Con extraña virulencia se ha desatado una ola de
versiones sobre la actitud de las Fuerzas Armadas
respecto de los problemas sociales y económicos. Por
curioso que parezca, es en el seno del mismo
oficialismo donde las versiones alcanzan su mayor
nivel y revelan un cierto pánico ante posibles crisis
castrenses.
En varias oportunidades, en los últimos días, el
gobierno consultó con las Fuerzas Armadas las posibles
repercusiones del Plan de Lucha y la eventual
participación castrense en la defensa de la
estabilidad institucional. Pudo comprobar así que las
Fuerzas Armadas no se mostraron entusiastas con la
idea de reprimir, y comprobó también por esa vía que
existían numerosas criticas a la conducción de los
asuntos económicos y sociales del país. En caso de que
el gobierno convoque a las Fuerzas Armadas a
participar en la represión del movimiento obrero, es
casi seguro que las mismas querrán saber al mismo
tiempo de qué modo piensan las autoridades nacionales
resolver los problemas de fondo, si bien acatarán un
requerimiento del presidente de la República en ese
sentido. Sin embargo, los asesores de Arturo Illia no
veían con mucho entusiasmo la participación militar en
la represión obrera, por dos motivos: en primer lugar,
recordaban que fue bajo un gobierno radical que se
produjo la Semana Trágica, y no desearían repetir la
experiencia; en segundo lugar, piensan que dar
participación a las Fuerzas Armadas en un problema de
gobierno, podría constituir el primer antecedente de
las actuales autoridades en esta materia, e iniciar un
período de consultas y planteos.
Para hacer conocer claramente su posición, los
servicios de acción psicológica de las Fuerzas Armadas
hicieron publicar un extenso trascendido en el
vespertino La Razón, dejando bien en claro su
posición. Quizás los dos puntos principales de esa
información fueron los siguientes: 1) el Plan de Lucha
es el resultado inevitable de la equivocada conducción
de los problemas laborales por parte del ministro de
Trabajo; 2) cualquier intervención de las Fuerzas
Armadas se operará exclusivamente a pedido del
presidente de la República.
Durante toda la semana, el gobierno daba cabalmente la
sensación de andar a los tumbos. En su editorial del
sábado último, el matutino La Nación definió la
situación del siguiente modo: "Entretanto, lo real
parece ser que el Poder Ejecutivo no ha adquirido aún
cabal conciencia de lo que está ocurriendo y menos aún
de lo que todavía es capaz de ocurrir."
Quizás se pudiera comprender con claridad la
metodología del actual gobierno analizando la
situación del ministro de Trabajo. En todo el curso de
la actual crisis, que en su expresión más aguda ya
lleva dos semanas, no se notó en el país la presencia
del doctor Solá. Todas las operaciones están en manos
del ministro Palmero y del vicepresidente Perette. El
titular de Interior tratando de tranquilizar a la
opinión pública y buscando algún punto de negociación
con la CGT, y el doctor Perette insistiendo en
maniobras con los gremios independientes para
dividir a la CGT.
Sin embargo, cuando parecía que el Plan de Lucha
podría postergarse, hace dos semanas, y abrir una
nueva instancia negociadora con la simple dimisión del
ministro Solá, el gobierno, a través de voceros
oficiosos, respondió que a esa renuncia se oponía
Ricardo Balbín. Es así que esa extraña mezcla de
gobierno y comité político explica algunos puntos
misteriosos del actual régimen.
Una y otra vez, en la pasada semana el gobierno
auscultó con diversos intermediarios a las Fuerzas
Armadas, buscando de algún modo no sólo apoyo, sino
también una interpretación de los acontecimientos que
se vivían. Pero las interpretaciones que se le
suministraron, como no coincidían con las propias,
fueron dejadas a un lado. El gobierno prefirió por un
lado acusar difusamente a intereses extranjeros. Ni el
ministro de Economía ni el ministro de Interior,
consultados sobre estos importantes intereses
extranjeros, lograron ofrecer una respuesta coherente
o siquiera entendible. El idioma radical seguía así
imperando en los momentos más difíciles. Y por el otro
lado, prefirió restar importancia a las ocupaciones de
las fábricas.
Una definición que tuvo auge en las filas de las
Fuerzas Armadas fue la siguiente: "El problema social,
el plan de lucha, tiene dos aspectos: causas
verdaderas y causas políticas. El gobierno no adopta
medidas de fondo en cuanto a las causas verdaderas, ni
hace valer su autoridad en cuanto a las políticas." Es
decir, que desde el punto de vista de las Fuerzas
Armadas, el gobierno ha fracasado ahora en las dos
principales instancias.
Por último, el gobierno pudo enterarse también de cuál
sería la solución más urgente en opinión de las
Fuerzas Armadas: un cambio total del gabinete,
desprendiéndose de los hombres que hasta ahora han
fracasado ruidosamente en el plano económico y en el
plano social. Ese nuevo gabinete abriría una tregua
que permitiría discutir algunas medidas importantes a
corto plazo para reactivar las fuentes de trabajo
paralizadas. Al mismo tiempo, daría la sensación de
que el país se pone en marcha, y permitiría a las
Fuerzas Armadas ofrecerle al gobierno un apoyo mucho
más activo.
Pero todas estas iniciativas, todas las versiones,
iban y venían en los diversos círculos oficiales y
privados, sin que se notara por parte del gobierno la
voluntad de encarar los problemas directamente. Un
observador intentó definir esta especie de inasible
situación del siguiente modo: "El gobierno da la
sensación de esperar que algún milagro resuelva las
cosas."
Quedaba así por saber hasta cuándo el país estaba en
condiciones de esperar definiciones de fondo y, por
encima de todo, hasta cuándo podía esperar que un
gobierno coherente y capaz asumiera las
responsabilidades que le fijan la Constitución y las
leyes.
UCRP
Los riesgos de estar con el gobierno
A casi ocho meses de gobierno, concluyó el período en
que la opinión pública, los partidos políticos y los
sectores responsables esperaban pacientemente que el
aparato del estado comenzara a funcionar, y los
radicales del Pueblo empiezan a preguntarse si los
peligros del oficialismo y el desgaste de la acción
gubernativa compensan en relación con los beneficios
que se esperaban para después del 12 de octubre de
1963.
Todo diputado de un partido político oficialista
comienza su mandato con la fantasía de que la banca
parlamentaria será una especie de llave mágica que
abrirá las puertas a la obtención de numerosos
beneficios. Confía en poder hacer designar
discrecionalmente a amigos en los cargos públicos, de
manera de crear compromisos que luego permitan a cada
legislador incrementar su peso interno dentro del
partido gubernista, con vistas a un ascenso en la
carrera política.
Lo cierto es que ningún estado moderno —ni aun con la
conducción radical del Pueblo, especialmente sensible
a las exigencias del comité— puede dar a los partidos
oficialistas y a sus representantes parlamentarios
todo lo que éstos quisieran que se les diera. Cada
diputado se siente así de alguna manera defraudado,
mientras que, simultáneamente, comienza a advertir los
riesgos de compartir la suerte de un gobierno. "Lo que
se tiene es menos de lo que se esperaba, pero aún hay
algo más grave: se puede perder por circunstancias que
uno no controla": así resumió un diputado actualmente
opositor ese especial estado de ánimo por el que ahora
atraviesan los parlamentarios radicales del Pueblo.
Los oficialistas descubren ahora los riesgos que se
mantenían latentes durante los primeros meses. Cuando
el diputado Luis A. León planteó la semana pasada al
presidente de la República, durante la reunión
realizada en la residencia de Olivos, la necesidad de
publicitar convenientemente la obra de gobierno,
expresó más directamente que ningún otro los miedos de
su bancada: había llamado, en síntesis, no solamente a
realizar acción psicológica en favor del jefe de
Estado sino a crear una nueva imagen de la actual
administración. Illia se mostró poco permeable a ese
llamado de atención y replicó poco después con su
conocida , tesis: el país tiene que acostumbrarse a un
gobierno que aparezca poco; todos están acostumbrados
a una mayor espectacularidad de los actos del Poder
Ejecutivo.
Lo cierto es que la reunión de los diputados
oficialistas con Illia, realizada el jueves último a
pedido de los legisladores, tuvo el propósito de
iniciar un contacto orgánico entre ellos y el
presidente: más adelante, las conversaciones irían
adquiriendo regularidad y comenzarían a participar de
ellas tanto el vicepresidente Carlos Perette como los
senadores nacionales.
Pero lo que nadie puede decir es cuál será el grado de
armonía de esas conferencias. Las divergencias de los
diputados entre sí y del presidente con algunos de sus
colaboradores, sumadas a las diferencias entre los
distintos integrantes del gabinete, pueden llegar a
dar un matiz tumultuoso a las reuniones. A fines de la
semana pasada, por ejemplo, una versión aseguraba que
el presidente de la República habría recomendado a los
legisladores que se atuvieran al hecho de que la
orientación de los distintos ministerios la fija el
jefe de Estado a través de los ministros, como una
indicación clara de que no debían seguirse aceptando
como oficiales algunas sugerencias hechas llegar al
bloque por integrantes del gabinete económico —como
Antulio Pozzio o J. J. Alfredo Concepción— cuando
ellas estuvieren en contradicción con las indicaciones
del titular de la cartera, es decir, del doctor
Eugenio Blanco. Se afirmaba también que el mismo
Blanco había solicitado el presidente una referencia a
ese problema.
Precisamente, una de las inquietudes de los
legisladores es que, ante el maremágnum de opiniones
contradictorias expresadas frecuentemente por
funcionarios del gobierno, el bloque ignoraba muchas
veces cuál era exactamente el punto de vista del Poder
Ejecutivo.
Sin embargo, el bloque tenía otros reclamos que
formular al presidente —reclamos sobre los que había
coincidencia de opiniones entre los diputados—, aunque
muchos de ellos quedaran luego postergados.
La mayoría de los diputados oficialistas suele señalar
en privado que el gobierno es injustificadamente lento
pata resolver algunos asuntos. Sin embargo, esa
crítica generalizada tiene un matiz muy curioso: uno
de los reproches de lentitud se refiere a que no se
produjeron todavía las suficientes cesantías entre
funcionarios de la administración pública, sobre todo
al codiciado nivel da los directores generales y de
los jefes de sección. Los legisladores tienen a la vez
un problema muy específico que resolver en su relación
con el gobierno: la vinculación entre el Poder
Ejecutivo y los partidos aliados, que aspiran a
consolidar para facilitar la política de acuerdos en
el Congreso.
De todos modos, para los diputados oficialistas su
única posibilidad de influir en el gobierno había
pasado a ser la perspectiva de constituir un bloque
sólido y homogéneo, capaz de constituirse en un
elemento de presión sobre el presidente de la
República que contrapesara la labor que en el mismo
sentido realizan elementos del gabinete contrapuestos
entre sí. La falta de una conducción dinámica en el
bloque parece imposibilitar por ahora esa esperanza,
sobre todo tratándose de una bancada donde no existen
figuras parlamentarias capaces de dinamizar a sus
colegas.
Socialistas
Como hacer oposición siendo oficialista
Américo Ghioldi, como estratego del socialismo
democrático, está encarando ahora uno de los problemas
más complicados de su vida política: cómo ser
oficialista sin dejar de diferenciarse al mismo tiempo
del gobierno. Ese tema fue definido por uno de los
dirigentes de la juventud de una manera más gráfica:
conservar al mismo tiempo las ventajas del oficialismo
y las ventajas de la oposición.
El Partido Socialista Democrático sabe que sus
aspiraciones están limitadas por la realidad y que en
las próximas elecciones solamente podrá aspirar a
mantener algunas bancas legislativas y comunales sin
aumentar su posibilidad de gravitar realmente en el
proceso político. Pero confía en que el sistema
proporcional llegue a convertirlo con el tiempo en un
factor de importancia dentro de una política de
alianza y no puede resignarse a perder sus elementos
de diferenciación política; esto es, a declinar sus
perspectivas de atracción de un electorado específico.
Recientemente, el Consejo Nacional de la agrupación
dio a conocer un comunicado —redactado directamente
por Américo Ghioldi— donde se intenta concretar esa
política de oficialismo-opositor. Hay allí algunas
críticas al gobierno, que resumen temas habituales:
lentitud para tratar problemas, pasividad ante la
presión de diversos sectores, falta de reacción ante
hechos graves. También se insiste en la clásica línea
partidaria con respecto al gobierno de Frondizi y se
exigen más cesantías: "El estar penetrado (el
gobierno) de asesores que ayer acompañaron a los
causantes del desastre explica, sin justificar, desde
luego, la falta de resolución", apunta el documento.
Por lo demás, el texto reitera los puntos de vista que
motivaron la interpelación a Zavala Ortiz con respecto
al juramento de los obispos e incluye a la Iglesia
cordobesa —a propósito del reciente enfrentamiento de
ésta con el gobierno local de Justo Páez Molina—
dentro de los sectores que "predican la desobediencia
y el alzamiento contra la ley". Aparentemente, éste es
el punto más auténtico de diferenciación de los
socialistas democráticos con respecto al gobierno.
Un dirigente de esa agrupación acotó, comentando la
declaración, que el socialismo democrático emitiría
cada tres o cuatro meses un documento dejando
establecidas actitudes opositoras, "con lo cual no
cambiará en absoluto nada: ni el gobierno ni el
partido, pero se tranquilizarán algunos afiliados
quejosos".
En los hechos, el acuerdo entre los socialistas
democráticos y los radicales del Pueblo sigue
funcionando en el Congreso. El tono de las críticas no
pasa de algún chiste tenuemente opositor. Américo
Ghioldi, por ejemplo, gusta decir que el presidente
Illia piensa igual que Hipólito Yrigoyen: "El noventa
por ciento de los problemas los arregla el tiempo; el
otro diez por ciento no los resuelve ni Dios."
Teodoro Bronzini, senador provincial bonaerense, ex
intendente de Mar del Plata y otro de los "notables"
del partido, expresó recientemente, por su parte, que
el socialismo democrático se encuentra bien
simbolizado por la actuación de sus parlamentarios.
Tampoco él encontró, al parecer, más elementos de
diferenciación que la cuestión religiosa, la
"depuración" de la administración pública y la
lentitud oficial: hace pocos días presidió la reunión
del Consejo Nacional de los socialistas democráticos
donde se formularon esas críticas.
Democristianos
Por sesenta días, un poco de paz
El vehemente presidente de la Junta Nacional
democristiana. Horacio Sueldo, adoptó la semana pasada
una nueva estrategia con vistas a su eventual
subsistencia en el comando del partido luego de la
reunión de la convención de agosto próximo: tratará
ahora de contener su extraversión política y dedicarse
exclusivamente —al menos por sesenta días— a su frente
interno, y, dentro de su frente interno, a quienes son
sus colaboradores más inmediatos.
La técnica consistirá en no correr ningún riesgo de
nuevas crisis bajo ningún concepto, y de evitar los
mínimos rozamientos suprimiendo, a la vez, todos los
factores de irritación que se fueron acumulando como
consecuencia de las distintas empresas de relaciones
públicas que Sueldo emprendió o le atribuyeron, desde
el "filo-materismo" hasta la búsqueda de apoyo
electoral de punteros frondizistas para sus
candidatos en el pleito interno de la Capital Federal.
Eso no implicará —explican los sueldistas— una
renuncia a todo tipo de contactos, lo que es
imposible, sino una tarea de evitar escrupulosamente
todo lo que origine resistencias.
Al mismo tiempo, el replanteamiento de Sueldo
consistirá en una nueva actitud frente al gobierno,
luego de los zigzagueos iniciales, ubicándose en un
término medio entre el oficialismo y la oposición. A
esa línea la llamará una "actitud constructiva de
oposición".
Pero Sueldo tiene dos talones de A quiles
especialmente riesgosos en su frente interno: la
opositora Junta de la Capital y el bloque
parlamentario. Este está presidido por Enrique de
Vedía, a quien ahora el titular del partido trata de
atraer o, al menos, de neutralizar como eventual
adversario: no olvida que es el candidato de relevo
para agosto, si no hay reelección. "No hay que
interpretar ahora la política del partido en función
de enfrentamientos, sino de confusas líneas que a
veces se entrecruzan", comentó un diputado nacional.
La conducción democristiana vino también perdiendo
algunos puntos en
la Capital Federal, donde los amigos del antisueldista
José Ignacio Rivera no pudieron ser desplazados.
Sueldo entiende que lo importante es admitir algunas
derrotas sin obstaculizar más a sus adversarios
internos, con la esperanza de que no lo molesten a él.
En otras palabras, piensa que ha llegado el momento
de ofrecer una amplia coparticipación en las tareas de
conducción a diversos sectores del interior y de la
Capital. Gobernar menos para seguir gobernando, parece
ser su lema.
La principal carta de acción psicológica en que Sueldo
trata de apoyar su nueva estrategia es el "miedo a la
derecha", vigente en todos los que dirigen ahora el
partido y fueron causantes del desplazamiento del
grupo de Manuel Ordóñez en su momento. Abierta o
disimuladamente, los adversarios de Sueldo temen que
una derrota de éste demasiado estruendosa abra las
compuertas que posibiliten un posterior triunfo de
quienes fueron desplazados cuando se adoptó la
"política de apertura". Sueldo sabe que difícilmente
se presente en la convención de agosto un "candidato
de ruptura" para enfrentarlo. Inclusive, todas las
perspectivas de Enrique de Vedia como eventual sucesor
del actual presidente del partido radican en que se
presenta como una síntesis que no interrumpe
bruscamente la trayectoria del partido.
El ejemplo de lo ocurrido recientemente en el distrito
metropolitano resulta, en ese sentido, significativo
para algunos antisueldistas. La distribución de
fuerzas dio la presidencia de la Junta de la Capital a
un representante de la línea de Lucas Ayarragaray,
pese a que esa línea se había manifestado
numéricamente como la menos representativa: la
división entre los otros sectores hizo que resultara
inevitable que Ayarragaray conquistara esa posición.
Revista Primera Plana
02.06.1964