Economía y finanzas
Reforma impositiva, blanqueo y cepo cambiario
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La carga impositiva sobre más hombros
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo elevado al presidente norteamericano Johnson a fines de marzo pasado, señalaba que "algunos gobiernos latinoamericanos están perdiendo hasta el 50 por ciento de sus posibles ingresos, por las evasiones registradas en el pago de los impuestos". El informe atribuía dicha situación a la "falta de preocupación" de dichos gobiernos ante este grave problema.
Si bien la Argentina no está entre los países aludidos por este estudio del BID, también en nuestro país la evasión alcanza un alto índice. Pero con el agravante de que los fuertes gastes del Estado tienen que compensarse año a año, de manera tal que los contribuyentes localizados o los consumidores en general (destinatarios de los impuestos indirectos) cada vez soportan una mayor presión del fisco, hecho este que desalienta el cumplimiento de las obligaciones, origina moras, obliga a dictar prórrogas y moratorias y altera, finalmente, la percepción, creando una situación confusa que se agrava ante los obligados proyectos de normalización o reformas que de tanto en tanto Surgen como remedio a este desorden.
Actualmente, el panorama ha vuelto a repetirse, como producto de situaciones de permanente arrastre y al crecimiento de los gastos fiscales apuntado. En octubre pasado, por ejemplo, las deudas de los contribuyentes, exigibles por la Dirección General Impositiva, alcanzaban a 51.000 millones. Los gastos del presupuesto iban a su vez en aumento, sin que las previsiones del mismo establecieran el posible origen de los fondos requeridos para atenderlos.
De allí la necesidad de una reforma impositiva de forma, que apunte básicamente a la modificación de los montos de la percepción, de los que deberán surgir alrededor de 25.000 millones que el gobierno destinará a cubrir parte del desnivel del presupuesto. Pero como este aumento no puede realizarse indiscriminadamente sobre los actuales niveles, ya en parte excesivos, los técnicos han debido procurar una redistribución de la carga tributaria en otras etapas y sobre más hombros, forzando también al máximo las previsiones para obtener un mayor control y la consiguiente reducción de la evasión.
Esta labor se completará con una reforma impositiva de fondo, que se enviará antes de dos meses al Congreso, una vez aprobadas las reformas menores elevadas en el primer proyecto que irá a las cámaras dentro de unos diez días. A dar uniformidad y sentido a la misma ha contribuido una comisión técnica privada encabezada por el doctor Manuel Risueño e integrada por técnicos de la jerarquía de García Belsunce, Rebizo, Sapolsky, Bello, Caride, Freytes, Losada, Retcher, Reig, Scotti, López y Tejerina, que trabaja "ad-honorem" en la preparación de las medidas.
Sin perjuicio de la labor de esta comisión, a cuyos integrantes calificara de "especialistas reconocidos en los ambientes universitarios como técnicos de alto nivel", el secretario de Hacienda, García Tudero, designó recientemente otra comisión a cuyo cargo está la redacción de algunas de las disposiciones y aparentemente el análisis de los problemas presupuestarios que se vinculan con el régimen impositivo, y la situación de la DGI ante el próximo cambio. Ambos grupos, técnicos privados y estatales, han coincidido al parecer en la necesidad de realizar reformas que atienden al siguiente esquema:
• Impuesto a las ventas: la actual imposición recae totalmente en la etapa manufacturera, lo que si bien posibilita la mejor localización del impuesto, dificulta su cobro, toda vez que el productor generalmente debe hacer frente al pago al impuesto por ventas no cobradas aún, lo que importa su segura descapitalización y la concesión de un crédito obligatorio al mayorista. La reforma contempla su transformación en un impuesto "al valor agregado", que gravará el mayor valor sufrido por el producto en las distintas etapas, hasta la de venta minorista, que queda excluida. Según se espera, la recaudación por este impuesto aumentará de esta forma en un 40 por ciento y el número de contribuyentes que lo tributan en un 75 por ciento. Desde luego, esta redistribución permitirá una reducción del gravamen en su actual aplicación.
• Impuestos internos: las modificaciones a introducirse a estos impuestos, según la secretaría de Hacienda, consistirán en la reforma de algunos montos —que puede hacerse por decreto— y en una modificación de su control y percepción, tendiente a extenderlos y a reducir la evasión que en este sector se considera elevada.
Por esta vía solamente podrían obtenerse mejoras en la recaudación del orden de los 10.000 millones. Algunas disposiciones de la DGI tendientes a hacer efectivo este propósito ya han sido puestas en vigencia en los últimos días.
• Impuesto a los réditos: las reformas a este impuesto, que aún tiene en estudio la comisión que preside el doctor Risueño, consistirán fundamentalmente en la reducción de márgenes de desgravación o en la supresión de deducciones indiscriminadas, parte de las cuales serán reemplazadas por deducciones sectoriales en preparación. Estas reducciones —como ya lo anticipara PRIMERA PLANA (Nº 78, página 48)— se operarán fundamentalmente sobre los márgenes de deducción previstos para la renta de la tierra y de las explotaciones agropecuarias, por considerarse a ambas sobreprotegidas en exceso con relación a otros sectores. Algunos sectores industriales verán también reducidas ciertas deducciones y la renta mobiliaria quedará localizada, al establecerse la obligación de declarar individualmente el rédito proveniente de la tenencia de acciones.
• Pero a la vez se prevén otras reformas que alienten la formación del capital, tales como la reducción de las tasas adicionales que forman la escala progresiva de réditos, atemperando la pendiente de la misma según lo aconsejan la experiencia internacional y la doctrina impositiva en boga. Igualmente se elevarán los mínimos no imponibles, adecuándolos a las condiciones económicas actuales y a las que previsiblemente se vivirán al ponerse en vigencia la reforma. Con la primera de las medidas apuntadas se procurará evitar la extranjerización del rédito, que surge de la necesidad de constituir depósitos en el exterior para evitar la incidencia de este impuesto en los altos niveles.
Si la comprensión de las Cámaras permite al Poder Ejecutivo disponer de inmediato del instrumento legal previsto en la primera reforma, que hace fundamentalmente a necesidades de recaudación inmediatas, se confía en la secretaría de Hacienda que antes de un par de meses se habrá concluido el estudio de una reforma que dará vigencia permanente al impuesto y permitirá a los contribuyentes planificar sus actividades sin el constante tropiezo de los impuestos o tasas "de excepción" o transitorios. Pero como la mayor recaudación debe originarse, según el proyecto, en más contribuyentes y no en mayores impuestos, un aspecto vital de este plan lo constituirá la capacidad de Impositiva para acelerar su percepción, el control y las tareas adicionales que demandará la ampliación de su campo de acción. En las actuales condiciones, la DGI no parece estar organizada para ampliar excesivamente su campo de acción, y ello puede ser un obstáculo decisivo para la ejecución de estos planes.

Finanzas
Otra iniciativa intervencionista

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados la semana anterior por el legislador cordobés Héctor Llorens, proponía la institución de una moratoria en la esfera del derecho privado, en virtud de la cual se diferirían por dos años las obligaciones de restituir préstamos de dinero, exigibles o por vencer, contraídas antes de la vigencia de la ley. Siendo el autor del proyecto correligionario e íntimo amigo del presidente, cuyo trato frecuenta a diario, algunos observadores pusieron especial atención en la iniciativa creyendo advertir en la misma un intento de sondeo de alto nivel a las opiniones del Parlamento sobre temas que actualmente sólo se manejan en el ámbito cerrado del gabinete de Economía.
Si ésa fue, en efecto, la intención, el intento aparentemente fracasó, toda vez que los observadores vaticinaban que el proyecto no sería considerado por encontrar opositores aun en el propio bloque radical del Pueblo, donde existen ya legisladores que se muestran enemigos de acentuar el intervencionismo económico que está caracterizando la actual gestión gubernamental.
El proyecto excluía de la moratoria propiciada "las obligaciones asumidas por o para con el Estado Nacional, los Estados provinciales, los municipios, sus organismos autárquicos o autónomos" y las deudas contraídas "respecto de o por los Bancos oficiales, privados o mixtos". Igualmente disponía que durante el lapso de la moratoria, el acreedor percibirá un interés anual del 10 por ciento.
Ambas disposiciones eran impugnadas por los comentaristas de esta iniciativa, señalando que la gran masa de la deuda financiera privada es con el Estado —impuestos, jubilaciones, etcétera— o con los Bancos, por lo que los beneficios sólo alcanzarían a un insignificante porcentaje de dichas deudas. Igualmente se señalaba que en momentos en que el Estado, a través del sistema bancario, exige intereses para sus préstamos del orden del 15 por ciento, resultaba a todas luces improcedente determinar para estas deudas intereses inferiores, forzando al acreedor a una situación desventajosa inapelable.
Indudablemente, el proyecto va dirigido a combatir "la usura", según surge de la parte de su articulado en la que se impone prisión de uno a seis años al prestamista que ajustare intereses excesivos, "o a quien adquiera el crédito pertinente o lo transfiriere o ejerciere". Según lo expresa Llorens, "la usura es un mal en el campo moral, en el campo jurídico y en el campo económico que, a semejanza de las plagas que asuelan los campos propiamente dichos, cunde a toda prisa". Igualmente señala a esta conducta financiera como "quebrantadora de las normas éticas".
Pero es un hecho económico conocido —y en ello pensaban los observadores al comentar el proyecto— que no hay mejor medio de combatir la usura que el fomento del crédito, por lo que el Estado tiene medios mucho más efectivos que una ley punitoria para dar solución a ese problema.
En los medios financieros se ligaba este proyecto a las medidas adoptadas en el mercado cambiario, en el abastecimiento de carnes y en otros sectores de la economía que demuestran —-,según algunos— un primario afán intervencionista, que no alcanza a integrarse dentro de las normas permanentes, porque la economía ignora los dictados de los decretos y sigue inmutable sus procesos, de raíz y solución exclusivamente económicas y no políticas. Así, la reforma cambiaría, que comenzó con tímidas medidas tendientes a "establecer una libertad vigilada", al decir del presidente del Banco Central, concluyó ahora en la prohibición lisa y llana de comprar moneda extranjera, en momentos en que el mercado paralelo del dólar está a veinte pesos por sobre la cotización oficial que registran las pizarras.
Esta lección de los hechos está preocupando seriamente a los sectores moderados del gobierno, como ya ha preocupado hondamente a la opinión pública. Por ello, al parecer, el proyecto Llorens no sería considerado, evitándose así un nuevo elemento de perturbación en la ya distorsionada actividad económica nacional.
Revista Primera Plana
23.06.1964

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