallardo Valdez incorporaba al organismo
a sus amigos políticos: para ese entonces, se
mencionaban los nombres del coronel Martínez, jefe
de operaciones del general Menéndez durante el
movimiento del 2 de abril, como subsecretario, y
del capitán Revuelto, ex jefe de la Escuela de
Mecánica de la Armada e inequívocamente ligado a
los "golpistas", como secretario general.
Los militares
aclararon que las objeciones no se derivaban de un
problema ideológico, sino meramente práctico: es
inevitable —dijeron— que los actuales mandos, que
se enfrentaron al coronel Martínez y al capitán
Revuelto en episodios de crisis, no confíen ahora
en ellos. Y viceversa. Se creará entonces
—agregaron— una incomunicación entre el principal
servicio de informaciones y los militares, lo cual
creará problemas desde el punto de vista de la
defensa nacional, sobre todo en lo que hace al
llamado "frente interno".
Illia coincidió con
esa objeción —que en el mismo gabinete expuso el
secretario de Guerra, general Avalos—, y los decretos de
designación de Martínez y Revuelto no fueron
firmados. Sin embargo, el brigadier Gallardo
Valdez designó por una orden del día interna al
coronel Martínez como subsecretario, y el capitán
Revuelto tomó a su cargo la agencia de noticias
"Telam", que depende de la SIDE. El viernes 6 de
diciembre, el matutino La Nación informó
sorpresivamente que el Presidente había firmado el
decreto designando al coronel Juan Antonio
Martínez como subsecretario de la SIDE, agregando
que sería secretario general de la entidad el
comodoro Mariano López.
El mismo diario
también decía que "se prevé el incremento de
personal en las dependencias principales, para lo
cual se estima que deberán realizarse alrededor de
50 nombramientos, los que se efectuarían entre
oficiales de las distintas fuerzas armadas que
fueron retirados con motivo de los sucesos de
setiembre del año pasado y de abril del
corriente". El hecho habría constituido una
sorpresiva respuesta a las inquietudes expuestas
por el general
Alejandro Lanusse y
otros jefes del Ejército, en el sentido de que la
institución no podía tratar con funcionarios que
no habían sido designados.
• En la Aeronáutica
sigue la ofensiva contra el comandante en jefe,
comodoro Conrado Armanini. El mismo comodoro
Mariano López, eventual secretario general de la
SIDE, sería el inspirador de esa ofensiva.
• El miércoles, el
Servicio de Informaciones Navales, a través de uno
de sus oficiales, comentó a un jefe de la Marina
que había venido efectuando seguimientos al
contraalmirante Palma y al capitán de navío
Revuelto, "a los que se vio entrando y saliendo
juntos de los domicilios de casi todos los
almirantes retirados".
• Durante su visita a
Puerto Belgrano, el presidente Illia fue recibido
con gran cordialidad. Pero los oficiales de la
Marina habrían insinuado muy tangencialmente que
respaldarían la consolidación de la autoridad
presidencial frente a cualquier problema que
pudieran plantear interferencias
extra-constitucionales, aludiendo posiblemente a
la discutida actividad del vicepresidente Perette.
• Una carta del
general Cornejo Saravia, replanteando las últimas
crisis, y una posterior comida de militares
colorados dieron al Ejército la sensación de que
se iniciaba una ofensiva contra el comandante en
jefe del Ejército, general Juan Carlos Onganía.
Legalismo con críticas
Si ésos son los
problemas planteados en el campo específicamente
militar, no dejan tampoco de influir en el
Ministerio de Defensa algunas inquietudes del
Ejército con respecto a la política general que
viene siguiendo el gobierno. Luego de aclarar que
esa inquietud no significaba un deterioro del
sentimiento legalista de los cuadros, una fuente
responsable señaló a PRIMERA PLANA los motivos
básicos por los que muchos oficiales no se
sentían satisfechos por la gestión oficial:
• El gobierno parece
no tener un plan coherente de acción. La anulación
de los contratos petroleros no fue discutida por
los militares, que la consideraron un tema
específico de las autoridades civiles. En privado,
muchos objetaron la forma en que se actuó, sobre
todo en lo que hace al problema de la continuidad
jurídica. Pero lo que creó intranquilidad es que
el gobierno, al intentar ahora renegociar los
contratos, demostraría no tener una política de
sustitución con respecto a lo que se había venido
siguiendo hasta ahora. "La anulación creó una
imagen muy negativa entré los inversores del
exterior —dijo un alto oficial—, y todavía no se
sabe para qué se hizo."
• La anulación de las
medidas favorables a la radicación de industrias
en el Noroeste y en la Patagonia, realizada sin
consultar a los secretarios militares pese a
perjudicar indirectamente a organismos que
dependen de las Fuerzas Armadas, como
Fabricaciones Militares.
• La ineficacia
estatal para combatir la carestía de la vida, que
crea el descontento popular y fortalece los enfrentamientos de clases.
• La falta de decisión
del gobierno para dar medidas que permitan
subsistir a numerosas empresas, que atraviesan
serias dificultades económicas, lo cual, además
del problema que crea en cuanto al ritmo de
desarrollo, agrava el cuadro de desocupación.
• La no-consideración,
por parte del gobierno, de los problemas
económicos por que atraviesan las instituciones
militares y sus cuadros de oficiales.
• Las amenazas al
Ejército a través de legisladores oficialistas,
que proponen "provocativas reincorporaciones" y
las designaciones irritantes en organismos
para-militares.
• La falta de toda
medida tendiente a la promoción de la siderurgia
nacional.
El almirante Benigno
Varela, Comandante de Operaciones Navales, fijó
por lo demás, ante el Presidente de la República,
la doctrina de los actuales mandos con respecto a
las relaciones entre los poderes civil y militar.
En su exposición de Puerto Belgrano, el almirante
Varela dijo el de diciembre que "la Marina no debe
intervenir en lo que hace a la responsabilidad de
los políticos. El político no puede cumplir con
esa esencialísima función con el constante amago
de la amenaza militar. Creemos igualmente que la
decidida y silenciosa contracción a la función
castrense tampoco puede desarrollarse eficazmente
con interferencias de carácter político". Todos
los observadores entendieron que el almirante
Varela estaba hablando en nombre de los
legalistas, a propósito del problema de las
reincorporaciones y las amenazas de los diputados
radicales del Pueblo.
Hacia fines de semana,
el ministro de Defensa, Leopoldo Suárez, trataba
de estructurar una solución orgánica al complejo
cuadro que presentaban las relaciones entre el
gobierno y los militares. Entre los distintos
elementos de tensión, quienes conocen al ministro
de Defensa aseguraban, sin embargo, que cualquiera
fueren las soluciones que Suárez, finalmente,
propondrá al Presidente, nadie podría lograr que
se inclinara con parcialidad en favor de un sector
militar, pero tampoco que abandonara su realismo
político adoptando medidas que entorpezcan la
estabilidad de las instituciones militares. "Sus
propósitos —aseguran sus colaboradores— siguen
siendo los mismos: despolitizar lentamente a las
Fuerzas Armadas y abrir la perspectiva a nuevos
objetivos." Frente a las presiones de los sectores
colorados del gobierno, era evidente que Suárez
resistiría la aparición de un Toranzo Montero
planteísta, azul, pero, con la misma decisión, se
opondría a que esos sectores colorados le
impusieran un Toranzo Montero colorado.
Lo fundamental, para
Leopoldo Suárez, es la fijación dé objetivos
nacionales a asumir por el Ejército. Para el
ministro de Defensa, es importante que la opinión
pública y los mismos militares tomen conciencia
del papel militar en la estructura orgánica de la
Nación, no sólo en lo que hace a la defensa sino,
también, a la vida económica: empresas como DINFIA
(Aeronáutica), Fabricaciones Militares (Ejército),
Astilleros (Marina) y muchas otras hacen que hoy,
en la Argentina, el 18 % de la producción
industrial esté en manos de las Fuerzas Armadas.
"Eso constituye —habría expresado el ministro— una
gran oportunidad para que los militares retirados
como consecuencia de viejas crisis se incorporen
al procesó de la comunidad desde funciones
castrenses, en posiciones desde las cuales su
vocación no afecte, para ser cumplida, el
necesario mantenimiento de la paz en las
instituciones militares."
Uno de los puntos
principales de tensión —el de las
reincorporaciones— entraba así en la posibilidad
de ser resuelto en forma funcional por el ministro
que no quería aceptar su cargo pero que, ahora, se
propone desbordar el papel convencional de sus
predecesores.
10 de diciembre de
1963
PRIMERA PLANA
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