La ronda de consultas
políticas que el gobierno nacional iniciará el
miércoles 2 de abril, cuando María Estela Martínez
de Perón dialogue con los integrantes del Frente
Justicialista de Liberación (Frejuli) —al cual
preside— tiene un objetivo claro: aliviar el
cúmulo de inquietudes que a lo largo de dos
semanas buscó expresarse a través de documentos,
conciliábulos y rumores, elevando en forma gradual
y sostenida la temperatura política del país.
No es extraño,
entonces, que el Poder Ejecutivo Nacional haya
comenzado por el Frejuli, es decir, por la
estructura oficialista que fue conmovida en primer
término por un documento crítico confeccionado por
uno de sus socios: el Movimiento de Integración y
Desarrollo (MID), que conduce Arturo Frondizi.
Es lógico, por otra
parte, que la UCR fuera mencionada por el ministro
del Interior, Alberto Rocamora, como segundo
interlocutor político del gobierno: el permanente
"apoyo al proceso" con que la primera minoría se
obstinó en fijar los limites del debate político
de días atrás en el plano político dio, al fin y
al cabo, "aire" al gobierno, impidiendo que la
discusión rozara las Instituciones. Ricardo Balbín
fue explícito, entonces, cuando afirmó a un
matutino que de ensayarse un golpe de Estado, él
sería "el primer fusilado en la Plaza de Mayo".
Pero si bien el
radicalismo fue llamado de inmediato por el
gobierno, debe recordarse, antes de pensar en el
"orden" de las entrevistas, que el diálogo abierto
forzosamente implica que la mayor cuota de
desasosiego se verificó en el ámbito gremial; que
el poder sindical aguardaba aún, el jueves 27 de
marzo, el día y la hora de conversar con la
presidente.
Es necesario tener en
cuenta, también, que Rocamora incluyó audiencias
individuales con gobernadores en la ronda de
consultas; algo que tiene importancia, ya que el
debate político a nivel nacional no impidió que se
detectara en el interior del país el reverdecer de
un proyecto nacido tiempo atrás: la comentada
"liga de gobernadores".
Por fin, se puede
destacar que la etapa de consultas iniciada, al
obrar como descompresor de la situación, ayudaría
al plan normalizador sustentado por el Ministerio
del Interior, que se iniciará en los hechos cuando
llegue el domingo 13 de abril, fecha de los
comicios misioneros. Pero, en la búsqueda de
mejorar su espacio político, el gobierno, se
aprestaría a tratar públicamente un tema político
de relevancia: la reforma
constitucional. Con
ese fin, el ministro de Justicia, Antonio Benítez,
se reuniría con sus colegas provinciales entre el
jueves 10 y el sábado 12 de abril.
UNA DENUNCIA
IRRITANTE. Si alguien hubiera intentado durante la
última semana buscar un modo más apto para
trasladar el debate político a las profundidades
nunca bien discernidas de la discusión sobre "la
marcha de las instituciones", no podría haber
encontrado algo mejor que denunciar un complot
como el que describió el viernes 21 de marzo el
matutino carioca Jornal Do Brasil, un periódico
que, según ciertos expertos en política
internacional sudamericana, mantiene estrechos
vínculos con el Palacio de Itamaraty.
Tiene verdadero
interés conocer dónde se originó esa denuncia, y
si fue a través de un expediente de un servicio
oficial de informaciones; pero es mucho más
importante dejar establecida su grave incidencia
en la temperatura del debate político.
La mención de la
supuesta conjura afectó, en primer término, la
imagen del secretario general de las 62
Organizaciones y la UOM, Lorenzo Miguel, y en
segundo, la del ex presidente Frondizi. Su tercer
efecto fue, sin duda, llevar un problema más al
despacho del comandante general del Ejército,
teniente general Leandro Anaya, ya que el ex
presidente Alejandro Lanusse le solicitó —por
teléfono ese día, y por escrito luego— una
investigación de la cuestión.
Anaya desmintió poco
más tarde todas los rumores golpistas, pero la
irritante denuncia del Jornal Do Brasil, sumada al
cúmulo de versiones caprichosas sobre la
conformación de diferentes proyectos políticos en
ámbitos castrenses, ya había obrado su efecto.
Lo cierto es que, si
alguien buscó a través de una acusación arriesgada
desalentar cualquier proyecto conspirativo,
también halló la forma ideal para poner
públicamente en tela de juicio el futuro de las
instituciones.
EL DOCUMENTO SINDICAL.
Aun cuando todavía no han concluido las
repercusiones sobre el documento producido por el
sindicalismo peronista el lunes 24, es evidente
que las expectativas y las especulaciones que se
tejieron sobre su supuesta dureza y trascendencia
ulterior comenzaron a desarmarse lentamente a
partir de su conocimiento público.
Para muchos
observadores —incluso sindicalistas— el memorándum
obrero llegó hasta el justo punto donde puede
permitirse un regreso más o menos rápido a la mesa
de las negociaciones.
La inquietud sindical
tiene como base las diferencias sustentadas con el
peronismo ortodoxo duro que han venido
agudizándose en los últimos tiempos, sin que por
el momento las soluciones definitivas estén a la
vista.
UNA LARGA ESPERA. La
ofensiva sindical partió y creció a instancias de
dos hechos concretos: un pedido de audiencia a la
Presidente formulado el 27 de febrero pasado y la
presión en el Congreso para que el sindicalismo
ocupe lugares de mayor preeminencia y más a tono
con su calificación de columna vertebral del
Movimiento Peronista. Ninguna de estas
aspiraciones fue contemplada y el descontento dio
lugar a consultas y sonados cónclaves que dieron
una pauta: los gremialistas exigirían una
reparación importante. Con ese ánimo, al menos, se
arribó al lunes 24, día en que —según no pocos
representantes obreros— se definiría con claridad
el papel que le cabe a esa rama del peronismo
dentro del espectro total del gobierno y el
movimiento. Se habló, incluso, de pedidos de
reestructuración ministerial y críticas subidas a
determinadas figuras de gran peso en la cúspide
gobernante. El epílogo, puede considerarse duro,
por cuanto precisa observaciones en contra de
actitudes y modos de conducción de ciertos
funcionarios —a los que no alude— además de
recordar a la Presidente su desvinculación con los
dirigentes obreros y sus representados. Pero no es
rígido, ya que admite la negociación y, de hecho,
fue perfectamente asimilado por el sector al cual
iba dirigido.
Estos resultados
motivaron versiones y explicaciones diversas. Se
dijo, por ejemplo, que Lorenzo Miguel había
participado en un extenso cónclave con José López
Rega antes de la reunión de la tarde. Ese
encuentro, que habría sido posterior al mantenido
por el jefe de las 62 Organizaciones con Raúl
Lastiri, habría servido para limar las asperezas
más agudas y preparar la distensión. Luego, en el
salón Augusto Timoteo Vandor de la sede
metalúrgica, se habría afirmado que un documento
secreto sería elaborado para ser presentado a la
señora Isabel Martínez. Ese memorándum reservado
indicaría con precisión y claridad los cargos que
los sindicalistas harían a funcionarios del
gobierno, identificados, en este caso, con nombre
y apellido. La existencia o no de esas acusaciones
es, sin embargo, muy controvertida.
LA REUNION, Lo real es
que el encuentro sindical en la UOM, estrictamente
vedado al periodismo, no habría tenido la
trascendencia, al menos formal, de las reuniones
donde se supone que saldrá una decisión de
considerable importancia. Así, por ejemplo, el
cónclave sólo se extendió por el escaso plazo de
dos horas —igual tiempo había invertido Miguel en
hablar con Lastiri ese mediodía—; fue evidente la
ausencia de dirigentes de primera línea de algunos
gremios claves o de peso; no se pasó lista, modo
de tener una mínima apreciación d? la cantidad y
representatividad de la concurrencia; y tampoco se
discutió el documento definitivamente aprobado.
El balance, para
muchos de los presentes, no dejó de ser
decepcionante. Si bien se consideraba que el paso
dado tenía su importancia en una futura
negociación, aún imprecisa en sus resultados
posibles también se sostenía que los objetivos
primitivos se habían diluido en una proporción
elevada.
DISTANCIAS
El
realineamiento empresario
Como en otros
estratos de la sociedad argentina, en los núcleos
empresarios se observa en estos momentos una "toma
de distancia" con respecto al proceso.
Cuando Gelbard asumió
la cartera de Economía, hace 22 meses, contaba con
un sólido apoyo para poner en práctica un programa
económico. Su sucesor, Alfredo Gómez Morales,
ocupó el sitial, rodeado de las esperanzas
empresarias y con un buen margen de aceptación de
los medios políticos y gremiales. Hoy, su gestión
ofrece reparos entre sus correligionarios y los
aliados del gobierno, en tanto los opositores se
muestren más reticentes, quizás porque piensan que
su reemplazo crearía un interrogante aún mayor.
No caben dudas de que
la política económica ha variado de uno a otro
ministro. Algunos estiman que el cambio ha sido
sustancial, otros creen que es sólo una cuestión
de flexibilidad en la aplicación de la teoría.
"Sigue la mano de hierro —dicen estos últimos—
sólo que ahora está enfundada en un guante de
seda."
Quizá sea más preciso
señalar que lo que ha cambiado es el entorno
político en el cual la economía se desarrolla. Un
entorno, que por su fluidez, obliga a replantear
el juego de los apoyos y las divergencias. En
política, esa actitud es calificada como de "toma
de distancia". Posiblemente, el problema de Gómez
Morales sea el haber tenido que aceptar la
herencia de Gelbard, sin el consabido "beneficio
de inventario". Las circunstancias políticas no le
permitieron "abrir el paquete" y deslindar
responsabilidades en su momento y ahora se
encuentra con que los que podrían haber sido sus
aliados, también están en la vereda de enfrente.
La Confederación General Económica, sostén de la
conducción anterior, comenzó a apartarse de la
línea de fuego y empezó a desplegar una estrategia
de reclamos; política de precios, falta de
créditos, mejores condiciones para la exportación,
lentitud en la descentralización industrial.
Por su parte, la CGT,
otro puntal de la política de concertación,
también comenzó a disparar sus dardos contra la
conducción económica, particularizando su crítica
en la gestión del Secretario de Comercio, contador
José Alloatti. Si la devaluación del peso no
recibió los embates cegetistas —pese a que sus
dirigentes se mostraron adversos a medidas de tal
índole— fue porque el decreto correspondiente
lleva ,1a firma de la Presidente de la Nación.
Obviamente, un cuestionamiento al respecto podría
haber sido interpretado como una ruptura del
principio de verticalidad celosamente sostenido
por la CGT y las 62 organizaciones.
Paralelamente, dentro
de la Confederación de la Industria Argentina
(CIÑA) —nucleamiento que se nutrió de la ex Unión
Industrial Argentina (UIA) y la Confederación
General de la Industria, entidad de segundo grado
de la CGE— comenzaban a percibirse movimientos
secesionistas que, aparentemente, trataban de
devolver aquella fusión a fojas cero. Las
declaraciones de los dirigentes fueron, en
general, confusas, y tendieron a dar la impresión
de que allí "no pasaba nada". Pero la renuncia a
sus cargos de dos dirigentes de la CGE que
provenían de la UIA parece confirmar lo contrario.
El panorama no termina
allí, la Federación Económica de la Provincia de
Buenos Aires (FEBA), integrante de la CGE, también
ha disparado aceradas críticas a la conducción de
la central empresaria y divergencias similares se
han planteado desde la regional Córdoba de la
Confederación General Económica.
Hasta el presente "la
sangre no ha llegado al río", pero el barómetro
pronostica "tiempo inestable, con posibilidad de
cambios". Quizás no sean cambios bruscos, pero
posiblemente este realineamiento de fuerzas en el
sector empresario —que reitera el que se produce
en otros estamentos de la sociedad— cueste el
sacrificio de algunas cabezas. Ceder piezas
importantes es también una táctica válida en el
ajedrez empresario. Lo importante es no perder la
partida.
SENADO
Allende: "No me alarma la presencia del debate
político"
La posición del
sector gremial parlamentario, la violencia, el
papel de las Fuerzas Armadas y la situación del
FREJULI fueron analizados por José Antonio Allende
en un diálogo con Panorama
En el marco de una
semana atiborrada de versiones agoreras, de
documentos políticos referidos a la situación
institucional y de toma de posición (¿o de
distancia?) con respecto al gobierno nacional,
Panorama entrevistó, el martes 25, al presidente
provisional del Senado de la Nación.
El encuentro se
producía cuando recién comenzaba a ser debatido
públicamente el documento producido por el
"cónclave cumbre" de la dirigencia sindical
peronista y luego que ese sector cuestionó y
debatió la presencia de extrapartidarios en las
funciones claves del parlamento; y uno de ellos
es, precisamente, el cristiano-popular Allende. Se
transcriben algunas de las tramos de lo conversado
durante la entrevista:
—En los últimas días
se conocieron ciertos cuestionamientos emanadas de
diferentes sectores del oficialismo acerca de la
permanencia en las cámaras de legisladores del
FREJULI no encuadrados en el Justicialismo, ¿Cómo
evalúa usted estos presuntos cuestionamientos?
—Creo que dentro de la
vida política —y el Parlamento es por excelencia
una actividad política— la libertad de opinión es
un derecho que todo el mundo tiene. No me afecta
que un legislador pueda expresar con absoluta
sinceridad su pensamiento en ese sentido.
—¿No considera,
doctor, que tales cuestionamientos entrañan una
concepción distinta de la llamada vocación
frentista?
—No creo interpretar
que esto sea contrario a la vocación frentista. El
Frente es una coalición política vertebrada,
fundamentalmente, por la presencia del
Justicialismo. De modo tal que si el Justicialismo
plantea aspiraciones sobre la composición de la
mesa directiva de las cámaras, no significa
necesariamente que esté en contra de esa vocación.
—Sin embargo, en las
últimas reuniones realizadas por los núcleos
sindicales de la legislatura se insistió en la
peronización de todas las esferas de autoridad.
—Resulta siempre muy
difícil interpretar pensamientos ajenos. Pero
simplemente yo acotaría, como comentario al
margen, que el Frente Justicialista de Liberación
no fue una idea originaria en los asesores de
Perón, sino que fue una idea puesta en marcha por
el propio ex presidente Perón.
—Su candidatura para
un nuevo período en la presidencia provisional de!
Senado ha sido propiciada por el senador Blanco.
¿Estaba usted al tanto de la propuesta de dicho
senador, y de que éste tendría la anuencia de
varios de sus pares?
—Creo que el senador
Blanco puede tener esa actitud, como podría
haberla tenido en contra de mí porque simplemente
ha actuado dentro de la medida y el derecho que
tiene un miembro de la Cámara para lo que debe ser
la mesa directiva directiva del Frente.
—Últimamente una
verdadera usina de versiones se ha puesto en
acción. Inclusive se ha llegado a mencionar la
existencia de un amplio debate político. ¿A qué
obedecen y adónde apuntan estos rumores?
—Pienso que la
Argentina tiene todavía que acostumbrarse a vivir
en la democracia. Y democracia, por excelencia, es
discusión, es deliberación y es critica. Por
consiguiente, como opinión muy personal no me
alarma en absoluto la presencia del debate. Al
contraria, me parece muy estimulante para la vida
democrática futura del país.
—¿No le alarma, doctor
Allende, que hasta el propio Comandante en Jefe
del Ejército se haya visto obligado a desmentir en
Córdoba la existencia de un golpe de Estado?
-Bueno, me parece que
eso entra dentro de lo lógico. Porque cuando
asistimos al espectáculo de unas Fuerzas Armadas
totalmente incorporadas al proceso institucional
del país y dispuestas a servirlo en su
afianzamiento, no pueden dejar de molestar esos
rumores que según los conceptos del Comandante en
Jefe carecen totalmente de asidero.
-—Hay otro problema,
que es la violencia por causas políticas...
—Yo creo que el
noventa y nueve por ciento del país detesta la
violencia cualquiera sea su origen. Me parece que
estos últimas episodios de violencia —que
significan, por cierto, un nuevo brote—- no
interpretan el país. Espero, y es mi deseo, que se
encuentren los modos de controlarlo y evitar su
repetición.
—¿Qué problemas
entrarían estos brotes de violencia?
—Se me preguntó alguna
vez sobre la intervención de las Fuerzas Armadas
en Tucumán, y dije que cuando determinados
episodios excedían la incapacidad policial estaba
justificada la intervención de las Fuerzas
Armadas, que son el brazo armado de la Nación para
la defensa de su cauce legal. Creo que todo lo que
sea represión ante hechos que alteran la paz
pública debe ser ejecutada por quienes legalmente
pueden hacer el uso de las armas; porque eso evita
la presencia de grupos parapoliciales o
paraestatales que se atribuyen facultades
punitivas que no le corresponden en absoluto, ni
por la ley ni por el sentimiento del pueblo
argentino.
—Finalmente, ¿ha leído
usted el proyecto de Ley de Acefalía presentado
por el diputado Juan Carlos Cárdenas? ¿Cuál es su
opinión?
—No, no lo he leído,
simplemente que lo presentó. Creo que se da una
importancia al tema que no la tiene en la
dimensión que se le asigna. porque la Ley de
Acefalía, con la solución actual o con cualquier
otra, contempla situaciones provisorias y
accidentales. Además, no podría decir cuáles son
los datos que permiten una evaluación necesaria
para reformar la Ley de Amnistía. No sé, tampoco,
si es el momento oportuno para asumir un tema tan
polémico como es ése.
Revista
Panorama
29.03.1975
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