Palmero busca una solución entre fuegos cruzados

En toda conversación seria sobre política que se sostiene con cualquier funcionario estatal, es inevitable que en determinado momento el eventual interlocutor intente un análisis de las intenciones del gobierno. Irremediablemente, y como respondiendo a una consigna, el funcionario contesta más o menos con estas palabras:
—No hay entretelones. Usted está mal acostumbrado. Debe aprender a creer que hay un partido, la UCRP, que hace una cuestión de honor de la palabra empeñada. En el gobierno no hacemos sino cumplir con nuestro programa, y tenemos una sola línea.
Lo curioso, sin embargo, es que dentro del mismo gobierno nacional surgen siempre expresiones que desmienten a las de otros miembros de la administración. Durante su reciente mensaje, el ministro del Interior, doctor Juan Palmero, señaló que ahora se abría una enorme perspectiva jurídica para todos los sectores. El Poder Ejecutivo, dijo, cumplirá su palabra: se propondrá al Congreso la derogación de la legislación represiva y se levantarán las proscripciones.
Los distintos partidos opositores aceptaron esa tesis: aparentemente, el gobierno había encontrado en Juan Palmero al motor de una política equilibrada. Pero dentro del propio gobierno, Palmero fue desmentido por las declaraciones de Hernán Cortés, subsecretario de Defensa Nacional, que sostuvo que las proscripciones debían mantenerse. El episodio obligó al Poder Ejecutivo a ratificar sus declaraciones anteriores, esto es —en lo político— la doctrina Palmero. Una larga tradición institucional, que hace que los gobiernos formulen aclaraciones ante las denuncias de la oposición, se interrumpía. La metodología radical del Pueblo, aparentemente, incluye un ritmo novedoso, una de cuyas características es que funcionarios del gobierno respondan públicamente a otros funcionarios del gobierno.
En aquella oportunidad, uno de los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno pudo acotar mordazmente que antes la dualidad estaba en la cabeza del presidente, pero que ahora se diseminaba a través de muchas cabezas. Inmediatamente, esa contradicción interna del oficialismo quedaba reflejada en otro episodio: el problema de la CGT.
Las negociaciones para impedir que se concretara la temida segunda parte del plan de lucha de la central obrera (ocupación de las fábricas) correspondían normalmente al ministerio de Trabajo. Pero el doctor Fernando Solá, titular de esa cartera, fracasó ruidosamente, sin lograr en ningún momento crear un diálogo —o, más que un diálogo, una negociación— para evitar el cumplimiento del plan de lucha. Otro problema más derivó así, inevitablemente, hacia la órbita del doctor Palmero, quien logró un acuerdo con la CGT, cuya posibilidad era previsible si el diálogo hubiera sido encarado desde el principio por un hombre más informado que el ministro Solá.
Después de ese acuerdo, a nadie le llamó la atención que la CGT hubiera venido reclamando informalmente la renuncia del titular del Trabajo. Evidentemente, los directivos del nucleamiento sindical estaban lejos de temer que el doctor Solá los venciera: no era por temor a ser derrotados que pedían su reemplazo, sino por tener ya la certeza de que no podían negociar con él un acuerdo que querían tanto el gobierno como la central obrera.
Lo que ni Solá ni Germán López, funcionarios naturales del gobierno en asuntos laborales, pudieron conseguir, lo logró Palmero con la ayuda de Facundo Suárez, presidente de YPF, quien en dos entrevistas privadas con el secretario general de la CGT, José Alonso, sentó las bases del acuerdo antes de la reunión del secretariado con el ministro del Interior, y siguiendo instrucciones de Palmero.
Resulta interesante observar cómo ya constituye una constante que cada vez que Illia y Palmero tratan de crear el clima a que aspira el país, aparecen funcionarios —como Hernán Cortés o Fernando Solá— que demuestran no comprender la existencia de otras realidades que no sean solamente el radicalismo del Pueblo.
Esa constante explica que el ministro del Interior no pudiera evitar que nada menos que el gobernador de Córdoba Justo Páez Molina, haya aprovechado un normalmente intrascendente discurso sobre turismo, pronunciado el de marzo en Calamuchita, para atacar a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia, a los empresarios y a los obreros.
Cuando Cortés dio a conocer sus controvertidas declaraciones, muchos interpretaron que se trataba de una personal expresión de deseos formulada imprudentemente. Pero, a causa del discurso de Páez Molina, todos se convencieron de que difícilmente los dos episodios puedan ser casuales exabruptos personales, y llegaron así a tener la impresión de que el gobierno conservaba una tendencia en reserva. Esa tendencia en reserva, aparentemente, responde a un esquema de relevo.
La opinión pública esperó —y espera— la renuncia de Hernán Cortés. Pero Illia prefiere que no haya cambios estridentes en su gobierno. Sin embargo cuando el gobierno sugirió al coronel (R) Martínez que renunciara a la subsecretaría de la SIDE, éste se negó Y cuando solicitó al doctor Martín que volviera a ocupar la cartera de Comercio —que ya había desempeñado bajo la presidencia de Guido—, éste no acepto. Evidentemente, es difícil manejar a los hombres.
Después del discurso de Páez Molina, algunos radicales del Pueblo coincidieron en que no existe presión militar sobre el gobierno. El senador oficialista Rubén Blanco se refirió a los puntos tocados por el gobernador de Córdoba diciendo que "actualmente, en todo el mundo existen factores de poder. Su papel en la sociedad está reconocido, y por eso se han creado consejos económicos y sociales a fin de encauzarlos e institucionalizar su gravitación".
Si se considera el lugar y la oportunidad en que Páez Molina pronunció su discurso, y si se tiene en cuenta que sus expresiones son anacrónicas aun para sus mismos correligionarios, se puede establecer que existe una intención política precisa por parte del gobernador de Córdoba. Esa intención política no puede reducirse a un simple ardid demagógico: precisamente, Páez Molina no habló ante grandes multitudes en la capital de su provincia, sino ante tranquilos cultores del turismo de una localidad serrana. Debía, pues, prever que el impacto no repercutiría emocionalmente en masas apasionadas, pero llegaría a los factores de poder así agredidos.
Católicos y dirigentes obreros declararon su protesta. Y el hecho obligó al secretario de Guerra, general Ignacio Avalos, a responder al gobernador. Instituciones como el Ejército, que cuidan su prescindencia política, debieron extremar su prudencia para no entrar en un juego polémico que las hiciera aparecer como beligerantes y que, para muchos, diera la razón, a posteriori, a las acusaciones.
¿Cómo se vincula esa presunta provocación con el precedente de las declaraciones de Cortés, aparentemente ingenuas? En el gobierno parece existir un esquema, cuya primera parte es confesada en reuniones más o menos privadas, pero cuya segunda parte es cuidadosamente omitida.
• La primera parte del esquema dice que se levantarán las proscripciones. Inevitablemente, se agrega que se trata de un compromiso empeñado. De todos modos, se señala que de esa manera el oficialismo ganará las próximas elecciones parlamentarias, que se realizarán entre la última quincena de febrero y la primera de marzo de 1965, porque: a) de aquí a entonces, una cierta expansión financiera creará un clima de tranquilidad; b) no sólo se levantará la proscripción del peronismo sino también la del comunismo, lo que creará un elemento de división en sectores que a veces suman sus votos; c) se legalizará a varios peronismos y no solamente a uno, con lo que se facilitará una atomización del movimiento, de acuerdo a un proceso que el gobierno considera como natural; d) Arturo Frondizi cuenta con poco tiempo para reorganizar su partido, y, si bien parece estar en situación mayoritaria con respecto a Alende, aquí también habrá división de votos; e) tanto UDELPA como la democracia cristiana aparecen como partidos en tren de deterioro, cuyos votantes pueden ser canalizados, al menos parcialmente, por el oficialismo.
• La segunda parte del esquema, o tesis de relevo, contempla la posibilidad de que Perón consiga evitar la atomización peronista y que el justicialismo esté, en ese caso, en condiciones de ganar. La única alternativa qua se le ofrecería al gobierno, en ese caso, sería la proscripción "para evitar otro 18 de marzo". Y a eso se llegaría con el apoyo de los militares colorados retirados, cuya reincorporación se procuraría. Desde este punto de vista es fácil comprender por qué Cortés y Páez Molina pueden expresar una tendencia de relevo: Cortés defiende las proscripciones; Páez Molina trata de deteriorar a los mandos azules, intentando llevarlos a la polémica.
Indudablemente, Palmero parece representar la salida política natural de la situación actual. La tesis de relevo ofrece, para el caso eventual de su aplicación, un período convulsionado y lleno de tensiones.

Fuerzas Armadas
Sin país fuerte, no hay Ejercito moderno
"Antes se creía que solamente había una alternativa: o un Ejército que se desentendiera totalmente de la realidad nacional y se dedicara con exclusividad a los juegos de guerra, o un Ejército en disposición de intervenir permanentemente en política. Lo primero resulta anacrónico, desde el punto de vista del proceso histórico; lo segundo constituye una desviación inadmisible de los fines militares." La frase se escuchó el 6 de marzo a la mañana, a manera de comentario, en la Escuela Superior de Guerra: el director de la misma y el del Centro de Altos Estudios Militares —general Juan Enrique Guglialmelli—, terminaba de pronunciar una alocución singularmente significativa con motivo de la inauguración del año lectivo 1964.
El criterio general, entre los altos oficiales que asistieron a la exposición, es que pocas veces se había escuchado una definición tan concreta del papel de las Fuerzas Armadas. Eludiendo escrupulosamente el convencionalismo de los discursos de la iniciación de clases, el general Guglialmelli había realizado una franca exposición de la política del Ejército. El general Savio —dijo— "pertenece al Ejército de la Política Nacional. Sabe que la grandeza comunitaria sólo se hace con industria pesada. Sabe también que no hay ejército que pueda llamarse tal, en las condiciones creadas por los armamentos modernos, si sus abastecimientos fundamentales dependen del extranjero. Y pone manos a la obra".
Parte del análisis del general Guglialmelli está centrado en una evaluación de los acontecimientos posteriores a 1930. Superado el gobierno defacto iniciado ese año —explicó—, el general Manuel Rodríguez se propuso volver a los cuadros a su actividad profesional, sin poder detener el torrente. "Estoy persuadido —señaló— que entre los motivos de mayor gravitación de aquella crisis se cuenta la incomprensión de la realidad económico-social y, por lo tanto, la falta de una correspondiente educación de la institución a los cambios estructurales que exigían, otra vez, los nuevos tiempos. A eso se sumó, por una parte, el dislocamiento interno del Ejército como consecuencia de la política de los grupos, que comenzó con la logia General San Martín (1921-1926) y que supervivió a su disolución, y por la otra, la distorsión electoral, que fue signo de la época."
En una clara alusión a los enfrentamientos ficticios, el general Guglialmelli dijo después que "toda vez que esta distorsión ha aparecido en la vida argentina, afectando a sectores ponderables y bajo cualquiera de sus formas, las tensiones políticas derivadas han afectado profundamente a la institución, pese a lo cual, y por encima de sus problemas, siempre ha ocupado un puesto de vanguardia en la lucha por la restitución de la libertad y del derecho". El caso no es único de la Argentina: "Para citar un ejemplo, hoy, en los Estados Unidos de Norteamérica, en los fuertes enclavados en estados sureños, en el corazón mismo de la rebeldía segracionista, es posible ver en todas sus jerarquías a hombres de color. Allí también, en el problema más cruento de la comunidad, el Ejército participa de manera efectiva en la lucha por la igualdad de los derechos".
Para el general Guglialmelli la vinculación entre Ejército y comunidad es impostergable, ya que un ejército profesional moderno tiene como pre-condición una comunidad sin facturas, donde todos participen del destino nacional, "una comunidad con aptitud de crecimiento económico a ritmo acelerado. Una comunidad que se sienta con una misión histórica". La expresión que define al Ejército como brazo armado de la Patria no es solamente simbólica, "rebasa el simple enunciado de una metáfora. Tiene un sentido real , y conmovedor. No hay brazo fuerte en un cuerpo débil; su verdadera potencia radica en la vitalidad orgánica y espiritual del todo".
Las tesis del general Guglialmelli tienen sus antecedentes en la acción concreta de algunos jefes militares que él mencionó en su exposición, y son, a la vez, una aplicación concreta de la doctrina establecida por el actual comando en jefe. Los antecedentes citados son el general Mosconi, que "ha descubierto que tener determinados ti. pos de nafta es imprescindible para que nuestros aviones vuelen o no cuando el poder soberano lo decida"; el general Savio, promotor de la siderurgia y del desarrollo industrial; el general Riccheri, para quien el servicio militar obligatorio era una condición de arraigamiento de los hijos de inmigrantes, de la integración del país, y no solamente una necesidad técnica, y el general Roca, que pone al Ejército al servicio de una política nacional concreta. Promover el desarrollo económico; estimular la investigación científica y técnica; acrecentar la tradición cultural argentina y acatar la ley son también —para el general Guglialmelli— presupuestos de la acción del Ejército, funciones específicas de las Fuerzas Armadas. En conclusión: no habrá Ejército si no hay un país consolidado y en ascenso. El objetivo es el país; la forma de alcanzarlo es una acción moderna del Ejército en el marco de la Constitución.
Revista Primera Plana
10.03.1964

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