La carga impositiva sobre más
hombros
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo elevado
al presidente norteamericano Johnson a fines de marzo
pasado, señalaba que "algunos gobiernos latinoamericanos
están perdiendo hasta el 50 por ciento de sus posibles
ingresos, por las evasiones registradas en el pago de los
impuestos". El informe atribuía dicha situación a la
"falta de preocupación" de dichos gobiernos ante este
grave problema.
Si bien la Argentina no está entre los países aludidos por
este estudio del BID, también en nuestro país la evasión
alcanza un alto índice. Pero con el agravante de que los
fuertes gastes del Estado tienen que compensarse año a
año, de manera tal que los contribuyentes localizados o
los consumidores en general (destinatarios de los
impuestos indirectos) cada vez soportan una mayor presión
del fisco, hecho este que desalienta el cumplimiento de
las obligaciones, origina moras, obliga a dictar prórrogas
y moratorias y altera, finalmente, la percepción, creando
una situación confusa que se agrava ante los obligados
proyectos de normalización o reformas que de tanto en
tanto Surgen como remedio a este desorden.
Actualmente, el panorama ha vuelto a repetirse, como
producto de situaciones de permanente arrastre y al
crecimiento de los gastos fiscales apuntado. En octubre
pasado, por ejemplo, las deudas de los contribuyentes,
exigibles por la Dirección General Impositiva, alcanzaban
a 51.000 millones. Los gastos del presupuesto iban a su
vez en aumento, sin que las previsiones del mismo
establecieran el posible origen de los fondos requeridos
para atenderlos.
De allí la necesidad de una reforma impositiva de forma,
que apunte básicamente a la modificación de los montos de
la percepción, de los que deberán surgir alrededor de
25.000 millones que el gobierno destinará a cubrir parte
del desnivel del presupuesto. Pero como este aumento no
puede realizarse indiscriminadamente sobre los actuales
niveles, ya en parte excesivos, los técnicos han debido
procurar una redistribución de la carga tributaria en
otras etapas y sobre más hombros, forzando también al
máximo las previsiones para obtener un mayor control y la
consiguiente reducción de la evasión.
Esta labor se completará con una reforma impositiva de
fondo, que se enviará antes de dos meses al Congreso, una
vez aprobadas las reformas menores elevadas en el primer
proyecto que irá a las cámaras dentro de unos diez días. A
dar uniformidad y sentido a la misma ha contribuido una
comisión técnica privada encabezada por el doctor Manuel
Risueño e integrada por técnicos de la jerarquía de García
Belsunce, Rebizo, Sapolsky, Bello, Caride, Freytes,
Losada, Retcher, Reig, Scotti, López y Tejerina, que
trabaja "ad-honorem" en la preparación de las medidas.
Sin perjuicio de la labor de esta comisión, a cuyos
integrantes calificara de "especialistas reconocidos en
los ambientes universitarios como técnicos de alto nivel",
el secretario de Hacienda, García Tudero, designó
recientemente otra comisión a cuyo cargo está la redacción
de algunas de las disposiciones y aparentemente el
análisis de los problemas presupuestarios que se vinculan
con el régimen impositivo, y la situación de la DGI ante
el próximo cambio. Ambos grupos, técnicos privados y
estatales, han coincidido al parecer en la necesidad de
realizar reformas que atienden al siguiente esquema:
• Impuesto a las ventas: la actual imposición recae
totalmente en la etapa manufacturera, lo que si bien
posibilita la mejor localización del impuesto, dificulta
su cobro, toda vez que el productor generalmente debe
hacer frente al pago al impuesto por ventas no cobradas
aún, lo que importa su segura descapitalización y la
concesión de un crédito obligatorio al mayorista. La
reforma contempla su transformación en un impuesto "al
valor agregado", que gravará el mayor valor sufrido por el
producto en las distintas etapas, hasta la de venta
minorista, que queda excluida. Según se espera, la
recaudación por este impuesto aumentará de esta forma en
un 40 por ciento y el número de contribuyentes que lo
tributan en un 75 por ciento. Desde luego, esta
redistribución permitirá una reducción del gravamen en su
actual aplicación.
• Impuestos internos: las modificaciones a introducirse a
estos impuestos, según la secretaría de Hacienda,
consistirán en la reforma de algunos montos —que puede
hacerse por decreto— y en una modificación de su control y
percepción, tendiente a extenderlos y a reducir la evasión
que en este sector se considera elevada.
Por esta vía solamente podrían obtenerse mejoras en la
recaudación del orden de los 10.000 millones. Algunas
disposiciones de la DGI tendientes a hacer efectivo este
propósito ya han sido puestas en vigencia en los últimos
días.
• Impuesto a los réditos: las reformas a este impuesto,
que aún tiene en estudio la comisión que preside el doctor
Risueño, consistirán fundamentalmente en la reducción de
márgenes de desgravación o en la supresión de deducciones
indiscriminadas, parte de las cuales serán reemplazadas
por deducciones sectoriales en preparación. Estas
reducciones —como ya lo anticipara PRIMERA PLANA (Nº 78,
página 48)— se operarán fundamentalmente sobre los
márgenes de deducción previstos para la renta de la tierra
y de las explotaciones agropecuarias, por considerarse a
ambas sobreprotegidas en exceso con relación a otros
sectores. Algunos sectores industriales verán también
reducidas ciertas deducciones y la renta mobiliaria
quedará localizada, al establecerse la obligación de
declarar individualmente el rédito proveniente de la
tenencia de acciones.
• Pero a la vez se prevén otras reformas que alienten la
formación del capital, tales como la reducción de las
tasas adicionales que forman la escala progresiva de
réditos, atemperando la pendiente de la misma según lo
aconsejan la experiencia internacional y la doctrina
impositiva en boga. Igualmente se elevarán los mínimos no
imponibles, adecuándolos a las condiciones económicas
actuales y a las que previsiblemente se vivirán al ponerse
en vigencia la reforma. Con la primera de las medidas
apuntadas se procurará evitar la extranjerización del
rédito, que surge de la necesidad de constituir depósitos
en el exterior para evitar la incidencia de este impuesto
en los altos niveles.
Si la comprensión de las Cámaras permite al Poder
Ejecutivo disponer de inmediato del instrumento legal
previsto en la primera reforma, que hace fundamentalmente
a necesidades de recaudación inmediatas, se confía en la
secretaría de Hacienda que antes de un par de meses se
habrá concluido el estudio de una reforma que dará
vigencia permanente al impuesto y permitirá a los
contribuyentes planificar sus actividades sin el constante
tropiezo de los impuestos o tasas "de excepción" o
transitorios. Pero como la mayor recaudación debe
originarse, según el proyecto, en más contribuyentes y no
en mayores impuestos, un aspecto vital de este plan lo
constituirá la capacidad de Impositiva para acelerar su
percepción, el control y las tareas adicionales que
demandará la ampliación de su campo de acción. En las
actuales condiciones, la DGI no parece estar organizada
para ampliar excesivamente su campo de acción, y ello
puede ser un obstáculo decisivo para la ejecución de estos
planes.
Finanzas
Otra iniciativa intervencionista
Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados la semana
anterior por el legislador cordobés Héctor Llorens,
proponía la institución de una moratoria en la esfera del
derecho privado, en virtud de la cual se diferirían por
dos años las obligaciones de restituir préstamos de
dinero, exigibles o por vencer, contraídas antes de la
vigencia de la ley. Siendo el autor del proyecto
correligionario e íntimo amigo del presidente, cuyo trato
frecuenta a diario, algunos observadores pusieron especial
atención en la iniciativa creyendo advertir en la misma un
intento de sondeo de alto nivel a las opiniones del
Parlamento sobre temas que actualmente sólo se manejan en
el ámbito cerrado del gabinete de Economía.
Si ésa fue, en efecto, la intención, el intento
aparentemente fracasó, toda vez que los observadores
vaticinaban que el proyecto no sería considerado por
encontrar opositores aun en el propio bloque radical del
Pueblo, donde existen ya legisladores que se muestran
enemigos de acentuar el intervencionismo económico que
está caracterizando la actual gestión gubernamental.
El proyecto excluía de la moratoria propiciada "las
obligaciones asumidas por o para con el Estado Nacional,
los Estados provinciales, los municipios, sus organismos
autárquicos o autónomos" y las deudas contraídas "respecto
de o por los Bancos oficiales, privados o mixtos".
Igualmente disponía que durante el lapso de la moratoria,
el acreedor percibirá un interés anual del 10 por ciento.
Ambas disposiciones eran impugnadas por los comentaristas
de esta iniciativa, señalando que la gran masa de la deuda
financiera privada es con el Estado —impuestos,
jubilaciones, etcétera— o con los Bancos, por lo que los
beneficios sólo alcanzarían a un insignificante porcentaje
de dichas deudas. Igualmente se señalaba que en momentos
en que el Estado, a través del sistema bancario, exige
intereses para sus préstamos del orden del 15 por ciento,
resultaba a todas luces improcedente determinar para estas
deudas intereses inferiores, forzando al acreedor a una
situación desventajosa inapelable.
Indudablemente, el proyecto va dirigido a combatir "la
usura", según surge de la parte de su articulado en la que
se impone prisión de uno a seis años al prestamista que
ajustare intereses excesivos, "o a quien adquiera el
crédito pertinente o lo transfiriere o ejerciere". Según
lo expresa Llorens, "la usura es un mal en el campo moral,
en el campo jurídico y en el campo económico que, a
semejanza de las plagas que asuelan los campos propiamente
dichos, cunde a toda prisa". Igualmente señala a esta
conducta financiera como "quebrantadora de las normas
éticas".
Pero es un hecho económico conocido —y en ello pensaban
los observadores al comentar el proyecto— que no hay mejor
medio de combatir la usura que el fomento del crédito, por
lo que el Estado tiene medios mucho más efectivos que una
ley punitoria para dar solución a ese problema.
En los medios financieros se ligaba este proyecto a las
medidas adoptadas en el mercado cambiario, en el
abastecimiento de carnes y en otros sectores de la
economía que demuestran —-,según algunos— un primario afán
intervencionista, que no alcanza a integrarse dentro de
las normas permanentes, porque la economía ignora los
dictados de los decretos y sigue inmutable sus procesos,
de raíz y solución exclusivamente económicas y no
políticas. Así, la reforma cambiaría, que comenzó con
tímidas medidas tendientes a "establecer una libertad
vigilada", al decir del presidente del Banco Central,
concluyó ahora en la prohibición lisa y llana de comprar
moneda extranjera, en momentos en que el mercado paralelo
del dólar está a veinte pesos por sobre la cotización
oficial que registran las pizarras.
Esta lección de los hechos está preocupando seriamente a
los sectores moderados del gobierno, como ya ha preocupado
hondamente a la opinión pública. Por ello, al parecer, el
proyecto Llorens no sería considerado, evitándose así un
nuevo elemento de perturbación en la ya distorsionada
actividad económica nacional.
Revista Primera Plana
23.06.1964
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