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El que arriesga gana o, a veces, pierde
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Cuando, hace pocas semanas, languidecía ya la segunda etapa del plan de lucha de la CGT, una extraña versión fue empujada a circular por las redacciones de Buenos Aires: se sostenía que el dirigente gremial Paulino Niembro, antiguo amigo íntimo del líder peronista Augusto Vandor, había caído en desgracia y estaba hospitalizado, luego de recibir varios balazos en una emboscada.
Al comenzar la pasada semana se podía comprobar de visu que la "víctima" no mostraba orificios de balas y que seguía disponiendo de una buena dosis de la confianza de Vandor: en un congreso controlado por los vandoristas, Niembro era elegido presidente del partido Justicialista en el distrito Capital.
También en la pasada semana quedó claro, para muchos observadores, el más profundo sentido de aquellas versiones: en círculos oficialistas trascendió que, durante aquellos días, mientras se decía en Buenos Aires que Niembro estaba herido o secuestrado, el dirigente peronista estaba en realidad internado en una clínica cardiológica de Montevideo, donde era sometido a un chek-up más o menos de rutina (tarifa: alrededor de dos mil pesos argentinos por día de internación) y donde podía disponer de un ambiente de reserva para recibir, por un lado, ciertas instrucciones especiales desde Madrid: y, por el otro, mantener conversaciones con algunos intermediarios interesados en concretar puntos de entendimiento entre el gobierno y el peronismo.
El momento elegido para la negociación era, sin duda, oportuno, ya que en esos momentos se iniciaban en Buenos Aires, del otro lado del Río de la Plata, tres procesos convergentes:
•Terminaba la segunda etapa del plan de lucha de la CGT y las "62 organizaciones", peronistas, debían diagramar la tercera y darle, según conviniera, mayor o menor agresividad; también debían decidir si convenía o no precipitar una ruptura con los gremios "independientes" y antiperonistas.
•Se acercaba ya, por lo demás, la culminación del proceso de reorganización del partido Justicialista: era necesario decidir si había llegado el momento de mostrar una faz más o menos legal, más o menos pacífica y resolver, en consecuencia, hasta qué punto es debería marginar —en el Partido Justicialista y en el movimiento gremial— a los sectores peronistas más extremistas. que dirige Andrés Framini
•Los peronistas, por fin, debían decidir en esos momentos —principios del mes pasado— hasta qué punto debían mantener o cortar contactos con los grupos golpistas que tenían, por entonces, ciertas estructuras ya montadas sobre el supuesto de un eventual apoyo de origen sindical; y debían decidir hasta qué punto podían mantener, o les convenía cortar, contactos con otro tipo de golpismo, el de extrema izquierda, que tenía también dispositivos muy avanzados: guerrilleros, arsenales, polvorines listos para estallar en plena ciudad.

Los gestores
La actividad de los intermediarios fue compleja y por momentos contradictoria: los resultados finales de su actividad todavía no eran totalmente conocidos a fines de semana y, en tal sentido, las versiones eran contrapuestas: muchos hechos, así como las interpretaciones predominantes en círculos gubernistas y en esferas peronistas, indicaban que las gestiones habían avanzado positivamente; en fuentes allegadas a los militares colorados y en los círculos civiles más antiperonistas, así como entre voceros frigeristas. en cambio, se insistía en vaticinar el fracaso y la ruptura final entre el gobierno y Juan Perón.
La evaluación concreta de estas gestiones era aún más difícil porque, como sucede siempre en estos casos (se pueden recordar, entre otros ejemplos, los confusos días que siguieron a la firma del pacto Perón-Frigerio), los distintos sectores políticos tienden a difundir versiones que coinciden más con sus deseos y conveniencias que con la verdad objetiva; y porque los intermediarios actúan siempre muy ambiguamente, invocando a menudo representaciones y mandatos que en verdad no han recibido, tal como en otro terreno actúan los intermediarios en las compraventas de departamentos.
En este caso concreto de las gestiones ante el peronista Paulino Niembro, los intermediarios sostuvieron tener, para negociar, la "media palabra" del gobierno radical del Pueblo —como se sabe, entre radicales es muy habitual dar sólo la media palabra— y tener, en cambio, plenipotencias de las actuales autoridades del Ejército.
Esas afirmaciones no aclaraban mucho las cosas porque, simultáneamente, viajaba a Madrid, como integrante de la misión argentina, que por entonces fue a discutir con las autoridades españolas la provisión de nuevas bodegas para la flota mercante de este país, el abogado Gustavo Soler, futuro yerno del presidente Arturo Illia. (incidentalmente, el viaje de Soler dio oportunidad a los opositores para descargar un golpe bajo: se hizo constatar públicamente que, al mismo tiempo que Soler, viajó a España su novia, la hija del presidente, y se omitió aclarar que Emma Illia iba acompañada por sus tíos, el severo almirante Alberto Estevarena y su esposa.) De todos modos, aunque voceros del gobierno y el mismo Soler lo negaron una y otra vez, los informantes peronistas reiteraron que el novio de Emma Illia fue portador del borrador de una "carta de intención", para su estudio por Juan Perón.
También se afirmó que una gestión paralela a la de Soler —pero en representación de militares azules—, habría cumplido durante su reciente entrevista con Juan Perón el arzobispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza; esta versión, empero, fue tomada con mayores reservas, ya que, como se sabe, cada vez que monseñor Plaza trepa por las escalerillas de un jet internacional, circulan en Buenos Aires rumores parecidos.
Le que verdaderamente preocupó a los sectores civiles y militares más antiperonistas, fueron las gestiones —reales o supuestas— atribuidas al abogado Soler. y las cumplidas ante Paulino Niembro en la clínica cardiológica de Montevideo.
A fines de la pasada semana, el diputado antiperonista Américo Ghioldi se aprestaba a presentar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre estos "acuerdos del gobierno con el ex dictador". El mismo Ghioldi reconocía, empero, que quienes resultarían más perjudicados si se concretara un eventual acuerdo entre el gobierno y Perón serían aquellos sectores que, en otras oportunidades, pudieron capitalizar los votos del peronismo cuando los partidarios de Juan Perón se vieron impedidos de presentar sus propios candidatos: en un debate referido a la intervención a Jujuy, Ghioldi enunció que apoyaría la legalización del peronismo con el propósito —dijo— de "ver descalzos y desnudos, otra vez, a quienes se cubrieron con las vestiduras ajenas". Es posible que este razonamiento demore, o finalmente frustre, el pedido de informes que Ghioldi proyectaba.

El esquema
Pero fue un vocero del propio gobierno quien, en la semana anterior, confirmó sorpresivamente las versiones que en esos momentos eran diseccionadas en los círculos antiperonistas.
El matutino Pregón publicó en su página editorial lo que, según el diario, era el esquema del acuerdo a que se estaría por llegar entre gobierno y peronismo: "1º) El Poder Ejecutivo —anunciaba Pregón— concederá el indulto al exiliado (parece que, en realidad, sólo se tratará de una declaración indirecta en el sentido de que todos o la mayoría de los delitos comunes que se imputan a Juan Perón han quedado ya prescriptos y que, por tanto, su foja judicial queda más o menos limpia); 2º) La UCRP —continuaba el diario— renueva sus promesas de darle vía libre al peronismo en los comicios de 1965; 3º) La CGT seria escuchada —siempre según Pregón— en la confección de cualquier plan económico, y sus autoridades tomarían parte en la ejecución. Por su parte —agregaba el diario—, Perón se comprometía a: 1º') No obstaculizar con su presencia inmediata la acción próxima del gobierno nacional (para ello, antes de fin de año, Perón, una vez que fuera anunciada en Buenos Aires su "rehabilitación" judicial, declararía que, en homenaje a la pacificación del país, renuncia por ahora a sus deseos de volver a la Argentina); 2º) Llevar al peronismo por un camino de oposición severa pero no destructiva; y 3º) Colaborar con la concreción de los postulados nacionalistas de la UCRP, a los que, por otra parte —decía Pregón—, el peronismo no es ajeno."
A pesar del anuncio semioficial del matutino citado, el clima de dudas no se disipó en los círculos políticos.
Parece probable que el mismo Perón se sintió, a determinada altura del proceso, desconcertado por lo ambiguo y multilateral de las negociaciones y encomendó a algunos militares retirados, que tuvieron actuación bajo su gobierno (entre otros, generales Fatigati, Sánchez Toranzo, Embrioni, Molina, etcétera), que comprobaran si, efectivamente, los jefes actuales del Ejército aceptaban o patrocinaban los contactos entre gobierno y peronismo. Como era previsible, estos sondeos fueron recibidos de mala manera en la secretaría de Guerra. Algunas versiones en el sentido de que los encargados de negociar —no de sondear e informar, simplemente— eran aquellos militares peronistas, fueron después estimuladas, para entorpecer las gestiones, por quienes serían perjudicados por el acuerdo, inclusive muchos peronistas disidentes con la actual conducción del partido Justicialista.

Los hechos
De todos modos, los hechos mostraron en los días posteriores que la posibilidad de un acuerdo —a despecho del riesgo de que las gestiones puedan, finalmente, fracasar— abría un proceso muy rápido:
•En el parlamento, los diputados oficialistas parecían ahora más dispuestos a modificar el artículo 46 del proyecto de Estatuto de los Partidos Políticos, donde se declara ilegal a cualquier partido que propugne el establecimiento de un régimen "autocrático o totalitario"; la transacción podría consistir en excluir, solamente, a los partidos que propongan —según un texto que ya circula entre los legisladores— "la sustitución del régimen representativo, republicano y federal por cualquier otro, ajeno a la tradición política argentina", con lo cual el único excluido resultaría el comunismo.
•En la comisión investigadora de los contratos petroleros suscritos en 1958, fue evidente también —a partir de la ruidosa audiencia del pasado jueves 30— que el primer enemigo de los primeros enemigos del gobierno, esto es, de los frondizistas y de Rogelio Frigerio (declarante de ese día) era, inesperadamente, el diputado peronista Juan Carlos Cornejo Linares. En esa audiencia, como se sabe, tanto el testigo Rogelio Frigerio como el diputado frondizista Héctor Gómez Machado debieron enarbolar sus muletas (ambos, por distintas razones, las usaban entonces) para enfrentar al peronista.
•En lo gremial los grupos peronistas autodenominados "revolucionarios" y opuestos a todo entendimiento con el gobierno, así como su líder Andrés Framini, eran —el miércoles 29— desplazados de la conducción de las "62 organizaciones", sector peronista que ahora controla absolutamente la C. G. T. Sin perjuicio de las apelaciones a Madrid que Framini ensayaba ya en la semana pasada, el tema había sido girado a una reunión plenaria que se efectuará esta semana y en la cual, según se calcula, el ala peronista "legalista", que dirige Augusto Vandor, tendría mayoría en proporción de 3 a 2.
•Mientras tanto, aunque sin dejar de negar toda participación suya en cualquier gestión, el joven abogado Gustavo Soler había vuelto a viajar a Madrid. Al mismo tiempo, para completar un operativo según el cual al peronismo, puesto a negociar con el gobierno, no le conviene tener testigos de otras tendencias en los cuerpos directivos de la C. G. T., eran casi definitivamente desplazados (en la reunión del comité central confederal de la central obrera, el viernes 31) todos los dirigentes no peronistas. Mientras tanto, como se sabe, dentro del partido Justicialista eran también alejados de los cargos directivos —tal como sucedió en la C. G. T.— todos los dirigentes extremistas o izquierdistas, partidarios de Framini, así como todos aquellos a los cuales se les hubieran podido objetar sus antiguos contactos con el ex presidente Arturo Frondizi o con su asesor, Rogelio Frigerio.
•Pero, de toda esta cadena de hechos, un eslabón fue considerado —por lo menos en los gabinetes de algunos jefes militares— como el más significativo: la declaración atribuida a Juan Perón y leída el domingo 26 en un congreso peronista, según la cual "por primera vez desde 1955 podemos (los peronistas) elegir nuestras autoridades y preparar nuestras cosas con cierto margen de libertad". Ya antes Perón había escrito en el semanario "legalista" Retorno que "lo que está faltando en el país es paz, confianza y trabajo; sin paz —agregaba— no será posible una convivencia, y sin ella no habrá confianza; por eso la solución política justa es previa a cualquier otra solución". Una prueba de la irritación que este giro en la política peronista causaba dentro de las propias filas del ex dictador lo dio, pocos días después, el grupo nacionalista que orienta Guillermo Patricio Kelly. El periódico Alianza, que edita Kelly, tituló en su última edición, con grandes caracteres rojos y negros: "Perón muere y Vandor traiciona".
Montada sobre el filo dentado de este proceso, subsistía en la pasada semana una incógnita que nadie podía despejar: ¿Desea Perón, verdaderamente regresar a la Argentina?
Si Perón insistía en su deseo y no aceptaba, a cambio de la legalidad para su partido, permanecer en España, era muy probable que todas las gestiones naufragaran y sólo hubieran implicado, en realidad, una endeble tregua. Si Perón deseaba verdaderamente volver; si creía, como muchos de sus allegados sostienen, en la proximidad de su muerte y quería traer aquí su propio cadáver, es posible que optara, sencillamente, por regresar, con legalidad o sin ella. En ese supuesto, todo hace pensar que los contactos de los grupos extremistas del peronismo con las izquierdas, que los arsenales, polvorines y guerrilleros, comenzarán, de pronto, a jugar un papel cada vez más amenazante. Se ignora si el gobierno era totalmente consciente de este riesgo.
Revista Primera Plana
04.08.1964

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