Somnolienta, bien pertrechada, la guardia alistó sus metralletas,
como si estuviera por comenzar la guerra; pero no hubo que
preocuparse: nada sucedía. En rigor, ya había sucedido. En la
madrugada del jueves, alrededor de las cinco, todo estaba en calma
en el pabellón de la Cárcel de Mujeres reservado a las Tupamaras.
Nadie advirtió algo extraño. Sin embargo, en ese momento, 38 mujeres
se hundían en la tierra, atravesaban un túnel de 25 metros —y 60
centímetros de diámetro— y volvían más misteriosa la leyenda sobre
el Movimiento de Liberación Nacional. Sólo cuatro mujeres —una
grávida, la otra con un hijito y dos con cercana libertad—
desestimaron la fuga. El desalojo de la prisión había sido casi
completo: en lugar de las rotuladas guerrilleras, los sorprendidos
guardianes hallaron bultos y muñecos. En menos de un año. las
activistas han conmocionado al Uruguay con sus huidas; el año
pasado, el 8 de marzo, aprovechando una misa, 13 reclusas ganaron la
calle. Entonces, el Ministro Federico García Capurro presentó su
renuncia. Luego, varias de esas mujeres regresaron, contra su
voluntad, a las celdas; García Capurro, políticamente, volvía al
Gabinete. Seis de las guerrilleras recapturadas, ahora vuelven a la
clandestinidad; con respecto al Ministro de Defensa, al filo de la
semana se presagiaba su inminente dimisión. Hay varios nombres
famosos entre las fugadas: Elida Baldomir, Miryam Fernández Márzico
de Zabalza, María Elia Topolansky Saavedra —hermana de otra célebre
guerrillera—, Jessie Árlette Macchi Torres —hija de un militar
prominente—, Mirta Fernández de Pucurull, Edith Moraes de Rodríguez,
Alicia Rey Morales Carmela —conocida por su puntería—, y Cristina
Cabrera Laport de Bidegain, esposa de Raúl Bidegain Greissing, un
jefe del movimiento que consiguió escapar del penal de Punta Carreta
hace veinte días. En suma, si el Gobierno había puesto entre rejas a
una importante porción del Movimiento, ahora debe volver a empezar.
Entretanto, los Tupamaros mantienen secuestrados a cinco personajes,
dieron a publicidad un documento; en él establecen las condiciones
para liberar al industrial textil Jorge Berembaun, a quien raptaron
el 12 de junio: exigen 400 mil dólares, que deberían ser repartidos
entre los obreros cesantes que, de un modo u otro, han tenido que
ver con la crisis en la empresa de Berembaun. Además de estas
condiciones, el Movimiento señala otros datos: el conjunto económico
Berembaun fue intervenido, en octubre de 1969, por orden del
Presidente Jorge Pacheco Areco. Entonces, reza el comunicado, se
probó la venta fraguada de una fábrica a "un tal Frank Cheatham, en
perjuicio directo de su personal y del país". También el MLN dice
que está probada "la retención de los aportes que, por las
exportaciones efectuadas, debía verter la empresa al Banco
República, una suma superior, a los 30.000.000 de dólares durante 20
ejercicios anuales". Agrega el comunicado que, en noviembre de
1970, el Estado devolvió las fábricas a los Berembaun; les habría
impuesto algunas obligaciones que, según los Tupamaros, luego no se
cumplieron: "El pleno empleo del personal", por ejemplo. Al margen
de continuar con la investigación y la consigna artiguista, "Los más
menesterosos deben ser los más privilegiados", el MLN lanzó el canje
de Berembaun. Al fin de semana, sin conocer pronunciamiento oficial,
se dedujo que los obreros aceptarían el dinero; no se sabía, en
cambio, si los dueños del mayor complejo textil del país estaban
dispuestos a pagar la suma requerida por la libertad de uno de sus
socios. Esta información, mutilada por la censura, no llega a los
diarios orientales. Hubo otros hechos convulsivos: los enredos del
juicio político que planean algunos senadores contra Pacheco Areco.
También se difundieron, aunque con escasa precisión, algunos
detalles de lo que puede convertirse en uno de los mayores
escándalos. Según parece, el Comandante de la Marina de Guerra
estaría a punto de renunciar: no es una cuestión política, sino un
delicado problema nacional. Se sostiene que un tribunal militar
habría emplazado al Presidente para que destituyera al
contraalmirante Guillermo Fernández Barbieri, a cambio de no
propalar los términos de la sentencia, que implicarían una
degradación deshonrosa del marino. Todo comienza con la acusación
de que Barbieri habría aceptado un pedido del agregado naval de los
Estados Unidos, para que un barco de guerra norte americano se
estacionara en aguas jurisdiccionales uruguayas, durante seis meses
con marines dispuestos a intervenir si se agravaba la situación
(primera plana Nº 332). No se niega la instalación del tribunal de
honor, aun que hay dudas sobre la sentencia; sir embargo, se estima
que el oficialismo evitará el escándalo, una calamidad que ya parece
imparable: los senadores Wilson Ferreira Aldunate (Partido Nacional)
y Zelmar Michelini (un colorado del Frente Amplio) tendrían en su
poder comprometedores documentos. Nunca, como ahora, el Uruguay
parece más cerca del derrumbe; el Estado es quien se acerca al
golpe: la fecha de las elecciones —noviembre próximo— ya parece
demasiado lejana. 60 • PRIMERA PLANA N* 444 • 3/VIII/71
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Cristina Bidegain y Carmela: y otra vez en la vía |
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