Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

Universidad
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Un año perdido
El fin de año coincidió con la última sesión plenaria del Consejo Asesor de la Enseñanza Universitaria. El sigiloso hermetismo de sus integrantes se resquebrajó esta vez para dejar filtrar una versión: las bases del futuro Estatuto ya estarían redactadas, y luego de un receso de veinte días se le darían los últimos retoques al anteproyecto antes de ser presentado al Presidente Onganía, al extinguirse enero. No es casual la nueva postergación: en ese momento no quedará un solo estudiante en ninguna de las Universidades del país. Se evitarán así las previsibles manifestaciones en contra de la ley.
La tregua servirá también para intentar soslayar un espinoso problema: las disensiones internas en el seno del Consejo. Desde el momento mismo de su constitución, se produjo un cisma entre los consejeros más jóvenes y los viejos. Sus colaboradores inmediatos se complotaron para bautizarlos el grupo de les cincuenta y el de los setenta (referido a la edad promedio de sus integrantes). El primero propiciaría un Estatuto amplio, progresista; el otro, una ley rígida y académica, que no deje nada librado al azar o al arbitrio de quienes la apliquen. “Si no hay acuerdo, haremos el papelón de presentar al Presidente dos Estatutos”, se lamentó un miembro del grupo de los cincuenta.
Mientras tanto, terminadas ya las clases, la beligerancia estudiantil declinó hasta llegar a cero, y se canalizó por un terreno menos resbaladizo: el de los exámenes. Las mesas funcionan en todas las Facultades a ritmo casi normal y confirman un aserto: a lo último que renunciará el estudiante es a rendir materias y a recibirse. A pesar de esta imagen de engañosa normalidad, una mirada retrospectiva a los sucesos de 1966 demuestra que, para las Universidades estatales, éste ha sido un año perdido. Aunque algunos —tal el caso de un dirigente reformista de Derecho— pretendan disfrazar la evidencia con un sofisma: “Nada se ha perdido. En todo caso, ganamos en experiencia”.
La magnitud de lo que se ha perdido o destruido supera, por mucho, a los escasos intentos positivos. Esa es, al menos, la opinión mayoritaria de un centenar de universitarios de los tres estamentos consultados por Primera Plana.

Normalidad a cualquier precio
Durante todo el año pasado, el tema más debatido en el ambiente universitario fue, sin duda, el de la intervención. Pero cuando finalmente sobrevino, muy pocos demostraron estar mentalmente preparados para asumirla. Prácticamente desde la misma noche del 29 de julio se advirtieron claramente dos actitudes divergentes que darían pasto a una polémica aún no cancelada: la renuncia o la permanencia de los profesores.
Pese a que un acuerdo tácito establecía la necesidad de mantenerse en la Universidad a toda costa, la- negativa del Rector Hilario Fernández Long y todos los Decanos de Buenos Aires a aceptar las tareas administrativas encomendadas por la Ley 16912, y la posterior represión policial en Exactas y Arquitectura precipitaron los acontecimientos. En poco tiempo, 2.000 renuncias (el 25 por ciento del plantel docente total) se amontonaron sobre el escritorio del nuevo Rector, el ex Juez Luis Botet, un inexperto en cuestiones universitarias.
Los alumnos, que sé sintieron abandonados por sus profesores, se lanzaron inmediatamente a una lucha tan decidida como desordenada: huelgas, ocupación de Facultades, manifestaciones callejeras. Sus dirigentes omitieron considerar dos detalles fundamentales: la sostenida violencia policial y la escasa vocación del grueso del estudiantado para asegurar una resistencia prolongada. Todavía hoy se niegan a reconocer el error de este planteo táctico.
Tampoco tuvieron éxito los profesores que optaron por quedarse en sus cátedras como único medio válido para no perder contacto con sus alumnos, y orquestar la lucha desde adentro de la
Universidad. La guerra no declarada entre ellos y las nuevas autoridades se definió a favor de estas últimas: pusieron teda clase de trabas al dictado de las clases y olvidaron incluir sus materias en los próximos planes de estudio. El enfrentamiento derivó luego en una batalla de colacionados, y terminó en un burocrático papeleo administrativo.
Si bien la oposición al estado de cosas impuesto por la intervención fue poco consistente, contribuyó a impedir el funcionamiento normal de las Facultades; el resto lo hicieron la improvisación y el exagerado autoritarismo de las nuevas autoridades. El desmantelamiento del cuerpo docente, en Arquitectura, obligó a la suspensión de todas las materias denominadas de taller (el grupo de Visión y Composición). Las que pudieron ser cubiertas, se vieron resentidas en su aspecto pedagógico, y en una de ellas se dio por aprobado el curso a todos los alumnos que figuraban inscriptos, sin evaluación de ningún tipo. “El panorama para el año próximo es bastante incierto. Se llegó a decir que la carrera dejaría de existir como tal, para pasar a ser un departamento de Ingeniería”, informó un ex profesor de Visión II.
Esta noticia provocó una rápida desmentida del Delegado Jorge Fourcade. También una nota de la Sociedad Central de Arquitectos dirigida al Consejo Asesor. “Aunque no estamos dispuestos a hacernos eco de versiones periodísticas, podemos asegurar a ustedes que Arquitectura conservará su status actual”, se apresuraron a contestar los consejeros.
La movilización estudiantil en Filosofía y Letras gira en torno a la defensa de las carreras de Psicología, Sociología y Ciencias de la Educación. Ya casi nadie duda de que en 1967 las dos primeras serán derivadas a otras Facultades. “Creen que pasando Psicología a Medicina atenuarán la combatividad del estudiantado. El tiro les puede salir por la culata. A lo mejor, los psicólogos convencen a los médicos de que hay que aumentar la agitación”, pronosticó un afiliado al Centro de Estudiantes (CEFYL).
En Exactas, los más perjudicados por la situación actual son los alumnos de los años superiores. Las materias de alto nivel de especialización no pueden ser dictadas por carecer de profesores: “Se fueron los mejores”, se lamentó una estudiante del doctorado en Física. Su problema es particularmente curioso: le falta una materia para recibirse, y está estudiando las reglamentaciones aprobadas en el Tratado de Montevideo para ver si es posible rendirla en el Uruguay y jurar allá el título. Como el suyo, hay más de un centenar de casos. A todos les preocupa el porvenir de la Facultad, prácticamente detenida luego de la noche de los bastones largos.
Con todo, diciembre fue un mes calmo en la Universidad de Buenos Aires. La beligerancia entre los organismos estudiantiles y los interventores cesó bruscamente al aproximarse la primera fecha de exámenes: “Los exámenes y las vacaciones son sagrados”, bromeó un grupo de estudiantes humanistas consultado por Primera Plana sobre los motivos de la tregua. Consideran que el momento es propicio para un balance desapasionado del año. Y se parapetan detrás de una frase hecha: “Además, en nuestro país, en verano, no pasa nada fundamental”.
A regañadientes, reconocen que la conducción de la resistencia estudiantil no logró todos sus objetivos: “Algunos dirigentes se ocuparon de trazar una gran estrategia, pero olvidaron que la ¿o asa no está tan politizada como ellos creen. De todos modos, no es tarde para intentar un replanteo ideológico con miras al futuro”. De hecho, esa autocrítica en busca de nuevas definiciones y de la necesidad de fortalecer al movimiento, se observa en todas las Facultades
También es posible advertir un generalizado descontento contra el Gobierno nacional. Prácticamente no queda una sola fracción estudiantil que crea en la posibilidad de soluciones profundas para los problemas del país. “Una de nuestras equivocaciones fue considerar el problema universitario desconectado de su contexto social”, reconocen algunos líderes reformistas. Para enmendar el error, se realizan frecuentes reuniones con dirigentes gremiales: “Nuestros contactos son al nivel de dirigentes intermedios y de las bases. No creemos en los grandes bonetes de la CGT. Mire lo que les pasó a los portuarios; fueron traicionados”, afirman.
Los contactos entre obreros y estudiantes son un motivo de preocupación para los hombres del P. Ejecutivo. Saben positivamente que el éxito del operativo policial contra la Universidad se debió a que los universitarios fueron los únicos en oponerse a la revolución de junio. Ahora les inquieta su alianza con otros sectores para capitalizar el descontento general, y ejercer presión contra los funcionarios y las medidas impopulares.
Ese agrupamiento de fuerzas se da también en otras direcciones. Con representantes de los tres claustros, especialmente aquellos que ocuparon puestos electivos en los Consejos Superiores y Directivos de todas las Universidades nacionales, se ha constituido una Junta Coordinadora con el objeto de aunar criterios y encarar una acción común. Su última reunión se realizó en Rosario, el 17 y 18 de diciembre; concurrieron delegaciones de las ocho universidades oficiales, deliberó en un salón facilitado por un sindicato local.

Rosario y Córdoba: Dos epopeyas
La elección del lugar no fue un acto gratuito: los estudiantes del Litoral mantuvieron hasta hace poco una cerrada oposición a los funcionarios designados por la intervención. La lucha continúa, pero en otro terreno: los estrados judiciales. Recientemente, 27 alumnos de Filosofía y Letras y 11 de Medicina fueron suspendidos en sus carreras con prohibición de penetrar en los edificios de las Facultades. Los motivos: reiteradas provocaciones, desórdenes, y la participación en asambleas no permitidas. Es el primer caso en que se decide una sanción antes de haber finalizado el sumario administrativo.
Los abogados defensores interpusieron rápidamente" una apelación. Sus argumentos: los cargos no han sido comprobados, y es inadmisible “prohibir la entrada a un establecimiento destinado al uso público”. Y citan al tratadista Bielsa para demostrar que “sobre los bienes del dominio público no hay derecho de propiedad”.
Al margen de los escarceos legales, la situación institucional es particularmente grave, especialmente en Medicina y Filosofía y Letras. En esta última, en la carrera de Psicología (que nuclea a más del 54 por ciento del alumnado), permanecen acéfalas el 80 por ciento de las cátedras. Los porcentajes disminuyen en Filosofía (75 por ciento), Historia (63), Antropología (60), y Letras (50). Sucede que la mayor parte de los profesores de esta Facultad provenían de Buenos Aires. Luego de la intervención, renunciaron a sus cátedras en ambas casas.
No bien producida la intervención, la Facultad de Medicina se constituyó en el elemento catalizador del descontento. Su epopeya máxima fue el mantenimiento de una huelga de 67 días, que obligó al Decano Juan B. Picena a clausurar la Facultad. La represión policial, los sumarios, las suspensiones, terminaron por desgastar al movimiento de protesta, y en una asamblea de alumnos se resolvió levantar la huelga por 223 sufragios contra 214.
Es lo que esperaba el doctor Picena.
Inmediatamente fueron sancionados 11 estudiantes, y un día después (29 de noviembre) se publicó un nuevo plan de estudios. La respuesta no se hizo esperar: nueva movilización, se pintaron con alquitrán las paredes cercanas a la Facultad, se hicieron explotar petardos. El 13 de diciembre, luego de una asamblea que decidió apoyar el paro de la CGT al día siguiente, se quemó un muñeco con la efigie del Decano. El centro de la ciudad fue inundado con papeles donde se transcribía una noticia publicada por el diario La Capital, el 29 de noviembre de 1946: un profesor de Medicina hace pública su renuncia “por no poder permanecer en la Universidad donde se avasalla su autonomía y se ofende tan arbitrariamente la dignidad del profesorado”. Estaba firmada por Juan B. Picena.
Eso no es todo: lo que más subleva a los estudiantes de Medicina es la “calidad moral de los hombres que emplea la intervención para sus fines”. En el sumario a los alumnos suspendidos, figura como denunciante Rubén López, cuyo curriculum contiene una expulsión del Partido Reformista por “traidor a la reforma y al movimiento estudiantil”, y la prohibición a perpetuidad para intervenir en asambleas. Tiene 32 años de edad y hace 14 años que cursa Medicina.
Rubén López no podría seguir estudiando en Bahía Blanca. En la Universidad del Sur fueron declarados inactivos 2.800 estudiantes por el delito dé no aprobar una materia por año. La resolución, firmada por el Rector Aziz Ur-Rahman *, tradicionalmente amigo de los jefes de la Base Naval de Puerto Belgrano y del titular del Quinto Cuerpo de Ejército, establece que al 31 de diciembre de cada año se eliminarán de los registros a los alumnos considerados inactivos. La oposición a esta medida no logró turbar la paz de la Universidad, una de las más nuevas del país.
También en Córdoba, el tiempo de los exámenes coincidió con un período de tregua. Los contendores aprovecharon para repasar el balance y contar los heridos. Pero uno solo de los bandos tuvo su muerto: Santiago Pampillón, baleado el 7 de setiembre, y convertido ahora en un símbolo de las luchas estudiantiles. A diferencia de Buenos Aires, los profesores de la Casa de Trejo se mantuvieron al margen de los acontecimientos. Los protagonistas, además de los estudiantes y la policía, fueron el pueblo cordobés y algunos sindicatos.
La intervención, en Córdoba, no se tradujo en investigaciones frustradas, trabajos sin terminar o planes desbaratados. Los vientos de renovación no habían llegado todavía a la provincia, y la Universidad más antigua del país (fue fundada en 1614) vegetaba en una calma similar a la de principios de siglo. Por eso el ardor puesto en la lucha por el alumnado, deseoso de reverdecer los laureles de sus abuelos durante la Reforma de 1918.
El movimiento estudiantil, también aquí, se halla ante un replanteo de la situación táctica. Detrás quedan las escaramuzas callejeras, la batalla del barrio de Clínicas, y algunas grietas en las agrupaciones, fruto del lógico desgaste de la lucha. La Mesa Coordinadora mantuvo simbólicamente una huelga hasta el último día de diciembre. Un mes antes, la protesta había fracasado por una división en el integralismo, un grupo que en el primer momento apoyó al gobierno de Onganía.
Al nivel docente se dio, básicamente, una diferencia generacional. Los profesores más jóvenes que mayoritariamente integraban los planteles de Arquitectura, Filosofía, Ciencias Económicas y el Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física (I.M.A.F.) se opusieron desde un primer momento a la intervención. La respuesta a su posición fue casi inmediata: con el pretexto de que la huelga estudiantil hacía innecesario su funcionamiento, se dieron por terminadas las actividades del I. M. A. F.
Las medidas punitivas continuaron: por tomar posición en el pleito universitario fueron sancionados cinco profesores titulares hasta febrero de 1968. Poco después, otros diez recibieron la misma pena. Junto con los no sancionados, estudian ahora ofertas de Perú y Alemania para emigrar en bloque. En cuanto al Instituto, se cree que no podrá funcionar hasta agosto de 1967 por el desmantelamiento de su plantel docente.
La huelga cobró nuevas víctimas: el 13 de octubre, el Decano de Arquitectura dio por finalizado el año lectivo en la Facultad y anuló todos los trabajos prácticos. Razones: “No hay un marco mínimo de eficiencia y el estudiantado no se reintegra a clase”. Ese mismo día se dieron a conocer las primeras sanciones: la separación de cinco profesores titulares (incluidos los ex Decanos Luis Rébora y Bernardino Taranto), la suspensión hasta el 31 de marzo de 1968 de dos profesores titulares, y la separación de sus cargos de doce adjuntos. Igual suerte corrieron nueve asistentes de cátedra (entre
ellos, el arquitecto Jorge Bonino, que en Buenos Aires, posteriormente, aclaró ciertas dudas desde un escenario). Las sanciones abarcaron también, aunque en menor grado, las Facultades de Filosofía, Medicina, Económicas. En el resto, el silencio docente fue absoluto.

Perspectivas sombrías
Al finalizar el año, los datos recogidos permiten comprobar que la intervención y la ley que la produjo comienzan a ser digeridas por sus más encarnizados opositores. Como despiertos de una pesadilla, comprenden que la Universidad cancelada el 29 de julio no puede reconstruirse. En el mejor de los casos se podrá construir una nueva. Pero también comprenden que esa tarea ya no les concierne, y que será obra de una también nueva generación.
El estado de ánimo general fue resumido por un ex Director del Centro Atómico de Bariloche, ante lo que consideró la medida más insensata de la última década: la intervención a la Universidad. “Estabilidad política no existe en América latina. Ni existía en la Europa medieval cuando nacieron las Universidades. Pero había una diferencia: la ciencia era respetada en Europa. Si dos partidos estaban en lucha era convención tácita entre ellos no tocar la Universidad. No siempre se acató esta convención. Donde no se la acató, las Universidades murieron. Y pasó mucho, mucho tiempo, hasta que crecieron de nuevo.”

* Ur-Rahman fue uno de los tres Rectores que acataron la Ley 16912; los otros: Carlos A. Saccone (Cuyo) y Jorge A. Rodríguez (Nordeste).

PRIMERA PLANA
Nº 210 - 3 de enero de 1967
Universidad

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