—¿Por qué dice usted Ley 16.881 en vez de 11.729? Cuando
faltaban menos de 24 horas para que el Poder Ejecutivo diera a
conocer su posición frente a las reformas a la Ley de despidos
sancionadas por el Congreso, un periodista que dirigía un debate
por televisión lanzaba extrañado esa pregunta al presidente de
la Cámara Argentina de Comercio, doctor Horacio García Belsunce.
El interrogado explicó que la 11.729 era la Ley preexistente
que, justamente, la 16.881 trataba de reformar. Pero todo el
mundo seguía hablando de la 11.729 como si fuera la Ley nueva; y
no era la única confusión. El propio García Belsunce observó
ese mismo martes por la noche la desinteligencia de dos ramas
del Gobierno —la política y la económica —frente al problema que
se planteaba. Por otro lado, el jefe de uno de los bloques
legislativos que apoyó las reformas —Héctor Gómez Machado, del
MID— iba a dar luego un viraje, como resultado de las
reprimendas recibidas en el plenario de su Comité Nacional:
"Nosotros —dijo— votamos la Ley, pero advertimos que en algunos
aspectos nos equivocamos". Que tenían razón quienes acusaban
al Gobierno de dualidad, lo demostró la guerra secreta de las
vísperas. Entonces se advirtió la presencia de tres corrientes
internas: • El Comité Nacional de la UCRP aconsejó vetar un
total de 7 artículos. • El Ministerio de Trabajo (que antes
apadrinó las reformas) presentó un proyecto aconsejando que
fueran vetados seis artículos. • El Ministro de Economía y
los técnicos del CONADE que lo auxiliaron en la revisión del
articulado, aconsejaron el veto de 16 artículos.
Curiosamente, la única objeción en que coincidían las tres
ponencias (la retroactividad al 15 de setiembre último) no fue
tenida en cuenta por el Presidente. En el mensaje iba a aludir a
la necesidad de amparar a quienes hubieran sido objeto de
sanciones injustificadas, como el despido, durante el lapso en
que se discutió la Ley. Aparte de la retroactividad y del
artículo de forma, sólo otras dos disposiciones quedaron en pie:
los artículos 39 (condiciones para la extinción del contrato de
trabajo y forma de pago de las indemnizaciones) y 40 (tope de
las indemnizaciones). Obviamente, el Gobierno intentó cargarle
el sambenito a otros, y en los considerandos de su decreto
3.643, dado a conocer el miércoles 18 a las 21.30, reveló un
intento que nadie conoció, en su oportunidad, formalmente: "A
pocos meses de nuestro Gobierno convocamos a las partes
(empresarios y obreros) para constituir un mecanismo de acuerdo
que se anticipara al Consejo Económico y Social, hasta que éste
fuera creado por Ley. La terminante negativa de esos momentos
constituye, esto se ve claro ahora, un error manifiesto
determinado por una actitud de excesiva suficiencia o de
desconfianza para la nueva modalidad de análisis de estas
cuestiones." Otra revelación del Gobierno fue la de que un grupo
de cuatro juristas estudiaba un anteproyecto de Código de
Trabajo.
La nueva frontera Las reacciones de los
sectores interesados en el proceso de la ley 16.881 fueron las
previsibles, teniendo en cuenta la amplitud del veto: los
trabajadores, esta vez encabezados por la Confederación de
Empleados de Comercio, se indignaron y decretaron la huelga. Los
empresarios adoptaron una actitud crítica que, de todas maneras,
no ocultó el desahogo por haberse sacudido de encima los
capítulos más horripilantes de la pesadilla que los amenazara.
El sector 'acielista', esta vez con el liderazgo de la Unión
Industrial, se reunió dos veces el jueves 19 para, por la noche,
entregar una declaración en la que califica de "plausible" el
veto de la mayoría de los artículos, y opone reparos sobre el
resto, incluso constitucionales. La CGE también mantuvo sus
reservas, pero en su comunicado informa que "ha resuelto dejar
sin efecto la promoción de nuevas medidas de fuerza por parte de
los sectores empresariales". Particularmente, algunos
dirigentes consultados por Primera Plana expresaron sus puntos
de vista. García Belsunce reiteró las objeciones de los
acielistas, para agregar luego que "ponderaba el veto del PE por
significar una correcta evaluación de la situación, por su
capacidad para reaccionar, por la sensibilidad a las objeciones
y por impedir que se legalizara la subversión". Finalmente,
respondió que el veto fue "un golpe compensado que no agrega
nada al panorama de las relaciones entre los empresarios y el
gobierno". El presidente de la Comisión Coordinadora de
Entidades Agropecuarias, José Lartirigoyen, dijo que el veto
"puede mejorar las relaciones entre los empresarios y el
gobierno, siempre que este último mantenga su actitud de
consulta y evalúe las opiniones desde un punto de vista
totalmente objetivo, sin caer en especulaciones políticas o
demagógicas". Finalmente, Juan Martín Oneto Gaona respondió,
luego de la consabida crítica al artículo que consagró la
movilidad automática de los topes indemnizatorios, que la
determinación del PE es de aplaudir porque "es coherente con el
propósito de afianzar la seguridad jurídica y sistematizar la
legislación laboral". También Juan Carlos Pugliese fue
consultado por Primera Plana sobre el futuro de sus relaciones
con la actividad privada: "Creo que las relaciones
gobierno-empresarios —dijo— han mejorado, y apenas terminemos la
discusión del Presupuesto, que absorbe nuestra atención,
retomaremos los contactos para proseguir a través de las
reuniones por sectores de actividades, la búsqueda de soluciones
que tiendan a mejorar la productividad del sector privado".
Para Pugliese, el desenlace de la Ley laboral tiene que haber
significado la apertura de un nuevo crédito del sector
empresario. También una suerte de voto de confianza del
Presidente Illia, que respetó toda su gestión y prefirió
escuchar, esta vez, al equipo económico de su Gobierno. La
incidencia política del gesto, sin embargo, no es desdeñable:
tal vez algunos votos del sindicalismo no peronista vayan a
perderse; pero el río donde va a pescar el radicalismo en las
próximas elecciones no es tanto el del no-peronismo como el del
antiperonismo, propicio para una polarización. Y entre los
núcleos antiperonistas no cabe duda que el empresario es uno de
los más eficaces aglutinantes. El jueves último, Juan Carlos
Pugliese intentaba poner otra pica en Flandes al hablar en una
comida de empresarios, los del Círculo Italiano. Allí invitó a
un encuentro a mitad de camino de los hombres de Gobierno que
"ven un panorama rosado" y un sector de la opinión pública que
"cree que estamos al borde del caos".
Perón opina sobre
el golpe MADRID — Jorge Taiana, ex rector de la Universidad
de Buenos Aires, fue presentado así a Primera Plana:
"Desempeñará funciones importantes en el peronismo". Quien lo
presentaba era el propio Juan Domingo Perón, que añadió:
"Algunos hombres se están quemando en escaramuzas de vanguardia,
pero el peronismo dispone de prestigiosas reservas para cuando
entre en acción el grueso del Ejército". Primera Plana
sorprendió a Perón, el martes pasado, cuando él y Taiana
terminaban de cenar en un restaurante céntrico de Madrid; la
sobremesa duró dos horas: el ex Presidente, quebrando su
costumbre para agasajar al visitante, se ausentó de su
residencia por la noche. Perón recordó, alegre, las caricaturas
de Flax y comentó los entretelones y consecuencias del
comunicado emitido el 1º de abril pasado por el Secretario de
Guerra de su país, general Castro Sánchez. La posibilidad de
un golpe de Estado en la Argentina fue analizada por el ex
Presidente en un largo monólogo. "La tregua —dijo— concluye a
mediados de junio. Entonces, habrá golpe. O en agosto. No en
julio, porque los militares son respetuosos de las fiestas del
Sesquicentenario y de la presencia de las misiones extranjeras."
Luego, con una sonrisa: "¿Qué pasaría si Pablo VI quiere ir a
Tucumán?" El gobierno que se instale después del golpe no
sería capaz —según Perón— de solucionar los problemas argentinos
bajo la oposición de radicales, conservadores y gorilas.
"Vendrán a pedir el apoyo del peronismo. Con elecciones o sin
ellas, el peronismo siempre es el árbitro de las situaciones",
definió. El ex Presidente dejó traslucir que existieron
gestiones para obtener tal apoyo, de parte de los mandos del
Ejército. "Me ofrecieron devolverme el grado de general. ¿Para
qué lo quiero? El grado lo obtuve sin hacer nada, con sólo dejar
correr el tiempo. En cambio, ser Perón me costó."
CGT
Comenzaron los 90 días El jueves pasado, a la tarde, quedaba
conjurada —al menos transitoriamente— la crisis interna que a
partir de febrero había convertido a la más poderosa central
obrera de América latina en un sello de goma. Ese día, el
proceso de reunificación iniciado en marzo sin éxito ("Comisión
de los 9"), e intensificado a partir del 26 de abril, llegó a su
fin al designarse las autoridades provisionales de la CGT.
Con la presencia de 79 delegados pertenecientes a 53
organizaciones (no participaron, desde luego, los gremios
"alonsistas" y los Independientes, enemigos de la
reunificación), se eligió un consejo directivo que deberá, en un
plazo máximo de 90 días, normalizar la CGT y reunir el congreso
nacional de la institución, único cuerpo capacitado por los
estatutos para designar los mandos definitivos de la central.
El consejo directivo (20 miembros: 9 vandoristas, 4
pro-vandoristas, 3 no-alineados, 2 oficialistas, un comunista,
un frondicista) constituyó el mismo jueves el secretariado de la
CGT, después de aceptar la renuncia del que venía presidiendo
Fernando Donaires (Papelero), luego de la defenestración de José
Alonso en febrero último. Francisco Prado, del poderoso
sindicato Luz y Fuerza, es el nuevo Secretario General de la
CGT; lo acompañan Riego Ribas (Gráfico), adjunto; Antonio
Scipione (Unión Ferroviaria), de Hacienda, con Manuel Rodríguez
(Químico) como prosecretario; Roque Azzolina (Metalúrgico),
secretario gremial, con Liberato Fernández (Marítimo) como
prosecretario; Alberto Damiani (Alimentación), de Previsión, y
Rogelio Coria (Construcción), de Prensa. Estimación sobre las
tendencias políticas de estos 8 miembros: 3 vandoristas, 2
oficialistas, un pro-vandorista, un comunista, un frondicista.
Antes de la trascendental asamblea del jueves 19, dos sindicatos
se apartaron del esfuerzo reunificador, si bien no de la CGT: La
Fraternidad, donde Ángel Bono no pudo contrarrestar la corriente
antiperonista; y FOECYT (empleados de Correos), una federación
no peronista que figuró entre los pioneros de la reunificación
(ver número 174, página 10). Por lo menos dos pujas
prolongaron las decisiones del 19: estuvieron referidas a los
cargos más altos del secretariado. El rival de Prado para la
Secretaría General era Eustaquio Tolosa, que desempeña ese mismo
puesto en la Confederación de Trabajadores del Transporte y el
Sindicato de Portuarios Pero la CATT dispuso que sus dirigentes
no podían integrar los organismos directivos, y el camino de
Prado quedó expedito. El SUPA (portuarios), en cambio, ubicó a
Paulino Pérez en el consejo directivo; por otra parte, Tolosa
fue nombrado para representar ante la Federación Mundial de
Obreros del Transporte, con sede en Caracas, a los trabajadores
argentinos en ese renglón. La otra lucha se libró por la
Secretaría Adjunta, entre Scipione y Ribas, dos oficialistas. La
UF contaba con más méritos, por su caudal numérico y su
combatividad; pero a último momento se prefirió a Ribas, quizá
para robustecer su prestigió, afectado en los últimos días por
la clamorosa renuncia de Luis Danussi a la secretaría general de
los Gráficos, en disidencia con la línea impuesta por Ribas.
Scipione, reacio a la cartera de Hacienda, aceptó dado el
limitado mandato de las actuales autoridades. Los medios
sindicales suponen que así podrá lograrse que el Gobierno
(Scipione se jacta de su íntima amistad con Illia, a cuyo
despacho tiene acceso en cualquier momento) permita un descuento
en los .salarios de los obreros para apuntalar el derrumbe
financiero de la CGT. El aporte extraordinario (10 millones de
pesos) y el aumento de la cuota sindical (a 2 pesos), resueltos
el jueves, son insuficientes para aliviar las angustias de la
central. A fines de semana, los observadores gremiales
especulaban con un posible reingreso de los Independientes a la
CGT. El veto presidencial a la nueva Ley 11.729, cuya redacción
y sanción legislativa forzaron los Independientes para conseguir
una "bandera" en su enfrentamiento con la mayoría peronista de
la CGT, desató las furias de este importante sector. En la ya
comenzada batalla contra el veto de Illia, los Independientes
necesitan aliados. Esos aliados. sin duda, están en la CGT. Y la
CGT declaraba el viernes el estado de huelga general en repudio
del veto.
Buenos Aires 1967 La UCRP se lanza al
antiperonismo El Senador nacional Rubén Blanco (UCRP, Buenos
Aires) enfatizó ante Primera Plana el viernes por la noche,
mientras transcurrían las deliberaciones de la convención
bonaerense del partido, en el comité de Belgrano al 700,
Avellaneda: "'Las versiones que andan corriendo por ahí no son
ciertas. Marini delega el mando por 30 días a causa de una
hepatitis; es una orden del médico". La noticia cundió entre
los 190 delegados, bordada con una explicación: el Gobernador
Anselmo Marini se siente física y moralmente destrozado después
de la denuncia del Diputado de la UCRI, José Epelboim, que lo
vinculó con negociados (esa denuncia fue desmentida por la
Cámara, y los antecedentes están a consideración de la Fiscalía
del Estado; ver Nº 177). Ricardo Balbín, en un discurso de 32
minutos ante la convención, reivindicó a Marini: "Estamos
conformes con su honradez, su inteligencia y su obra". Pero más
allá de los encomios, se admitía que el decaído Gobernador
resulta un escollo para los planes electoralistas de la UCRP, y
que las sombras arrojadas por Epelboim son la amenaza pendiente
de una Intervención. En los corrillos, un convencional de
Campana reveló que Marini aceptó delegar el mando y atender su
hepatitis sólo después de apadrinar secretamente la candidatura
a Gobernador de su Ministro de Hacienda, Ricardo Fuertes, un
dirigente de Pringles cuya renuncia a la cartera ya se
vaticinaba al promediar la semana pasada. La postulación de
Fuertes busca hundir la candidatura de Raúl Alfonsín, Diputado
nacional y presidente del comité bonaerense de la UCRP,
auspiciada por el balbinismo. En la confabulación, Marini contó
con el apoyo de la vieja guardia del Comité Nacional (Blanco y
Juan Prats, titular del Banco de la Provincia); los fuertistas
computaron a su favor, luego de una reunión celebrada en
Pringles el miércoles 18, dos convencionales bonaerenses
(Francisco J. Tejerina, Hugo Mosca) y catorce Intendentes.
Otro problema giró sobre un proyecto del que es autor Alfonsín:
la apertura de los padrones por un término de 90 días para que
se reincorporen a la UCRP los afiliados que ahora militan en la
UCRI y en el MID, como consecuencia de la ruptura radical en la
convención de Tucumán (1957). Al inaugurar el cónclave de
Avellaneda, Alfonsín se explayó sobre el espíritu que cabalga en
el nuevo pacto: "Debemos empujar este cambio, pagando nuestra
cuota, para comprender que una parte del pueblo que hace años se
alejó de nosotros no lo hizo porque abjurara de su democracia.
Esa fue la trampa que encontró en su camino". Luego, una
aclaración: "No se trata de apoyar a un partido, ni siquiera a
un Gobierno. Lo que de todos exige el momento argentino es el
esfuerzo indispensable para desarmar los espíritus, para poder
emprender la marcha, porque todo un pueblo unido ha resuelto
encontrarse con su destino". Quedó así expuesta, develada ya
sin vanos tapujos, la estrategia de la UCRP para las cruciales
elecciones de 1967: enfrentar al peronismo con una "unión
democrática" cuyo pilar serán los radicales (Nº 177). Balbín,
como en un rezo, confesó a los convencionales que "mi memoria se
tira para el tiempo"; al evocar la época peronista, dijo que la
Argentina "anduvo regalando desgracias", que "el engaño le costó
al país su moneda fuerte de 1946; vendiéndolo, se simulaba una
falsa felicidad para el pueblo". A los toques gorilas siguieron
las autodefensas: "¿No es verdad, acaso, que hemos puesto en
vigencia la democracia?". Lo más revelador salió de este
párrafo: "¿Quién quiere volver atrás? Si atrás es la noche, el
poder desmesurado, la negación del hombre argentino. Pero lo más
importante: ¿quién se niega a ayudar para salir adelante?" En
Avellaneda, a fines de la semana, se decretaba así la estrategia
de la opción, que el partido de Gobierno plantea en estos
ampulosos términos: Democracia (oficialismo y eventuales
aliados) versus Golpe Militar (consecuencia de un triunfo
peronista). En estos días, las calles céntricas de la Capital
verán afiches con esta leyenda: "Póngale el hombro a la Gran
Tarea". La Gran Tarea, un slogan casi johnsoniano, será la
legalidad y la defensa de las instituciones y el régimen
democrático. De esta manera, la UCRP piensa contrarrestar las
presiones políticas que traducen inquietudes por el fracaso del
Gobierno y el reclamo de soluciones que los militares comparten
(o formulan, como es el caso del Secretario de Guerra, general
Eduardo Castro Sánchez). En la convención bonaerense, y por
primera vez desde que asumió Illia, Balbín evitó el tradicional
panegírico del Presidente. Ni siquiera lo nombró. Fue su callada
respuesta por el veto a la Ley de despidos; se supone que la
Convención Nacional del viernes 27 albergará respuestas menos
silenciosas: el movimiento juvenil Agitación y Lucha —un canal
por donde se expresa, sin mavor compromiso, el balbinismo—
denunció la "sorprendente actitud del Ejecutivo", reiterando que
el radicalismo siempre fue "baluarte de conquistas sociales".
Sin embargo, el mayor contraste lo experimentó el comité de
Buenos Aires: en el segundo número de la revista que edita sobre
cuestiones económicas, con asesoramiento directo de Alfonsín,
hizo, el elogio de las reformas a la 11.729 y dio por descontado
que Illia vetaría apenas unos pocos artículos. En cuanto a la
unidad propuesta por Alfonsín, una de las imprevistas cuñas para
penetrar en la UCRI se reveló la semana pasada en la persona de
Gabriel del Mazo, Ministro de Defensa de Arturo Frondizi. Del
Mazo, exegeta yrigoyenista y adalid de la Reforma Universitaria
de 1918, criticó la conducción de Oscar Alende y alertó sobre
las ilusiones acerca de coincidencias engañosas, una clara
alusión al peronismo. La actitud dura de Balbín y su renovado
(y ahora explicitado) antiperonismo indican que, si los aliados
que se buscan no llegan, la proscripción será un hecho, como
única forma de sortear la encrucijada de 1967. Salvo que Illia o
los militares piensen otra cosa. 24 de mayo de 1966
PRIMERA PLANA
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