"Sé lo que digo", declaró a los periodistas el diputado socialdemócrata Antonio de Carvalho, en la escalinata del parlamento de Brasilia. "'En mi estado de Minas Gerais, el destino de nuestras propiedades rurales está ligado al mandato del presidente. Si el señor Goulart permite que las confisquen, confiscaremos su mandato." A su vez, el coronel Altino Machado, presidente de la Unión de Exportadores Agrícolas de la región de Gobernador Valadares, en el mismo estado, expresó: "El código civil garantiza el derecho de propiedad y, por consiguiente, el derecho a defender lo que nos pertenece con las armas en la mano".
Estos fueron los más audaces desafíos que hayan lanzado los terratenientes brasileños contra el orden constitucional en su país. Siguieron en pocas horas a la firma de un convenio entre la SUPRA (Superintendencia de Reforma Agraria) y los tres ministros militares, por el cual las fuerzas armadas prestarían apoyo a las expropiaciones. El acuerdo se firmó en el palacio Laranjeiras, en presencia del primer magistrado, a quien la prensa conservadora señala como "el gran culpable". Los ministros militares —asegura— son amigos de Goulart y apoyan su política, que consistiría en "comprar votos" por medio de las propiedades que se "confiscan'. Pero el ejército, y sobre todo las otras dos armas, estarían poco dispuestos a dejarse complicar en esa maniobra.
El parlamento brasileño demora intencionadamente la discusión de un proyecto de reforma agraria enviado per el gobierno, pero no pudo menos que aprobar una ley que autoriza la expropiación de ciertas propiedades, en la proximidad de carreteras y demás obras públicas costeadas por el erario federal. Las asociaciones de terratenientes denuncian la inconstitucionalidad de la ley, que admite el pago con bonos; pero aún antes de que la Corte se pronuncie, se han armado para repeler por la fuerza a los funcionarios de la SUPBA. A desarmarlos tiende el convenio con los ministros militares.
Pero Goulart está amenazado también por la impaciencia de los sin tierra. Días pasados, el ministro de Guerra, general Jair Dantas Ribeiras, debió estacionar tropas con ametralladoras en Laranjeiras —donde reside el presidente cuando se halla en Río— porque centenares de campesinos amenazaron con ocupar el palacio Entre tanto, en diversas regiones del país, las ligas agrarias organizadas por el agitador castrista Francisco Juliao lanzan invasiones en masa contra latifundios cuya expropiación no consta en la ley aprobada. La "guerra agraria" comenzó formalmente a mediados de enero, cuando hombres de Juliao se apoderaron de una vasta hacienda de la riquísima familia Ribeiro Coutinho. El administrador fue secuestrado; los "camponeses" (campesinos) le colgaron una campanilla al cuello y lo obligaron a bailar ante ellos; llegó la policía y comenzó el tiroteo: 14 muertos. El gobernador del estado de Paraiba exigió al gobierno federal que garantizase el orden.
Está claro que, si estos hechos continúan, si el movimiento se extiende, las fuerzas armadas tendrán que intervenir, con o sin venia de los ministros militares. Esa era, sin duda, la situación que preveía el diputado Carvalho cuando habló de "confiscar el mandato" presidencial.
Esta situación se asemeja curiosamente a la del Perú, donde la mayoría de apristas y conservadores discute sus propios proyectos de reforma agraria para no considerar el del gobierno, no obstante las intimaciones del presidente Belaúnde, quien insinúa el dilema: reforma o revolución. Belaúnde pide también a los campesinos que desistan de ocupar tierras por la fuerza, porque con ello favorecen la política de sus enemigos. El ex primer ministro Pedro Beltrán, desde su diario "La Prensa", denuncia diariamente una conjuración comunista; el ministro de gobierno Juan Languasco, que fue redactor de "La Prensa", echa mano a cuanto depósito de armas y cuanto grupo subversivo encuentra, pero insiste en que el gobierno no pedirá las leyes represivas que el Congreso le propone. Languasco proviene del departamento de Piura, en el norte, una de las dos regiones principales donde se libra la "guerra agraria" peruana —la otra es el Cuzco, en el sur—, y la oposición no le deja olvidar que su antecesor, Oscar Trelles, cayó precisamente a propósito de la cuestión agraria: los hombres de Haya y de Odria votaron una moción de censura y lo obligaron a retirarse. Trelles, que tenía rango de primer ministro, admitió, en su carta de renuncia, que existe actividad comunista, pero dijo también que las fuerzas conservadoras se sirven de ella para jaquear al gobierno y llevar el país a un colapso constitucional.
Las luchas agrarias tienen una antiquísima tradición en el país de los "comuneros". Hace dos semanas, cuando 15.000 campesinos —en su mayor parte indígenas— se desplegaron en abanico sobre San Juan de Catacaos, en el valle de Piura, y ocuparon 12.000 hectáreas al grito de "¡Viva Belaúnde!", dijeron que estaban reivindicando tierras de sus antepasados del siglo XVI, "usurpadas por la violencia o con argucias legalistas".
Primera Plana
18.02.1964

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