_Buenas noches, padre Carbone."
Fue la salutación de Olea, el anciano portero de la
Casa del Clero, en Rodríguez Peña y Paraguay. Eran las
tres de la madrugada, en la noche de Reyes.
Al escuchar el obligado saludo, un personaje portando
ametralladora surgió del rellano de la escalera que
franquea la entrada. Alberto Carbone (44) —sacerdote
de origen germano vinculado por razones religiosas con
algunos Montoneros que intervinieron en el caso
Aramburu— regresaba del festejo de su cumpleaños con
amigos y familiares.
Tres coches se alejaron con el clérigo y sus captores,
después de una accidentada espera. Elementos
policiales (dos fueron reconocidos por el canónigo
López Moure como intervinientes en ocasión del
anterior encarcelamiento de Carbone) y de la
Prefectura Naval Argentina ya habían ingresado en el
recinto a la 0.15. Al ver entrar a un sacerdote
(Francisco Ingr) lo confundieron con Carbone.
Despertaron al encargado de la casa, canónigo Jesús
López Moure, y al intendente Arana. Ante la negación
de ambos sobre la presencia de Carbone, les
solicitaron amablemente que abrieran su cuarto en el
cuarto piso. Comprobada su ausencia, dejaron un hombre
en planta baja e impusieron el saludo como consigna al
anciano sereno. No querían confundirse (32 sacerdotes
viven en el edificio). Un paso en falso alertaría al
cura tercermundista condenado a 2 años en suspenso por
haber recibido, en depósito la máquina donde se
habrían redactado los comunicados Montoneros.
Alberto Carbone (tras sus gruesas gafas requeridas por
una acentuada miopía) jamás sospecharía la acusación
que horas después iba a difundirse: desde un automóvil
estacionado en la oscuridad —afirman— dirigió el lunes
3, a las 3.30, el asalto a la Prefectura Naval de
Zárate.
Frente a los sucesos. Carbone no habría ofrecido
resistencia. Tampoco nadie salió en su defensa, ni los
sacerdotes que descansaban ni los amedrentados
empleados. En cambio, a la misma hora, en Olazábal
4330, una casa de departamentos donde vivía con su
madre y hermanas el imprentero peronista Ricardo
Beltrán era escenario de una batalla campal para
impedir que seis civiles armados lo alejaran del
lugar. Dos policías de facción —a escasos veinte
metros— en la casa del subjefe policial Novara
intervinieron ante los gritos de la familia Beltrán.
Credenciales oficiales alejaron del lugar a los
custodios del orden.
Beltrán, entretanto, fue conducido a empellones hasta
la puerta de entrada del edificio. Como una hermana
del detenido la había cerrado con llave, fue roto el
vidrio a culatazos. El resto de las astillas se
clavaron en el obeso imprentero al ser obligado a
golpes a trasponer la salida artificial. Un reguero de
sangre marcó en la vereda el itinerario. Su anciana
madre, Haydée Rodríguez, interpuso resistencia hasta
dentro del automóvil en que conducían a Ricardo
Beltrán. Fue entonces cuando escuchó una frase
lacónica: "Dejala no más... que después la tiramos en
el camino".
Pero no pudo acompañar la suerte de su hijo.
En la mañana del día de Reyes, tres colegas de Carbone
—Carlos Mujica, Jorge Vernazza y Rodolfo Ricciardelli—
dieron a publicidad el hecho y concurrieron al estudio
de los abogados Ortega Peña y Duhalde para encargarles
la defensa de Alberto Carbone. Al mismo tiempo, el
Consejo Superior del Peronismo envió un coche para
permitir el traslado, hasta la sede de la calle Chile,
de la madre de Beltrán, quien recibió del más alto
cuerpo partidario la solidaridad del Movimiento con
sus sufrimientos y los de su hijo. Los peronistas
también enviaron un telegrama al Presidente de la
Suprema Corte de Justicia denunciando "hechos
criminales... en que aparecieran implicados
funcionarios de organismos de Seguridad". En cambio,
las autoridades eclesiásticas guardaron silencio en
esta ocasión. Algunos critican el retraimiento de la
jerarquía religiosa. Otros observadores suponen que su
mutismo puede ser el símbolo de la calma que precede a
las grandes tempestades. En la actualidad ya son dos
los clérigos detenidos: Elíseo Morales, un sacerdote
obrero de la diócesis de Avellaneda, y Alberto
Carbone.
Su abogado defensor, el doctor Eduardo Duhalde,
comentó a algunos amigos que la motivación del hecho
podría ser la supuesta vinculación de Carbone y
Beltrán con activistas guerrilleros. El asalto a la
Prefectura de Zárate fue firmado por los comandos
Montoneros "Ramus" y Abal Medina". Aunque Carbone y
Beltrán no hubiesen participado, "algo podrían saber
para deshilvanar el nudo de la investigación", según
los organismos de Seguridad.
Pero el procedimiento y la posterior negación o
desconocimiento de su paradero por el término de
cuarenta horas supera los límites de lo comprensible.
El Buenos Aires Herald del sábado 8 advierte que "las
reglas normales que rigen el arresto de las personas
no han sido cumplidas... Estos dos casos parecen
apoyar los cargos recientemente formulados por la
Comisión Internacional de Juristas... estos casos no
son únicos, desafortunadamente, pero han dado plena
prueba de la manera arbitraria cómo se efectúan
arrestos. La policía no constituye de por sí la ley
(en este caso el servicio de informaciones de la
Prefectura Naval). Pero su deber es hacer que la misma
se cumpla". El diario de la colectividad inglesa
finaliza su editorial señalando la perplejidad ante la
conducta de un Gobierno que intentando restaurar la
democracia parece tolerar tales métodos.
Mientras la nebulosa de reconocimientos, presunta
impresión de panfletos en la imprenta de Beltrán y
otras versiones flotantes no se aclaran, los dos
detenidos (¿o quizá más?) se encuentran alojados en la
Prefectura Naval de Zárate.
Después de tantas negativas, una afirmación: están con
vida.
PRIMERA PLANA Nº 467 • 11/1/72