Cuando, hace pocas semanas, languidecía ya la segunda
etapa del plan de lucha de la CGT, una extraña versión fue
empujada a circular por las redacciones de Buenos Aires:
se sostenía que el dirigente gremial Paulino Niembro,
antiguo amigo íntimo del líder peronista Augusto Vandor,
había caído en desgracia y estaba hospitalizado, luego de
recibir varios balazos en una emboscada.
Al comenzar la pasada semana se podía comprobar de visu
que la "víctima" no mostraba orificios de balas y que
seguía disponiendo de una buena dosis de la confianza de
Vandor: en un congreso controlado por los vandoristas,
Niembro era elegido presidente del partido Justicialista
en el distrito Capital.
También en la pasada semana quedó claro, para muchos
observadores, el más profundo sentido de aquellas
versiones: en círculos oficialistas trascendió que,
durante aquellos días, mientras se decía en Buenos Aires
que Niembro estaba herido o secuestrado, el dirigente
peronista estaba en realidad internado en una clínica
cardiológica de Montevideo, donde era sometido a un
chek-up más o menos de rutina (tarifa: alrededor de dos
mil pesos argentinos por día de internación) y donde podía
disponer de un ambiente de reserva para recibir, por un
lado, ciertas instrucciones especiales desde Madrid: y,
por el otro, mantener conversaciones con algunos
intermediarios interesados en concretar puntos de
entendimiento entre el gobierno y el peronismo.
El momento elegido para la negociación era, sin duda,
oportuno, ya que en esos momentos se iniciaban en Buenos
Aires, del otro lado del Río de la Plata, tres procesos
convergentes:
•Terminaba la segunda etapa del plan de lucha de la CGT y
las "62 organizaciones", peronistas, debían diagramar la
tercera y darle, según conviniera, mayor o menor
agresividad; también debían decidir si convenía o no
precipitar una ruptura con los gremios "independientes" y
antiperonistas.
•Se acercaba ya, por lo demás, la culminación del proceso
de reorganización del partido Justicialista: era necesario
decidir si había llegado el momento de mostrar una faz más
o menos legal, más o menos pacífica y resolver, en
consecuencia, hasta qué punto es debería marginar —en el
Partido Justicialista y en el movimiento gremial— a los
sectores peronistas más extremistas. que dirige Andrés
Framini
•Los peronistas, por fin, debían decidir en esos momentos
—principios del mes pasado— hasta qué punto debían
mantener o cortar contactos con los grupos golpistas que
tenían, por entonces, ciertas estructuras ya montadas
sobre el supuesto de un eventual apoyo de origen sindical;
y debían decidir hasta qué punto podían mantener, o les
convenía cortar, contactos con otro tipo de golpismo, el
de extrema izquierda, que tenía también dispositivos muy
avanzados: guerrilleros, arsenales, polvorines listos para
estallar en plena ciudad.
Los gestores
La actividad de los intermediarios fue compleja y por
momentos contradictoria: los resultados finales de su
actividad todavía no eran totalmente conocidos a fines de
semana y, en tal sentido, las versiones eran
contrapuestas: muchos hechos, así como las
interpretaciones predominantes en círculos gubernistas y
en esferas peronistas, indicaban que las gestiones habían
avanzado positivamente; en fuentes allegadas a los
militares colorados y en los círculos civiles más
antiperonistas, así como entre voceros frigeristas. en
cambio, se insistía en vaticinar el fracaso y la ruptura
final entre el gobierno y Juan Perón.
La evaluación concreta de estas gestiones era aún más
difícil porque, como sucede siempre en estos casos (se
pueden recordar, entre otros ejemplos, los confusos días
que siguieron a la firma del pacto Perón-Frigerio), los
distintos sectores políticos tienden a difundir versiones
que coinciden más con sus deseos y conveniencias que con
la verdad objetiva; y porque los intermediarios actúan
siempre muy ambiguamente, invocando a menudo
representaciones y mandatos que en verdad no han recibido,
tal como en otro terreno actúan los intermediarios en las
compraventas de departamentos.
En este caso concreto de las gestiones ante el peronista
Paulino Niembro, los intermediarios sostuvieron tener,
para negociar, la "media palabra" del gobierno radical del
Pueblo —como se sabe, entre radicales es muy habitual dar
sólo la media palabra— y tener, en cambio, plenipotencias
de las actuales autoridades del Ejército.
Esas afirmaciones no aclaraban mucho las cosas porque,
simultáneamente, viajaba a Madrid, como integrante de la
misión argentina, que por entonces fue a discutir con las
autoridades españolas la provisión de nuevas bodegas para
la flota mercante de este país, el abogado Gustavo Soler,
futuro yerno del presidente Arturo Illia.
(incidentalmente, el viaje de Soler dio oportunidad a los
opositores para descargar un golpe bajo: se hizo constatar
públicamente que, al mismo tiempo que Soler, viajó a
España su novia, la hija del presidente, y se omitió
aclarar que Emma Illia iba acompañada por sus tíos, el
severo almirante Alberto Estevarena y su esposa.) De todos
modos, aunque voceros del gobierno y el mismo Soler lo
negaron una y otra vez, los informantes peronistas
reiteraron que el novio de Emma Illia fue portador del
borrador de una "carta de intención", para su estudio por
Juan Perón.
También se afirmó que una gestión paralela a la de Soler
—pero en representación de militares azules—, habría
cumplido durante su reciente entrevista con Juan Perón el
arzobispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza; esta
versión, empero, fue tomada con mayores reservas, ya que,
como se sabe, cada vez que monseñor Plaza trepa por las
escalerillas de un jet internacional, circulan en Buenos
Aires rumores parecidos.
Le que verdaderamente preocupó a los sectores civiles y
militares más antiperonistas, fueron las gestiones —reales
o supuestas— atribuidas al abogado Soler. y las cumplidas
ante Paulino Niembro en la clínica cardiológica de
Montevideo.
A fines de la pasada semana, el diputado antiperonista
Américo Ghioldi se aprestaba a presentar un pedido de
informes al Poder Ejecutivo sobre estos "acuerdos del
gobierno con el ex dictador". El mismo Ghioldi reconocía,
empero, que quienes resultarían más perjudicados si se
concretara un eventual acuerdo entre el gobierno y Perón
serían aquellos sectores que, en otras oportunidades,
pudieron capitalizar los votos del peronismo cuando los
partidarios de Juan Perón se vieron impedidos de presentar
sus propios candidatos: en un debate referido a la
intervención a Jujuy, Ghioldi enunció que apoyaría la
legalización del peronismo con el propósito —dijo— de "ver
descalzos y desnudos, otra vez, a quienes se cubrieron con
las vestiduras ajenas". Es posible que este razonamiento
demore, o finalmente frustre, el pedido de informes que
Ghioldi proyectaba.
El esquema
Pero fue un vocero del propio gobierno quien, en la semana
anterior, confirmó sorpresivamente las versiones que en
esos momentos eran diseccionadas en los círculos
antiperonistas.
El matutino Pregón publicó en su página editorial lo que,
según el diario, era el esquema del acuerdo a que se
estaría por llegar entre gobierno y peronismo: "1º) El
Poder Ejecutivo —anunciaba Pregón— concederá el indulto al
exiliado (parece que, en realidad, sólo se tratará de una
declaración indirecta en el sentido de que todos o la
mayoría de los delitos comunes que se imputan a Juan Perón
han quedado ya prescriptos y que, por tanto, su foja
judicial queda más o menos limpia); 2º) La UCRP
—continuaba el diario— renueva sus promesas de darle vía
libre al peronismo en los comicios de 1965; 3º) La CGT
seria escuchada —siempre según Pregón— en la confección de
cualquier plan económico, y sus autoridades tomarían parte
en la ejecución. Por su parte —agregaba el diario—, Perón
se comprometía a: 1º') No obstaculizar con su presencia
inmediata la acción próxima del gobierno nacional (para
ello, antes de fin de año, Perón, una vez que fuera
anunciada en Buenos Aires su "rehabilitación" judicial,
declararía que, en homenaje a la pacificación del país,
renuncia por ahora a sus deseos de volver a la Argentina);
2º) Llevar al peronismo por un camino de oposición severa
pero no destructiva; y 3º) Colaborar con la concreción de
los postulados nacionalistas de la UCRP, a los que, por
otra parte —decía Pregón—, el peronismo no es ajeno."
A pesar del anuncio semioficial del matutino citado, el
clima de dudas no se disipó en los círculos políticos.
Parece probable que el mismo Perón se sintió, a
determinada altura del proceso, desconcertado por lo
ambiguo y multilateral de las negociaciones y encomendó a
algunos militares retirados, que tuvieron actuación bajo
su gobierno (entre otros, generales Fatigati, Sánchez
Toranzo, Embrioni, Molina, etcétera), que comprobaran si,
efectivamente, los jefes actuales del Ejército aceptaban o
patrocinaban los contactos entre gobierno y peronismo.
Como era previsible, estos sondeos fueron recibidos de
mala manera en la secretaría de Guerra. Algunas versiones
en el sentido de que los encargados de negociar —no de
sondear e informar, simplemente— eran aquellos militares
peronistas, fueron después estimuladas, para entorpecer
las gestiones, por quienes serían perjudicados por el
acuerdo, inclusive muchos peronistas disidentes con la
actual conducción del partido Justicialista.
Los hechos
De todos modos, los hechos mostraron en los días
posteriores que la posibilidad de un acuerdo —a despecho
del riesgo de que las gestiones puedan, finalmente,
fracasar— abría un proceso muy rápido:
•En el parlamento, los diputados oficialistas parecían
ahora más dispuestos a modificar el artículo 46 del
proyecto de Estatuto de los Partidos Políticos, donde se
declara ilegal a cualquier partido que propugne el
establecimiento de un régimen "autocrático o totalitario";
la transacción podría consistir en excluir, solamente, a
los partidos que propongan —según un texto que ya circula
entre los legisladores— "la sustitución del régimen
representativo, republicano y federal por cualquier otro,
ajeno a la tradición política argentina", con lo cual el
único excluido resultaría el comunismo.
•En la comisión investigadora de los contratos petroleros
suscritos en 1958, fue evidente también —a partir de la
ruidosa audiencia del pasado jueves 30— que el primer
enemigo de los primeros enemigos del gobierno, esto es, de
los frondizistas y de Rogelio Frigerio (declarante de ese
día) era, inesperadamente, el diputado peronista Juan
Carlos Cornejo Linares. En esa audiencia, como se sabe,
tanto el testigo Rogelio Frigerio como el diputado
frondizista Héctor Gómez Machado debieron enarbolar sus
muletas (ambos, por distintas razones, las usaban
entonces) para enfrentar al peronista.
•En lo gremial los grupos peronistas autodenominados
"revolucionarios" y opuestos a todo entendimiento con el
gobierno, así como su líder Andrés Framini, eran —el
miércoles 29— desplazados de la conducción de las "62
organizaciones", sector peronista que ahora controla
absolutamente la C. G. T. Sin perjuicio de las apelaciones
a Madrid que Framini ensayaba ya en la semana pasada, el
tema había sido girado a una reunión plenaria que se
efectuará esta semana y en la cual, según se calcula, el
ala peronista "legalista", que dirige Augusto Vandor,
tendría mayoría en proporción de 3 a 2.
•Mientras tanto, aunque sin dejar de negar toda
participación suya en cualquier gestión, el joven abogado
Gustavo Soler había vuelto a viajar a Madrid. Al mismo
tiempo, para completar un operativo según el cual al
peronismo, puesto a negociar con el gobierno, no le
conviene tener testigos de otras tendencias en los cuerpos
directivos de la C. G. T., eran casi definitivamente
desplazados (en la reunión del comité central confederal
de la central obrera, el viernes 31) todos los dirigentes
no peronistas. Mientras tanto, como se sabe, dentro del
partido Justicialista eran también alejados de los cargos
directivos —tal como sucedió en la C. G. T.— todos los
dirigentes extremistas o izquierdistas, partidarios de
Framini, así como todos aquellos a los cuales se les
hubieran podido objetar sus antiguos contactos con el ex
presidente Arturo Frondizi o con su asesor, Rogelio
Frigerio.
•Pero, de toda esta cadena de hechos, un eslabón fue
considerado —por lo menos en los gabinetes de algunos
jefes militares— como el más significativo: la declaración
atribuida a Juan Perón y leída el domingo 26 en un
congreso peronista, según la cual "por primera vez desde
1955 podemos (los peronistas) elegir nuestras autoridades
y preparar nuestras cosas con cierto margen de libertad".
Ya antes Perón había escrito en el semanario "legalista"
Retorno que "lo que está faltando en el país es paz,
confianza y trabajo; sin paz —agregaba— no será posible
una convivencia, y sin ella no habrá confianza; por eso la
solución política justa es previa a cualquier otra
solución". Una prueba de la irritación que este giro en la
política peronista causaba dentro de las propias filas del
ex dictador lo dio, pocos días después, el grupo
nacionalista que orienta Guillermo Patricio Kelly. El
periódico Alianza, que edita Kelly, tituló en su última
edición, con grandes caracteres rojos y negros: "Perón
muere y Vandor traiciona".
Montada sobre el filo dentado de este proceso, subsistía
en la pasada semana una incógnita que nadie podía
despejar: ¿Desea Perón, verdaderamente regresar a la
Argentina?
Si Perón insistía en su deseo y no aceptaba, a cambio de
la legalidad para su partido, permanecer en España, era
muy probable que todas las gestiones naufragaran y sólo
hubieran implicado, en realidad, una endeble tregua. Si
Perón deseaba verdaderamente volver; si creía, como muchos
de sus allegados sostienen, en la proximidad de su muerte
y quería traer aquí su propio cadáver, es posible que
optara, sencillamente, por regresar, con legalidad o sin
ella. En ese supuesto, todo hace pensar que los contactos
de los grupos extremistas del peronismo con las
izquierdas, que los arsenales, polvorines y guerrilleros,
comenzarán, de pronto, a jugar un papel cada vez más
amenazante. Se ignora si el gobierno era totalmente
consciente de este riesgo.
Revista Primera Plana
04.08.1964
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