Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

terrorismo
ARGENTINA
REPORTAJE AL TERROR
La detención de un importante grupo subversivo en Rosario coincidió con la apertura de una vasta operación antiguerrilla conducida por el Ejército. SIETE DIAS no sólo indagó los entretelones del episodio rosarino: al material logrado por Otelo Borroni se agrega una amplia información sobre la actual coyuntura política

En las primeras horas del pasado miércoles 6, un espeso cónclave de altos funcionarios civiles y militares, deliberó en las instalaciones del Batallón 121 de Comunicaciones, con asiento en Rosario. El pleno fue rodeado por el más absoluto de los secretos: participaban tres gobernadores (Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos), los jefes de policía de Formosa y Chaco, el ministro de gobierno de Misiones y encumbrados oficiales de Marina, Aeronáutica, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y policías provinciales. En nombre del Ejército, acudieron nada menos que el jefe de operaciones del Estado Mayor, general Alcides López Aufranc; los comandantes del II y III cuerpo, generales Roberto Fonseca y Eliodoro Sánchez Lahoz y, last but not least, el decisivo comandante en Jefe, Alejandro Lanusse. Propósito del simposio: desentrañar los secretos de Irupé II.
Casi simultáneamente, en la misma ciudad de Rosario, Otelo Borroni, enviado especial de SIETE DIAS, daba los últimos toques a un copioso informe sobre el primer triunfo que las fuerzas de represión obtuvieran sobre los comandos terroristas. Un tema de por sí espinoso: Irupé II es, precisamente, el nombre de batalla del plan antiguerrillero elaborado en las altas esferas para contrarrestar la implacable ola de violencia política desatada en todo el país.
Al término de la reunión de Rosario, Lanusse no ocultó su alegría: “Me ha entusiasmado —declaró— la participación en el ejercicio, de autoridades civiles y militares y de jurisconsultos; todos ellos han quedado muy contentos con la experiencia y satisfechos con el trabajo”. Es que el operativo consistió, entre otras cosas, en el estudio de una doctrina y métodos nuevos para combatir las últimas novedades de la técnica extremista: asaltos a bancos, secuestros, robos de armas y uniformes, ejecutados por sociedades ultrasecretas, sin aparentes vinculaciones con los grupos izquierdistas conocidos. “Este tipo de lucha es mundial —advirtió Lanusse—. No creo, como muchos, que después de finalizada la Segunda Guerra Mundial estemos viviendo en la paz”. Es verosímil: Irupé II, aunque modesto en comparación, coincidió en el tiempo con Victoria Total, denominación del operativo bélico desplomado por los norteamericanos sobre Camboya.
En la Argentina, los “santuarios” subversivos permanecen en la penumbra. Pero si el año pasado el guerrillerismo urbano provocó escasas —aunque espectaculares— conmociones (copamiento de una guardia en Campo de Mayo, incendio s¡multáneo de los supermercados Minimax) el otoño de 1970 pareció ser la época elegida por esa red subterránea para lanzar un vasto operativo. No sólo fue el secuestro del cónsul paraguayo Waldemar Sánchez: desde hace 15 días, el accionar terrorista. se ha incrementado hasta colmar límites de saturación. A la progresión geométrica de atracos, atentados y robos que incluyeron puestos militares y policiales, se sumaron episodios insólitos en la Argentina; no otra cosa fue el asalto —casi exhibicionista, cinematográfico— derrochado por un comando jamesbondesco contra el Banco del Norte y Delta Argentino el martes 28 de abril, donde los terroristas se alzaron con 31 millones de pesos viejos.

TERROR 70: EL BRAZO IZQUIERDO DE LA LEY
De ahí que hasta los hampones comunes hayan resuelto disfrazar sus actividades con el halo romántico de la insubordinación social. A mediados de la semana pasada, la policía cordobesa investigaba a una banda gangsteril de alcance internacional, dedicada a embaucar estudiantes y obtener mano de obra gratis para las operaciones de la (mafia; por supuesto, el negocio es redondo: los jóvenes arriesgan sus vidas sin reclamar siquiera una mínima parte del botín.
Es lo que comprobó en Rosario el enviado de SIETE DIAS: todos los integrantes del Comando Che, capturado el 27 de abril, después del asalto a una comisaría, padecían serias penurias económicas. Lo insólito es que la misma célula había saqueado, el 30 de marzo, a los pagadores del Banco de la Nación, capturando una bolsa de 41.500.000 pesos viejos; un mes antes, un atraco contra la mantequería Sancor les había reportado 4 millones y medio.
“Estas personas no son delincuentes —aventuró el jefe de las investigaciones, inspector Afilio Muñoz—; son intelectuales que actúan por convicción. El mismo cajero Suárez me dijo: «Señor, yo actué porque ayudaba a la causa; tenga la seguridad que no he recibido dinero alguno». Y yo le creo".
Manuel Indalesio Suárez (29, tres hijos, cajero del Banco de la Nación) no integraba el comando que asaltó la comisaría; aparentemente, actuó como entregador en los dos asaltos realizados por el grupo. Una semana antes de su detención, Suárez y su mujer fueron vistos por sus vecinos del barrio Parque Field con dos grandes cajas de provisiones adquiridas en La Buena Vista, una de las más importantes tiendas rosarinas. “Lo que pasa es que ya le debían tanto a los comerciantes de la zona —confió una vecina de la calle Nº 25 del barrio— que debían comprar en otro lado”. Al día siguiente del apresamiento de Suárez, su mujer recibió una circular del banco: le comunicaban que había sido resuelto favorablemente un pedido de crédito para construir una vivienda propia. Pero también ese día, un corrillo de vecinos apostados cerca de la casa del detenido, vio salir a la mujer gritando que habían matado a su marido durante los interrogatorios.
Es posible que las presunciones de la mujer sean producto de la desesperación. No obstante, hasta en los medios policiales se reconoció que los investigadores estimaban como muy importantes los datos que pudieran obtener entre los integrantes del comando capturado. Uno de los oficiales interrogadores, que obviamente ocultó su nombre, hizo a SIETE DIAS el siguiente relato acerca del trato propinado a Elvira Elba Dentesano (26, soltera, estudiante, secretaria del consulado de Chile en Rosario, una de las dos mujeres que integraban el comando): “No sé qué le hicieron antes de que yo entrara a interrogarla. Pero debe haber sido algo grande, porque estaba desnuda, sentada, con las piernas cruzadas y tapándose el pecho con las manos. Estaba abatida, pero firme, segura de sí. Se sorprendió de que la tratara de usted. Cuando le pregunté qué iba a hacer cuando saliera, me dijo: Lo mismo, pero mejor, con más experiencia”.
Es ese fanatismo el que inquieta a las fuerzas de seguridad y el que exige, como dijo Lanusse, vertebrar nuevos métodos de defensa. La Dentesano, por ejemplo, aparentemente no soltó ninguna información. Según el inspector Muñoz, estaba encargada del servicio de inteligencia del grupo y había confeccionado un archivo, con datos de altos funcionarios y jefes militares. “Tiene una mentalidad superior a la mayoría de las mujeres —concedió Muñoz—; gran aplomo y un temperamento envidiable". Otro tanto declaró su patrón, Nilo Gallo Silva (54, dos hijas, cónsul general de Chile en Rosario): “Vestía muy correctamente, sin minifaldas, ni estridencias ni pintarrajeos. Cobraba 25 mil pesos por mes, y a veces pedía el sueldo por adelantado, porque no le alcanzaba. Jamás hizo comentarios políticos; desde que la tomamos, trabajó en forma admirable”.
Esas características impregnan también a los demás integrantes de la célula: Emilio Caravante (alias Sergio, 23, casado, tornero, profesor de la Escuela Industrial Nº 5); Emilio Delfino (alias Cacho Fuentes, 27, una hija, estudiante de ingeniería, sindicado como cabecilla del grupo); Manuel Alberto Navarro (28, soltero, estudiante de Filosofía, cajero del Banco de la Nación); Rubén Gerardo Britos (según algunos, alias Comandante Bazzano, 26, soltero, empleado); Rubén Oscar Suárez (22, soltero, hermano del entregador); Raúl Oscar Della Santa (30, soltero, estudiante); Pedro Oscar Yáñez (31, médico psiquiatra, tal vez el galeno de la banda); Aracelli Margarita Díaz (25, soltera, abogada, novia del cajero Navarro) y María del Huerto Figura de Caravante, esposa del tornero.
Ninguno de ellos tenía antecedentes, ni delictivos ni políticos. Antes y después de los operativos hacían una vida rutinaria, de estilo familiar y social. Ni sus propios padres —y a veces, ni sus esposas, como la de Suárez— conocían sus actividades. Emilio Caravante Torres (50, español, padre del tornero) declaró que “la misma noche que detuvieron a mi hijo fui a la Jefatura; logré meterme en una pieza y lo vi desnudo, semiinconsciente, muy golpeado; tengo mucho miedo”. Apenas quince días atrás, Caravante —un español que se había naturalizado hace dos meses— se había casado, sin por ello alterar su rutina: todos los días trabajaba 8 horas en la tornería de su padre, sin cobrar sueldo, y luego partía a dar clases y estudiar filosofía. La misma mañana del asalto, dictó clases en la Escuela Industrial. Un mes antes, este extraño terrorista —que no bebía ni fumaba, pero jugaba mucho al ajedrez— había sacado un crédito para comprar libros a plazos. En cambio, su presunto jefe, Delfino, no leía mucho —según confesó su madre, Carolina J. de Delfino (60)— “pero miraba mucho fútbol por televisión, porque era hincha fanática de Newell’s”. Y agregó: “No lo puedo creer: si hasta los 20 años jugaba al rugby en el equipo del Sagrado Corazón”.

EL PENSAMIENTO VIVO DEL TROTSKO-CASTRO-MAOISMO
Lo cierto es que este grupo había instrumentado una curiosa organización de sus actividades. Mientras en el aguantadero preparaban el frustrado asalto a la comisaría, se habían asegurado una vía de escape mediante una escalera de soga que les hubiera permitido huir por una claraboya. Tenían pelucas, bigotes postizos, tintura para el cabello. Y, por último, cultivaban una rigurosa clandestinidad: según una compañera de estudios de Navarro, éste se negaba obstinadamente a actuar en política: "Varias veces lo invité a participar en asambleas, pero él me contestaba, riéndose, que no se metía en esas cosas”, relató la informante.
El jueves 7, el coronel Jorge Dotti, factótum de Coordinación Federal, exhibió a 15 de los detenidos ante los periodistas (aunque los mostró de espaldas, ocultando sus rostros, y el informe policial consignaba que eran 16 los apresados) y presentó un extenso informe según el cual el Comando Che formaría parte del "aparato militar" del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Esta secta —agrega el informe— es de origen trotsquista, pero se habría actualizado con las nuevas teorizaciones pergeñadas por el castrismo y el maoismo. La investigación policial consiguió establecer que el PRT tiene ramificaciones en Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Rosario y que en esta última ciudad actuaban cinco comandos, responsables de once acciones delictivas. La conclusión del informe policial establecía que los integrantes de la organización "constituyen una minoría de elementos jóvenes . . . con una formación ideológica cuya actividad llega a perturbar o conmover las bases de una sociedad a la que no desean integrarse mediante el estudio o el trabajo”.

GOBIERNO: ESPERANDO A ONGANIA
La preocupación gubernamental por estos sucesos se reflejó el jueves 30, cuando se dio a conocer la ley destinada a agilizar el enjuiciamiento de las personas detenidas por ejercicio del terrorismo. En realidad, se trata de un instrumento destinado a producir sólo un impacto psicológico, ya que es mucho más ¡tenue que un proyecto anterior elaborado por asesores de la Policía Federal. Por otro lado, forma parte de un plan más amplio —la reforma total del sistema procesal— y su adelanto se explica por razones políticas: el gobierno debía dar la imagen de haberse endurecido frente a la proliferación subversiva. Curiosamente, el día que se formuló el anuncio —la ley se conoció aproximadamente a las 22—, Luis Máximo Premoli, secretario de Difusión (a las 12), y Francisco Imaz, ministro del Interior (a las 20), habían asegurado a los periodistas que el proyecto estaba aún en estudio y que “posiblemente se conozca recién la semana próxima”.
Al mismo tiempo, Imaz —acerca de cuya inminente renuncia volvió a hablarse— prepara una ley para obligar a los bancos a adoptar medidas de seguridad adicionales. Según el ministro, la cobertura de los seguros hace que los bancos se nieguen a adoptar medidas de prevención; pero, al parecer, su proyecto se halla demorado en una institución oficial —el Banco Central— que cuestiona su factibilidad. Tal vez por eso, la Policía de la provincia de Buenos Aires ha resuelto constituir una brigada especial, denominada Aurora, formada a imagen y semejanza de un modelo estadounidense.
Pero las carencias mayores del gobierno no se aventarán con medidas; represivas. A la oleada de rumores acerca de mitológicos golpes de Estado (SIETE DIAS Nº 156), siguió la semana pasada la presentación de un planteo ante la justicia civil contra el comandante Alejandro Lanusse. Su autor: Juan Francisco 'Tú' Guevara, un coronel nacionalista —a quien se supone cercano a Onganía— convocado por Lanusse ante un tribunal de honor por las declaraciones que efectuara el 22 de diciembre último en el club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque.
Es posible que el recurso de amparo gestionado por Guevara no prospere: en 1965, el extinto Carlos Jorge Chivo Rosas hizo lo mismo contra el entonces comandante, Juan Carlos Onganía, y la justicia lo desestimó. Si se tiene en cuenta que Guevara, antes de presentarse ante el juez, mantuvo varias reuniones con el jefe de ceremonial de la Presidencia, Juan Antonio Buasso, se torna verosímil una interpretación: la arremetida anti-Lanusse ha sido planeada por un cenáculo nacionalista semidesplazado de la Casa Rosada. Objetivo: deteriorar la imagen del comandante en jefe y presionar a Onganía para que lo reemplace. En tanto, el sábado 9 deliberó una asamblea general del club Gimnasia y Esgrima para considerar la posibilidad de sancionar a los directivos que permitieron las efusiones de Guevara.
En el campo económico, el gobierno obtuvo un respiro con la designación del tecnócrata Gastón Bordelois (h.) para ocupar la traumática Secretaría de Agricultura. Se sabe que el nombramiento fue acordado en una reunión secreta mantenida entre el ministro José María Dagnino Pastore y el presidente de la Sociedad Rural, Luis Firpo Miró: Bordelois, que no comparte todas las ideas del dimitente Raggio —su antecesor en el cargo— tampoco es un pastorista. En la misma línea transaccional se ubica la investigación de las denuncias formuladas contra los frigoríficos extranjeros; el gobierno busca aplacar la ira de los ruralistas, enardecidos por la veda en la venta de carnes, prometiendo que si hubo maniobras monopólicas, serán debidamente castigadas.
Pero ésa es una política coyuntural, exigida por la impiedad de los hechos y el tufillo de escándalo emanado de la crisis de las carnes. El jueves 30, la Confederación de la Industria, adscripta a la Confederación General Económica (CGE) se permitió burlarse del Plan de Desarrollo trabajosamente propagandeado por el CONADE. Según esa entidad, los tres objetivos del plan (aumento del producto bruto, redistribución del ingreso y defensa de la soberanía económica) se ven frustrados por las medidas que propone para alcanzarlos. Sobre la preocupación de los técnicos del CONADE por insuflar eficiencia en la industria nacional, la Confederación se permitió un rasgo de humor al decir que el plan “procura, por reciprocidad, inducir una mayor eficiencia en los planificadores oficiales”; y a continuación arremete con una serie de argumentos demostrativos —a su juicio— de la superficialidad del plan. No en vano la CGE convocó para el jueves 14 a su Congreso Nacional de la Economía, un parlamento empresario destinado a lanzar nuevos ataques contra la conducción económica.

CGT LLAMANDO A GOBIERNO
Con todo, un nuevo frente de tormenta se abrió para el gobierno: el movimiento obrero, una zona donde el oficialismo se preparaba a cosechar un éxito rotundo, congreso cegetista mediante. La preocupada Comisión normalizadora desmintió —por boca del papelero Fernando Donaire— que ese fasto vaya a postergarse; pero se sabe que los gremialistas preparan una maniobra: constituir el congreso en la fecha prevista (29 de mayo), pero diferirlo de facto mediante el expediente de elegir una comisión de poderes y pasar a un cuarto intermedio de plazo indefinido. Otra posibilidad es que la semana próxima se decida postergarlo sin más trámite. El pretexto, en ambos casos, será el mismo: las tortuosidades que enmarañan e| proceso electoral de la Unión Ferroviaria. Al parecer, resultaron vanos los esfuerzos del gobierno para coligar a Lorenzo Pepe con los participacionistas, una falange que vio engrosada sus huestes con el cómico José Marrone (ver página 82); de ahí que el radical Antonio Scipione, aliado con los comunistas del MUCS, haya decidido cortejar a Pepe e instarlo a estructurar un frente opositor que, de concretarse, seguramente obtendría el triunfo. Lo cual haría peligrar el equilibrio de fuerzas, en perjuicio del participacionismo: la UF aporta 62 delegados al congreso cegetista. Si, en consecuencia, la Secretaría de Trabajo difiere las elecciones en ese gremio, la normalización de la central obrera no podrá concretarse en el plazo previsto.
Pero hay algo más: el bloque de los 8, expulsado de las 62 Organizaciones, está haciendo gestiones para reingresar a ese nucleamiento. Ese giro cuenta —se dice— con el visto bueno de Perón. Es que, si el reingreso se produce, las 62 se van a ablandar, pero los 8 tendrán que endurecerse. Estos tanteos se vinculan con otros, efectuados a nivel del peronismo para conformar un bloque político-sindical centrista, enemigo del oficialismo a ultranza, pero también adverso a la oposición cerril representada por Jorge Paladino y Miguel Gazzera. Es decir, será la resurrección del vandorismo sin Vandor. Y en eso están, entre otros, el nuevo jefe metalúrgico, Lorenzo Miguel, y Rodolfo Tecera del Franco, un político hábil.
Así y todo, estos episodios son —apenas— anécdotas menudas. El problema de fondo es otro: como Onganía no acierta a volcarse al populismo, los jerarcas sindicales le replican con una indefinición simétrica, postergando el congreso. Porque, de hacerlo en la fecha prevista, no tendrían más remedio que ubicarse en la oposición: el gobierno mantiene, por ahora, su línea económica.
Por eso, la postergación es, en realidad, la extensión de una nueva carta de confianza al presidente. Muchos aseveran que Onganía responderá con un cambio de gabinete —no de política—, lo cual le permitiría aliviar presiones. No sólo las sindicales. En ese sentido, lo único que trascendió es que, hacia mediados de año, el presidente hará una gira por el interior, para visitar las obras públicas iniciadas después de junio de 1966. Un indicio de apertura política brotó, sin embargo, al filo de |a semana pasada: versioneros "autorizados” difundían el rumor de que en Buenos Aires serían ungidos intendentes de fuerte peso político, prestigiados en administraciones anteriores; esa gracia beneficiaría, inclusive, a algunos caudillos de la UCRP.
Revista Siete Días Ilustrados
11.05.1970
 

ir al índice de Mágicas Ruinas

Ir Arriba