La reforma fiscal, un tema tantas veces tratado en
nuestro país, ha sido enfocada siempre sobre bases no
realistas. El replanteo total del sistema debe atender
objetivos tradicionalmente no tenidos en cuenta, como por
ejemplo el costo económico y social de administrarlo. El
IVA sólo ha agravado el cuadro.
Cuando se efectúa una afirmación como la que realizara en
el último número de Carta Política debe admitirse que
alguien la considere poco académica. Sobre todo en un
contexto como el nuestro donde existe tanta propensión a
la importación de instrumentos económicos desvinculados
del medio al que serán aplicados.
No voy a cometer el error de expresar que el academicismo
me interesa poco, del mismo modo que no podría expresar
que la teoría económica no sirve para nada. Nada tan lejos
de mi propósito. Pero es el caso de que cuando se expresa
que una propuesta no es académica, lo que verdaderamente
se quiere significar es que la misma no es seria.
Y entonces en función del academicismo pareciera que se
debe apoyar todo instrumento que válido en otras latitudes
se aplique en Argentina. No me encuentro en esa corriente
de pensamiento porque interpreto que así es como hemos
llegado —en el plano impositivo—, mediante la aplicación
de instrumentos serios, a un sistema que no lo es en
absoluto.
Por lo tanto cuando digo el IVA debe ser derogado, no
estoy cuestionando al impuesto en sí, sino su aplicación a
una estructura fiscal inadecuada a nuestro país, al que
impone un alto costo no solamente en términos monetarios
sino también sociales. Que no cumple con ninguna finalidad
económica sino lo que es peor, se revela como incapaz de
aportar a la Tesorería Nacional los recursos suficientes
para financiar los Gastos Públicos sin que aparezcan
peligrosas tensiones inflacionarias como ocurre en la
actualidad.
El IVA ha deteriorado aún más el cuadro y urge por lo
tanto una redefinición en la materia, redefinición que
según propongo debe comenzar con la eliminación inmediata
de este impuesto. Claro está que si demuestro mi
preocupación por el financiamiento público, no estoy
propiciando la caída de la recaudación impositiva.
Este impuesto debiera ser reemplazado por un impuesto
general a las transacciones en todas sus etapas,
exceptuando aquellas que comprendan exclusivamente las
realizadas originalmente por el sector agropecuario y las
que se produzcan como consecuencia de un muy reducido
grupo de artículos que integren la canasta familiar. Su
tasa mínima debiera ser del 2 % y constituiría para el
Estado, en el ejercicio actual, una fuente tributaria de
considerable importancia y ayudaría a cerrar una brecha
sumamente peligrosa dentro del sistema.
Debería estar acompañada su implementación por las
reformas legales suficientes como para facultar al cuerpo
de inspección de la DGI a verificar su cumplimiento en
función de las ventas que se realicen. Dicho en lenguaje
técnico, que las inspecciones de punto fijo tengan
respaldo legal.
Claro está que habrá quien formule reparos en relación al
efecto de piramidación que tiene un impuesto de esta
naturaleza y al que paralelamente pueda tener sobre los
precios. Dejando de lado el efecto precio que tuvo el IVA
a pesar de la opinión en contrario que sustentaron quienes
se mostraron favorables al mismo, creo que a esta altura
de las circunstancias, con la inflación que se registra en
nuestro país y el impulso que recibirá adicionalmente por
conducto del déficit presupuestario, este argumento
carecería de consistencia. ¿O es que acaso la inflación no
constituye un impuesto que actúa regresivamente sobre todo
el cuerpo social?
La ventaja de este impuesto sobre el IVA radica en la
simplicidad de su determinación y la posibilidad de ser
motivo de una rápida verificación.
Más allá de esto y como dijera previamente, todo el
sistema argentino incluyendo el de financiamiento
provincial, debe ser motivo de cuestionamiento partiendo
de ciertos objetivos que a mi juicio debieran ser los
siguientes: a) institucionalización de impuestos sobre
bases objetivas y no subjetivas como ocurre en la
actualidad. De este modo el sistema podría tener asegurada
la predicción de la recaudación; b) liberar recursos
humanos que se encuentran aplicados a la administración de
un sistema al que en definitiva el país no controla. Debe
entenderse por esto la cantidad de profesionales y
expertos altamente capacitados, cuya rentabilidad social
sería mucho más alta en otras funciones económicas. La
inteligencia es un factor escaso en todo país en
desarrollo y nosotros no la estamos aprovechando
plenamente; c) dar prioridad al gasto en la política de
redistribución de los ingresos, sacrificando en la
aplicación de los impuestos una equidad que sólo existe en
el texto de la ley, lo cual no implica regresividad total
impositiva; d) fijar como prioridad absoluta la
canalización del ahorro interno a la formación de capital
en el sector privado de la economía eliminando el clima de
especulación que hoy se aprecia; e) proveer de recursos
suficientes al Estado para financiar una estructura de
gastos racionalizada y la formación de capital social
básico.
Por supuesto que éstas son ideas generales, mis ideas
sobre un estado de cosas que ya no podemos tolerar más los
argentinos que estamos inmersos en un sistema impositivo
absolutamente irregular y que requiere periódicamente la
sanción de moratorias y blanqueos que socavan la moral
contribuyente.
Debe reconocerse que cuando la evasión se generaliza y
adquiere la gravedad que tiene entre nosotros ,según se ha
manifestado en reiteradas oportunidades, se pierde tiempo
buscando culpables con nombres y apellidos para
sancionarlos. El verdadero culpable es el régimen legal
que posibilita tal estado de cosas.
Ahora bien. Esa reforma para ser efectiva, debe ser
integral como lo puntualizo. Y con todo el respeto que me
merecen los expertos en derecho tributario, pienso que
debe ser realizada con gente decididamente compenetrada
del funcionamiento del sistema económico, fundamentalmente
por economistas que tengan una visión comprensiva no
solamente del funcionamiento del sector público, sino
también del sector privado. Y que además tengan alguna
experiencia administrativa dentro del Estado. Esto desde
ya no excluye el concurso de otros profesionales ni de
representantes del sector privado. Pero quede en claro que
el problema no es exclusivamente fiscal ni de derecho
tributario como tradicionalmente ha sido enfocado en
nuestro país.
El día que se reflexione seriamente acerca de las causas
de la pérdida de nuestra posición relativa vis a vis las
naciones del mundo, pocas dudas cabrán que en el listado
el régimen de impuestos ha de ocupar una posición
preferente. No porque la presión tributaria sea excesiva,
sino porque no estimula el ahorro y la inversión, es
complejo y costoso, y entre otras cosas no alienta al
espíritu creador de aquellos empresarios que no pueden
competir con quienes hacen de la evasión un ejercicio
habitual.
Como argentino me resulta sumamente penoso todo este
cuadro y como profesional de las ciencias económicas me
cuesta asistir al espectáculo que brindan importantes
contingentes de alumnos que ingresan a nuestras
universidades para capacitarse en el tema impositivo que
constituye en la actualidad una fuente importante de
ingresos. Quienes buscaron otra especialidad difícilmente
encuentran ocupación con una remuneración acorde a la
misma, por ejemplo los licenciados en economía.
En un país como el que tenemos esto es un contrasentido y
quienes así lo entiendan deben contribuir en el plano de
las ideas a terminar con este estado de cosas. El IVA no
va, pero es sólo una parte de la historia.
CARTA POLITICA
Otoño de 1975
Nota: acerca de Raúl Cuello en
http://www.lanacion.com.ar/2007635-raul-cuello-un-tributarista-minucioso-y-amante-de-la-opera