Los recientes alborotos que sacudieron al país pusieron en
tela de juicio la operación política intentada por el
gobierno hace apenas un mes, cuando se reestructuró el
gabinete. Ahora el oficialismo insinúa un contraataque,
tendiente a neutralizar la violencia, aislar al frente
formado por los partidos tradicionales y evitar que la CGT
reincida con nuevos movimientos de fuerza.
Mientras tanto se estudian las pautas del futuro
desemboque institucional.
En Tucumán, en Salta, en Córdoba, en Catamarca, en la
Capital Federal y hasta en Olavarría deflagraron durante
las dos últimas semanas hechos que no sólo exprimieron la
capacidad de respuesta del gobierno: también lo rodearon
de una penumbrosa, agorera campaña de rumores. Es que la
seguidilla reveló, más allá de sus efectos inmediatos, la
existencia de un estado general de desconfianza, que en
algunos casos se trasformó en insubordinación violenta y
obligó al Ejército a asumir un rol que sus hombres
desprecian: el de represores. Nadie hubiera imaginado, un
mes atrás, que el respiro buscado con el cambio de
ministro de Economía fuera a deparar semejante aluvión,
que torna a enrarecer el clima a escasos días de la
finalización del año político.
El ejemplo más nítido de ello fue lo ocurrido en Tucumán.
Allí, durante cuatro días, campeó un motín estudiantil,
luego apoyado por grupos de obreros, que desarticuló
prácticamente la línea populista improvisada por el
gobernador Carlos Imbaud. De poco sirvió, por lo visto,
que en el gabinete provincial figuraran prominentes
líderes peronistas, y que Imbaud adornara su staff con
jerarcas sindicales, llegando hasta absorber —puesto
mediante— al propio secretario general de la CGT lugareña.
Furiosos jovenzuelos, protegidos por los vecinos —según lo
reconoció el propio Imbaud— trasformaron el centro y
algunos suburbios de la capital tucumana en un aquelarre
donde abundaron balazos, saqueos y fogatas; hasta la Casa
de Gobierno estuvo a punto de ser tomada por los
insurgentes, obligando al Jefe del Ejecutivo a arriesgar
el todo por el todo: él mismo salió a negociar la paz.
Pero al día siguiente (jueves 12) la rebelión fue aún más
violenta. Parece insuficiente, entonces, achacar el
estallido a la espectacular impericia política de Imbaud,
o a la inexplicable intransigencia del rector de la
Universidad. Y si es indudable que grupos de activistas
influyeron en los hechos, atribuirle sólo a ellos la
autoría del motín implica endosarles una representatividad
que no tienen.
Los militares saben que en la guerra es mejor conocer los
hechos tal como son, especialmente cuando el curso de la
batalla es desfavorable. Por eso la caracterización de la
huelga cegetista que hizo Arturo Cordón Aguirre, un
brigadier, sólo se explica suponiendo que el ministro
prefirió recurrir a las armas de la acción psicológica
antes que al desmenuzamiento de la realidad. De otra forma
no se entiende cómo pudo afirmar que el paro —notoriamente
masivo— fue provocado por un "pequeño grupo de
dirigentes", cuya representatividad puso en duda. Es
cierto, claro, que en la CGT pululan varias corrientes,
algunas de las cuales trazan su accionar en consulta con
Madrid, esto es, con la "vieja política", según el
eufemismo utilizado en las solicitadas gubernamentales.
Pero es bien sabido que desde hace añares los popes
obreros juegan a varias puntas y que, en cada coyuntura,
optan por la que políticamente les parece más sólida:
corresponde endilgarle al oficialismo, pues, la
responsabilidad de no haber sabido atraer a la central
obrera, ofreciéndole una salida decorosa que fortaleciera
su imagen ante los afiliados.
Si hasta los jefes de la CGT cordobesa, acaso la sucursal
más dura del gremialismo orgánico, fueron desbordados
(jueves 12) por una izquierdizada columna de obreros
mecánicos y estudiantes semianárquicos, que coparon el,
edificio sindical, poniendo en fuga a dirigentes de la
talla de Agustín Tosco, Oscar Settembrino y Atilio López.
En cuanto a los sucesos de Olavarría (domingo 15), puede
deducirse que fueron producto de infantiles rivalidades
lugareñas, lo cual es cierto; pero hasta ahora nunca había
sido necesario recurrir a un regimiento blindado para
dirimir entredichos futbolística pueblerinos. Frente a
estos hechos, los expertos recuerdan que el arte de la
política consiste en diagnosticar con precisión, a partir
de síntomas que, como los señalados, alarman 3 las
mayorías moderadas.
CATAMARCA: MOTIN EN EL PARAMO
De ahí que, sabiamente, el gobierno haya resuelto despedir
al gobernador catamarqueño, Guillermo Brizuela, para
aventar la violenta crisis desatada en aquella provincia.
El motín policial, iniciado el martes 17, puso al país en
vilo no sólo por las implicancias específicas del suceso
sino porque demostró que también el remoto far west
argentino es capaz de traumarse hasta límites
insospechables. Cientos de vigilantes provinciales se
atrincheraron con armamento completo en la penitenciaría
local, para reclamar un aumento de 15 mil nacionales,
respeto a la ley de personal, devolución de jerarquías y
provisión de elementos modernos para reprimir
manifestaciones callejeras violentas. Este último ítem no
obstó para que la CGT local y los activistas que durante
el paro general habían guerreado con la policía, se
coligaran rápidamente con sus enemigos de ayer. Resultado:
grupos de manifestantes atacaron la Casa de Gobierno y
fueron reprimidos a balazos, muriendo María Dolores
Pacheco, una joven de 19 años. "Yo no ordené tirar",
declaró después el gobernador Brizuela. Pero en el
hospital había cinco heridos, algunos de ellos en grave
estado, mientras la ciudad de San José del Valle de
Catamarca era presa del terror: un rumor aseveraba que los
policías habían amenazado con matar a los presos si sus
reclamos no eran satisfechos.
La intervención del Ejército, por último, logró poner coto
a los hechos: el cuartel general rebelde fue cercado y los
vigilantes debieron acatar un ultimátum del coronel Oscar
Eduardo Díaz, quien se hizo cargo del control político de
toda la provincia, implantando el toque de queda en la
conmovida capital provincial. Pero en medio de este
panorama desolador, hubo un hecho que se perfiló como
altamente sugestivo: los ánimos recién se calmaron del
todo cuando un oficial, desde los balcones del palacio
gubernamental, exclamó de viva voz que "el Ejército es
parte del pueblo", por lo cual no deseaba un
enfrentamiento. Estas palabras fueron ovacionadas por la
misma multitud que, momentos antes, había hostigado a las
tropas. Moraleja: acaso sea imprescindible fundir a las
mayorías con el Ejército para desarmar las bombas de
descontento que, como la realidad lo demuestra, explotan
en los parajes más insospechados.
Es que, en rigor, la insurrección de la policía
catamarqueña fue la chispa que hacía falta para que
aflorara a la superficie la profunda oposición que había
despertado la dilatada gestión del gobernador Brizuela.
Inexplicablemente, este funcionario es uno de los más
antiguos de la Revolución Argentina: fue nombrado por Juan
Carlos Onganía en los albores del movimiento de1 1966.
De ahí que en las más altas esferas se esté discutiendo
ahora un replanteo total de la política de gobernadores y
que los nombres de Felipe Sapag (Neuquén), Bernardo Bas
(Córdoba) y Francisco Gabrielli (Mendoza) aparezcan como
ejemplos de lo que es necesario hacer elegir a hombres
representativos, políticos, para que se hagan cargo de las
provincias.
La revolución podría, de esa manera, tender un colchón
amortiguador en uno de los frentes de tormenta más
peligrosos: el interior del país. Ciertos esquemas que se
manejan en la Casa Rosada enumeran cinco zonas que es
necesario descongestionar: el agro, los empresarios, la
CGT, los estudiantes y el interior. Las dos primeras ya
fueron casi ganadas por la política del ministro Aldo
Ferrer; el oficialismo desespera de encontrar una forma de
seducción para los universitarios, pero cuenta a su favor
con las virulentas disputas internas que afligen a ese
sector, patentizadas recientemente con la división de la
FUA en dos centrales paralelas. En cuanto a la CGT, el
gobierno estima que hasta marzo próximo, por lo menos, no
surgirán desde allí mayores problemas: por eso estudia
ahora la formación de una liga de caudillos, para sortear
el quinto escollo: las provincias.
COMO PASAR EL VERANO
Tal fue, en esencia, el sentido de la alocución de Roberto
Marcelo Levingston del domingo 15, cuando, en lenguaje
paternal, instó a la ciudadanía a tener confianza en el
pro ceso revolucionario. Repechada la cuesta de noviembre,
el gobierno espera contar con un respiro de 100
días. Lo que no ha decidido aún es cómo aprovechar esa
tregua para desfondar las alternativas políticas
opositoras que pretenden montarse en la ola de
descontento. A este respecto, el presidente fue muy
preciso en el discurso que pronunció ante 2.000 oficiales
el pasado lunes 16: o el gobierno genera hechos creadores
de nuevas polarizaciones políticas, capaces de ahogar por
sí solos a los viejos partidos, o procede verticalmente,
proscribiendo por decreto a los dirigentes que actuaron en
los últimos quince años. Es que, ahora sí, la Casa Rosada
parece haber constatado la dura realidad: la pregonada
renovación de los cuadros políticos —que fue uno de los
objetivos mayores de la Revolución— no sólo no se haya
logrado, sino que, después de cuatro arios, lo único que
se consiguió es que los nucleamientos mayoritarios se
arracimaran en un frente único opositor. El conservador
popular Vicente Solano Lima, a quien no se le pueden
achacar inclinaciones liberales, fue muy explícito el
miércoles 11, al justificar su adhesión al pacto celebrado
ese día por los partidos: "Ya que la pretendida revolución
no hizo la revolución —apostrofó—, es hora de abrir el
paso a las urnas"; a su lado asentían nada menos que Jorge
Daniel Paladino y Ricardo Balbín, los dos hombres que, de
realizarse elecciones en un plazo "mínimo", como se
reclama en el documento difundido ese miércoles,
acapararían sin duda la voluntad de la mayoría de los
sufragantes.
Nadie se asombró, entonces, por la catilinaria que
Levingston descargó sobre esos partidos en su discurso del
Colegio Militar. La concepción presidencial al respecto es
tan tajante que incluso arremetió
contra Juan Perón, afirmando que "ese señor debe
desaparecer de la política argentina"; además, adelantó
que se dictarán, medidas para impedir los viajes a Madrid.
Lo sorprendente de ese cónclave —que congregó a toda la
oficialidad, desde el grado de teniente primero— fue su
realización misma: eventos similares no se celebraban,
justamente, desde los tiempos de Perón. Maliciosos
observadores creyeron entonces que el presidente buscaba
solidificar su imagen ante los cuadros intermedios, para
contrapesar así la supuesta animosidad de los oficiales de
alto rango. Pero ocurre que Levingston censuró agriamente
al general Juan Enrique Guglialmelli, de quien afirmó que
nunca le hizo conocer sus ideas hasta el instante en que
abandonó, con detonante renuncia, la secretaría del
CONADE. El comandante en jefe, Alejandro Lanusse,
puntualizó el miércoles 18, en Neuquén, que la reunión en
el Colegio Militar se había hecho para permitir que los
oficiales subordinados tuvieran oportunidad de conocer
directamente a Levingston; además, fue muy explícito en
una cuestión decisiva: no se modificará el gabinete, dijo.
Estos juicios hicieron bajar las acciones de las usinas
golpistas: el gobierno intentará atravesar el verano con
los mismos hombres. En el terreno político, en tanto, la
Casa Rosada se propone contrarrestar el despliegue
opositor de los últimos quince días mediante la fijación
de pautas de desemboque institucional, que acaso se
difundan oficialmente antes de fin de año. La semana
pasada se hablaba de un calendario político, estrictamente
ceñido, en cuanto a los plazos, a las ideas ya
explicitadas por Levingston y Lanusse: las FF. AA. sólo
abandonarán el poder dentro de cuatro o cinco años.
Este esquema no obsta para que, ínterin, no haya actividad
política. Más bien al contrarío: hasta es posible que se
convoque a un plebiscito para reformar la Constitución. En
algunas esferas se confía en tomar iniciativas que dejen
girando en el vacío a los viejos partidos (por la vía del
"entretenimiento") mientras se trata de promover a la
generación intermedia y de precipitar las ansiadas nuevas
polarizaciones.
Pero en lo inmediato, el gobierno debe evitar que nuevas
huelgas generen un clima propicio para la violencia.
Hasta el paro docente (miércoles 18) deparó corridas e
incidentes frente al Congreso. De ahí que el oficialismo
haya resuelto presionar a los gremios más levantiscos (Luz
y Fuerza, Telefónicos) mediante sorpresivas inspecciones
contables, y que tienda los hilos para reanudar el diálogo
con la CGT. La se mana pasada se efectuaron reuniones en
el gremio de Molineros, en las que se estableció que no
habrá nuevos paros si el gobierno concede uno solo de los
siguientes tres puntos: extensión del salario mínimo a
todas las actividades, aumento de emergencia de 10 mil
pesos y convocatoria a las paritarias para diciembre. Los
sectores duros postulan que si ninguna de estas
reclamaciones es satisfecha, se debe realizar un paro
activo de 14 horas, o uno pasivo de tres días (esta última
es la tesis de Luz y Fuerza). Pero los moderados son
mayoría y cuentan, ahora, con el concurso de José Rucci,
quien parece dispuesto a sumarse a los trajines en favor
de una tregua veraniega. Para cuando llegue marzo, el
gobierno se guarda una carta: entonces estarán deliberando
algunas paritarias y, de esa manera, se crearán nuevos
focos de expectativas.
Revista Siete Días Ilustrados
23.11.1970
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Buenos Aires, maestros huelguistas intentan una marcha y
son reprimidos
Córdoba, estudiantes huyen de la persecución policial
Catamarca, el motín policial hizo aflorar el descontento
de la población |
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