¿Qué otra cosa podía decir Leopoldo Suárez? Lo repitió el jueves y el viernes: era "impropio" y "absurdo" pretender que las Fuerzas Armadas habían formulado un planteo o emplazado al Gobierno., "Esto configuraría un estado de subversión que, desde luego, el Poder Ejecutivo no está dispuesto a aceptar, por razones de dignidad, de ninguna manera".
¿Qué otra cosa podía decir Eduardo R. Castro Sánchez? Lo repitió el jueves y el viernes: no existían planteos del Ejército, ni inquietudes, ni renuncias. Sin embargo, es el propio Secretario de Guerra quien desde enero presiona al Poder Ejecutivo para que rectifique sus planes políticos y económicos y aleje la inminencia de una revolución.
Pero la semana pasada, tanto Castro Sánchez como el Ministro de Defensa desarrollaron un diabólico operativo: envolver al resto del Ejército en aquellas presiones. No lo consiguieron, pero confusas noticias y versiones amañadas en círculos oficiales tendieron a señalar lo contrario, a afirmar que el Ejército (ya no sólo sus autoridades políticas) consumía la unidad de sus cuadros en una lucha no castrense por salvar al Poder Ejecutivo mediante el logro de reformas.
Fue un operativo de desgaste que los argentinos conocieron como "el documento de los diez puntos". Fue, en fin, otra de las pequeñas maniobras para sobrevivir que el Gobierno viene practicando desde que el Comandante en Jefe del Ejército, teniente general Pascual A. Pistarini, sentara el 29 de mayo, en un discurso doctrinario, la posición del Ejército y zambullera al PE en una crisis profunda, decisiva.

Golpes, pero de efecto
El Ejército jamás se mezcló en las actividades de Castro Sánchez (inspiradas por el Subsecretario de Guerra, general Manuel Laprida, y su eminencia civil, el doctor Oscar Puiggrós). Salvo concederle un plazo de silencio público al cabo del cual, si Castro Sánchez fracasaba, su dimisión sería automática. El plazo tendió a abreviarse ante el estancamiento del Gobierno: el discurso del 29 fue una advertencia del fin de la tregua interna. No extraña que pocos días después, y dado el vacío en que comenzaban a moverse, Castro Sánchez, Laprida y Suárez arrancaran del Presidente la primera reunión del gabinete nacional en casi tres años (ver Nº 181). Esa asamblea iniciada el viernes 10 y completada el lunes 13 (ocho horas de deliberaciones, en total), no pagó la expectativa creada: no podía pagarla, porque su fin era formal, un estruendo para distraer al país, ganar tiempo y aplazar soluciones y medidas.
El lunes, un comunicado oficial enumeraba las decisiones adoptadas por el gabinete: nada más que promesas, invitaciones al diálogo (inclusive del Canciller con el Primado de la Iglesia, Antonio Caggiano) y a un conciliábulo de Gobernadores; represión de los sabotajes, paros sorpresivos y huelgas ilegales en los servicios públicos; pago de haberes a los empleados de la Administración entre el 1º y 15 de cada mes, y amenazas contra la libertad. Finalmente, el anuncio de que los acuerdos habrían de repetirse los martes de las semanas siguientes.
Los cónclaves ministeriales del 10 y 13 habían sido, para un Presidente aislacionista como Arturo Illia, dos golpes de efecto con un destinatario exclusivo: las Fuerzas Armadas. Illia, acusado de no ejercer la autoridad hasta por sus propios correligionarios, respondía con mínimas concesiones, según su costumbre, aunque buscando exagerarlas. No obstante, el mismo lunes la impresión dominante era que las reuniones del gabinete no servían para superar los problemas de la Argentina, si bien podían marcar una novedad en la crisis institucional.
En la tarde del viernes 17, el general Castro Sánchez pudo pulsar una opinión parecida entre los altos mandos del Ejército. Ya entonces estaba en marcha el operativo envolvente que necesitaba el Gobierno como contrapartida de su jugada política: porque el viernes se entregaba la dirección de Teléfonos a un militar, el coronel (R) Gustavo Eppens, de tendencia colorada, y proseguían las gestiones para que otro jefe del arma, en actividad o en retiro, aceptara el cargo de Interventor en Tucumán, A mediados de semana, fracasaban los ofrecimientos.
El procedimiento de complicar a los militares, implacables críticos del Gobierno, en tareas afines al Gobierno, es un ardid típicamente radical: a las 24 horas de su ascenso en ENTel, el coronel Eppens estaba convertido en el blanco de las protestas de 34.000 usuarios incomunicados. De algún modo, el blanco era también el Ejército.
Por otra parte, el Ejecutivo buscó la complicidad de los demás sectores e instituciones de la vida nacional, derivó hacia ellos parte de las culpas que le son endilgadas. Ese es el verdadero fin de los diálogos propuestos o de los ataques desencadenados; a la misma tesis responde el traslado de la cuestión tucumana al Congreso. Mientras resulte posible, que sean los legisladores quienes condenen a los poderes provinciales (ver página 19).
Con todo, obtener el compromiso de los mandos militares era una aspiración mayor del Gobierno en su tarea de desgaste. Esa tarea comenzó el domingo 19, cuando El Día, un diario oficialista de La Plata, publicó el presunto programa de un futuro régimen revolucionario que sustituirá a Illia. Una copia de ese programa —que tiene algunas líneas de contacto con las ideas de los mandos—, tramada en círculos radicales, llegó a la redacción de El Día enviada por funcionarios del PE.
También tocó a El Día dar estado público al "documento de los diez puntos", el jueves 16. Ilustrativas casualidades. Como es obvio, el programa revolucionario y el documento de los diez puntos salieron de la misma fuente y provenían del mismo deseo del Gobierno. Pero esta segunda historia tuvo sus vaivenes y sus entretelones.

El discutido ultimátum
En la mañana del lunes 13, mientras deliberaba el gabinete, la Junta Superior de Calificaciones del Ejército (integrada por Pistarini y los 8 generales de división: Alsogaray, Iavicoli, Caro, Villegas, Hure, López, Aguirre y Guido Blanco) se reunía en la Secretaría de Guerra. Si bien se dedicó entonces a su cometido específico, pronto la consideración de la actualidad institucional se convirtió en tema único. Por la tarde, continuó el debate, y con la excepción de tres generales de división, hubo acuerdo en desechar como inoperantes los resultados del cónclave ministerial.
Castro Sánchez, enterado, convocó a la Junta para el día siguiente, una convocatoria política ya que la misión de ese organismo es asesorar al Secretario de Guerra. El martes, Castro Sánchez discutió con los escépticos mandos, volvió a defender la validez de su cruzada ante el PE, pidió una prórroga al plazo concedido, insistió en la integración de una comisión bipartita dedicada a estudiar las evoluciones del Gobierno y a decidir, cuándo debía retirársele el apoyo crítico del arma. Sólo recibió negativas, opiniones que lo contradijeron.
Finalmente, el Secretario pidió a los mandos le entregaran una síntesis de sus pensamientos e inquietudes, para transmitirla él al Presidente Illia. Se trató la difusión de un comunicado para aplacar la expectativa de la prensa, y Castro Sánchez solicitó que contuvieran una referencia a la defensa del orden constitucional. Se zanjó el conflicto cuando los generales Alsogaray y Villegas redactaron un texto vago.
El miércoles, los generales de división, en el despacho de Iavicoli (jefe del Estado Mayor), elaboraron la síntesis pedida por Castro Sánchez, cinco carillas a doble espacio donde se señala el desquicio de las empresas estatales, la desastrosa conducción económica, los errores de la política petrolera, la necesidad de acabar con el comunismo y reestructurar el gabinete y la urgencia en dar una solución concreta y definitiva al problema peronista "dentro de la Constitución y las normas democráticas" y de clarificar el calendario electoral.
A las 18, el documento fue entregado a Pistarini y éste lo puso en manos de Castro Sánchez. El jueves, los diarios, encabezados por El Día, imaginaban el memorándum de diez puntos y lo juzgaban un planteo directo al Poder Ejecutivo. Si era un planteo —y no lo era; sus redactores pusieron especial énfasis en destacar que era un asesoramiento requerido por el Secretario—, su origen revestía una originalidad en la materia: lo promovía el Gobierno, y no al revés, como solía ser hábito.
No obstante, ciertos observadores militares creen advertir que los generales de división se dejaron arrastrar a una trampa. Desde luego, no podían negarse a prestar el asesoramiento reclamado, pero pese a las desmentidas del Secretario y del Ministro de Defensa, quedó flotando la sensación de que, en el fondo, presionaban al Ejecutivo.
Entre los altos mandos, en cambio, el memorándum se interpreta como un gesto hábil, una nueva (¿o última?) prueba de la elasticidad del Ejército en sus relaciones con el poder político, de cómo trata de agotar todas las instancias. Sectores vinculados con estos cuadros superiores, entendieron que el documento era un ultimátum: porque el miércoles, Pistarini llamaba a los generales a una segunda reunión para el viernes 24, a fin de analizar el curso de los acontecimientos y "ratificar o rectificar" la actitud adoptada el miércoles 15. Pistarini decidía, además, informar a las otras dos Fuerzas, con el objeto de desarrollar una acción coordinada.
¿Por qué un ultimátum? Nueve días son un plazo exiguo; en tan breve lapso parece imposible practicar los cambios sugeridos a Castro Sánchez por la cúspide del arma. La asamblea del viernes 24 prolongaría así, según algunos informantes, hechos de relevancia, y empaparía de novedades la semana que corre entre el lunes 27 y el viernes l9 de julio. Tal vez por eso, Leopoldo Suárez convocó a una conferencia a los tres Secretarios y los 3 Comandantes en Jefe, que se realizará el jueves 23. Se hablaba, inclusive, de reeditarla con el Primer Magistrado.

Un aliado que parte
Toda la semana pasada estuvo bordada de episodios militares, especialmente el miércoles y el jueves. El 15, los tres Comandantes en Jefe almorzaron en la Secretaría de Guerra; Castro Sánchez deliberó con el Secretario de Marina, almirante Manuel Pita, y Pita con el Ministro de Defensa. Ese día se celebró un importante cónclave de los 28 brigadieres de la Aeronáutica, presididos por el Secretario, Mario Romanelli.
Romanelli informó de su gira por los Estados Unidos y de la necesidad de dar inmediato destino a Hugo Martínez Zuviría; en seguida, derramó su euforia por las reuniones del gabinete nacional, abriendo así una encrespada polémica que culminó cuando el Secretario preguntó a sus pares qué dirían a la prensa. El propuso entregar un comunicado donde se explicara que el Consejo de Brigadieres había tratado el mantenimiento del orden constitucional; opiniones contrarias llovieron sobre Romanelli y, según testigos, se habría producido el siguiente diálogo:
Un brigadier. — ¿Cómo podemos hablar de mantenimiento del orden, si en este país no hay orden?
Secretario. — Usted propicia el golpe, entonces.
Brigadier. — Yo propicio que esta situación se acabe.
Una compulsa a los 28 asistentes, inclusive los de los cuerpos auxiliares, mostró un compacto frente crítico al Gobierno, excepto en los casos del propio Romanelli, el Subsecretario Amílcar San Juan, y Rafael Valls. Al concluir la reunión, los mandos solicitaron a Romanelli que, si emitía un comunicado, fijara en él su posición personal pero que no tergiversara las ideas expuestas en ese instante.
El Secretario, luego de entrevistarse el jueves con Leopoldo Suárez, recurrió al expediente del trascendido oficial para expresar que si bien la Fuerza Aérea reconoce los problemas que sufre el país, cree en las salidas legales. Una ola de ira surgió entre los brigadieres al divulgarse el trascendido: no era lo que se había pactado el día anterior.
El miércoles, por la noche, 25 oficiales superiores del Ejército, pertenecientes a unidades de importancia, se congregaban en algún sitio de Buenos Aires para intercambiar opiniones sobre la situación general del país. Hubo coincidencia en que las Fuerzas Armadas deberían entrar en acción, de manera directa y a la brevedad, y se convino en informar de lo conversado a los mandos.
El jueves, por otra parte, Romanelli fue huésped de Castro Sánchez y Pita. Pero la conferencia terminó abruptamente, cuando el Secretario de Guerra se fue a su quinta en San Martín para festejar su 48º cumpleaños. El 16, ante un nuevo aniversario del movimiento de 1955, Pita aprovechó para lanzar una declaración legalista.
El viernes, mientras Castro Sánchez informaba que aún no había elevado a Suárez el documento de los generales de división, otra semana de intensas deliberaciones se cerraba para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el país entero estaba deliberando (ver página 11). El Gobierno seguía trazando estrategias para mantener su estabilidad, y un militar retirado, el general Héctor Solanas Pacheco, remitía al Secretario de Guerra una carta condenatoria por su oficialista comunicado del 19 de abril. El jefe de la Democracia Cristiana, José Allende, posible visitante de Arturo Illia, expresaba por radio: "Cuando los factores civiles del país no llenan cumplidamente la misión que les corresponde en la coyuntura histórica que se vive, es lógico que otras estructuras de poder, como son las Fuerzas Armadas, sientan la necesidad de tener presencia en el vacío de la República, que todo el mundo advierte".
Lejos de los estudios de esa radio, en el Círculo Militar de Olivos, el teniente general (R) Juan Carlos Onganía participaba de un banquete con sus compañeros de la "promoción 60" del Colegio Militar. Era otra de sus contadas apariciones públicas desde que en noviembre de 1965 abandonó la Comandancia en Jefe.
Otro abandono se había prestado, el jueves, a sugestivas interpretaciones: el Embajador de los Estados Unidos, Edwin Martin, uno de los más firmes protectores de Arturo Illia, regresaba a su país por cinco semanas. En esferas diplomáticas se supuso que el viaje respondía a un plan de Washington para mantener alejado al comprometido Martin en momentos que pueden albergar sorpresas en la política argentina.
Un episodio ocurrido el viernes, en Ezeiza, tuvo desfavorable repercusión entre los militares. Seis funcionarios del gobierno cubano, llegados para una conferencia de Ministros de Educación, se negaron a mostrar el contenido de sus valijas. A las cuatro horas, una orden de la Casa Rosada les facilitó el ingreso sin cumplir ese requisito.

El ignoto futuro
¿Qué hará el Gobierno en los próximos días? El Presidente ensayó una respuesta el sábado 11 de junio, al colocar la piedra basal del nuevo puente Pueyrredón: "No daremos, no digo un paso atrás, un paso al costado, porque marcharemos rectamente y nadie podrá decir que este Gobierno lo ha humillado, perseguido o ultrajado... Cuando alguien me ha hablado de que debemos cambiar las estructuras de la vida nacional, yo le digo a ese señor: ¿Cuál es su plan para cambiar las estructuras de la vida de la Nación? Tenga la bondad de presentármelo porque tal vez lo podamos incorporar a lo que nosotros estamos haciendo. Pero ninguno me presenta un plan". El ex Ministro Álvaro Alsogaray se sintió aludido y envió una carta a Illia; pero Illia se dirigía a sus objetores militares.
En el transcurso de la semana, obtuvo una declaración antigolpista de La Fraternidad y gestionaba un documento similar de la CGT (la central obrera se indignó contra un funcionario del Gobierno, el director general de Asociaciones Profesionales, y este hecho hizo temer que se obstruyera el diálogo con el Ministerio de Trabajo). En círculos oficiales, apagados ya los estruendos de la primera reunión del gabinete, se pronosticaban renuncias ministeriales y su aceptación, en julio.
Otra labor del Gobierno consistió en desalentar a un sector de la UCRP y a los militares que lo apoyan, sobre una inmediata proscripción del peronismo. Su tesis: esa medida debe tomarse al filo de las elecciones, para impedir que un frente organizado con tiempo desbarate las posibilidades del radicalismo en la provincia de Buenos Aires.
También desde esferas vinculadas con el Poder Ejecutivo se repitió la noticia (o el rumor) de que el Gobierno, para aplacar el creciente malestar de las Fuerzas Armadas, relevaría al teniente general Pistarini; otra versión sostiene que se pasaría a retiro a Pistarini y a los 8 generales de división que están en el país. Fuentes informadas sostienen que la semana pasada se negociaron desplazamientos en la cúspide militar: contra la salida de los Ministros Palmero, Zavala Ortiz y Leopoldo Suárez, el retiro de Alsogaray, Villegas y Pistarini. No hubo acuerdo. Otra propuesta frustrada habría sido el alejamiento de Castro Sánchez y Pistarini, y el reemplazo del segundo por el general Caro.
También en busca de resguardos ante un posible desborde constitucional, retornaba a Madrid el Embajador Juan Gauna, con la misión de arrancar a Juan D. Perón declaraciones antigolpistas. La noticia no pudo confirmarse, pero se insiste en que la iniciativa surgió de una reunión de Gauna con los Ministros Palmero y Zavala Ortiz.

Una cena
El miércoles pasado, por la noche, en una casa del barrio Norte, se sentaron a la misma mesa el Secretario de Guerra, general Castro Sánchez y el ex Presidente Arturo Frondizi (había otros invitados). El Secretario formuló una defensa de la legalidad y explicó que, a pesar de los inconvenientes que encuentra en su gestión, espera obtener del Poder Ejecutivo rectificaciones a su línea política.
Frondizi se tituló antigolpista, aunque volvió a esgrimir sus argumentos: se trata de que el país logre su desarrollo y salga del pantano en que se encuentra, no importa quien realice esa tarea. Castro Sánchez negó que estuviera a punto de estallar un movimiento militar contra el Gobierno, y se adjudicó la tarea de haber logrado imponer el orden dentro del Ejército. "Yo interpreto el sentir de los mandos", dijo. Hacia el fin de la charla, ofreció a Frondizi orquestarle una entrevista con el Presidente Illia.

Prensa extranjera: ¿Subversiva?
EL Poder Ejecutivo sostiene que la Argentina no está en crisis y quiere que el país cierre los ojos a las innumerables evidencias que prueban lo contrario. A quienes no cierran los ojos, como en el caso de cuatro publicaciones nacionales, los ataca públicamente, busca anularlos, Sin embargo, la prensa extranjera —que cuenta con corresponsales propios o enviados especiales y una obvia independencia de juicio— coincidía, la semana pasada, en que la crisis existe, y criticaba al Poder Ejecutivo, ¿Será acusada, por eso, de instigar a la rebelión?

• Le Monde, París, 9 de junio — "El gobierno Illia, presionado desde la izquierda, emplazado por los jefes del Ejército, trata incómodamente de sobrevivir hasta las próximas elecciones generales."
• The Times, Londres, 14 de junio — "Las conspiraciones y conflictos laborales en la Argentina, y la perspectiva de un régimen militar de indefinida duración en Brasil, demuestran que ambos países buscan todavía la estabilidad política... El reverso de la moneda [brasileña] se encuentra en la Argentina, donde hay un gobierno constitucionalmente electo que carece de fuerza para resolver los graves problemas económicos que lo acosan... De un año a esta parte hay rumores de un inminente golpe de las Fuerzas Armadas. Como los gobernantes brasileños, algunos militares argentinos han dicho que aunque no creen en el régimen militar, creen sí en la solución de los problemas económicos. Quizá actúen. Si lo hacen, alegarán que el Gobierno militar es el menor de los males."
• Ya, Madrid, 14 de junio — "El Presidente argentino se encuentra entre la espada y la pared. De una parte, trata de hallar solución a la crisis en sucesivas reuniones del gabinete de ministros. De otra parte, los altos mandos militares discuten con el teniente general Pistarini la posibilidad de tomar cartas en la crisis política. El muro lo forman los conflictos de índole económica, política (avance del peronismo) y docente (huelgas estudiantiles). Illia negocia una coalición con las fuerzas políticas no peronistas, a fin de poner fuera de la ley al peronismo y... seguir tirando. ¿Pero hasta cuándo."
• Correo, Lima, 15 de junio — "Las Fuerzas Armadas de la república del Plata están dando señales de agitación, descontento, resistencia a la autoridad y, en general, psicología prerrevolucionaria, de tal naturaleza
que justifican el temor de que el gobierno de don Arturo Illia corra la misma suerte que el gobierno de don Arturo Frondizi... Infortunadamente, el gobierno de Illia, aunque de título limpio, parece atacado de parálisis. A diferencia de Frondizi, Illia no sabe lo que hay que hacer ni lo que hay que enderezar."
• Le Monde, París, 15 de junio — "Para salvarse, el gobierno de Illia hizo importantes concesiones a los jefes de las Fuerzas Armadas. Por lo demás, la suerte del presidente Illia estaría ya determinada si las Fuerzas Armadas no se hallasen tan divididas. La Marina preferiría permanecer en la legalidad. La Aeronáutica estaría vacilante. En el Ejército, la mayoría de los generales sería favorable a una acción inmediata, mientras que otros desearían contemporizar."
• Diario de Noticias, Río de Janeiro, 16 de junio — "Un golpe en la Argentina, posible para unos y probable para otros, pero que nadie se atreve a calificar de inevitable, sería una catástrofe para otros países, y para América latina sería un retroceso más."
• La Prensa, Lima, 16 de junio — Una caricatura muestra a un grupo de militares frente a un grupo de civiles, entre los cuales se halla el Presidente Illia. Un militar dice: "Daremos el golpe de inmediato". Illia responde: "No, todavía no, esperen un poco."
• Newsweek, Nueva York, 20 de junio — En un extenso artículo sobre América latina, escrito luego de un viaje por México, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile, el jefe de Redacción Robert Christopher expresa: "En la Argentina, por ejemplo, Edwing M. Martin, el hábil Embajador norteamericano, se esfuerza por impedir un golpe militar contra el actual régimen, alegando que los Estados Unidos «han respaldado tradicionalmente... a los gobiernos elegidos en procesos constitucionales democráticos». Hay dos fallas en este argumento: una, que la constitucionalidad del presente Gobierno argentino es altamente cuestionable; otra, que un régimen militar podría, en realidad, preparar el camino para la restauración de algo más próximo a un verdadero gobierno representativo en la Argentina. Pero, sea como fuere, me parece sumamente discutible que el Gobierno de los Estados Unidos posea la sabiduría necesaria como para juzgar los problemas internos de la Argentina o los de las otras diecinueve naciones de América latina".

OTRO ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA
El martes 14, el Ministro de Educación y Justicia entregó a los periodistas el texto de una denuncia contra las revistas Primera Plana, Atlántida, Confirmado e Imagen y contra los columnistas Mariano Grondona (de Primera Plana) y Mariano Montemayor (de Confirmado), por eventuales actos de instigación a la rebeldía. El carácter público de la imputación ministerial obliga a analizar también públicamente sus fundamentos.
Aunque el lenguaje de la denuncia es por demás confuso, y aunque de ella no surgen claramente quiénes son los imputados, aparentemente el Ministro incrimina a Primera Plana y al columnista Grondona por participar en "la creación de un clima psicológico propicio" a la instigación directa que, en este caso, estaría consumada por un artículo de Montemayor. Las afirmaciones del martes 14 tienden a crear la imagen de una gran confabulación en la que cada revista (o cada columnista) se habría reservado un especial cometido, confiando por fin a Montemayor la ejecución directa del supuesto delito. Esto crea la improbable figura jurídica de la "instigación preparatoria de la instigación", en la cual, según el Ministro, habrían incurrido Primera Plana y Grondona.
Para avalar sus afirmaciones, el doctor Carlos Aleonada Aramburú señala algunos textos en los que Primera Plana da cuenta del clima político e institucional de la Argentina:
"Quedaba así reconocida la existencia de dos posiciones antagónicas dentro del arma (Ejército): la de sus autoridades políticas, embarcadas en una ardua y a veces lírica defensa del Presidente, y la de sus cuadros superiores, empeñados en una firme actitud crítica, capaz de desembocar, según muchos de ellos, en la toma del poder" (Nº 179, página 12).
"Numerosos sectores del Ejército explican el discurso de Pistarini como la señal de partida de acontecimientos trascendentales. Hay quienes lo interpretan como el aglutinante que requería el Ejército para fusionar definitivamente a los mandos altos y medios y encaminarlos hacia un solo objetivo: la toma del poder" (Nº 180, página 13).
El pasaje en que el Ministro cita a Grondona dice así, por otra parte: "Es de hacer notar que en esta misma revista aparece, en la página 11, un artículo que firma el señor Mariano Grondona titulado «La dictadura», en el cual se hacen reflexiones acerca de las relaciones entre dictadura y tiranía, que curiosamente aparecen como manifestaciones del general Onganía en el número de junio de 1966 de la revista Atlántida, en un artículo en el cual se sindica a este general como jefe del gobierno que se instauraría luego del golpe de Estado".
La lectura de los textos que anteceden no permite sino verificar una norma habitual de Primera Plana: la de dar a conocer toda la verdad (sea o no agradable, ortodoxa o heterodoxa) a sus lectores. En cuanto a la mención del artículo de Grondona (Nº 179), la culpa parece derivarse del hecho "curioso" de que el teniente general Onganía haya ensayado una distinción semejante, según la revista Atlántida. ¿Esto significa que el general Onganía leyó el artículo de Grondona y acepta sus distinciones? ¿O que, por el contrario, Grondona recogió la distinción del ex Comandante en Jefe? ¿O, por fin, que el redactor de Atlántida está influido por Grondona o bien influye sobre él? Es ante estas disyuntivas cuando asoma la perplejidad. ¿Donde está, en efecto, la instigación? ¿E instigación a qué?
Quizá pueda presumirse que el Ministro, conmocionado por el clima político que vive la Argentina, confundió "informaciones" y "opiniones" con "instigación"; que se dejó llevar por la pasión política o por una imaginación demasiado fervorosa. Ningún hombre sensato podría creer en el montaje de esta extraña confabulación entre periodistas y militares. Los periodistas de Primera Plana informan; también opinan. Pero la realidad está más allá de ellos, inconmovible, permanente. Y es la realidad la que muestra a generales, almirantes y brigadieres reunidos, al Gobierno presionado, al golpe comentado en todos los ámbitos nacionales e internacionales. El periodismo no ha creado ni inventado esta situación. Culpar al periodismo por su existencia es como golpear al médico que anuncia una enfermedad: un acto tan gratuito como inútil.
Al Gobierno le quedaban otros caminos más sencillos y amplios que el de esta denuncia: la reunión de gabinete que la precedió dejó como saldo una repentina vocación por el diálogo con todos los sectores de la vida nacional. Es sintomático que la prensa haya sido excluida de ese diálogo: el Presidente lleva Casi tres años en el Poder sin convocar a una sola conferencia periodística, sin conceder reportajes que no sean circunstanciales (a excepción de los que obtuvieron algunos corresponsales extranjeros), lo que configura una manera de fomentar la búsqueda de información a través de confidentes. Al cerrar las fuentes de toda noticia que no sea la de los comunicados oficiales, el Gobierno parece haberse inclinado antes por un silencio hostil que por una relación franca. Esa actitud no podía culminar en una ruptura o en un mero enfriamiento da relaciones, puesto que las relaciones con la prensa fueron nulas o apenas formales, desde octubre de 1963; tampoco en una aceptación de las críticas que la prensa le formulaba, porque si las había tolerado hasta ahora (aun atenuando esa tolerancia con presiones económicas, con protestas entre dientes), no parecía dispuesto a oírlas. El único desahogo posible iba a ser, pues, esta denuncia ministerial.

La cara de la justicia
El agobiador acopio de datos jurídicos en que el Ministro incurrió al formular su denuncia obliga a recorrer, siquiera brevemente, la figura penal de "instigación a cometer delitos",
El Código Penal, en su artículo 209, sanciona al que "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución". En este caso, el delito Instigado sería el de rebelión; por el derrocamiento de las autoridades constituidas, mediante alzamiento armado, o como dice el Código en su artículo 226, por "deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional".
La instigación supone ciertas condiciones esenciales: 1) Debe dirigirse a producir un hecho determinado, concreto, singular, y no puede ser una exhortación más o menos vaga y genérica. 2) Supone en el autor la intención real, deliberada, consciente, de lograr el efecto buscado y, por lo tanto, la posibilidad razonable de que su prédica lleve a los instigados a cometer el delito. 3) Esta intención (según el maestro Cerrara, a quien el Ministro cita en su denuncia) tiene que ser "seria", esto es, debe configurar un acto adecuado a su objeto y verdaderamente querido por el autor en sus efectos y consecuencias. 4) La instigación, por fin, debe aparecer objetivamente como tal, tiene que mostrar en su expresión pública los rasgos inequívocos de la exhortación ten-diente a mover la voluntad de aquellos que obrarán de acuerdo con los deseos del instigador.
Algunos fallos de la Justicia argentina pueden reforzar el concepto jurídico de este delito:
"Es menester que objetivamente se incite a realizar una acción, un hecho material que constituya delito" (La Lev, t. 20, pág. 514).
"No debe confundirse la instigación con la simple propaganda de ideas" (Jurisprudencia Argentina, t. 39, pag. 882).
Esta última cita, por fin, pone en la pista de un aspecto importante de la cuestión: bajo el pretexto de perseguir a la instigación, un Gobierno puede caer en la tentación de pugnar contra ideas o informaciones con las que no concuerda. Detrás de una acción por instigación pus-de darse, entonces, un atentado contra la libertad de pensamiento y expresión.
No puede suponerse que el Ministro de Justicia, versado en Derecho, haya creído que su denuncia contra Primera Plana y contra Mariano Grondona tenga la más ligera posibilidad judicial de prosperar, a menos que el apasionamiento político lo haya convencido de lo contrario. Pero el doctor Alconada Aramburú, luego de cumplir con sus deberes de funcionario público a través de la simple denuncia, convocó a una conferencia de prensa y pregonó su temeraria imputación utilizando todos los medios de publicidad a los que tiene acceso por su encumbrada Posición. Esa publicidad no corresponde con la intención de hacer justicia: implica una acusación pública y directa, sin posibilidad de fácil réplica. Y es ahí donde la actitud ministerial adquiere su verdadera dimensión: la de un ataque ilegítimo contra el derecho de informar y de pensar. Es el mismo viejo fenómeno de la intolerancia que, por cobijarse en un respeto aparente a las vías judiciales, resulta todavía más censurable: atacando de soslayo, el Ministro asume el carácter de simple "denunciante", como un transeúnte que recorre la ciudad, advierte un hecho sospechoso, informa sobre él a la autoridad, y se lava las manos.
Es, en definitiva, un nuevo acto de intimidación. Es la confesión oficial de que entre los centenares de publicaciones que hablan de golpe y analizan sus consecuencias, algunas y sólo algunas reciben el anatema del Gobierno. Es indicar con el dedo lo que el Gobierno no tolera, esquivando luego las consecuencias de esta intolerancia con el lavatorio de las manos.
Por eso la defensa de Primera Plana será pública, como el ataque infligido. Esa actitud es coherente con su antigua voluntad de no callar, de no mentir, de no disfrazar, de cumplir con su misión sin rencores ni apasionamientos. Alguien tiene que dar testimonio de lo que pasa. A veces, los protagonistas se irritan por ese testimonio y golpean ciegamente al que lo brindó. A menudo, estos golpes son solapados e inoperantes; a menudo, también, decisivos, mortales. Pero la realidad no se modifica, aunque los testigos enmudezcan. Sólo que entonces nadie la comunica o la descifra. En el fondo de todo ataque a la libertad de prensa alienta la pretensión de cambiar los hechos embistiendo a quienes los señalan. Los acusadores rompen mil espejos, sin llegar a romper lo que en ellos se refleja.
PRIMERA PLANA
21 de Junio de 1966