APUNTES PARA HISTORIA ELECTORAL
EN nuestra nota anterior habíamos intentado esbozar algunas características de la lucha entre las diversas fuerzas políticas durante las primeras décadas de vida constitucional.
Apuntamos que aunque formalmente —según el principal dogma del régimen democrático— la renovación de tendencias debía resultar de las urnas, la verdadera trama de la historia política estaba jalonada por decisiones personales, acuerdos de minorías o revoluciones.
Intentamos salvar finalmente a ese período de una fácil y simplista acusación de no consultar la voluntad del pueblo, recordando las peculiares circunstancias sociales que condicionan, a veces, la estricta aplicación de un principie teórico. Pero lo cierto es que ya a los comienzos del siglo XX el país iba a pasar al primer plano y definir a una nueva corriente política en nuestra historia.
A través de la bandera de sufragio libre buscaban además su incorporación a nuestra escena cívica fuerzas sociales e intereses económicos que habían crecido a partir del 70. Nuevas creencias y hasta originales maneras que no encontraban auténtico encaje, o presentación en el régimen vigente.
La revolución del 90, aunque vencida, había herido de muerte a un sistema. Los efectos se verían claramente durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. En su primer discurso como candidato, pronunciado desde los balcones de la casa de su amigo don Juan José Romero en la Plaza San Martín, ya anticipó su preocupación por el problema.
“He manifestado antes de ahora, dijo, que no es bastante garantizar el sufragio, sino que necesitamos crear al sufragante sacándolo del oscuro rincón del egoísmo a la luz vivificante de las deliberaciones populares, y si cada nación ha de adoptar las instituciones conducentes a reparara sus infortunios, yo no encuentro ninguna reacción más apremiante que la que tiene por objeto el voto público”.
El paso previo a la reforma fueron las leyes de enrolamiento general y del padrón electoral sancionadas por el Congreso el 4 y el 19 de julio de 1911. En febrero de 1912 el Congreso aprueba la reforma electoral luego de varias jornadas que forman una página de honor de nuestra historia parlamentaria y en las que intervinieron estadistas de la talla de Indalecio Gómez como ministro del Interior.
Anotemos al pasar algunos nombres de los diputados que votaron a favor de esa ley trascendental: Tomás E de Anchorena,
Lucas Ayarragaray, Ramón J. Cárcano, Adrián C. Escobar, Carlos Meyer Pellegrini, Adolfo Mujica, Ernesto E. Padilla, Manuel Peña, Federico Pinedo y David Zambrano.
La nueva reforma se aplicó por primera vez en el país en la elección provincial de Santa Fe del mismo 1912.
Para Sáenz Peña era una prueba de fuego y la Nación entera aguardaba con interés el resultado comicial que debía darle la pauta de la sinceridad de los propósitos presidenciales.
El 14 de abril de 1911 el doctor Anacleto Gil había sido nombrado
Interventor Federal. En el art. 2 del decreto correspondiente se
decía: “constituyendo el principal objeto de esta intervención, la
reorganización de dichos poderes y siendo firme propósito del
Gobierno Nacional que ese acto de la soberanía popular se realice
con las mayores garantías de pureza, verdad, orden y libertad...”Hipólito Yrigoyen, que no creía en la realidad de la reforma, se oponía a la presentación del radicalismo a los comicios. Pero los dirigentes provinciales le desobedecieren y la Unión Cívica Radical participó en la elección.
Los acontecimientos dieron la razón a los radicales de Santa Fe que salieron vencedores de la contienda cívica. El país contempló con asombro el caso de un gobierno que no hizo nada para impedir el triunfo de sus enemigos. El ejército, cuyas fuerzas en la provincia comandaba el general Ángel P. Allana, había tenido también una actuación destacada en el trascendental suceso.
Por los mismos días, el radicalismo vencía también en las elecciones de diputados nacionales per la Capital Federal.
Ya no cabía duda que una revolución pacífica se había operado en la República. El mismo Yrigoyen, el escéptico Yrigoyen, no puede menos que reconocer, en un mensaje a nacionalistas uruguayos que habían tributado un homenaje a Sáenz Peña, la “pulsación caballerosa” del presidente reformista.
En las elecciones nacionales del 7 de abril de 1912 se incorporaron al Congreso entre otros políticos de destacada actuación posterior: Vicente Gallo, José Luis Cantilo, Delfor del Valle, Marcelo T. de Alvear, Fernando Sagnier, por la Unión Cívica Radical; Antonio Santamarina, Adrián C. Escobar, Rómulo Naón, Carlos Saavedra Lamas, por el partido Conservador y Alfredo Palacios y Juan B. Justo por el partido Socialista.
Sáenz Peña recogió en un luminoso mensaje las experiencias de las primeras aplicaciones de su reforma: “Yo no temo, expresó, la legalidad que ha dado al país representantes de todos los partidos: antes, por el contrario, la he propiciado y la sostengo con todas mis energías. Para mí la discusión es el verbo y es el signo que denuncia las democracias presentes, la disidencia es su altivez y la oposición es su salud. Lo que yo temo no es la eclosión de la ciudadanía, ni el hervir de las ideas, ni el choque de los programas; lo que me ha preocupado amargamente son las urnas silenciosas y su ambiente inmóvil, lo que he temido para su porvenir es representarme a la República debilitada en su nacionalismo, es concebir a una nación sin ciudadanos ni soberanía interior, neutralizada por el cosmopolitismo que no tiene en nuestro suelo divisa ni bandera”.
Pero al poco tiempo Sáenz Peña murió asumiendo el poder Victorino de la Plaza. El país contempló receloso al nuevo gobierno. ¿Respetaría las promesas del anterior?
No tardó mucho en tranquilizarse. Victorino de la Plaza, hombre sincero y honesto, sin complicaciones políticas, sabría hacer honor a su antecesor.
En ocasión de las elecciones de 1914, el Poder Ejecutivo Nacional
llama la atención seriamente al de la provincia de Jujuy por las irregularidades cometidas. El 12 octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen asumió la Presidencia de la Nación. Era la consecuencia lógica de la reforma electoral.
Con él, la historia política de la República entró en un nuevo período. No sólo de hombres, sino de ideas, de actitudes, de maneras, de usos políticos, hasta de lenguaje.
Todo un nuevo estrato social irrumpió tumultuosa y desordenadamente, detrás del enigmático caudillo, en nuestra vida pública.
Pero la época de maniobras electorales no había finalizado. El mismo Yrigoyen estaba signado en muchos aspectos, a pesar de su misticismo democrático, por los años de su juventud política y por sus recuerdos de comisario y de comité.
Al subir a la presidencia encontró con que el Congreso y la mayor parte de los gobiernos provinciales le eran adverses. Había que ir desmontando, pues, para que la victoria fuera completa, hasta la última pieza del régimen caído. En esa lucha, el Yrigoyen político, iba a contradecir en algunas ocasiones al Yrigoyen profeta y apóstol de la democracia.
En su decreto de intervención a la provincia de Buenos Aires,
gobernada por la recia figura de Marcelino Ugarte, Yrigoyen se
sostiene “plebiscitado” y “único gobierno legítimo”. Ello le da
autoridad sobre “todas las situaciones de hecho y todos los
poderes legales”.Cuando se trató de su sucesión, gracias a su genio en el manejo de les hombres y a su experiencia conspiradora, impuso contra la opinión de casi todo el partido, a don Marcelo T. de Alvear.
Esta modalidad iba a ser causa de graves problemas en el seno de su partido. Ya en 1909 un manifieste disidente había señalado su “personalismo” como causa de que la agrupación “hubiera dejado de vivir la vida de los grandes partidos democráticos”. En los primeros meses de 1923 algunos radicales acusan a Yrigoyen de haber contribuido, como represalia contra la independencia de Alvear, al triunfo del candidato socialista a senador.
Nueve senadores radicales publican un manifiesto en defensa de su independencia. “La solidaridad, escriben, no es sumisión a jefaturas ni abdicación de la voluntad, sino armonía fecunda de derechos y deberes recíprocos”. Había nacido la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que con el correr de los años unida a los conservadores, formaría la Concordancia.
Pero la figura de Yrigoyen siguió dominando el panorama político durante largos años.
Al final de su segundo gobierno, su decadencia física y quizás una crisis interna de su personal sistema de mando, ocasionaron una caótica situación. El viejo caudillo había perdido, rodeado de aprovechadores e incapaces adulones, las riendas efectivas del poder y la sensibilidad que todo político necesita impostergablemente para calibrar con justeza la concreta situación que pretende regir.
Manifestaciones callejeras de los estudiantes, la baja del peso, las tremebundas campañas de un diario de la avenida de Mayo y la propia quiebra interna de los organismos del Estado prepararon la circunstancia que posibilitó el paseo triunfal de Uriburu al frente de los cadetes militares.
El gobierno Provisional, no atinó, a pesar del patriotismo y la honradez de Uriburu, a encontrar una verdadera solución a los problemas nacionales. Sobre todo en el punto relativo al auténtico respeto a la voluntad popular. La anulación de las elecciones en la provincia de Buenos Aires del año 1931 marca un punto neurálgico del nuevo sistema.
El camino de la ley Sáenz Peña estuvo así jalonado de episodios y actitudes que no correspondían totalmente a los objetivos de su autor. Sin embargo, nuestro pueblo iría adquiriendo una madurez creciente y una voluntad cada vez más afirmada sobre el respeto a su decisión manifestada en el sufragio. En la próxima nota examinaremos las consecuencias de este hecho en la reforma a la ley Sáenz Peña.
ALBERTO BONNETTI
Revista Esto Es
23.02.1954
