Lentitud en lo civil, rapidez en lo militar

El influyente diario norteamericano The New York Times publicó días atrás un artículo de su corresponsal en la Argentina, Edward C. Burks, con el título de "Illia's regime moving slowly" ("El régimen de Illia se mueve lentamente"). Entre otros conceptos, el texto señala que "los diarios hablan de la intensa actividad que hay a todas horas en la Casa de Gobierno. La imagen es similar a las viejas comedias mudas del cine, en que los personajes se movían a sacudones, se arrojaban ocasionales tortas de crema, y cuya conversación podía resumirse, en los subtítulos, con un par de palabras".
Por otra parte, en una reunión de empresarios realizada la semana pasada, un industrial argentino había comentado que Illia parecía seguir la técnica yrigoyeniana de hablar poco, pero eso no obstaba para que éste fuera el gobierno que más anuncios ha realizado en menos tiempo, sin encarar todavía ninguna medida concreta.
Las dos consideraciones reflejan un fenómeno que ha sorprendido a muchos observadores. Como acota The New York Times, en el mismo artículo de Burks, "mientras muchos nuevos gobernantes gustan crear inmediatamente una imagen de dinamismo, el gobierno de Illia da una impresión de laxitud". Pero esa cautela para producir hechos tiene su contrapartida en los sucesivos anuncios del extrovertido vicepresidente Perette, que notifica sin cesar sus próximas decisiones y crea esa figura de los movimientos rápidos, seguidos por un breve subtítulo.
Perette había formulado diversos anuncios sobre "inmediato levantamiento de las proscripciones", "inminente anulación de los contratos de petróleo", "prosecución de las obras de Salto Grande, consiguiendo el dinero en cualquier parte" y "construcción del túnel subfluvial entre la Argentina y Uruguay, ya mismo".
Sin embargo, la situación real obligaba a decir al ministro del Interior, doctor Palmero, que los decretos represivos —tan objetados por Perette— siguen vigentes; los altos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales trataban de que los análisis sobre posibilidades de financiación precedieran a cualquier medida relativa a los contratos; los asesores técnicos de Illia demostraban que las dificultades existentes impedían, por ahora, las obras de Salto Grande, y el gobernador de Entre Ríos anunciaba melancólicamente que el túnel subfluvial no podía ser construido por ahora.
Lo cierto es que, junto al vehemente y locuaz equipo encabezado por Perette, coexiste en el gobierno un grupo de funcionarios que busca aplicar el programa de la Unión Cívica Radical del Pueblo, pero concretándolo en soluciones que consideran reales y no meramente verbales. Tanto el presidente del directorio del Banco Central, Francisco de Elizalde, como el presidente del directorio de Y. P. F., Facundo Suárez (y, en otro orden de cosas, el ministro de Educación, Alconada Aramburú), trabajan así en la elaboración de planes orgánicos de gobierno, y observan con no disimulado fastidio los reiterados anuncios del vicepresidente de la República.
Días pasados, el ex presidente Frondizi acotó a un amigo suyo que Illia trataría de demorar todavía, por seis meses, la iniciación de una política concreta. Al difundirse la reflexión, un dirigente social-cristiano expresó que el único punto donde los radicales del Pueblo parecían coincidir y haber iniciado una política concreta era en el problema militar.
Porque es con respecto a las Fuerzas Armadas que el gobierno —o parte importante del mismo— pone el mayor esfuerzo en una reorganización que le permita cumplir con sus compromisos y apuntalar futuras decisiones. En ese punto, precisamente, parece librarse la batalla.
Resulta obvio que la mayoría de los dirigentes de la UCRP tenían concretos compromisos con los militares del sector - "colorado". Fue en la Marina de Guerra donde, por dos veces consecutivas, se intentó alterar el "status" existente e inclinar la situación en favor de ese sector. Primero se trató de lograr la designación del vicealmirante Lynch como secretario del arma, pero esa medida fue tan firmemente resistida por los mandos, que el gobierno se vio forzado a retroceder. Después se intentó designar a un jefe "colorado" como Comandante de Operaciones Navales, para lo cual se comenzó por desplazar a Eladio Vázquez, objetivo que se logró. De tal manera, quedó parcialmente cubierto el propósito de "ablandar" a los actuales mandos del arma, pero el reemplazante del contraalmirante Vázquez fue Benigno Varela, tan adverso a las reincorporaciones como su predecesor.
Luego de tales experiencias, los amigos del sector "colorado" en el gobierno resolvieron renunciar a todo ataque frontal contra los actuales mandos militares e iniciar escaramuzas por los flancos. Decidieron, además, que el punto óptimo para el ataque no se encontraba en la Marina de Guerra, sino en la Aeronáutica. La conciencia de que la Aeronáutica ha pasado a ser la "prioridad número uno" resultó determinante para crear el actual clima de inquietud en sus esferas directivas, que advierten cómo, detrás del subsecretario Pizarro —vinculado con los "colorados"—, parece moverse el brigadier Lentino, uno de los jefes del alzamiento del 2 de abril.
Los amigos de Pizarro-Lentino construyeron una atmósfera inusual mediante la versión de que el arma sería despojada de algunas estructuras no-específicas, como Aerolíneas Argentinas. La inquietud sirvió para que se iniciaran diversas reuniones: un estado deliberativo de la Fuerza Aérea —entendieron algunos estrategos— podía resultar útil para terminar deteriorando la influencia del comandante en jefe, Conrado Armanini, y del Estado Mayor, monolíticamente azul. Simultáneamente se lanzaba la versión de que habían comenzado a estudiarse las reincorporaciones.
La situación de las empresas dependientes de Aeronáutica y la posibilidad de las reincorporaciones se convirtieron así, obviamente, en el tema obligado para una reunión de brigadieres. Luego de la misma, los diarios detallaron ese temario concreto. La oficina de prensa de la Secretaría de Aeronáutica hizo conocer, entonces, a modo de desmentida, palabras que habría pronunciado el comandante en jefe en dicha reunión, según las cuales el arma estaba desvinculada de toda inquietud política. Lo curioso es que las declaraciones fueron transmitidas a los periodistas con el compromiso de que éstos no revelaran la fuente, es decir, la misma oficina de prensa de la Secretaría de Aeronáutica.

UCRI
Frondizi: Elegir el momento justo
Al anunciarse la división formal del bloque parlamentario radical intransigente, un meditativo diputado alendista señaló que una vez más Frondizi había demostrado destreza en el manejo de la táctica política. "Eligió exactamente —dijo— el momento, la forma y el método precisos para obtener la mayor ventaja posible con su decisión."
En efecto: fracasadas las gestiones conciliatorias, Frondizi sabía que la división se había vuelto inevitable. Alende, por supuesto, también lo sabía. Sin embargo, al ex presidente le convenía provocar la ruptura total en el momento y en la forma en que lo hizo; Alende, vanamente, trató durante las horas previas de conseguir ganar tiempo, pero Frondizi siguió adelante fríamente con su plan.
A Frondizi le convenía la ruptura ahora, y no después, por diversos motivos:
• Ante la Corte de Justicia se ventila la impugnación de Julio Oyhanarte a la Junta Nacional alendista. Se espera el fallo para dentro de unos quince días y se considera inevitable el triunfo judicial de Alende. Sin embargo, ahora — sorpresivamente — Frondizi plantea un hecho nuevo a la justicia y lo plantea desde el terreno que le conviene: el sector frondizista es mayoría casi segura en el bloque (obtuvo, inicialmente, 20 firmas sobre 40, y hay cuatro o cinco diputados dudosos). Con la mayoría en el bloque, la UCRI frentista gestionará ante la presidencia de la Cámara la posesión exclusiva de la sala de reuniones y de la denominación de bloque parlamentario radical intransigente. El reconocimiento será así casi imposible de negar por la Cámara. Si se considera que cuatro de los cinco senadores nacionales también responden a Frondizi, se tiene construido un valioso antecedente para la disputa judicial sobre la posesión del nombre.
• Alende atravesaba graves dificulta des internas dentro de su sector: Osvaldo Horacio Domingorena se sentía desautorizado por la Junta Nacional ya que al iniciar su gestión conciliatoria pidió y obtuvo de Alende el compromiso de que no se produciría ningún hecho nuevo, y poco después expulsó a Olegario Becerra y a Ideler Tonelli; grupos de caudillos metropolitanos reiteraban sus críticas a la conducción personal de los amigos directos de Alende en el distrito; en la provincia de Buenos Aires había causado malestar la expulsión de Olegario Becerra, considerado hasta entonces como eventual pieza de reserva para la conciliación.

Ganar tiempo
Los alendistas trataron por todos los medios de demorar la ruptura. Domingorena, en tanto, pedía cada vez nuevos plazos para continuar con su mediación. Finalmente, Pablo Calabrese era autorizado por Alende para negociar sobre la base de un reconocimiento a Oyhanarte como presidente de la Convención Nacional (iniciativa paradójica, ya que Oyhanarte es considerado como expulsado por Alende), una nueva convocatoria de la convención y una reunión entre Alende y Frondizi. La mayoría de los diputados frondizistas, en tanto, era partidaria de la ruptura inmediata. La declaración que anunció la decisión tampoco careció de sutileza: insta a todos los diputados a incorporarse al bloque, con lo que hace aparecer a los alendistas que no lo hicieren como "rebeldes", ya que son los frondizistas quienes tienen mayoría.
El frondizismo había hecho pie, como argumento en favor de la ruptura, en el rechazo virtual de Alende a la propuesta que presentaron los diputados nacionales Adalberto Mársico y Melchor Posse. La propuesta expresaba, en síntesis, que —dado que Alende exigía ser reconocido como presidente del partido— no quedaban sino dos caminos de acuerdo: si se aceptaba que el mandato de Alende estaba en vigencia, había que aceptar que todos los mandatos lo estaban (vale decir, que estaba en vigencia el Comité Nacional, con mayoría frondizista, la convención nacional y todas las autoridades provinciales "intervenidas" por Alende); en caso contrario, ningún mandato debía estar en vigencia, y juntas paritarias tendrían que hacerse cargo de la conducción del partido en todo el país.
Como los frondizistas saben que su fuerte está constituido por los bloques parlamentarios, ahora seguirán modelando la división según el ejemplo dado en el orden nacional: división de los bloques legislativos de la provincia de Buenos Aires y, luego, división en cadena de la República.
Simultáneamente, el sector frentista trataba —hacia fines de semana— de fortalecer su posición dentro del bloque y constituirse, así, en clara mayoría dentro de la representación parlamentaria.

Cogobierno
Entre el acuerdo y los cargos públicos
El sistema de representación proporcional obligó a los radicales del Pueblo a iniciar una política nueva en materia de colaboración por parte de partidos que están en el llano. En los países con gobierno parlamentario es habitual que diversas agrupaciones contribuyan a formar el gabinete nacional y se hallen representadas en distintos estratos de la administración pública. Si bien en la Argentina sigue existiendo un Ejecutivo fuerte, con gran poder decisorio, los jefes radicales del Pueblo no se engañaron con respecto a la implantación de la proporcionalidad: si no se lograba la buena voluntad de partidos opositores, éstos estaban en condiciones de dificultar la marcha del gobierno desde la Cámara de Diputados.
El radicalismo del Pueblo trató, entonces, de encontrar una fórmula que permitiera, por un lado, retener para sí toda la capacidad ejecutiva posible —entendiendo que sin sistema parlamentario no eran necesarias las concesiones excesivas— y, por el otro, conseguir una colaboración de partidos opositores que será indispensable en los debates y votaciones del Congreso. La solución fue, finalmente, ofrecer cargos no ejecutivos a distintas agrupaciones: se la enuncia bajo el rótulo de "principio de cogobierno".
En los partidos, el Ofrecimiento de una política de "cogobierno" sirvió para vehiculizar numerosos procesos internos pendientes y tuvo, de alguna manera, el carácter de "test" sobre la actitud de las distintas corrientes.

Hardoy v. Cueto Rúa
La reciente convención conservadora (Federación de Partidos de Centro) de la provincia de Buenos Aires fue considerada por los observadores como un buen índice de la distribución de fuerzas en la agrupación. Como se sabe, mientras la corriente que encabeza Emilio Hardoy es favorable a una colaboración con el gobierno, los amigos de Julio César Cueto Rúa opinan lo contrario, al menos en las actuales condiciones. "Oficialistas" y "opositores" en el plano nacional tienen allí un directo correlato en los "oficialistas" y "opositores" con respecto a la conducción partidaria. Los primeros han conseguido imponerse en la convención por 294 votos contra 113. Las cifras no han sorprendido a nadie, pero sí los entretelones de la reunión.
Desde hace un tiempo, se sabía que el sector que responde al aramburista Julio César Cueto Rúa estaba organizando sus cuadros en todos los distritos. Ese sector entendía que "hay que enfrentar desde ahora a la trenza Perette-González Bergez-Almada, pues cuando se desgasten los radicales tendremos entonces a toda la opinión del partido con nosotros". Señalan, además, que González Bergez y Almada "siguen operando todavía en función de su odio a Aramburu, basado en que Aramburu no fue golpista en la época de Frondizi".
La reunión de la convención comenzó con la lectura de un informe de Pablo González Bergez, presidente de la Junta Provincial de la Unión Conservadora. El informe quedó interrumpido al llegarse a los últimos episodios: allí se pidió el tratamiento de una moción que aconsejaba la colaboración con el gobierno, presentada por González Bergez y Ceferino Corral. Se generalizó, entonces, el debate: Cueto Rúa objetó la posición en favor de la colaboración y sostuvo que de esa manera la Federación se comprometería con todo lo que hiciera el gobierno sin poder influir sobre él, ya que no se ofrecían puestos ejecutivos. Marco Marcalain apoyó el criterio de González Bergez y recibió sucesivamente las objeciones de Enrique Pinedo, Carlos Acevedo, Francisco Falabella, Miguel
Dulevich y dos representantes de la juventud. De inmediato, Bonacelli Erguiaga hizo una defensa orgánica de la actual línea partidaria. Finalmente, habló Cueto Rúa y contestó Emilio Hardoy. Toda la asamblea esperaba el momento en que los jefes de los dos sectores se enfrentaran.
En su exposición, Hardoy puntualizó que el país no estaba en condiciones de vencer sus dificultades sin una política común. La colaboración, dijo, es un primer paso para una política común "cuyas únicas alternativas son el nasserismo, el frentismo, el peronismo o, directamente, el comunismo". La actitud de la Federación —agregó— permite promover esa política. Pero Hardoy esperó el momento culminante para hacer un anuncio concreto sobre los resultados logrados ya por la política de colaboración. Cuando sus adversarios expresaron que no era posible influir en los radicales del Pueblo, Hardoy, triunfalmente, señaló que ya existían garantías concretas.
Explicó los entretelones de sus diálogos con el vicepresidente de la República y aseguró que ante distintos planteos concretos de los conservadores, el doctor Perette se comprometió en forma directa y en nombre del presidente, con respuestas definidas. Las afirmaciones de Perette, consideradas satisfactorias como punto de partida por Hardoy, habrían sido las siguientes:
• El gobierno no reanudará relaciones diplomáticas con Cuba.
• El Poder Ejecutivo no se propone modificar el sistema de representación proporcional.
• Por ahora, no habrá variantes en lo que respecta a la Ley de Asociaciones Profesionales, pero se tomarán todos los recaudos posibles para asegurar una utilización imparcial de la misma.
• El radicalismo del Pueblo no renunciará a su programa económico.
Sin embargo, Hardoy se abstuvo de definir esos puntos como bases de un acuerdo; insistió, en cambio, en que existían suficientes garantías de que se podía influir desde dentro del gobierno. Su tesis se apoyó en el hecho de que "la colaboración con la UCR del Pueblo es posible porque los radicales del Pueblo se respaldan en los partidos democráticos; con Frondizi no era posible, porque éste se respaldaba básicamente en su alianza con Perón y sólo requería colaboración de fuerzas democráticas para encubrir su política esencial".

Los democristianos
Lo curioso es que los democristianos partidarios de una colaboración con el gobierno han tenido que sostener, dentro de su partido, tesis absolutamente contrapuestas para llegar o intentar llegar al mismo fin. Poco antes del 12 de octubre, Alciro Puig, vicepresidente en ejercicio de la Junta Nacional democristiana, Guillermo Frugoni Rey y Abelardo Levaggi mantuvieron una extensa reunión en el hotel Savoy, con los doctores Arturo Illia, Juan Palmero, Arturo Mor Roig y Carlos Perette. La iniciativa de la conferencia partió de este último. Allí, en forma oficial, el entonces presidente electo expuso los lineamientos generales de su política de cogobierno, para lo cual —dijo— requeriría la colaboración de todos los sectores políticos, "comenzando con aquellos que lo apoyaron en los colegios electorales."
A partir de ese momento, se sucedieron las entrevistas entre radicales del Pueblo y democristianos. Poco después del 12 de octubre, por intermedio de Perette el gobierno hacía su primera proposición concreta: vocalías en los directorios de los bancos y de empresas oficiales, cargos en el servicio exterior y en el Ministerio de Educación. El mismo Perette expresó entonces que "esas posibilidades pueden ser ampliadas, según las circunstancias". La Junta Nacional de la democracia cristiana se reunió en seguida para informarse de la propuesta hecha por el gobierno.
Como resultado, fijó en una nota al ministro del Interior las condiciones necesarias para la aceptación: planificación popular de la economía; anulación por decreto de los contratos petroleros; ruptura con el Fondo Monetario Internacional; política crediticia promocional de la industria y el agro; solución integral al problema de la vivienda; respeto y perfeccionamiento de la legislación laboral; derogación de la legislación represiva; levantamiento de las proscripciones; estatuto político igualitario y mantenimiento de la enseñanza libre.
Pero las exigencias democristianas no se referían solamente a principios programáticos. Además, decían que concretarían su colaboración con el gobierno si éste les adjudicaba "un área completa de poder desde la cual se pudiera iniciar en la Argentina una experiencia democristiana concreta".

Contrapropuesta
El ministro Palmero solicitó un plazo de siete días para contestar. El plazo venció el 24 de octubre, sin que se concretara la respuesta. Pero, simultáneamente, Perette retomaba sus contactos con los demócratas cristianos y les hacía saber que no existía ningún tipo de dificultades con respecto a los puntos programáticos "que son, por lo demás, similares a los nuestros", pero que el Presidente se oponía a la entrega de sectores completos de la conducción estatal a los democristianos por entender que "todos los mecanismos ejecutivos deben estar en manos radicales". No obstante, el miércoles a la noche, Perette habría hecho conocer a los dirigentes democristianos una nueva propuesta concreta: completa libertad de acción y decisión en Yacimientos Carboníferos Fiscales; vicepresidencia del Banco Central y puestos ejecutivos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales y en Agua y Energía.
Entre tanto, dos puntos disminuían el entusiasmo por colaborar en algunos sectores de la democracia cristiana: por un lado, tanto las declaraciones de Zavala Ortiz en favor de un rígido cumplimiento del principio de concordato como la "ofensiva laicista" en el Ministerio de Educación hicieron pensar a muchos que no resultaba ya impensable que los radicales del Pueblo innovaran en materia educativa; por otro lado, las declaraciones de Illia sobre contratos petroleros —vacilantes, a juicio democristiano— dieron la imagen eje que los radicales del Pueblo podían carecer de la voluntad o de la fuerza suficientes como para imponer su programa. Por lo demás, en muchos miembros de la Junta Nacional quedaba pendiente la siguiente inquietud: ¿Hasta qué punto las propuestas de Perette eran representativas de futuras actitudes de Illia?
Sin embargo, a fin de semana muchos dirigentes democristianos pronosticaban que el gobierno enviaría una nota contestando las reclamaciones doctrinarias en forma satisfactoria para los peticionantes; las propuestas concretas de cargos públicos serán seguramente aceptadas, quizá luego de algunos "tironeos", y toda "ruptura" del clima de colaboración quedaría descartada.
Lo cierto es que dos partidos con puntos doctrinarios totalmente divergentes entre sí parecían aprestarse a cogobernar, ambos sobre la base de principios programáticos. El punto de sustentación del gobierno de Illia se encontrará, por lo tanto, considerablemente ampliado antes de que la Cámara de Diputados comience a reunirse.
En cuanto a otro de los partidos en los que se está debatiendo la tesis del cogobierno, la Unión del Pueblo Argentino, se halla esperando que el gobierno concrete oficialmente su invitación a colaborar y realice propuestas positivas. Los dirigentes de la Unión del Pueblo Argentino piensan, en tanto, que difícilmente el gobierno avance en ese sentido hasta no completar sus "áreas de entendimiento" con democristianos y conservadores y llegar a algún tipo de acuerdo con los partidos neoperonistas que tienen representación en el Parlamento. Ese intervalo, por lo demás, les dará tiempo para demorar su respuesta hasta fin de mes, esperando así el resultado de las consultas entre dirigentes que se están realizando con vistas a la reunión del Comité Nacional que, seguramente, se efectuará en Rosario entre el 22 y el 23 del corriente mes.
Después de esa reunión, Aramburu pasará a ser —por lo demás— el árbitro "legalizado" de las decisiones de UDELPA, ya que allí será seguramente elegido presidente del Comité Nacional. Pero UDELPA dará todavía otro paso antes de contestar directamente cualquier proposición del gobierno: hará conocer una declaración política, estableciendo las bases sobre las que, a su juicio, es posible asentar una colaboración con el Poder Ejecutivo.
La expectativa, a la vez, volverá a colocar a Pedro Eugenio Aramburu como figura de primer plano en las tratativas que se realicen. Y alguna entrevista más o menos espectacular entre Aramburu y el presidente Illia puede complementar la faz publicitaria de la gestión.

Revista Primera Plana
5/11/1963

Ir Arriba