Farmacias
Peligran las rebajas en los medicamentos
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Hace algunos meses, el partido de San Isidro se conmovió por el caso de un farmacéutico que expulsó de su negocio, pistola en mano, a los representantes del Colegio de Farmacéuticos: los colegas habían ido a comunicarle que debía cerrar la farmacia por no ajustarse a "la ética profesional". El agresivo farmacéutico fue detenido y procesado; luego, pagó una solicitada en los diarios para referir su verdad. Reconoció su error al cometer la agresión, pero explicó que el motivo era ciertamente irritante: se lo amenazaba con decretarle la clausura, luego de reiterados apercibimientos, porque vendía los medicamentos a precios inferiores que los de sus colegas. El farmacéutico de San Isidro fue sobreseído por la justicia, pero sus colegas volvieron a la carga: ahora tratan de imponerle una multa de diez mil pesos para castigar su resistencia.
Ahora es posible que si siguen adelante las disposiciones de un decreto-ley sancionado en las postrimerías de la presidencia del doctor Guido, por la gestión del fugaz ministro de Salud Pública, Rodríguez Castells, muchos farmacéuticos porteños se vean obligados a reaccionar enérgicamente, aunque su belicosidad no llegue a emular la del colega de San Isidro. Porque en la Capital Federal existe ahora una aguda competencia que se traduce en precios fluctuantes e importantes descuentos para los específicos medicinales.
En esta materia, la Avenida General Paz es realmente una frontera. Hacia la provincia, una calma pueblerina invade sin excepción las farmacias que abren y cierran a las mismas horas, no atienden a mediodía, cobran iguales precios para todos y no regatean con los clientes; no hay competencia y, por lo tanto, no hay rebajas. O al revés.
En cambio, en la Capital Federal desde hace unos años algunos farmacéuticos descubrieron que el ramo tenía ganancias con un margen potencial de sacrificio; por otra parte, el jaque que les impusieron las llamadas "farmacias sindicales" con descuentos para los afiliados a determinados gremios, los obligó a marcar el paso. Actualmente son muchas las farmacias que hacen descuentos de hasta el 25 por ciento para los productos medicinales, y sus propietarios confiesan, a veces, que a pesar de eso les queda una ganancia conveniente.
Esta disparidad motivó una curiosa circunstancia: las farmacias instaladas en la cabecera de las grandes avenidas que llegan a la General Paz, en la parte correspondiente a la Capital aumentaron en gran proporción sus ventas en los últimos años, al ofrecer descuentos; así ganaban no sólo al público de ese barrio sino al de los alrededores de la provincia; las amas de casa descubrían que convenía a su presupuesto caminar unas cuadras, cruzar
la General Paz y comprar con descuentos. Las farmacias provinciales más próximas sintieron el impacto, y muchas de ellas subsisten angustiosamente.
La posibilidad de que uno y otro margen de la avenida de circunvalación pasen a ofrecer el mismo ritmo de trabajo, con las farmacias de la Capital asimiladas al amodorrado régimen de la provincia, parece estrechamente relacionada con los efectos de un decreto del gobierno anterior, de inocente apariencia, como que su enunciado principal era el de reconocer, oficializándolo, al Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal.
El decreto-ley en cuestión es el 7595, de fecha 12 de setiembre de 1963, y oficializa la institución creada dentro de la Asociación de Farmacéuticos y Bioquímicos (entidad de primer grado) y la Confederación Farmacéutica y Bioquímica (de segundo grado) con una nueva denominación luego de ser investigadas y dictadas prisiones preventivas para sus directivos por fallo de la Justicia en lo Penal Económico, en el delito de monopolio.
El Colegio de Farmacéuticos fue oficializado por el aludido decreto-ley, como organismo de derecho público y privado en el que {deberán afiliarse obligatoriamente todos los farmacéuticos y bioquímicos que ejerzan su profesión en la Capital; el mismo decreto establecía algunas facultades de ese Colegio como la de federarse con otros Colegios, poder adoptar actitudes disciplinarias y el gobierno de la profesión, así como la fijación de los aranceles para la prestación de los servicios profesionales. Las sanciones disciplinarias pueden llegar hasta la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por violación a los estatutos, Código de Ética y Aranceles. Los Estatutos y el Código de Ética así como los Aranceles Profesionales los prepara el Colegio. El ministerio de Asistencia Social y Salud Pública así como los otros ministerios deberán recabar de dicho Colegio los informes técnicos y económico legales relacionados con el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes sobre ejercicio de la Farmacia y Bioquímica.
En el artículo 17 de la disposición sé establecía que se requerirá de las instituciones Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal y Asociación Bioquímica Argentina la designación de tres representantes de cada una para que, constituidos en comisión, efectúen una matriculación, quedando inscriptos de oficio todos los que se encuentren ejerciendo. Esa comisión redactará los proyectos de Estatutos y Reglamentos del Colegio así como el Código de Ética, todo lo cual deberá ser aprobado por una asamblea de 40 delegados, designados 20 por cada una de aquellas entidades, los cuales elegirán las autoridades provisionales, las que deberán asumir la representación y el gobierno del Colegio y quienes durarán hasta que se instalen las que se elijan conforme a los estatutos, para lo cual no se fija plazo.
Aunque todo este conjunto de disposiciones parece ya bastante significativo como demostración de una gran concentración de poderes en una sola institución, el Colegio de Farmacéuticos, este hecho probablemente no hubiera sido demasiado objetado por sectores que ahora aparecen claramente adversos a la medida, de no mediar algunos antecedentes verdaderamente significativos y que dan una idea de lo que puede llegar a representar un articulado como el transcripto. En esferas relacionadas con la actividad farmacéutica y en círculos forenses, por ejemplo, se recuerdan las alternativas vividas hasta hace menos de dos años en torno al problema de la competencia en el gremio farmacéutico:
•En 1957, el gobierno de la Revolución Libertadora se vio obligado a dictar el decreto-ley 15.130/57 fijando los precios de venta de los medicamentos, por cuanto declaraba expresamente en los considerandos "la existencia de minoristas poderosos interesados en mantener el control del mercado de medicamentos".
•En 1961, la Justicia en lo Penal Económico instruyó un nuevo proceso por monopolio, en el que se decretó la prisión preventiva de los autores y en el que aún no ha recaído sentencia.
Esos dos hechos parecen aislados si no se los analiza a través del proceso en que se fueron verificando y si no se los relaciona, incluso, con un antecedente: el primer proceso por monopolio instruido en 1939 en la venta de especialidades medicinales, en el que se dictó prisión preventiva contra la Unión Fabricantes de Especialidades Medicinales, pero que no llegó a sentencia por haber prescripto.

El hilo conductor
Una investigación en las fuentes permite descubrir el hilo conductor de este proceso, especialmente a partir de 1957, época en la que el decreto 1736/57 estableció un margen decreciente de ganancias para los farmacéuticos; el margen se achicaba a medida que aumentaba el precio de venta al público. En ese mismo decreto se obligaba a los laboratorios a vender en forma directa los medicamentos, a los precios de
mayoristas, a las farmacias de entidades mutuales y sindicales.
Como los precios aumentaban constantemente, los sindicatos hicieron una gestión ante las farmacias para que se vendieran medicamentos con descuentos a los afiliados, pero no obtuvieron éxito; por lo tanto, decidieron hacer uso de la facultad de poder instalar farmacias propias en las que lograban vender medicamentos con descuentos de hasta el 30 y el 35 por ciento. Estas rebajas podían hacerse porque al comprar a precio de droguería ahorraban un 13 por ciento que sumaban al margen de ganancia corriente de las farmacias, que era del 30 por ciento.
Los farmacéuticos particulares iniciaron entonces un movimiento contra los laboratorios pidiendo que les vendieran en las mismas condiciones que a las farmacias sindicales y además que se suprimiera el margen decreciente y quedara otro fijo, para lo cual pedían un 30 por ciento que, como se calcula sobre el precio de la venta al público, podría aun ser mayor; de esta manera —decían los farmacéuticos— también ellos harían descuentos. Los laboratorios acordaron vender directamente a las farmacias particulares en condiciones parecidas a las ventas a farmacias sindicales.
Sin embargo, todo este panorama se alteró en 1959 cuando se produjo la caducidad de toda la legislación sobre agio, lo que traía como consecuencia —según la interpretación del ministerio de Salud Pública—, la caducidad del decreto 1736/57. Inmediatamente, los farmacéuticos cambiaron de frente y en vez de preocuparse por vender con descuentos para contrarrestar la competencia de las farmacias sindicales trataron, lisa y llanamente, de eliminarlas.

Comienza el boicot
Así comenzaron las presiones sobre los laboratorios para que éstos no vendieron más a las farmacias no comerciales, insistiendo además en la supresión del sistema de márgenes decrecientes de ganancias. Durante el año 1958 se realiza todo tipo de presiones y se desatan boicots contra los laboratorios, los que ante la pasividad de Salud Pública mantuvieron una esforzada resistencia durante todo 1959; en ese lapso fueron boicoteados los laboratorios Darck, Ocefa, Elea, Lepetit, Lederle, Glaxo, Johnson y Johnson, Lutetia, etc. Finalmente, los laboratorios reaccionaron contraatacando con la amenaza a los farmacéuticos de sacar de los envases las etiquetas conteniendo el precio máximo de venta al público; así se terminaría el problema de anunciar los descuentos. Los farmacéuticos levantaron transitoriamente el boicot, pero consiguieron en cambio dos importantes ventajas: que los laboratorios dejaran sin efecto el régimen de margen decreciente de beneficios y que se comprometieran a no vender más a las farmacias sindicales y mutuales o "falsas farmacias", como ellos las calificaban.
Si bien los laboratorios dejaron de vender a las farmacias sindicales —luego de una sostenida y esforzada resistencia—, diversas droguerías (especie de intermediario mayorista en el ramo) continuaron haciéndolo, incorporando también entre sus clientes a un grupo de farmacias privadas de la Capital que se habían adherido al sistema de vender los medicamentos con una rebaja del 25 %. Los farmacéuticos presionaron entonces nuevamente a los laboratorios, pero esta vez para que no vendieran medicamentos a las droguerías que abastecían a las farmacias que hacían descuentos. Nuevamente los laboratorios oponen resistencia y nuevamente son boicoteados laboratorios como Pfizer, Gerardo Ramón, Alka Seltzer, que publican incluso solicitadas para informar sobre esos hechos a la opinión pública; pero las autoridades no intervienen.
En ese clima, el 16 de noviembre de 1960, el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, doctor Zenón Lugones, cita a una reunión en su despacho de la que participan la Cámara de Especialidades Medicinales, la Cámara de Farmacia, la Federación de Droguerías y la Asociación de Farmacéuticos. La aparente función de componedor del doctor Lugones queda desvirtuada cuando se anuncia un arreglo que consiste, lisa y llanamente, en aceptar las exigencias de los farmacéuticos de no vender más medicamentos a ninguna droguería que abasteciera a farmacias mutuales, sindicales o particulares que hicieran descuentos sobre los precios de venta. Los encargados de efectuar la discriminación eran los farmacéuticos, quienes comunicaron a los laboratorios qué droguerías o farmacias hacían descuentos o violaban el acuerdo, para lo cual —encubriendo el verdadero motivo— usaban el sistema eufemístico de calificarlas como "faltas de ética profesional". El acuerdo celebrado se instrumentó incluso por acta suscripta por las partes el l9 de diciembre de 1960, cuyo original pudo ser secuestrado por la Justicia en lo Penal Económico y publicado, incluso, en el "Manual Farmacéutico".

Intervención judicial
El acuerdo se puso en ejecución el de enero y motivó luego, por denuncia del fiscal doctor Novatti, el procesamiento de todos los intervinientes, a los que se les decretó la prisión preventiva. La Cámara que agrupa a los laboratorios reconoció en el proceso que los farmacéuticos ejercieron reiterados actos de presión y devastadores boicots sin que las autoridades de Salud Pública ni las de la secretaría de Comercio escucharan sus pedidos de protección; y que los farmacéuticos redactaban, efectivamente, las listas de establecimientos a los cuales no había que venderles medicamentos porque ellos los daban al público con rebajas.
La Cámara en lo Penal Económico, en el auto confirmatorio de la prisión preventiva, declaró que la conducta de los farmacéuticos demostraba que los hechos se sustentan en la raíz de todo monopolio: "falta de espíritu de cooperación y de sensibilidad social, desmedido afán de lucro, egoísta ambición de hacerse rico en poco tiempo", y que al caso era aplicable la máxima de que el hombre que pretende hacerse rico en un año habría que ahorcarlo doce meses antes.
Ante estos antecedentes, las disposiciones relativas al reconocimiento oficial del Colegio de Farmacéuticos toman, evidentemente, otra perspectiva. Y son muchos los legisladores que, alertados de la situación, observan atentamente el fenómeno y estudian la posibilidad de revisar el decreto-ley casi póstumo del ministro Castells en el próximo período ordinario de sesiones. Porque piensan que la uniformidad por lo alto, en la fijación de los precios de los medicamentos, que no se pudo obtener antes con el acuerdo monopolista, podría quedar sancionada a través del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital y de su Consejo de Ética que, como sucede en la provincia de Buenos Aires y en la de Santa Fe, aun sin estar constituido, ya ejercen una actividad intimidatoria.
Sería muy simple, utilizando esta vía, que el Colegio decidiera que el arancel mínimo (en este caso la palabra arancel sustituiría a ganancia, que es más apropiada) debiera ser determinado porcentaje y condenara por falta de ética a los farmacéuticos que siguen haciendo descuentos; o a los que actualmente hacen aplicaciones de inyecciones gratis, como método de promoción; o a los que agregaron a su línea de productos algunos alimenticios (autorizados en todos los casos por el ministerio de Salud Pública), etcétera.
Todas estas prácticas podrían ser condenadas si el Colegio de Farmacéuticos se lo propusiera, porque a su representación cabe no sólo la redacción del Estatuto y el Código de Ética, sino también la fijación de aranceles. Este es el peligro que pesa sobre los hombros del público consumidor que, dentro de la relatividad de las cosas —los precios siguen en aumento—, se beneficiaba por la competencia que se practica en el ramo.
En los círculos consultados llama la atención que una materia de tanta trascendencia para el bienestar y la economía del pueblo, donde el consumidor no tiene posibilidad alguna de elegir o de abstenerse, sea entregada para su gobierno y manejo a quienes, según sus antecedentes, demostraron un interés desmedido en lucrar con dicha actividad, al extremo de provocar la intervención de la justicia y el procesamiento por violación de la Ley de Monopolios.
Revista Primera Plana
31.12.1963

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