Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

Panorama Político
Gobierno - FF.AA.: No más suspicacia
El ministro del Interior, el comandante general del Ejército y el jefe de la oposición, coincidieron esta semana desechar por completo la existencia de planes golpistas. Mientras tanto, en el ámbito político se producen interesantes reacomodamientos.

En menos de una semana el ministro del Interior, Alberto Rocamora, encontró tiempo para referirse en dos oportunidades a un tema que él mismo calificó de ridículo. La primera vez fue el miércoles 12 (Panorama Nº 397) y la segunda, el pasado martes 18, cuando le dijo a un periodista: “Usted al hacerme hablar de golpe de Estado me hace entrar en el ridículo; hablar de eso es entrar en el ridículo, evidentemente”.
Cuarenta y ocho horas antes, el domingo 16, Ricardo Balbín había señalado en General Roca que “las Fuerzas Armadas del país, en este instante, están totalmente alejadas de la posibilidad de un golpe”. Tras una frase enérgica, pero ya habitual en él (“el que se atreva a alterar el régimen institucional tendrá que pelear”), el caudillo radical fue terminante: “En esta participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra la guerrilla, yo he dicho una verdad real: las Fuerzas Armadas, a través de sus comandantes, han manifestado en forma reiterada que están al servicio de la continuidad institucional del país. De modo tal que no puede suponerse, como lo hacen algunos suspicaces y demagogos, que su actuación pueda ser el principio de un avance militar para la toma del poder. Esto no es verdad. Yo sería un desleal si dijera que esto es cierto”.
La última frase de Balbín sugiere que el jefe de la primera minoría ha recibido información, que cree en ella y que, además, considera su deber difundirla. Por algo será que Leandro Anaya —el hombre situado en el centro del nuevo papel político que desempeñan las Fuerzas Armadas— declaró el miércoles 19, cerca del campo de batalla de Tucumán: "El Ejército cumple órdenes, no opina. El Poder Ejecutivo será el que dispondrá qué es lo que debe hacer el Ejército (...) Los rumores no son patrimonio de la Argentina ni patrimonio de nadie, pues en todas partes existe una natural y humana campaña de rumores, a la cual nosotros, como seres humanos, no podemos estar ajenos. Hay que aceptarlos y tolerarlos como tales; los hechos determinarán la realidad o la ficción de cada uno de esos rumores”.

LA CUESTION DEL COMPROMISO. El mismo día en que Anaya pronunciaba estos conceptos, Isabel Perón se reunía con Rocamora y los ministros de Defensa, Adolfo Savino, de Bienestar Social, José López Rega, y de Justicia, Antonio Benitez, para considerar el desarrollo del Operativo Tucumán. Según trascendió, el “mini gabinete” evaluó la posibilidad de que la jefa del Estado se traslade al teatro de los hechos, para revistar las tropas, felicitarlas y quizás dirigir desde la capital provincial un mensaje de tono político a todo el país. El viaje de Isabel coincidiría con el inicio de una vasta campaña enderezada a activar los desequilibrios económicos de los pobladores de la zona, en la que el Ministerio de Bienestar Social empeñará grandes esfuerzos. La realización de esta campaña habría sido aconsejada por los planificadores militares del operativo antiguerrillero, quienes pese al combate entablado el viernes 14 con un pelotón de sediciosos (murió un comando: el teniente 1º Héctor Cáceres) sostienen que la acción emprendida no persigue el exterminio inmediato del foco subversivo, sino que apunta tender en su torno un cordón militar que lo vaya ahogando en forma paulatina. Lo cual exige que, paralelamente, se tomen medidas económicas y sociales, es decir —en términos políticos— que se materialice una confluencia activa entre gobierno y Ejército, un compromiso de acción aún más explícito entre ambas instituciones.
Por cierto que si Isabel Perón se traslada a Tucumán y desde allí ratifica enfáticamente la postura del gobierno, quedarán completamente disipadas las conjeturas que “suspicaces y demagogos” (diría Balbín) echaron a rodar con motivo de la simultaneidad entre el viaje presidencial a Bariloche y el inicio de las operaciones militares.

REACONDICIONAMIENTOS. De cualquier modo, la emboscada de Pueblo Viejo, en la que murió Cáceres, indica que los elementos sediciosos parecen dispuestos a presentar batalla, atrincherándose en la espesura y atacando a las patrullas que se internan en el monte. La actitud de la organización terrorista ilegal confirma la apreciación de los expertos, y ratifica la táctica elegida, que consiste en cercar a los subversivos, sin empeñar por ahora combates frontales, salvo el que protagonice los comandos: oficiales y suboficiales especialmente entrenados, que se introducen en la selva más allá de las líneas del cerco.
Por lo demás, es indudable que en el panorama político se produjo un viraje en el mismo momento en que las Fuerzas Armadas asumieron un nuevo papel. La situación así planteada empalma con los reacomodamientos en curso en otros ámbitos, como la flamante convergencia entre la CGT y la CGE (ver página 11), las iniciativas del ministro Alberto Rocamora (ver esta página) y la presión radical (pág. 10).
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PROYECTOS
La reorganización del justicialismo
Sin que mediara indicio previo alguno, la conducción nacional del Partido Justicialista decidió zambullirse en terrenos movedizos: hace unos diez días, silenciosamente, impartió instrucciones para reabrir las unidades básicas y tantear los caminos que podrían desembocar en una reorganización —o normalización de las estructuras del partido oficialista.
La decisión adoptada por el PJ es de la mayor importancia, ya que involucra una serie de problemas, entre ellos uno básico: ¿cómo proceder a la reorganización preservando ’a unidad entre los ortodoxos y a la vez impidiendo que el camporismo recupere posiciones en el seno del partido?
La tarea no será sencilla, en virtud de que prima facie no surgen criterios seguros, que permitan dividir aguas entre los distintos sectores de la ortodoxia y la corriente camporista o montonera que el oficialismo busca excluir del partido. En principio, el PJ resolvió reconocer solamente aquellas unidades básicas que ya existían el 10 de marzo de 1973, vale decir, un día antes de los comicios que consagraron al Frejuli. De ese modo, procura impedir la participación de los conversos del día del triunfo electoral, pero no define un método para discernir ; entre ortodoxos y heterodoxos afiliados al PJ antes del 11 de marzo, cuando Juan Manuel Abal Medina era su secretario general.
En segundo término, ¿qué sector de la ortodoxia predominará en el proceso de reorganización? Es sabido que fuertes contingentes adictos al gobierno descreen de la “partidocracia liberal” y abrigan proyectos políticos que engloban sólo a los sindicatos y a las Fuerzas Armadas. Por cierto, las variantes más extremas de este andarivel carecen de significación, pero su actitud puede converger con la de otros sectores que, sin militar necesariamente entre los enemigos del Parlamento y los partidos, consideran que en este momento es necesario verticalizar de un modo absoluto la conducción. Por razones institucionales, además, los sindicalistas no pueden ver con buenos ojos la reorganización del PJ, ya que una fuerte rama política peronista relativizaría la influencia gremial. Así, cabe suponer que cualquier proceso de normalización del partido oficial soltará disputas hasta ahora contenidas a medias, y abrirá un nuevo frente para la pugna por el control del Movimiento. -
Todos los indicios coinciden en adjudicar al rocamorismo sumo interés en la ofensiva reorganizadora.
El ministro del Interior encabeza una corriente autónoma dentro del gobierno, y prácticamente se ha erigido en cabeza del llamado “peronismo político”, que necesita normalizar al PJ y controlarlo, para contar con una estructura desde la cual dirimir influencias con los sindicatos y el círculo presidencial. En rigor, el proceso reorganizador aún está en pañales y, dentro del panorama general, por ahora debe ser computado únicamente como una tentativa exploratoria del rocamorismo, vinculada a las iniciativas que el ministro del Interior está desplegando en algunas provincias, como Córdoba y Misiones (ver págs. 12-13).
De todas formas, los pasos de Alberto Rocamora despiertan inocultable entusiasmo en los demás partidos, especialmente en el radicalismo, y añaden nuevos parámetros para sopesar el cuadro político general. Está planteada, por ejemplo, la siguiente incógnita: dado que nunca se supo que existiera un fuerte sector rocamorista en el Consejo Nacional del PJ, ¿la decisión de reabrir las unidades básicas fue producto de una coincidencia entre el ministro del Interior y Raúl Lastiri, vicepresidente 1º del Partido?

CURIOSIDADES____________
Isabel no puede dejar Bs. Aires
El domingo 16 un editorialista de La Prensa puso sobre el tapete político un inesperado problema: ¿Debe Isabel Perón pedir permiso al Congreso o delegar sus funciones cada vez que se ausenta de la Capital Federal?
A primera vista parece un curioso capricho que, en los tiempos que corren, el titular del Poder Ejecutivo esté obligado a solicitar anuencia legislativa o a resignar el mando sólo porque decida trasponer la avenida General Paz. ¿Qué ocurriría, entonces, cada vez que la Presidente viaja a Olivos? Para La Prensa, sin embargo, los traslados que últimamente ha realizado Isabel configuran una “irregular situación”. Luego de recordar el articulo 3º de la Constitución que obliga al Presidente a fijar su residencia en la Capital Federal, el editorialista asevera que "la desarticulación de las funciones del gobierno está adquiriendo proporciones alarmantes” debido, justamente, a los continuos viajes de descanso de la jefa del Estado. La nota de La Prensa sostiene que si Isabel necesita descansar —como lo ha afirmado José López Rega— entonces corresponde "una delegación de funciones, de modo que quien la reemplace, durante el periodo de su descanso (...) concurra al despacho presidencial y desde allí atienda la marcha de la administración pública y vigile los intereses de la Nación”.
Es evidente que este reclamo está dictado por alguna intención política que excede lo meramente legal. Por supuesto, si el gobierno y el resto de los poderes públicos se atuvieron estrictamente a lo que a este respecto dictamina la Constitución, no sólo habría que recordar el artículo 3º sino también el inciso 21 del articulo 86, que es aún mucho más explícito: el Presidente “no puede ausentarse del territorio de la Capital —dice— sino con permiso del Congreso; en el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por graves objetos de servicio público”.
Ocurre que la última vez que el Congreso aprobó un permiso de ese tipo fue el 2 de julio de 1947 durante la primera presidencia de Perón. Ninguno de los seis gobiernos constitucionales posteriores a esa fecha (el segundo de Perón y los de Frondizi, Illia, Cámpora, Lastiri y Perón) solicitó permiso alguno para que su titular pudiera ausentarse de la ciudad de Buenos Aires. Es que se trata hoy en día de una exigencia poco razonable. José Antonio Allende (primero en la línea sucesoria y eventual beneficiario de una delegación de mando) fue terminante en una charla que mantuvo el martes pasado con Panorama: “Las normas legales tienen su racionalidad —dijo— y su aplicación debe efectuarse procurando la plena vigencia institucional y no la perturbación del desenvolvimiento de las funciones públicas. A esta altura de las instancias y de la historia no creo que razonablemente nadie pueda pensar que el Presidente de la República necesite un permiso especial para salir del radio urbano de la Capital Federal y desplazarse dentro del territorio argentino”.
De modo que habrá que acordarse de los artículos 3º y 86º cuando llegue la hora de reformar la Constitución.
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OPOSICION
Los planteos del balbinismo
El gobierno recibió esta semana tres noticias importantes originadas en el radicalismo. Por orden de aparición las novedades fueron: a) Ricardo Balbín está dispuesto a una entrevista con Isabel, pero no considera que este momento sea el adecuado; b) Ha cobrado cuerpo una especie de subgrupo interno, denominado “neobalbinismo”, que puja por acentuar el papel opositor de la UCR; c) No obstante ello, Balbín se negará terminantemente a cambiar la sustancia de la actual estrategia de su partido; de modo que si la convención radical de abril no le ratifica la confianza, el caudillo abandonará su puesto y no prestará su concurso a la línea de oposición frontal que entonces podría adoptar el partido.
Estas tres novedades fueron trasmitidas al gobierno a través de los dos principales puentes que actualmente existen entre el oficialismo y la primera minoría. Así, los hombres del equipo Rocamora y los asesores de Raúl Lastiri están enterados de lo siguiente:
1)El radicalismo estima que éste no es el momento para un encuentro Isabel-Balbín, pues considera que el gobierno debe descomprimir ciertas tensiones, produciendo algunos cambios. Los radicales explican que por el momento no es intención de Balbín que dichos cambios (los de gabinete y los que se refieren a la jurisdicción de José López Rega) se produzcan —si se producen— después de un encuentro suyo con Isabel; el caudillo radical no quiere aparecer como el promotor de los eventuales cambios, ya que considera que el espacio político que entonces se abriría debe ser ganado exclusivamente por Isabel, cuya figura cree necesario apuntalar. Claro, al margen de lo que los propios radicales puedan explicar, esta actitud también puede ser vista por el oficialismo como un condicionamiento radical a un diálogo en la cumbre en momentos en que, tal vez, el gobierno necesite una entrevista Isabel-Balbín.
2)El subgrupo “neobalbinista” que últimamente ha crecido dentro de la UCR pretende inclinar al partido a una línea de oposición más acentuada. Como sus principales animadores —Carlos Perette, Luis León y Raúl Zarriello— forman parte del bloque balbinista y acaudillan por lo menos dos distritos y medio (Entre Ríos, Chaco y la mitad de la Capital Federal), el subgrupo está en condiciones de presionar a la cúpula del partido, sobre todo si se tiene en cuenta que ésta necesitará
el voto de todos sus partidarios en la próxima convención de abril. Por lo tanto, Balbín no tendrá más remedio que negociar con el subgrupo especialmente para evitar que se desprenda definitivamente del tronco mayoritario y confluya con él alfonsinismo. Como en toda negociación, Balbín tendrá que hacer concesiones; si las hace, las concesiones repercutirán en la relación gobierno-UCR.
3)Pese a las dificultades descriptas, Balbín no cederá en lo esencial: defenderá el proceso hasta caer con él si es necesario. El veterano caudillo estima que ésa es la mejor postura para el país y también para su partido que, a la larga o a la corta, cosechará los frutos de su legalismo a ultranza. Algo de esto dijo Antonio Tróccoli en un reportaje televisado el lunes 17; los dichos de Tróccoli generaron indignación en el ala más opositora de la UCR, pero deben ser computados como la expresión fidedigna (e intransigente) del pensamiento de Balbín.
Por supuesto, los radicales siguen insistiendo en la necesidad de que el gobierno, por su propio bien, modifique algunos métodos y precipite cambios a alto nivel. Una forma de hacer sentir la presión en este sentido fue el recibimiento cordial que Balbín tributó el martes 18 a las Juventudes Políticas Argentinas, organismo animado por la juventud peronista promontonera.

Revista Panorama
22.02.1975

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