Cuando el sábado pasado se despidieron los presidentes Alejandro Lanusse y Salvador Allende, comenzó a hablarse del espíritu de Salta. Los últimos actos de la visita del mandatario trasandino se vieron oscurecidos por la recaída en el cólico renal, que comenzó a afectar a su colega argentino el viernes a la noche y alcanzó posiblemente su punto más doloroso cuando acompañaba a Allende en una vuelta por la ciudad de Salta. Pero el problema de salud del argentino no impidió que el encuentro enmarcado por un razonable calor popular fuera una buena muestra de como dos países con estructuras distintas y gobernados con diferentes posiciones ideológicas habían encontrado —no siempre en forma fácil- los puntos suficientes como para iniciar una marcha común en varios campos en que sus intereses son complementabLes.
Mientras la declaración conjunta de los presidentes mostraba una cierta frialdad protocolar, en las conversaciones celebradas por los miembros de las dos comitivas y en los discursos pronunciados -el de Lanusse tuvo significativas refirmaciones de política interna— se notaba mejor el clima de cordialidad imperante.
Se eligió a Salta para el encuentro debido a razones de seguridad prefiriéndosela a Mendoza porque en esta ciudad se encuentran muchos chilenos desafectos a la política allendista y se organizó la agenda con la intención de dar pie a las dos partes a mantener frecuentes contactos personales, especialmente al más alto nivel. La declaración conjunta, documento básico de la reunión, ya estaba prácticamente cocinada cuando el mandatario argentino dio la bienvenida a su colega. En cierto modo, los presidentes y sus respectivos cancilleres -el argentino Luis María de Pablo Pardo y el chileno Clodomiro Almeyda- se dedicaron a solidificar las bases para una más estrecha relación futura especialmente en el campo económico en el cual los dos países tienen características simétricas.
El convenio suscripto dos semanas atrás entre el Banco de la Nación Argentina y el Banco del Estado de Chile para incrementar el comercio bilateral y la misma Declaración conjunta, especialmente en la parte que se refiere a complementaciones, ya marcan un camino en donde no faltarán dificultades pero, según el juicio de un funcionario argentino que serán "más fácilmente superables ahora que hemos encontrado un ancho camino de posibilidades comunes".
Los primeros pasos. Encarrilado el asunto del Beagle (pág. 9), la confección de la Declaración Conjunta fue un buen ejemplo de las dificultades que pueden presentarse y, por sobre todo, de que las mismas pueden superarse en la medida en que exista la intención de hacerlo.
El gobierno chileno tenía interés en otorgar al documento un matiz más doctrinario y, en cierto modo, más independentista con relación a centros de poder internacionales. Los argentinos más afectos a las reglas de derecho internacional (a veces en exceso) y más pragmáticos buscaron hacer más hincapié en los hechos concretos a realizar. Así fue como se opusieron a incluir por ejemplo un párrafo donde se aludía a "la libre determinación de los pueblos" en un contexto que, sin mencionarla, hacía recordar la situación de Cuba en la Organización de Estados Americanos y hacía referencias al tercer mundo.
Trabajando en la misma carilla de la declaración, los chilenos sugirieron hacer afirmar el apoyo común a las Naciones Unidas pero los argentinos insistieron que si se debía mencionar este organismo internacional tenía que hablarse también de la OEA -un ente que el actual gobierno chileno detesta particularmente- lo que fue rechazado y por lo tanto dejó de hablarse de la ONU y la OEA.
Detalles como éstos fueron los que más influyeron para que la declaración conjunta haya resultado más fría de lo que esperaban algunos de sus autores en un primer momento. Pero las diferencias no marcan tanto un desacuerdo en los objetivos comunes como una diferencia de tiempos. Por cierto que los chilenos se muestran más interesados que los argentinos en la solución de problemas tales como las preferencias dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), en cuyo marco se realiza el intercambio argentino-chileno, pero los funcionarios de Buenos Aires deben demostrar más calma en el tema hasta que no se articule una política económica fundamental.
Que hubo más calor en otros órdenes lo prueba un caso conectado también con un párrafo de la declaración.
Los argentinos querían conseguir para las inversiones argentinas en Chile el mismo trato que recibirán las provenientes de los países del bloque andino; los funcionarios chilenos respondieron que debían hacerse en cualquier mención a las inversiones las salvedades necesarias para no poner a las argentinas en igual condición que las que se reservan a las respaldadas por acuerdos pre-existentes (es decir, el pacto andino). Cómo en el caso de la ONU y la OEA, también en este punto se optó por la abstención, pero los dos presidentes acordaron hacer estudiar más profundamente el asunto y establecer posteriormente un convenio especial. Mientras tanto, el presidente Allende prometió que cualquier problema que se le presente a inversiones argentinas en el ínterin será resuelto con especial atención, por su parte, cuidando mantenerlo prácticamente en la categoría deseada por los argentinos.
A partir de aquí necesitan articularse nuevos hechos. Entre los prometidos en la declaración se encuentran la promoción de acuerdos de complementación sectorial y la concreción de un acuerdo laboral —ya se han intercambiado proyectos— que resguarde previsionalmente_ a los trabajadores chilenos que se encuentran en la Patagonia. Finalizado el encuentro presidencial, cuando los aviones partían del aeropuerto de El Aybal, se mantenía como tema principal el de la salud del presidente argentino.
El propio Lanusse, interrogado a su regreso a Buenos Aires, dijo que su estado era satisfactorio, mientras reiteraba que está muy satisfecho de los resultados del encuentro.
ANALISIS - No. 541 - 27 de julio al 2 de agosto de 1971 - Pág. 8

BEAGLE: ARREGLO
Ideología y realismo
Con la firma del Acuerdo de Arbitraje Respecto a una Controversia entre la República Argentina y la República de Chile en la Zona del Canal de Beagle, efectuada el miércoles pasado, finalizó la primera parte de un largo camino para solucionar un viejo entuerto. Por medio del acuerdo se establecen los instrumentos para dilucidar la controversia sobre la soberanía de las islas Lennox, Picton y Nueva e islotes anexos situadas en lo que la Argentina entiende que es el canal de Beagle y Chile considera que es al sur de la entrada de ese canal (ver mapa).
La diferencia de puntos de vista se estableció hacia fines de siglo sin que las conversaciones y negociaciones que se efectuaron desde entonces arribaran a ningún resultado positivo. A medida que los esfuerzos se demostraban infructuosos se unieron dificultades anexas al problema básico: la controversia se extendió al uso de las aguas del canal —imprescindible para Ushuaia— y hacia la forma de arbitrar el diferendo,. Fueron estos dos últimos puntos los que se solucionaron.
Por medio del acuerdo se establece que el arbitraje correrá por cuenta del gobierno de la corona británica y de una corte arbitral constituida por cinco jueces de la Corte Internacional de La Haya, que deberá trasmitir "su decisión al gobierno de su Majestad Británica incluyendo el trazado de la línea del límite en una carta" para que el gobierno británico forme el fallo definitivo.
De esta manera se llegó a la conciliación de las posiciones argentina y chilena respecto a árbitro. Queda satisfecho el deseo trasandino de efectuar el arbitraje dentro del Tratado General de Arbitraje de 1902, cuyo artículo 4 colocaba al soberano británico como juez en caso de diferendos fronterizos, y la preferencia argentina por un foro jurídico no ligado a un tercer país; en este caso, un tribunal compuesto por los jueces Hardy C. Dillard (miembro estadounidense de la Corte), Gerald Fitzmaurice (británico), André Gros (francés), Charles D. Oneyeame (nigeriano) y Sture Petren (sueco).
Por cierto que esta conciliación aparenta llevar implícita una contradicción, es decir, que la corte arbitral y el gobierno británico actúen como dos instancias. Pero está dentro del espíritu del acuerdo la confianza de que la reina de Gran Bretaña aceptará la decisión de un jurado de indudable capacidad e imparcialidad.
Solo la remotísima posibilidad de que la decisión de los cinco jueces contraríe posiciones tradicionales británicas sobre derecho o política internacional o que, en caso de fallo dividido 3 a 2, una de las partes discuta la decisión y cree una situación tal que obligue a una revisión de la decisión de la corte por el gobierno de Londres, impedirá a la soberana estampar su firma. De todos modos, se trata de posibilidades que por el momento solo tienen interés académico: el propio acuerdo de arbitraje descarta tácitamente la intervención de cualquiera de las partes en los momentos que irán desde la redacción de la decisión de los jueces hasta el fallo real.
Asimismo la Argentina estaría inhibida de salir de esos carriles y si Chile lo hace, ello sería una maniobra política motivada por una mala situación dentro del marco de las relaciones entre los dos países. Algo imprevisible dentro del espíritu de Salta (pág. 8) que dará forma a
las relaciones argentino-chilenas por unos cuantos años.
La costa húmeda. Por lo demás, y reforzando el espíritu de Salta en este importante punto, también los dos cancilleres firmaron las notas reversales por las cuales se regularán las maniobras de practicaje y pilotaje en la zona del canal de Beagle hasta que se arbitre la solución definitiva.
De esta forma queda eliminada la absurda tesis Fagalde sobre "la costa seca". Esta seudo-doctrina surgió en 1908 cuando el periodista chileno Alberto Fagalde pergeñó su muy personal interpretación del artículo 3 del Tratado de Límites de 1881. Allí se decía que la frontera entre los dos países se hará en base a una línea que, partiendo del Cabo del Espíritu Santo se prolongará hasta tocar en el Canal de Beagle.
Fagalde sostuvo que la expresión "hasta tocar" implicaba tocar la costa sin continuar en el agua. Como es obvio, nadie tomó nunca en serio esta interpretación, pero algunos escollos en las relaciones argentino-chilenas y —quizás lo más importante— la dinámica de absurdos que suelen generar las situaciones confusas hizo que comenzara a ser aplicada por autoridades chilenas, creando diversos incidentes a la navegación de todas las banderas en la zona, afectando derechos argentinos de pesca y amenazando potencialmente el acceso a Tierra del Fuego y su capital.
Este virtual enfrentamiento limitado de soberanías fue si no promovido, sí aprovechado por el entonces canciller chileno Gabriel Valdez y sus asesores que deseaban realizar un gran operativo diplomático para capitalizarlo en su mercado interno. La idea era obligar a la Argentina a aceptar el árbitro británico en vez de acudir al foro de La Haya, como deseaba el Palacio San Martín.
¿Por qué la insistencia argentina en la Corte Internacional? Dos motivos: la Argentina tiene su propio diferendo con Gran Bretaña por las islas Malvinas (donde recién ahora se avizora un arreglo) y considera que es más afín con el status alcanzado por los dos países que sus problemas sean arbitrados dentro de un marco de derecho internacional antes que por una tercera potencia.
Claro qué no fue éste el pensamiento de los diplomáticos argentinos en 1915, cuando concluyeron con sus colegas chilenos un protocolo de arbitraje designando árbitro al rey británico. Pero la primera guerra mundial hizo que este protocolo quedara en agua de borrajas debido a los problemas inmediatos del gobierno británico y la posición argentina comenzó a moverse hacia su actual preferencia por una solución enmarcada en el derecho internacional. En 1938 se suscribió un convenio entre los dos países nombrando como árbitro al procurador general de Estados Unidos, Homer Cummings, pero su muerte hizo también imposible su concreción.
Después de otros intentos fallidos y largas negociaciones, funcionarios y chilenos suscribieron protocolos para arreglar la cuestión del Beagle y las de otros puntos fronterizos, acordándose someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero el Congreso chileno, influenciado por un antiargentinismo nutrido con resabios de la oposición que suscitó en su opinión pública la política peronista, no aprobó esos protocolos.
En la declaración conjunta argentino-chilena del 6 de noviembre de 1964 los dos países reiteraron la necesidad de poner fin a la controversia mediante un procedimiento judicial en La Haya, pero, solo fue otra buena intención fallida.
Juego de ajedrez. Así estaban las cosas cuando comenzaron a ocurrir en 1966 los problemas en el canal de Beagle. Después de algunas agrias disputas diplomáticas, el canciller Valdez decidió que su país solicitara unilateralmente el arbitraje de la corona británica invocando el Tratado General de Arbitraje de 1902.
En el Palacio San Martín se vivió esa actitud como el rompimiento de una ley del juego; esto es, que en el otro lado se había hecho trampa. El gobierno de Londres, por su parte, estaba —como todos los gobiernos del mundo— con demasiados problemas como para intentar terciar en otro en el que era ajeno. Ello facilitó la habilidad de los funcionarios argentinos que cumplieron con éxito su misión de probar que el Tratado de Arbitraje no autoriza a una de las partes a acudir unilateralmente al árbitro.
En 1969 la cancillería chilena comenzó a conversar con la argentina para negociar la forma de acordar la solución definitiva al asunto, pero cuando el año pasado negociadores argentinos, chilenos y británicos coincidieron en la fórmula que, con pocas modificaciones, se firmó la semana pasada, el canciller Valdez —cuya gestión tocaba a su fin-rechazó el acuerdo y consiguió que el nuevo presidente, Salvador Allende, le confiara la conducción del asunto por un tiempo.
Una entrevista más o menos informal de Valdez con el subsecretario José María Ruda realizada en Buenos Aires no modificó la posición argentina, entonces más endurecida debido a la desconfianza que tenía el ex presidente Roberto Marcelo Levingston hacia el gobierno recién instaurado en Santiago. Además, el Foreign Office de Londres dejó traslucir a las dos partes su desagrado por los intentos de modificar el acuerdo logrado en principio y sugirió que argentinos y chilenos llegaran a un acuerdo por su cuenta.
Para entonces el presidente Allende ya estaba convencido de la necesidad de hacer a un lado a Valdez para conseguir una buena relación con la Argentina, pieza fundamental de su política exterior. Además de las ventajas económicas que puede ofrecerle a su país (el intercambio entre las dos naciones bordea los 200 millones de dólares, el más alto entre dos países latinoamericanos), le permite mayor maniobrabilidad en el campo internacional donde debe hacer frente a la desconfianza de EE.UU. y la abierta antipatía de Brasil, dos países con los que Chile solía tener mejores relaciones que con la Argentina y le ayuda indirectamente a estabilizar su frente interno.
Por eso Allende tomó el teléfono en diciembre pasado para hablar con Levingston sobre el Beagle e impulsó la máquina para lograr una solución. Pero en Buenos Aires se necesitó que el nuevo Presidente Alejandro Lanusse enterrara el anacrónico concepto de "fronteras ideológicas" para que el canciller Luis María de Pablo Pardo, el subsecretario Ruda, y el consejero legal Julio Barboza, anudasen con sus colegas chilenos el puente hacia la solución final.
Posibilidades. A partir de aquí el problema ya está encarrilado en reglas de juego inalterables. La Corte Arbitral elegirá su sede posiblemente entre Ginebra, Bruselas y Estrasburgo. Tanto Londres como La Haya están descartadas: estas capitales traen a colación la posición de cada una de las partes sobre sus árbitros preferidos.
La Argentina y Chile acreditarán ante la Corte sus agentes, que presentarán sus respectivos argumentos en inglés y francés en un trámite de duración presumiblemente larga. Algunos observadores apresurados apuestan que habrá un fallo salomónico, pero todo intento de prejuzgar las decisiones de los jueces es una aberración jurídica.
Lo más importante es que argentino; y chilenos demostraron que saben ponerse de acuerdo y aceptar el destino que tienen que afrontar en común dentro del cono sur.
ANALISIS - No. 541 - 27 de julio al 2 de agosto de 1971 - pág. 9 y 10