El reemplazo del IVA
por Raúl Cuello
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La reforma fiscal, un tema tantas veces tratado en nuestro país, ha sido enfocada siempre sobre bases no realistas. El replanteo total del sistema debe atender objetivos tradicionalmente no tenidos en cuenta, como por ejemplo el costo económico y social de administrarlo. El IVA sólo ha agravado el cuadro.

Cuando se efectúa una afirmación como la que realizara en el último número de Carta Política debe admitirse que alguien la considere poco académica. Sobre todo en un contexto como el nuestro donde existe tanta propensión a la importación de instrumentos económicos desvinculados del medio al que serán aplicados.
No voy a cometer el error de expresar que el academicismo me interesa poco, del mismo modo que no podría expresar que la teoría económica no sirve para nada. Nada tan lejos de mi propósito. Pero es el caso de que cuando se expresa que una propuesta no es académica, lo que verdaderamente se quiere significar es que la misma no es seria.
Y entonces en función del academicismo pareciera que se debe apoyar todo instrumento que válido en otras latitudes se aplique en Argentina. No me encuentro en esa corriente de pensamiento porque interpreto que así es como hemos llegado —en el plano impositivo—, mediante la aplicación de instrumentos serios, a un sistema que no lo es en absoluto.
Por lo tanto cuando digo el IVA debe ser derogado, no estoy cuestionando al impuesto en sí, sino su aplicación a una estructura fiscal inadecuada a nuestro país, al que impone un alto costo no solamente en términos monetarios sino también sociales. Que no cumple con ninguna finalidad económica sino lo que es peor, se revela como incapaz de aportar a la Tesorería Nacional los recursos suficientes para financiar los Gastos Públicos sin que aparezcan peligrosas tensiones inflacionarias como ocurre en la actualidad.
El IVA ha deteriorado aún más el cuadro y urge por lo tanto una redefinición en la materia, redefinición que según propongo debe comenzar con la eliminación inmediata de este impuesto. Claro está que si demuestro mi preocupación por el financiamiento público, no estoy propiciando la caída de la recaudación impositiva.
Este impuesto debiera ser reemplazado por un impuesto general a las transacciones en todas sus etapas, exceptuando aquellas que comprendan exclusivamente las realizadas originalmente por el sector agropecuario y las que se produzcan como consecuencia de un muy reducido grupo de artículos que integren la canasta familiar. Su tasa mínima debiera ser del 2 % y constituiría para el Estado, en el ejercicio actual, una fuente tributaria de considerable importancia y ayudaría a cerrar una brecha sumamente peligrosa dentro del sistema.
Debería estar acompañada su implementación por las reformas legales suficientes como para facultar al cuerpo de inspección de la DGI a verificar su cumplimiento en función de las ventas que se realicen. Dicho en lenguaje técnico, que las inspecciones de punto fijo tengan respaldo legal.
Claro está que habrá quien formule reparos en relación al efecto de piramidación que tiene un impuesto de esta naturaleza y al que paralelamente pueda tener sobre los precios. Dejando de lado el efecto precio que tuvo el IVA a pesar de la opinión en contrario que sustentaron quienes se mostraron favorables al mismo, creo que a esta altura de las circunstancias, con la inflación que se registra en nuestro país y el impulso que recibirá adicionalmente por conducto del déficit presupuestario, este argumento carecería de consistencia. ¿O es que acaso la inflación no constituye un impuesto que actúa regresivamente sobre todo el cuerpo social?
La ventaja de este impuesto sobre el IVA radica en la simplicidad de su determinación y la posibilidad de ser motivo de una rápida verificación.
Más allá de esto y como dijera previamente, todo el sistema argentino incluyendo el de financiamiento provincial, debe ser motivo de cuestionamiento partiendo de ciertos objetivos que a mi juicio debieran ser los siguientes: a) institucionalización de impuestos sobre bases objetivas y no subjetivas como ocurre en la actualidad. De este modo el sistema podría tener asegurada la predicción de la recaudación; b) liberar recursos humanos que se encuentran aplicados a la administración de un sistema al que en definitiva el país no controla. Debe entenderse por esto la cantidad de profesionales y expertos altamente capacitados, cuya rentabilidad social sería mucho más alta en otras funciones económicas. La inteligencia es un factor escaso en todo país en desarrollo y nosotros no la estamos aprovechando plenamente; c) dar prioridad al gasto en la política de redistribución de los ingresos, sacrificando en la aplicación de los impuestos una equidad que sólo existe en el texto de la ley, lo cual no implica regresividad total impositiva; d) fijar como prioridad absoluta la canalización del ahorro interno a la formación de capital en el sector privado de la economía eliminando el clima de especulación que hoy se aprecia; e) proveer de recursos suficientes al Estado para financiar una estructura de gastos racionalizada y la formación de capital social básico.
Por supuesto que éstas son ideas generales, mis ideas sobre un estado de cosas que ya no podemos tolerar más los argentinos que estamos inmersos en un sistema impositivo absolutamente irregular y que requiere periódicamente la sanción de moratorias y blanqueos que socavan la moral contribuyente.
Debe reconocerse que cuando la evasión se generaliza y adquiere la gravedad que tiene entre nosotros ,según se ha manifestado en reiteradas oportunidades, se pierde tiempo buscando culpables con nombres y apellidos para sancionarlos. El verdadero culpable es el régimen legal que posibilita tal estado de cosas.
Ahora bien. Esa reforma para ser efectiva, debe ser integral como lo puntualizo. Y con todo el respeto que me merecen los expertos en derecho tributario, pienso que debe ser realizada con gente decididamente compenetrada del funcionamiento del sistema económico, fundamentalmente por economistas que tengan una visión comprensiva no solamente del funcionamiento del sector público, sino también del sector privado. Y que además tengan alguna experiencia administrativa dentro del Estado. Esto desde ya no excluye el concurso de otros profesionales ni de representantes del sector privado. Pero quede en claro que el problema no es exclusivamente fiscal ni de derecho tributario como tradicionalmente ha sido enfocado en nuestro país.
El día que se reflexione seriamente acerca de las causas de la pérdida de nuestra posición relativa vis a vis las naciones del mundo, pocas dudas cabrán que en el listado el régimen de impuestos ha de ocupar una posición preferente. No porque la presión tributaria sea excesiva, sino porque no estimula el ahorro y la inversión, es complejo y costoso, y entre otras cosas no alienta al espíritu creador de aquellos empresarios que no pueden competir con quienes hacen de la evasión un ejercicio habitual.
Como argentino me resulta sumamente penoso todo este cuadro y como profesional de las ciencias económicas me cuesta asistir al espectáculo que brindan importantes contingentes de alumnos que ingresan a nuestras universidades para capacitarse en el tema impositivo que constituye en la actualidad una fuente importante de ingresos. Quienes buscaron otra especialidad difícilmente encuentran ocupación con una remuneración acorde a la misma, por ejemplo los licenciados en economía.
En un país como el que tenemos esto es un contrasentido y quienes así lo entiendan deben contribuir en el plano de las ideas a terminar con este estado de cosas. El IVA no va, pero es sólo una parte de la historia.
CARTA POLITICA
Otoño de 1975

Nota: acerca de Raúl Cuello en http://www.lanacion.com.ar/2007635-raul-cuello-un-tributarista-minucioso-y-amante-de-la-opera

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Raúl Cuello