Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

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Disparen sobre el pianista
Al oficialismo sigue sin gustarle la Corte Suprema de Justicia. Fracasado el proyecto de aumentar el número de sus integrantes, una iniciativa que duerme en el Congreso y que con tanto ardor defendiera el Ministro Carlos Alconada Aramburú, los sectores del gobierno volvieron a la carga la semana pasada con un doble ataque inesperado.
El Diputado Eduardo Solari (UCRP, Entre Ríos) solicitó a la Cámara la formación de juicio político contra el alto tribunal “por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones’’. Al legislador le molesta la acordada reciente de la Corte Suprema, en la que sus magistrados reclamaban al Poder Ejecutivo la puesta al día de retroactividades no abonadas y el pago en términos normales de los sueldos de diciembre (ver Nº 164). Para el Diputado Solari, los jueces debieron recordar que el artículo 100 de la Constitución les veda esos “menesteres”.
Cuarenta y ocho horas después, un compañero de bancada, Roberto A. Garófalo (Capital), el mismo Diputado que hace un año propuso introducir la pena de muerte en las leyes argentinas, para castigar a los terroristas, lanzó su embestida contra la Corte Suprema. Motivo: el fallo de noviembre pasado (ver Nº 159), por el cual exigía un nuevo pronunciamiento de la Cámara Electoral respecto de la personería del Partido Justicialista y desechaba el anterior veredicto, que negaba esa personería.
Para Garófalo, la decisión de la Corte tuvo “manifiesta intención política”, y toca actuar a la Cámara de Diputados.
Si bien el antiperonista Garófalo es famoso por sus insólitas proposiciones, la simultaneidad del embate contra la Corte Suprema tenía, precisamente, que intrigar a los sectores políticos. Especialmente porque los dos proyectos parecieron una contestación al impecable balance de su labor durante 1965 que la Corte dio a conocer a fines del año pasado: 2.670 causas falladas sobre 3.603, 645 expedientes en trámite y 288 a sentencia. Por otra parte, es lógico suponer que las iniciativas de los Diputados cuentan con el Visto bueno del bloque, sobre todo si el bloque es oficialista y si tales iniciativas se dirigen contra uno de los tres poderes de la Nación.
Sin embargo, otra explicación se recogía en ambientes no oficialistas. Solari y Garófalo obraron —dicen esas fuentes— siguiendo una estrategia partidaria concreta: en la UCR del Pueblo se conocen las teorías sobre un futuro golpe de Estado, de origen militar, que respetaría las instituciones y el régimen presidencial, para lograr así la convalidación de la Corte Suprema, como lo consiguió José María Guido en 1962. Por lo tanto, convendría remover a los actuales integrantes de la Corte, o, al menos, hacerlos blanco de una tarea de desgaste y desprestigio.
La explicación tiene mucho de peregrino, porque trabaja con supuestos e imponderables. Pero en esferas oficialistas hubo algunos jerarcas que no la desmintieron, aunque tampoco la ratificaron. Finalmente, no sólo Garófalo y Solari fueron noticia radical, la semana pasada. Compartieron ese honor con el mismo jefe del partido, Ricardo Balbín.
El lunes 3, en el ciclo Telenoche, de Canal 13, Balbín anunció que si la convención de la UCRP lo resolvía, él se postularía en 1969 para la Presidencia de la República, Al día siguiente aclaró públicamente que quiso referirse a la presidencia de la UCRP. Los acólitos del Comité Nacional insisten en que Balbín se equivocó, sin darse cuenta, y que advirtió su error el martes, cuando al llegar a Sarmiento 1700, la secretaria le comentó: “¿Así que va a ser candidato en 1969?”
En todo caso, la pregunta del periodista de Telenoche no podía prestarse a dudas; tal vez el subconciente traicionó a Balbín y le hizo cometer un traspié: el de revelar sus ocultas aspiraciones y el motivo de sus sibilinas maniobras internas dentro de la UCRP. No convence demasiado la explicación de que un dirigente con tanta veteranía en el trato con periodistas se haya descuidado al responder.
Primera Plana
11.01.1966
 

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