Cordobazo, opus 2
A menos de dos años del primer estallido, la violencia registrada en la capital mediterránea la semana pasada -fue un verdadero ejercicio de guerrilla urbana- vuelve a pone en duro aprieto al gobierno central, obligando a replantear el destino de la Revolución
Con dramática premura los barrenderos cordobeses hacían desaparecer dejas calles, a mediados de semana, los indicios reveladores de la tremenda violencia destructiva que singularizó al Segundo Cordobazo. A menos de dos años de los sucesos de mayo de 1969, que motivaron el anterior, la explosión nacida en las primeras horas de la tarde del viernes 14 se extendió durante todo ese día; tras un sábado y domingo de enorme tensión, las manifestaciones y luchas callejeras se renovaron el lunes 15. Un primer balance indica que las consecuencias se precipitaron a diversos niveles: hubo dos muertos, numerosos heridos y 358 detenidos; en la noche del martes 16 renunció (tras sólo dos semanas de mandato) el gobernador provincial José Camilo Uriburu; el CONASE (Consejo Nacional de Seguridad) pasó a la ofensiva al decretar la captura de los miembros del Comité de Lucha de la CGT mediterránea, así como también se anunció la intervención a varios gremios.
En
un comunicado oficial se calificó a los hechos: “El rostro y
la identidad de la subversión se han manifestado esta vez sin
eufemismos a través del daño intencional y la depredación
indiscriminada’’. El matutino cordobés Los Principios, si bien
adhería editorialmente a este enfoque, agregaba: “Por muchas
críticas que deseen centrarse en el poder local (...) los
motivos vienen de lejos, los responsables son otros, están en
la cúspide”. Pero tal vez el detonante que desencadenó el
aquelarre no fue la primera huelga de cuatro horas, el viernes
12 entre las 10 y las 2 de la tarde. Al cabo de varios mítines
en el denominado Casco Chico, la huelga estaba a punto de
concluir cuando en el barrio suburbano de Ferreyra alguien
hirió de muerte a Adolfo Cepeda (19 años).
“YO VI AL ASESINO”
En declaraciones hechas a SIETE DIAS, la madre del muerto, Nicomedia Cepeda (47, viuda, sirvienta), denunció: “Yo vi al que mató a mi hijo: es un policía morocho, más bien gordo, que mide un metro sesenta. Usaba casco marrón y un uniforme de fajina, color gris, con cinturón negro". Nicomedía cuenta que su hijo —obrero en la fábrica de cemento— estaba en la plaza “viendo cómo la policía dispersaba a los curiosos y a los obreros del barrio que se preparaban para ir al centro. Ya se iban los agentes, cuando uno de ellos se fijó en Adolfo: «Manga de hijos de perra. ¡Los voy a matar!», gritó el policía. Sus compañeros —sigue la madre— se dirigían al Torino de la repartición. El policía se encaminó junto con ellos, luego titubeó, se dio vuelta y cambiando de mano la escopeta de tirar gases, agarró el revólver con la derecha, apuntó cuidadosamente y tiró. Mientras los cuatro policías se metían en el coche, yo corrí a ayudarlo a mi hijo. Estaba tirado en el suelo, casi sonriendo, con la cabeza cubierta de sangre. Adolfo me miró fijo y se quedó. No duró nada, no alcanzó a decirme nada. Murió en mis brazos.”
Este es el relato de Nicomedía Cepeda. Concluyó así: “El mundo es chico. Yo al criminal lo voy a encontrar: tengo cada uno de los detalles de su cara como una fotografía que se metió dentro mío.” Por su parte, el Ministerio del Interior, ese mismo lunes, acusó de la muerte de Cepeda , “a los elementos subversivos que actuaron en esa oportunidad”; el objetivo: "crear otra víctima para explotar política y emocionalmente el episodio”. Lo cierto es que a partir de esa muerte se desencadenó un pandemónium que produjo medio millar de vehículos quemados o destruidos, decenas de casas de comercio apedreadas y saqueadas (desde quioscos y supermercados hasta bancos y entidades culturales norteamericanas); en caudal de pérdidas, este Segundo Cordobazo fue mucho más grave que el primero. Y, por otra parte, fueron distintas las tácticas que usaron los agitadores y manifestantes y también las fuerzas represoras.
OPERATIVO “OSO BLANCO”
Entre
el viernes 12 y el lunes 15 dotaciones de la Policía Federal
llegaron a Córdoba por avión, imponiendo una nueva modalidad
de acción antiguerrillera. Las fuerzas no entraron en acción
hasta la tarde del lunes. Horas antes, unas 10 mil personas se
concentraban en la plaza Vélez Sársfield, florecida de
estandartes; entre ellos, una insignia del insurrecto Ejército
Revolucionario del Pueblo (bandera argentina con una estrella
de cinco puntas en lugar del sol). En ese acto surgieron con
nitidez las evidencias de una puja existente entre dos
sectores de manifestantes: la línea de izquierda más moderada,
acaudillada por Agustín Tosco, secretario general del
Sindicato de Luz y Fuerza, afín a sectores de la izquierda
peronista. Tosco intentó conducir a los manifestantes hacia
Villa Revol, barriada obrera suburbana, con propósito de
ocuparla; el otro grupo, el de los dirigentes de
SITRAC-SITRAM, de extrema izquierda, que rige a los
trabajadores de la empresa Fiat, insistió que no se debía
localizar la revuelta, sino dispersarla por la ciudad. Este
sector, vinculado a células subversivas, parece haber
alcanzado gran predicamento en Córdoba. Así lo demostró ese
día —el 15— al nuclear a nutridas columnas de obreros tras las
banderas de estos gremios, camino al Barrio Clínicas. El
barrio se hallaba ya ocupado por estudiantes integralistas
(católicos de izquierda), de Franja Morada (laicos) y otras
fuerzas universitarias. El barrio Güemes también fue ocupado
cuando recrudecía, al atardecer, la virulencia y la agitación.
Los gremialistas cordobeses, aislados y en pugna con la CGT nacional, actuaron —se ve— presionados por las bases. Así lo admitió Afilio López (48, presidente de la Unión Tranviarios Automotor, sindicato intervenido, miembro del Comando de Lucha de la CGT): “Si las 62 Organizaciones tuvieron hasta ahora un pequeño parate, eso fue por los burócratas que estaban en los cuadros medios: si la imagen de SITRAC-SITRAM creció fue por ausencia de las 62 Organizaciones, antes que por la presencia de esos grupos”. López se apresuró a aclarar, para soslayar diferencias, que “entre SITRAC y nosotros no existen de cualquier manera diferencias políticas fundamentales. Estamos en un frente común".
El líder de SITRAC, Carlos Massera (34), explicó que “nosotros levantamos como única bandera el socialismo porque sólo así se podrá suplantar al sistema; la popularidad del movimiento que está en la calle le quita argumentos al gobierno para decir que todo es producto de profesionales de la subversión y de elementos extranjerizantes”. Según Massera, la diferencia entre el primero y el segundo estallido urbano en Córdoba es simple: “Allá no hubo dirigentes; acá hay una protesta dirigida”. Declaradamente clasista, Massera explica su aparición en el primer plano del sindicalismo cordobés. “Cuando luchábamos contra la burocracia sindical de SITRAC, estábamos en la clandestinidad y no descartamos la posibilidad de volver al anonimato. Sabemos que en algún momento querrán destruirnos y deberemos encarar la lucha desde otros ángulos y diferentes estrategias”.
Declaradamente subversiva, la postura de Massera fue, en cierto modo, aludida por el ex gobernador Uriburu durante una entrevista con SIETE DIAS, poco antes de renunciar: “Existen dos Córdobas: una rebelde y otra subversiva; esta última es la que está en la calle”.
—Y si hay una Córdoba rebelde y otra subversiva: ¿cuál de las dos es gobernada por usted o en cuál de las dos usted vive?
La pregunta provocó un embarazoso silencio; luego el ex mandatario cambió de tema. Para algunos observadores, su gestión, breve y accidentada, resultó como la de Carlos Caballero, en mayo del 69, una causa inmediata del caos. Así, La Voz del Interior afirmó que “las conmociones populares del 29 de mayo de 1969 y del 15 de marzo de 1971 (fueron producto de) la presencia de dos administraciones provinciales caracterizadas por la extrema impopularidad y los extremos desaciertos". A mediados de semana, las autoridades nacionales manifestaron alarma por el brote de subversión que se apoderó de Córdoba entre el 12 y el 15. Así fue que el CONASE resolvió aprobar un conjunto de modificaciones al Código Penal: se incluye al terrorismo entre las figuras delictivas; pone a disposición del Poder Ejecutivo y procesa a los detenidos por los sucesos cordobeses; detiene a los dirigentes gremiales e interviene aquellos gremios que integraron el Comité de Lucha.
Estallido popular vertebrado por precisos planes insurreccionales, el reciente fenómeno cordobés es, según los observadores, una verdadera bomba de tiempo que exigirá al presidente y a la Junta de Comandantes respuestas precisas y rápidas para restablecer totalmente el orden. Mientras los activistas cordobeses se preparaban para iniciar otra huelga, preanunciadora de nuevas tormentas, la intervención nacional a la provincia se perfilaba como respuesta gubernamental. Es que los idus subversivos de marzo deben ser rápidamente desalentados —afirmaba un vocero oficial— para evitar que los vientos de furia contagien, como una peste, a todo el país."
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Recortes en la crónica
TECNICA DE LA GUERRILLA URBANA
“Ha sido un típico ejercicio de guerrilla urbana, sin motivación proporcionada, sin otra bandera que la de sembrar el caos y producir daños”, aseguraba el segundo comunicado del Ministerio del Interior, en la tarde del martes 16. Tal vez hubo algo más: en un alarde de gimnasia subversiva, salió a las calles el ERP a través de activistas que actuaron enmascarados con bufandas o puló-veres para confundir la acción policial y no turbar la tarea de los reporteros gráficos. El denominado Ejército Revolucionario del Pueblo, de origen trotskista, ya había anunciado su participación en esta segunda versión del Cordobazo por medio de las pintadas que abrumaron las paredes de la ciudad, días antes del estallido. “Estrechar filas con el pueblo en una lucha común”, rezaban canelones y letreros. Incluyendo episodios como la corona floral que el ERP envió al sepelio de Cepeda, la responsabilidad de esta organización subversiva fue fundamental en los incidentes callejeros producidos entre el 12 y el 15. Una evaluación de las modalidades desplegadas por la lucha guerrillera en Córdoba permite afirmar que sus hombres actuaron paralelamente a los manifestantes. Así, por ejemplo, cuando los obreros de Luz y Fuerza ocuparon Villa Revol, los comandos armados se dedicaron a “expropiar” armas de agentes policiales del destacamento local.
Aunque aislados, los incidentes en que intervinieron los guerrilleros urbanos parecieron perfectamente sincronizados: se vieron grupos equipados con radiotrasm¡sores portátiles, mezclados entre los manifestantes, y elementos de enlace que montados en motocicletas distribuían órdenes, pertrechos de combate y hasta provisiones. Incluso habría existido un contingente encargado de mantener la disciplina y evitar el pillaje indiscriminado: éste se desplegó, en cambio, por los supermercados y almacenes mayoristas que debían ser “incinerados” luego de una prolija “expropiación”, distribuyendo sus existencias entre los manifestantes. Una acción que no habría podido concretarse iba a consistir en el secuestro de altos funcionarios. Esta versión sobre secuestros, sin embargo, no pudo confirmarse y más que nada permite ofrecer una idea de la tensión que acosó a los sectores dirigentes y empresarios cordobeses, que llegó a lindar con la psicosis. Mientras los focos subversivos actuaban en las calles, el aparato político del ERP anudaba contactos con dirigentes gremiales ofreciendo “el apoyo en forma incondicional a todas las acciones populares”.
OTRO DEBUT
La Policía Federal, a su vez, estrenó la Brigada Motociclística Antiguerrillera, cuerpo integrado por cien hombres especialmente adiestrados, enviados desde Buenos Aires, que lograron destruir las barricadas erigidas en el barrio Clínicas y dominar finalmente a los depredadores. Entre sus pertrechos se destacó un nuevo tipo de granada para demoliciones y poderosos cohetes de bengala. El procedimiento, comandado por el inspector mayor Alberto Villa, redujo los focos en la zona del Clínicas en menos de dos horas. Mientras en el primer Cordobazo actuaron 200 policías, esta vez fueron 2.500 los acuartelados; y si en mayo del 69 eran relativamente reducidos los sectores en que actuaron francotiradores, en esta oportunidad casi no los hubo; sin embargo, la acción subversiva logró copar, con otras tácticas, unas 600 manzanas. Al anochecer del lunes toda la zona sudoeste de la ciudad se hallaba en poder de los agitadores y manifestantes, lo mismo que avenidas céntricas, comía la Colón, o accesos claves como la ruta 9. Las humaredas y el fuego que se elevaban por toda la ciudad denotaban la presencia de barricadas incendiadas que dificultaron la acción policial. Como expresó Los Principios: “Quizá el mayor inconveniente con que se tropieza cuando se trata de combatir a la guerrilla urbana, sea el control del terreno que los guerrilleros van dejando a su paso”.
Dicho matutino afirmó que el operativo de la Policía Federal en Barrio Clínicas no “había sido totalmente provechoso desde el punto efe vista estratégico”, y en una preocupada reflexión sobre la situación cordobesa, concluyó: “Las escenas que hemos comentado nos señalan que estamos ante acontecimientos distintos de los registrados hasta ahora en nuestra ciudad. Si estos acontecimientos no son mayores es porque la huelga revolucionaria es todavía un buen método dentro de la planificación de lucha, según afirmaba un dirigente”.
GOBIERNO: SOLO INCERTIDUMBRE
El lunes 15, cuando desembarcó en Ezeiza la misión de rutina del Fondo Monetario Internacional, que ausculta anualmente la situación económica de sus asociados, en la Argentina toda rutina había sido desbordada por dos fenómenos nada asombrosos pero igualmente revulsivos: una segunda versión, “corregida y aumentada”, del Cordobazo, y la sombra de una nueva crisis institucional, similar a la que sacudió al país el 8 de junio de 1970. Es difícil que Jack Gunther y los auditores del Fondo que lo secundan puedan arribar —ahora— a conclusiones perdurables: no sólo se aguardaba la confirmación pública del retiro de Aldo Ferrer, titular de Economía, sino que también se mantenía en la nebulosa el rumbo de la política económica. Pero el clima de incertidumbre no despuntó ese día: desde una semana atrás, las cotizaciones en la Bolsa capitalina iniciaron un descenso alarmante y el monto de lo operado —por sus niveles mínimos— erigió el fantasma de una violenta recesión. Paralelamente, en el Mercado de Liniers ingresaban apenas 3 mil cabezas de ganado, cuando el promedio computable como normal es de 16 mil por jornada. Los motivos no son achacables a la tensa expectativa con que la comunidad dé negocios sigue la evolución del proceso político, porque en otro rubro importante, el de las inversiones, la paralización abarca tanto a los capitalistas privados como al sector público.
Parece indudable que todo acabó de detonar con la seguidilla de medidas iniciada con la nueva política de carnes y la fijación de precios máximos —algo que sólo sirve para que productores agropecuarios y consumidores se pongan de punta contra el gobierno— y con el anuncio de Levingston en Leones (SIETE DIAS Nº 200) fijando tope para las negociaciones paritarias en un 19 por ciento; con lo que el sindicalismo redobló sus motivos para engrosar una oposición que se constituyó en un amplio frente social. No hay que olvidar que esta vez el Cordobazo II estuvo precedido por la “rebelión de los vecinos” en Cipolletti, Río Negro, y la insurrección de los comerciantes en Casilda, Santa Fe, donde las acciones no fueron capitaneadas precisamente por obreros y estudiantes o activistas de la guerrilla urbana.
De ahí que en la reunión de la Junta de Comandantes más larga que se recuerde (casi seis horas, a partir de las 18 del lunes 15), la evaluación sobre la conveniencia o no de mover tropas para apagar el volcán cordobés fuera sólo uno de los temas; los otros tres: necesidad de remover al ministro de Economía, el destino de las paritarias y la ubicación en el gabinete de una figura capaz de impulsar seriamente el hasta ahora inexistente plan político, causa esta última de la remoción de Onganía. Era evidente —a esa altura— que el relevo del pintoresco cruzado José Camilo Uriburu estaba fuera de toda discusión. En todo caso, la Junta diagramó esa noche las drásticas medidas que se anunciaron veinticuatro horas después (martes 16), al término de la reunión del CONASE y el Comité Militar. Lo cierto es que el mismo lunes, mientras el periodismo volvía a agitarse en torno a las reuniones de mandos —oficiales y oficiosas— desplegadas en las tres armas, los observadores políticos atendían especialmente a dos de esas versiones: a) los comandantes habrían considerado la necesidad de promover cambios en el más alto nivel de gobierno; b) ¿hasta qué punto el nombramiento de Uriburu como gobernador de Córdoba fue una decisión unilateral del presidente, o compartida en consulta con los comandantes? De donde es fácil deducir, si la lógica resultara aplicable a la política argentina, que —en caso de producirse— los cambios podrían abarcar a gran parte de la cúpula de poder. Más allá de la validez real de tales conjeturas, lo curioso es la simetría histórica con mayo del 69: entonces, el detonante del Cordobazo fue la impopularidad de Carlos Caballero y su pública profesión de fe corporativlsta. En marzo del 71 la extrema izquierda —que en Córdoba descubrió su Petrogrado, sede de los primeros soviets de Vladimir Illich Lenin— logra ponerse otra vez a la cabeza del descontento producido por una figura igualmente impopular, identificada con el obsoleto ideario de Caballero. Pero si el primer Cordobazo selló la suerte de la “etapa Onganía” de la Revolución Argentina, este de la semana pasada parece poner en juego el rumbo definitivo del proceso abierto en junio de 1966. Bien que con un tremendismo habitual desde que Krieger Vasena fuera desalojado de Economía, el Economic Survey pudo abrir su edición de la semana pasada afirmando que “todo parecería configurar el derrumbe de lo que fuera la Revolución Argentina”. En la mañana del miércoles 17 era un hecho que la coparticipación de la Junta en las decisiones de gobierno se había incrementado notoriamente. Hasta el punto de que no faltó quien hiciera circular la especie de que los comandantes instalarían sus despachos en dependencias de la Casa Rosada. Ese día se cerró con otro hecho sintomático: mientras se daba por seguro el nombramiento de un interventor militar, la designación de Helvio Guozden, desarrollista que hasta el miérdoles transitó por la gobernación de La Pampa, como nuevo comiisionado en Córdoba, revelaba que las FF.-AA. optaron por dejar la secuela detonada con el Cordobazo II en manos de Roberto Marcelo Levingston.
Revista Siete Días Ilustrados
22/03/1971
A menos de dos años del primer estallido, la violencia registrada en la capital mediterránea la semana pasada -fue un verdadero ejercicio de guerrilla urbana- vuelve a pone en duro aprieto al gobierno central, obligando a replantear el destino de la Revolución
Con dramática premura los barrenderos cordobeses hacían desaparecer dejas calles, a mediados de semana, los indicios reveladores de la tremenda violencia destructiva que singularizó al Segundo Cordobazo. A menos de dos años de los sucesos de mayo de 1969, que motivaron el anterior, la explosión nacida en las primeras horas de la tarde del viernes 14 se extendió durante todo ese día; tras un sábado y domingo de enorme tensión, las manifestaciones y luchas callejeras se renovaron el lunes 15. Un primer balance indica que las consecuencias se precipitaron a diversos niveles: hubo dos muertos, numerosos heridos y 358 detenidos; en la noche del martes 16 renunció (tras sólo dos semanas de mandato) el gobernador provincial José Camilo Uriburu; el CONASE (Consejo Nacional de Seguridad) pasó a la ofensiva al decretar la captura de los miembros del Comité de Lucha de la CGT mediterránea, así como también se anunció la intervención a varios gremios.
En
un comunicado oficial se calificó a los hechos: “El rostro y
la identidad de la subversión se han manifestado esta vez sin
eufemismos a través del daño intencional y la depredación
indiscriminada’’. El matutino cordobés Los Principios, si bien
adhería editorialmente a este enfoque, agregaba: “Por muchas
críticas que deseen centrarse en el poder local (...) los
motivos vienen de lejos, los responsables son otros, están en
la cúspide”. Pero tal vez el detonante que desencadenó el
aquelarre no fue la primera huelga de cuatro horas, el viernes
12 entre las 10 y las 2 de la tarde. Al cabo de varios mítines
en el denominado Casco Chico, la huelga estaba a punto de
concluir cuando en el barrio suburbano de Ferreyra alguien
hirió de muerte a Adolfo Cepeda (19 años).“YO VI AL ASESINO”
En declaraciones hechas a SIETE DIAS, la madre del muerto, Nicomedia Cepeda (47, viuda, sirvienta), denunció: “Yo vi al que mató a mi hijo: es un policía morocho, más bien gordo, que mide un metro sesenta. Usaba casco marrón y un uniforme de fajina, color gris, con cinturón negro". Nicomedía cuenta que su hijo —obrero en la fábrica de cemento— estaba en la plaza “viendo cómo la policía dispersaba a los curiosos y a los obreros del barrio que se preparaban para ir al centro. Ya se iban los agentes, cuando uno de ellos se fijó en Adolfo: «Manga de hijos de perra. ¡Los voy a matar!», gritó el policía. Sus compañeros —sigue la madre— se dirigían al Torino de la repartición. El policía se encaminó junto con ellos, luego titubeó, se dio vuelta y cambiando de mano la escopeta de tirar gases, agarró el revólver con la derecha, apuntó cuidadosamente y tiró. Mientras los cuatro policías se metían en el coche, yo corrí a ayudarlo a mi hijo. Estaba tirado en el suelo, casi sonriendo, con la cabeza cubierta de sangre. Adolfo me miró fijo y se quedó. No duró nada, no alcanzó a decirme nada. Murió en mis brazos.”
Este es el relato de Nicomedía Cepeda. Concluyó así: “El mundo es chico. Yo al criminal lo voy a encontrar: tengo cada uno de los detalles de su cara como una fotografía que se metió dentro mío.” Por su parte, el Ministerio del Interior, ese mismo lunes, acusó de la muerte de Cepeda , “a los elementos subversivos que actuaron en esa oportunidad”; el objetivo: "crear otra víctima para explotar política y emocionalmente el episodio”. Lo cierto es que a partir de esa muerte se desencadenó un pandemónium que produjo medio millar de vehículos quemados o destruidos, decenas de casas de comercio apedreadas y saqueadas (desde quioscos y supermercados hasta bancos y entidades culturales norteamericanas); en caudal de pérdidas, este Segundo Cordobazo fue mucho más grave que el primero. Y, por otra parte, fueron distintas las tácticas que usaron los agitadores y manifestantes y también las fuerzas represoras.
OPERATIVO “OSO BLANCO”
Entre
el viernes 12 y el lunes 15 dotaciones de la Policía Federal
llegaron a Córdoba por avión, imponiendo una nueva modalidad
de acción antiguerrillera. Las fuerzas no entraron en acción
hasta la tarde del lunes. Horas antes, unas 10 mil personas se
concentraban en la plaza Vélez Sársfield, florecida de
estandartes; entre ellos, una insignia del insurrecto Ejército
Revolucionario del Pueblo (bandera argentina con una estrella
de cinco puntas en lugar del sol). En ese acto surgieron con
nitidez las evidencias de una puja existente entre dos
sectores de manifestantes: la línea de izquierda más moderada,
acaudillada por Agustín Tosco, secretario general del
Sindicato de Luz y Fuerza, afín a sectores de la izquierda
peronista. Tosco intentó conducir a los manifestantes hacia
Villa Revol, barriada obrera suburbana, con propósito de
ocuparla; el otro grupo, el de los dirigentes de
SITRAC-SITRAM, de extrema izquierda, que rige a los
trabajadores de la empresa Fiat, insistió que no se debía
localizar la revuelta, sino dispersarla por la ciudad. Este
sector, vinculado a células subversivas, parece haber
alcanzado gran predicamento en Córdoba. Así lo demostró ese
día —el 15— al nuclear a nutridas columnas de obreros tras las
banderas de estos gremios, camino al Barrio Clínicas. El
barrio se hallaba ya ocupado por estudiantes integralistas
(católicos de izquierda), de Franja Morada (laicos) y otras
fuerzas universitarias. El barrio Güemes también fue ocupado
cuando recrudecía, al atardecer, la virulencia y la agitación.Los gremialistas cordobeses, aislados y en pugna con la CGT nacional, actuaron —se ve— presionados por las bases. Así lo admitió Afilio López (48, presidente de la Unión Tranviarios Automotor, sindicato intervenido, miembro del Comando de Lucha de la CGT): “Si las 62 Organizaciones tuvieron hasta ahora un pequeño parate, eso fue por los burócratas que estaban en los cuadros medios: si la imagen de SITRAC-SITRAM creció fue por ausencia de las 62 Organizaciones, antes que por la presencia de esos grupos”. López se apresuró a aclarar, para soslayar diferencias, que “entre SITRAC y nosotros no existen de cualquier manera diferencias políticas fundamentales. Estamos en un frente común".
El líder de SITRAC, Carlos Massera (34), explicó que “nosotros levantamos como única bandera el socialismo porque sólo así se podrá suplantar al sistema; la popularidad del movimiento que está en la calle le quita argumentos al gobierno para decir que todo es producto de profesionales de la subversión y de elementos extranjerizantes”. Según Massera, la diferencia entre el primero y el segundo estallido urbano en Córdoba es simple: “Allá no hubo dirigentes; acá hay una protesta dirigida”. Declaradamente clasista, Massera explica su aparición en el primer plano del sindicalismo cordobés. “Cuando luchábamos contra la burocracia sindical de SITRAC, estábamos en la clandestinidad y no descartamos la posibilidad de volver al anonimato. Sabemos que en algún momento querrán destruirnos y deberemos encarar la lucha desde otros ángulos y diferentes estrategias”.
Declaradamente subversiva, la postura de Massera fue, en cierto modo, aludida por el ex gobernador Uriburu durante una entrevista con SIETE DIAS, poco antes de renunciar: “Existen dos Córdobas: una rebelde y otra subversiva; esta última es la que está en la calle”.
—Y si hay una Córdoba rebelde y otra subversiva: ¿cuál de las dos es gobernada por usted o en cuál de las dos usted vive?
La pregunta provocó un embarazoso silencio; luego el ex mandatario cambió de tema. Para algunos observadores, su gestión, breve y accidentada, resultó como la de Carlos Caballero, en mayo del 69, una causa inmediata del caos. Así, La Voz del Interior afirmó que “las conmociones populares del 29 de mayo de 1969 y del 15 de marzo de 1971 (fueron producto de) la presencia de dos administraciones provinciales caracterizadas por la extrema impopularidad y los extremos desaciertos". A mediados de semana, las autoridades nacionales manifestaron alarma por el brote de subversión que se apoderó de Córdoba entre el 12 y el 15. Así fue que el CONASE resolvió aprobar un conjunto de modificaciones al Código Penal: se incluye al terrorismo entre las figuras delictivas; pone a disposición del Poder Ejecutivo y procesa a los detenidos por los sucesos cordobeses; detiene a los dirigentes gremiales e interviene aquellos gremios que integraron el Comité de Lucha.
Estallido popular vertebrado por precisos planes insurreccionales, el reciente fenómeno cordobés es, según los observadores, una verdadera bomba de tiempo que exigirá al presidente y a la Junta de Comandantes respuestas precisas y rápidas para restablecer totalmente el orden. Mientras los activistas cordobeses se preparaban para iniciar otra huelga, preanunciadora de nuevas tormentas, la intervención nacional a la provincia se perfilaba como respuesta gubernamental. Es que los idus subversivos de marzo deben ser rápidamente desalentados —afirmaba un vocero oficial— para evitar que los vientos de furia contagien, como una peste, a todo el país."
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Recortes en la crónica
TECNICA DE LA GUERRILLA URBANA
“Ha sido un típico ejercicio de guerrilla urbana, sin motivación proporcionada, sin otra bandera que la de sembrar el caos y producir daños”, aseguraba el segundo comunicado del Ministerio del Interior, en la tarde del martes 16. Tal vez hubo algo más: en un alarde de gimnasia subversiva, salió a las calles el ERP a través de activistas que actuaron enmascarados con bufandas o puló-veres para confundir la acción policial y no turbar la tarea de los reporteros gráficos. El denominado Ejército Revolucionario del Pueblo, de origen trotskista, ya había anunciado su participación en esta segunda versión del Cordobazo por medio de las pintadas que abrumaron las paredes de la ciudad, días antes del estallido. “Estrechar filas con el pueblo en una lucha común”, rezaban canelones y letreros. Incluyendo episodios como la corona floral que el ERP envió al sepelio de Cepeda, la responsabilidad de esta organización subversiva fue fundamental en los incidentes callejeros producidos entre el 12 y el 15. Una evaluación de las modalidades desplegadas por la lucha guerrillera en Córdoba permite afirmar que sus hombres actuaron paralelamente a los manifestantes. Así, por ejemplo, cuando los obreros de Luz y Fuerza ocuparon Villa Revol, los comandos armados se dedicaron a “expropiar” armas de agentes policiales del destacamento local.
Aunque aislados, los incidentes en que intervinieron los guerrilleros urbanos parecieron perfectamente sincronizados: se vieron grupos equipados con radiotrasm¡sores portátiles, mezclados entre los manifestantes, y elementos de enlace que montados en motocicletas distribuían órdenes, pertrechos de combate y hasta provisiones. Incluso habría existido un contingente encargado de mantener la disciplina y evitar el pillaje indiscriminado: éste se desplegó, en cambio, por los supermercados y almacenes mayoristas que debían ser “incinerados” luego de una prolija “expropiación”, distribuyendo sus existencias entre los manifestantes. Una acción que no habría podido concretarse iba a consistir en el secuestro de altos funcionarios. Esta versión sobre secuestros, sin embargo, no pudo confirmarse y más que nada permite ofrecer una idea de la tensión que acosó a los sectores dirigentes y empresarios cordobeses, que llegó a lindar con la psicosis. Mientras los focos subversivos actuaban en las calles, el aparato político del ERP anudaba contactos con dirigentes gremiales ofreciendo “el apoyo en forma incondicional a todas las acciones populares”.
OTRO DEBUT
La Policía Federal, a su vez, estrenó la Brigada Motociclística Antiguerrillera, cuerpo integrado por cien hombres especialmente adiestrados, enviados desde Buenos Aires, que lograron destruir las barricadas erigidas en el barrio Clínicas y dominar finalmente a los depredadores. Entre sus pertrechos se destacó un nuevo tipo de granada para demoliciones y poderosos cohetes de bengala. El procedimiento, comandado por el inspector mayor Alberto Villa, redujo los focos en la zona del Clínicas en menos de dos horas. Mientras en el primer Cordobazo actuaron 200 policías, esta vez fueron 2.500 los acuartelados; y si en mayo del 69 eran relativamente reducidos los sectores en que actuaron francotiradores, en esta oportunidad casi no los hubo; sin embargo, la acción subversiva logró copar, con otras tácticas, unas 600 manzanas. Al anochecer del lunes toda la zona sudoeste de la ciudad se hallaba en poder de los agitadores y manifestantes, lo mismo que avenidas céntricas, comía la Colón, o accesos claves como la ruta 9. Las humaredas y el fuego que se elevaban por toda la ciudad denotaban la presencia de barricadas incendiadas que dificultaron la acción policial. Como expresó Los Principios: “Quizá el mayor inconveniente con que se tropieza cuando se trata de combatir a la guerrilla urbana, sea el control del terreno que los guerrilleros van dejando a su paso”.
Dicho matutino afirmó que el operativo de la Policía Federal en Barrio Clínicas no “había sido totalmente provechoso desde el punto efe vista estratégico”, y en una preocupada reflexión sobre la situación cordobesa, concluyó: “Las escenas que hemos comentado nos señalan que estamos ante acontecimientos distintos de los registrados hasta ahora en nuestra ciudad. Si estos acontecimientos no son mayores es porque la huelga revolucionaria es todavía un buen método dentro de la planificación de lucha, según afirmaba un dirigente”.
GOBIERNO: SOLO INCERTIDUMBRE
El lunes 15, cuando desembarcó en Ezeiza la misión de rutina del Fondo Monetario Internacional, que ausculta anualmente la situación económica de sus asociados, en la Argentina toda rutina había sido desbordada por dos fenómenos nada asombrosos pero igualmente revulsivos: una segunda versión, “corregida y aumentada”, del Cordobazo, y la sombra de una nueva crisis institucional, similar a la que sacudió al país el 8 de junio de 1970. Es difícil que Jack Gunther y los auditores del Fondo que lo secundan puedan arribar —ahora— a conclusiones perdurables: no sólo se aguardaba la confirmación pública del retiro de Aldo Ferrer, titular de Economía, sino que también se mantenía en la nebulosa el rumbo de la política económica. Pero el clima de incertidumbre no despuntó ese día: desde una semana atrás, las cotizaciones en la Bolsa capitalina iniciaron un descenso alarmante y el monto de lo operado —por sus niveles mínimos— erigió el fantasma de una violenta recesión. Paralelamente, en el Mercado de Liniers ingresaban apenas 3 mil cabezas de ganado, cuando el promedio computable como normal es de 16 mil por jornada. Los motivos no son achacables a la tensa expectativa con que la comunidad dé negocios sigue la evolución del proceso político, porque en otro rubro importante, el de las inversiones, la paralización abarca tanto a los capitalistas privados como al sector público.
Parece indudable que todo acabó de detonar con la seguidilla de medidas iniciada con la nueva política de carnes y la fijación de precios máximos —algo que sólo sirve para que productores agropecuarios y consumidores se pongan de punta contra el gobierno— y con el anuncio de Levingston en Leones (SIETE DIAS Nº 200) fijando tope para las negociaciones paritarias en un 19 por ciento; con lo que el sindicalismo redobló sus motivos para engrosar una oposición que se constituyó en un amplio frente social. No hay que olvidar que esta vez el Cordobazo II estuvo precedido por la “rebelión de los vecinos” en Cipolletti, Río Negro, y la insurrección de los comerciantes en Casilda, Santa Fe, donde las acciones no fueron capitaneadas precisamente por obreros y estudiantes o activistas de la guerrilla urbana.
De ahí que en la reunión de la Junta de Comandantes más larga que se recuerde (casi seis horas, a partir de las 18 del lunes 15), la evaluación sobre la conveniencia o no de mover tropas para apagar el volcán cordobés fuera sólo uno de los temas; los otros tres: necesidad de remover al ministro de Economía, el destino de las paritarias y la ubicación en el gabinete de una figura capaz de impulsar seriamente el hasta ahora inexistente plan político, causa esta última de la remoción de Onganía. Era evidente —a esa altura— que el relevo del pintoresco cruzado José Camilo Uriburu estaba fuera de toda discusión. En todo caso, la Junta diagramó esa noche las drásticas medidas que se anunciaron veinticuatro horas después (martes 16), al término de la reunión del CONASE y el Comité Militar. Lo cierto es que el mismo lunes, mientras el periodismo volvía a agitarse en torno a las reuniones de mandos —oficiales y oficiosas— desplegadas en las tres armas, los observadores políticos atendían especialmente a dos de esas versiones: a) los comandantes habrían considerado la necesidad de promover cambios en el más alto nivel de gobierno; b) ¿hasta qué punto el nombramiento de Uriburu como gobernador de Córdoba fue una decisión unilateral del presidente, o compartida en consulta con los comandantes? De donde es fácil deducir, si la lógica resultara aplicable a la política argentina, que —en caso de producirse— los cambios podrían abarcar a gran parte de la cúpula de poder. Más allá de la validez real de tales conjeturas, lo curioso es la simetría histórica con mayo del 69: entonces, el detonante del Cordobazo fue la impopularidad de Carlos Caballero y su pública profesión de fe corporativlsta. En marzo del 71 la extrema izquierda —que en Córdoba descubrió su Petrogrado, sede de los primeros soviets de Vladimir Illich Lenin— logra ponerse otra vez a la cabeza del descontento producido por una figura igualmente impopular, identificada con el obsoleto ideario de Caballero. Pero si el primer Cordobazo selló la suerte de la “etapa Onganía” de la Revolución Argentina, este de la semana pasada parece poner en juego el rumbo definitivo del proceso abierto en junio de 1966. Bien que con un tremendismo habitual desde que Krieger Vasena fuera desalojado de Economía, el Economic Survey pudo abrir su edición de la semana pasada afirmando que “todo parecería configurar el derrumbe de lo que fuera la Revolución Argentina”. En la mañana del miércoles 17 era un hecho que la coparticipación de la Junta en las decisiones de gobierno se había incrementado notoriamente. Hasta el punto de que no faltó quien hiciera circular la especie de que los comandantes instalarían sus despachos en dependencias de la Casa Rosada. Ese día se cerró con otro hecho sintomático: mientras se daba por seguro el nombramiento de un interventor militar, la designación de Helvio Guozden, desarrollista que hasta el miérdoles transitó por la gobernación de La Pampa, como nuevo comiisionado en Córdoba, revelaba que las FF.-AA. optaron por dejar la secuela detonada con el Cordobazo II en manos de Roberto Marcelo Levingston.
Revista Siete Días Ilustrados
22/03/1971
