La Gran Paritaria Nacional alumbra en medio de un
panorama económico y gremial bastante confuso los nuevos
precios y salarios. Por su parte los trabajadores deberán
cumplir el rol de nodriza haciéndose cargo de la criatura.
Muchos creen que quienes los dirigen —así como los que
aspiran a dirigirlos— deberían explicarles con toda
claridad los secretos del parto.
EN otros tiempos y hace poco, Perón ha sostenido que "la
víscera más importante del pueblo es el bolsillo" y que
"cualquier sistema que se base en el sacrificio del pueblo
está destinado al fracaso". Estas afirmaciones son de tal
importancia que podrían ser incorporadas como los cánones
veintiuno y veintidós al conjunto de sus verdades
justicialistas.
Es cierto, también, que Perón ha sido definido, aún por
sus sostenedores, como un político pragmático que es capaz
de decir repetidamente algo y llegado el momento hacer
todo lo contrario en lo que, a fuer de sinceros, debe
reconocerse que no le ha ido tan mal.
Con los enunciados citados ha sucedido algo por el estilo.
Porque no fue otra cosa que, ellos mediante, con la
conformidad de Perón se llegara al Acta de Compromiso
Nacional —el llamado Pacto Social— que no le presta mucha
atención a la trascendente víscera popular y, sin
ocultamientos, pidió al pueblo el sacrificio necesario
para lo que se llamó el despegue del país hacia la
concreción de la Argentina Potencia.
Curiosamente, quienes recuerdan —expresa o implícitamente—
esas verdades en su predicar son los grupos de dirigentes
sindicales calificados como combativos, opositores a la
conducción cegetista y de las 62 Organizaciones. Por su
lado, los sostenedores de la verticalidad se limitan a
instrumentar las directivas de Perón a despecho de las
afirmaciones que, por cierto, no figuran en las citas que
habitualmente se hacen de sus palabras en las frecuentes
solicitadas periodísticas.
Recordamos todo esto porque el mes pasado los hechos
parecían de una trascendencia poco común para el cuerpo
social argentino. Así, junto con el proyecto de ley,
denominada de "contrato de trabajo", a la que se calificó
como una avanzada en el orden mundial, se llevaron a cabo
las reuniones de la llamada Gran Paritaria Nacional —a la
que se incorpora ahora la Unión Industrial— con miras a
adecuar el salario de los trabajadores a las fluctuaciones
observadas en los precios, asegurando el poder real de
aquéllos.
Lo que se supo del proyecto de ley de contrato de trabajo
siguió siendo insuficiente y poco claro para hacer en esta
instancia un comentario cabal y veraz de su contenido como
de sus posibles proyecciones. Es deseable sí, que lo que
se logre como beneficio social no deba ser aportado por
los trabajadores en función de miembros de la comunidad
consumidora y que lo hecho tenga coherencia, validez
constitucional para evitar largos trámites tribunalicios
previos a su efectivización. Y, por último, que se haya
tenido en cuenta que no siempre lo inédito resulta
beneficioso por la simple razón de la novedad.
¿Pan para hoy?
De la reconsideración de ciertos valores del Pacto Social
por la Gran Paritaria Nacional se puede comentar con
mayores y menores elementos de juicio. Porque esos valores
tuvieron en su momento consagración legislativa (a pesar
de la afirmación en contrario de Raúl Alfonsín en reciente
programa televisivo) el 6 de julio de 1973, con la
promulgación el 17 de ese mes y publicación en el Boletín
Oficial dos días más tarde. Y con esa ley en mano se hace
más fácil el análisis de lo que se está haciendo para
arribar a la esperada adecuación de los salarios a los
precios.
Se ignora si la Comisión integrada por miembros de la
C.G.T. y de la C.G.E. cuenta con los índices necesarios
para actuar dentro del marco legal fijado al Poder
Ejecutivo. Vale decir, si ha crecido la productividad
media de la economía y, en caso afirmativo, cuál ha sido
el porcentaje de ese incremento. No hace mucho, el
Secretario de Prensa de la C.G.T., Hugo Barrionuevo,
afirmó a periodistas que lo interrogaban, al salir de la
residencia de Olivos, que el organismo oficial que tiene a
su cargo la confección de las estadísticas era obsoleto y
no respondía a las necesidades actuales. Si eso es cierto
cabe preguntarse cuáles fueron los datos indispensables
considerados para proceder a la adecuación salarial y
quién los produjo. No deja de tener importancia que el
ministro Gelbard. el 15 de marzo, al término de una de las
reuniones, dijera algo similar a lo expresado por
Barrionuevo, sin señalar al organismo estatal responsable.
Ese mismo día, el Secretario General de la C.G.T., Adelino
Romero. formuló declaraciones sobre el tema que no pueden
quedar sin comentario. En efecto, aseguró Romero que se
llegará a la fijación de los niveles de remuneraciones
luego de haberse concretado el de los precios y el valor
de los servicios. Agregó que no se deseaba caer en
prácticas inflacionarias que durante tanto tiempo
esquilmaron el bolsillo de los trabajadores. Cabe
reconocer que Romero se apuntó allí un buen poroto.
Primero porque hábilmente se colocó a la zaga de los
precios para determinar los salarios, lo que revela una
cierta habilidad negociadora, y luego porque, al margen de
las motivaciones que lo impulsaron a hacerlo, requiere una
buena dosis de coraje reconocer los perniciosos efectos de
la inflación cuando se está representando a los
trabajadores en la mesa en que se discuten sus salarios.
Pese a las preguntas de los cronistas acreditados en
Economía, la fecha de vigencia de los nuevos salarios
permaneció en la sombra. Sin embargo, no se descarta que
rijan con anterioridad al de junio próximo. Si eso
sucediese, se estaría violando la ley que fijaba esa fecha
como la de la primera corrección. Tal vez se podrá
argumentar que la justificación surgió porque se debía dar
respuesta a una urgente necesidad de los trabajadores. Por
otra parte nadie reprochará al Gobierno por ello aunque
signifique un incumplimiento de la ley que debe desearse
no se repita si es que el ejemplo debe venir de arriba,
sobre todo en momentos en que hay tantos intereses que
pugnan por hacer de la ley un elemento decorativo.
Es, finalmente, imprescindible que la ley se cumpla en
tanto ella manda al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas
que aseguren el mantenimiento del poder de compra a la
fecha de sanción de la ley, es decir a julio de 1973. El
mandato legal no es de fácil cumplimiento. Las fórmulas
aplicadas en nuestro país —el ultimo congelamiento de
precios inclusive— y las adoptadas por otros países con
similares problemas no parecen constituir una garantía
para el mantenimiento del poder real de las
remuneraciones.
Palo porque bogas...
Resulta previsible que los sectores opuestos a la actual
conducción sindical habrán de poner el grito en el cielo
apenas se tenga conocimiento del monto o porcentaje de
aumento de los sueldos. En una solicitada comentada por
Redacción (Nº 11), ese sector pedía un salario mínimo de
doscientos mil pesos viejos lo que significa lisa y
llanamente duplicar el sueldo mínimo establecido por la
ley que mencionamos. Nadie puede pensar que el ajuste
considerado por la Gran Paritaria resulte en un aumento de
un ciento por ciento ni en el salario mínimo ni en ninguna
otra remuneración ni aún en la de quienes Redacción (Nº
12) calificara como más iguales que otros.
De todas maneras las críticas le van a llover al Gobierno
no bien se conozca el aumento. Y, como hasta ahora, las
críticas serán valoradas de acuerdo a la simpatía o
antipatía que siente el que juzga.
¿Puede extrañar que la oposición en lo sindical califique
de magros a los aumentos y a los dirigentes cegetistas de
burócratas, quedantistas y burgueses? De la misma forma, a
su turno, quizás, los dirigentes de la C.G.T. encuadrarán
a sus adversarios como representantes de la sinarquía y de
agentes de la confabulación marxista.
Y es lamentable porque en eso de personalizar ya hay
experiencia formada y desfavorable. En su momento, los
grupos opuestos a la conducción sindical actual criticaron
la ley de Asociaciones Profesionales concentrando sus
críticas en aspectos de la misma que estaban relacionados
con la permanencia y el alargue de los mandatos de las
actuales autoridades de la C.G.T.
En esa obstinada oposición casi personal se dejó de lado
las crítica a otros aspectos de la ley que implicaban la
subsistencia de controles estatales rígidos para las
organizaciones gremiales cuyas consecuencias están
sufriendo algunos de los sindicatos con dirigentes
enrolados en las filas del sindicalismo llamado combativo.
De dos de estos casos tuvo ocasión de ocuparse Redacción
en el número anterior.
Lo definitivamente más lamentable de todo esto es que en
ambos sectores hay gente capaz de esclarecer a los
trabajadores y hasta el momento no parecen haber
encontrado el modo ele hacerlo. Los unos pueden ser
acusados de que, conscientes de la falta de vocación
"revolucionaria" de los trabajadores argentinos, buscan
centrar las críticas en las personas de quienes
ocasionalmente los dirigen en vez de poner sobre la mesa
el contenido revolucionario de su ideología. Los otros son
pasibles de otra crítica ya que, también conscientes de
esa falta de vocación, atacan a sus opositores al tiempo
que ofrecen a sus dirigentes una revolución nada ortodoxa.
Ninguno de los dos sectores, por fin, parece darse cuenta
que el olvido de esa función esclarecedora puede hacerles
caer en cuenta que los dichos de Perón; citados al
principio, son verdades inconmovibles y que, emuna de
esas, los trabajadores se descubren alguna víscera
aletargada capaz de poner a las cosas y a los hombres en
su lugar.
REDACCION
abril 1974
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